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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 29-12-2007

Ms de 500 aos de crcel para 47 personas encausadas en el denominado sumario 18/98
Um Estado de Derecho?

Boris Gruchenko
La Dinamo


El pasado 19 de diciembre la Audiencia Nacional dictaba una pena global de ms de 500 aos de crcel para 47 personas encausadas en el denominado sumario 18/98, un macroproceso judicial instruido a partir de cinco operaciones policiales ordenadas por el juez Baltasar Garzn en el Pas Vasco entre los aos 1998 y 2000. Dicho sumario ha formado parte de la cruzada judicial iniciada a finales de los aos 90 contra lo que el juez denomin el entramado de ETA, en referencia a lo que considera diversos instrumentos operativos de esa organizacin relacionados tanto con su entramado financiero como con la difusin de los planteamientos de su estrategia.

Los principales medios de comunicacin se hacan eco de la sentencia judicial (El Pas, El Mundo, Pblico), as como de las reacciones favorables a la misma tanto del gobierno como del PP. Sin embargo, los medios no nos han hablado de las numerosas irregularidades que el proceso ha presentado en sus 16 meses de desarrollo, que han motivado, entre otras cosas, que una comisin internacional de juristas formada por profesionales del National Lawyers Guild y de la organizacin Abogados Europeos Demcratas (AED), haya hablado abiertamente de conculcacin de derechos y libertades para catalogar el conjunto de procedimientos instruidos contra una gran variedad de organismos populares, movimientos sociales, organizaciones polticas, empresas y medios de comunicacin del Pas Vasco.

De igual modo, la gravedad del asunto ha llevado al Colegio de Abogados de Barcelona a hacer pblico un comunicado horas despus de conocerse el veredicto del tribunal que ha juzgado el sumario 18/98, manifestando que la sentencia significa la normalizacin de una cultura jurdica de emergencia o excepcionalidad, en la cual se establecen responsabilidades penales difusas y colectivas, absolutamente incompatibles con un sistema democrtico y que evidencia una vez ms la inexistencia de una clara divisin de poderes: la accin judicial est sobrecargada de valores polticos ms que de los valores jurisdiccionales que deben regirla, para aadir que se trata de uno de los ejemplos ms graves de los efectos extensivos de la aplicacin del concepto de terrorismo sobre la disidencia poltica.

A lo largo del proceso, multitud de colectivos, partidos, asociaciones, sindicatos y agentes sociales muy diversos, incluido el propio Gobierno Vasco, han protestado ante lo que han considerado un atropello a las libertades, as como 15.000 personas se han autoinculpado en apoyo a los procesados.

Particularmente graves han sido los testimonios de torturas relatados por algunos de los acusados en las vistas orales del juicio. Algo que concuerda con el informe que el pasado mes de noviembre hizo pblico la organizacin Amnista Internacional sobre nuestro pas, titulado Espaa. Sal en la herida y en el que la ONG manifiesta que en Espaa la tortura y los malos tratos de personas detenidas a manos de agentes encargados de hacer cumplir la ley es una prctica extendida y persistente. Junto con otras ONG nacionales e internacionales y diversos rganos de derechos humanos de la ONU y el Consejo de Europa, Amnista Internacional lleva aos expresando honda preocupacin por esta situacin, as como por la impunidad de que disfrutan muchos agentes de polica en relacin con estos delitos. En este contexto, especialmente espeluznante ha resultado el testimonio hecho pblico hace unos das por Gorka Lupiaez, un presunto miembro de ETA detenido por la Guardia Civil el pasado 6 de diciembre, da de la Constitucin, en el que relata las brutales torturas que sufri a manos de agentes de dicho cuerpo de seguridad, con la complicidad de mdicos forenses y magistrados.

A tenor de los datos referidos, cuando menos cabe preguntarse: Vivimos realmente en un Estado de Derecho? Es democrtico un pas en el que 47 personas son encarceladas sin pruebas reales y tras un juicio fraudulento? Qu debemos pensar del juez instructor del sumario 18/98, el seor Baltasar Garzn? Si simples ciudadanos como nosotros tenemos acceso a los testimonios y los informes sobre las espeluznantes torturas que la Polica y la Guardia Civil practican con absoluta impunidad en nuestro pas, es creble que el gobierno, la clase poltica en su conjunto, los medios de comunicacin y el Poder Judicial no sepan nada al respecto?



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