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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 30-12-2007

La UE y los derechos humanos en los pases del Mediterrneo

Javier Barreda
Rebelin



Los derechos humanos en el imaginario de la UE y sobre la UE

La UE (UE), entendiendo ahora por ella sus textos fundamentales, sus instituciones directivas, e incluso la mayor parte de la poblacin que la conforma, pretende ser un adalid de los derechos humanos en el mundo, a travs, en particular, de la situacin pretendidamente ejemplar de tales derechos dentro de sus fronteras (al menos en trminos relativos), y en general de sus acciones encaminadas a generalizar dicha situacin a nivel mundial. As, en la introduccin al Informe anual sobre los derechos humanos -2006 del Consejo de la UE (elaborado por este y la Comisin Europea), se puede leer

La UE es un actor importante en el mbito mundial por varios motivos (en trminos econmicos, desde el punto de vista de la cooperacin para el desarrollo, etc.). Tiene una serie de instrumentos y herramientas a los que se puede recurrir para fomentar los derechos humanos y la democracia. El desafo, teniendo en cuenta tambin las estructuras institucionales de la Unin, consiste en hallar el mejor modo de utilizar todos estos instrumentos de manera coherente y consecuente, transmitiendo as un mensaje unificado y verosmil a los terceros pases1 () Los defensores de los derechos humanos y las victimas de las violaciones de los mismos, en diferentes lugares del mundo, esperan mucho de la UE, y con razn: de la UE, como comunidad basada en valores, cabe esperar que impulse la causa de los derechos humanos y la democracia con suma ambicin2.

Como puede verse, los dirigentes de la UE tambin se consideran reconocidos fuera de sus fronteras en este papel de lderes de los derechos humanos. Y no les falta razn: no cabe duda de que este imaginario acerca del papel de la UE, existe a escala mundial, independientemente de cul sea su alcance exacto y en qu medios se produzca. Dicho imaginario obtiene una especial vigencia de la contraposicin del papel de la UE con el de los Estados Unidos, que para algunos ha representado alguna vez en el mundo un papel similar al que se seala para la UE, pero que en los ltimos aos lo habra abandonado. En este sentido, Kenneth Roth, director de Human Rights Watch, se preguntaba en el Informe Mundial 2007 de su organizacin:

Qu gobierno es hoy el campen de los derechos humanos? La voz potencialmente poderosa de Washington ya no resuena despus del uso por el gobierno de Estados Unidos de la detencin sin juicio y de los interrogatorios bajo tortura. La administracin del presidente George W. Bush todava puede promover la democracia la palabra que utiliza para evitar el tormentoso tema de los derechos humanos- pero no puede invocar creblemente los derechos que ignora () Con la voz de Washington atenuada, la UE debera ser el ms poderoso y efectivo defensor de los derechos humanos. Se basa en los principios de los derechos humanos y aspira a la grandeza en los asuntos mundiales3.

No obstante, est esta confianza en la UE justificada? Ejerce realmente la UE un papel de defensor de los derechos humanos para todos los hombres por igual y en la autntica medida de sus posibilidades, tanto dentro como en el exterior de sus fronteras? Veamos en primer lugar la visin que la UE, distinguiendo entre sus distintas instituciones principales, tiene de su eficacia en general en este sentido, y despus iremos introduciendo otras visiones.

Evaluacin y crtica del papel de la UE respecto a los derechos humanos por parte de sus propias instituciones

El texto ntegro de la Conclusin del ya mencionado Informe anual sobre los derechos humanos-2006 del Consejo de la UE, es el siguiente:

El presente 8 Informe Anual sobre los derechos humanos demuestra hasta que punto los derechos humanos, la democracia y la buena gobernanza subyacen ya de modo decisivo a las polticas, tanto exterior como interior, de la UE. El aumento del numero de Estados miembros ha puesto aun ms de manifiesto la necesidad de mantener un seguimiento y actuar con arreglo a las experiencias internas de la UE de violaciones de los derechos humanos. La UE debe demostrar que respeta plenamente los derechos humanos dentro de sus fronteras y que reacciona con eficacia frente a posibles violaciones en el interior. A partir de entonces la UE tendr mayor autoridad en los foros internacionales4.

En sus pginas interiores, al analizar ms extensamente la eficacia de sus polticas, el Informe insiste repetidamente en la necesidad de coherencia (es importante que se vea que la UE aplica las mismas normas en sus acciones en los diversos pases y regiones), y en las dificultades que se derivan de la complejidad de las estructuras de la Unin, del reparto de competencias y del papel que en ella juegan los distintos actores5. Sin embargo, nada se especifica con relacin a estos aspectos ni a las responsabilidades especficas que se deriven de ellos: la evaluacin de la eficacia de la UE respecto a los derechos humanos no es tarea fcil, y tambin hay que observar la situacin a largo plazo, se nos dice6.

Es de sealar que, en el apartado Cuestiones relativas a pases concretos, el informe se ocupa, repartiendo parabienes y crticas, caso por caso, de la mayora de los pases de frica, Oriente Medio, Amrica, Asia, Rusia, Asia Central, pases vecinos, pases candidatos y candidatos potenciales a la adhesin, y pases adherentes como Rumana y Bulgaria (ahora miembros). No obstante, no hay, ni en esta seccin ni en otra, captulos ni prrafos especficos dedicados al resto de los pases de la UE. La nica cita que hemos encontrado que podra considerarse que recoge una crtica implcita especfica a pases de la UE es la que indica que en 2005, el Tribunal de Justicia Europeo dictamin que Luxemburgo y Alemania no haban incorporado la Directiva sobre igualdad racial y que Austria y Finlandia no lo haban hecho totalmente7. Por otro lado, hay un importante nmero de pases (como, por ejemplo, slo en Amrica, Estados Unidos, Per y Brasil) que tampoco merecen el estudio de caso que, de mayor o menor extensin, se dedica a la mayora, a pesar de que las violaciones de los derechos humanos en ellos son muy abundantes y bien conocidas. Esto en cuanto a la coherencia en el trato dado a los diversos pases.

En cuanto a la manera de proceder de la UE para alcanzar sus objetivos el informe seala: Un elemento de la bsqueda del uso ptimo de los distintos instrumentos de la caja de herramientas ha sido buscar el equilibrio entre la persuasin y la accin crtica as como la eleccin de los instrumentos que incluyen incentivos al igual que medidas restrictivas; construyendo un entorno de confianza, creando un cambio de impresiones abierto y ofreciendo ayuda al tiempo que se indica con claridad cundo se han pasado los lmites8.

Algunos de los instrumentos que utiliza la UE los mencionaremos ms tarde, pero antes hemos de decir que no son el Consejo de la UE y la Comisin Europea las nicas instituciones y organismos que se ocupan de las actuaciones de la UE relativas a los derechos humanos y que emiten informes sobre ellas. En cuanto a la situacin de los Derechos Humanos dentro de la UE, desde 1997 hasta 2007 ha estado funcionando el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia, que ha sido sustituido en el ltimo ao citado por la Agencia de Derechos Fundamentales. El Observatorio recoga datos y emita informes mucho ms crticos y detallados sobre los pases de la UE que los informes del Consejo de la UE como el que hemos venido citando. La Agencia de Derechos Fundamentales lo ha sustituido con el objetivo de ser una herramienta ms efectiva. Sin embargo, la Agencia depende constitutivamente, como lo haca el Observatorio, del Consejo de la UE y de la Comisin Europea, es decir, de los gobiernos de los estados miembros, que son quienes, a travs de representantes, o de miembros elegidos por ellos, configuran estas dos ltimas instituciones. Por otro lado, el papel de la nueva Agencia es asesorar a las instituciones y los estados miembros y no puede estudiar denuncias individuales ni elaborar normativas9. Es ms, la Agencia debe colaborar estrechamente con el Consejo de Europa. Esa cooperacin debe garantizar que no se produzcan colisiones entre las actividades de la Agencia y las del Consejo de Europa10. Esta ambigua restriccin parece apuntar a una suerte de censura y sometimiento a un rgano que, recordemos, rene a representantes de los gobiernos de todos los estados de Europa, y no slo de la UE11.

Finalmente, en materia de derechos humanos tanto en el interior como en el exterior de la UE, hay otra institucin fundamental que interviene. Se trata del Parlamento Europeo (PE). El PE, elegido por sufragio directo por el conjunto de los ciudadanos de la UE, ha adquirido en los ltimos aos mayores poderes de codecisin en las polticas de la UE, que se resumen en su capacidad de legislar en algunos aspectos y, en otros -como por ejemplo la agricultura, la poltica econmica y la inmigracin- de ratificar y rechazar las legislaciones en general, los acuerdos con terceros pases y los presupuestos que elaboran la Comisin Europea y el Consejo de la UE.

En materia de derechos humanos, el Parlamento Europeo publica cada ao su propio informe, que es el informe del Parlamento, mientras que el informe de la UE es el que elaboran la Comisin Europea y el Consejo de la UE. Los informes y las resoluciones del Parlamento Europeo son mucho ms crticos con la actuacin de la UE en el terreno de los derechos humanos que los del Consejo de la UE, y por ende critican tambin a estos. As, la resolucin del Parlamento, sobre el informe del Consejo de la UE pide ms a este en general: mayor prioridad a los derechos humanos (pto. 1), ms coherencia (pto.3), ms competencias para la nueva agencia (pto.5), mejor evaluacin de la eficacia de la UE (pto.8), ms detalles especficos sobre pases (pto.8), ms informacin al Parlamento y acerca de la opinin del Parlamento (ptos.10 y 13)12. Y, en particular, el Informe del PE, pide ms acciones y ms efectivas, y critica la accin del Consejo de la UE y de la Comisin, respecto a un gran nmero de casos especficos, algunos de los cuales sealaremos despus. Cuando lo hayamos hecho, resultar ms evidente que el Parlamento Europeo tiene una clara voluntad de distinguirse de los rganos ejecutivos y efectivamente decisorios de la Unin, que son los intergubernamentales.

Esta voluntad responde a la pretensin de que el Parlamento transmite de manera ms directa que los gobiernos la posicin de la opinin pblica europea, no slo por ser un rgano de eleccin directa por parte de los ciudadanos, sino tambin porque estos recurren a l y participan en sus comisiones por medio de las diversas organizaciones ciudadanas, en particular las relacionadas con los derechos humanos. Acerca de en qu medida las diferencias entre los rganos intergubernamentales y el Parlamento manifiestan la existencia de autnticos conflictos que inciden efectivamente en la evolucin de las polticas, y en qu medida dichas diferencias responden ms bien, objetivamente, a un reparto de papeles sobre todo destinado a fortalecer la imagen de la UE ante s misma y ante los propios ciudadanos, intentaremos ofrecer algunos elementos de respuesta. Todo ello a travs de algunas situaciones relacionadas con la situacin de los derechos humanos en los pases del mediterrneo no europeo, y con la situacin de los extranjeros entre ellos los de pases musulmanes- en los pases de la UE y en pases terceros. Aceptemos la propuesta del Informe de la UE de examinar, en primer lugar, como piedra de toque, la situacin dentro de sus fronteras.

Los derechos humanos de los extranjeros en el interior de la UE

Migracin, asilo, refugiados

Segn seala el Informe 2007 de Amnista Internacional, en 2006 murieron ahogadas o desaparecieron en el mar 6.000 personas africanas en su intento de alcanzar Europa. Otras 31.000 cifra seis veces mayor que en 2005- llegaron a las Islas Canarias13. Hay que sealar, sin embargo, que la cifra de muertos y desaparecidos se refiere, evidentemente, a los contabilizados fehacientemente. Por otro lado, muchos ms inmigrantes, llegaron tambin desde frica a las otras costas de los pases ms cercanos (Espaa, Italia, Malta, Grecia), aunque no disponemos de cifras al respecto.

Cul es la poltica de la Unin ante esta situacin que tan radicalmente afecta los derechos humanos? En primer lugar, hay que decir que en ningn lugar del Informe del Consejo de la UE (en adelante, Informe CUE 2006), aparece mencin alguna al nmero de inmigrantes muertos y desparecidos en el mar, a pesar de que fueron los pases miembros los que recogieron la mayora de los cadveres. El Informe CUE 2006 sigue, en este terreno, prefiriendo un lenguaje entre burocrtico y acadmico, rimbombante y hueco de sudor y sangre. As, como mxima suprema, nos informa de que la UE ha ido derivando hacia un planteamiento holstico de la migracin, que tiene plenamente en cuenta la relacin entre migracin y desarrollo14.

Juzgar en qu medida los diversos programas de cooperacin al desarrollo de la UE sern efectivos a medio y largo plazo para atajar las causas de la emigracin es una cuestin que escapa a los objetivos de este texto, sin embargo no cabe duda de que a corto plazo la UE ha optado por limitar en todo lo posible la inmigracin, e incluso pensaba invertir fondos asignados a la cooperacin en ello. En una reciente reunin del PE para discutir el presupuesto de la UE para 2008, en palabras del periodista David Cronin, los europarlamentarios cuestionaron 48 millones de euros (65 millones de dlares) para cooperacin que la UE pretende otorgar a los pases que expulsan la mayor cantidad de los inmigrantes que arriban al continente15. Finalmente, el presupuesto del Frontex, la agencia que se encarga del control comn de las fronteras, pas de 23 a 53 millones de euros.

En lo que respecta al asilo y a los refugiados, la UE ha anunciado para 2010 la plena puesta en marcha de un Sistema Europeo Comn de Asilo. Mientras tanto, se rige en este terreno por la Directiva 2005/85/CE, que establece unas normas mnimas comunes. Estas normas mnimas son sobre todo restrictivas, y vienen a incidir en una tendencia iniciada ya aos antes. Como afirma AI, en Europa, los ndices de reconocimiento de la condicin de refugiado han descendido drsticamente con el paso de los aos, pese a que los motivos para solicitar asilo (violencia y persecucin) siguen siendo tan acuciantes como siempre16 () En el contexto de la guerra contra el terror, los gobiernos tambin violaron sus obligaciones internacionales al devolver a personas a pases donde corran riesgo de sufrir graves violaciones de los derechos humanos, incluida la tortura17.

La Comisin y el Consejo de la UE afirman estar promoviendo desde 2005 programas de proteccin regional que prestan asistencia a los terceros pases que albergan grandes comunidades de refugiados, o que han de hacer frente a un elevado nmero de solicitantes de asilo, para que construyan sus capacidades de proteccin18. No obstante, en 2006 tan slo estaban en marcha los primeros programas piloto en Ucrania, Moldavia y Bielorrusia, y se estaba estudiando la ubicacin del segundo programa piloto para el que se consideraban posibles zonas de inters como la Regin de los Grandes Lagos y el Cuerno de frica19. La UE espera que tales programas20 aporten soluciones duraderas, pero, a la luz del rechazo actual de las admisiones en el propio territorio no queda ms remedio que ver una actitud hipcrita en la pretensin de que as los refugiados estarn lo ms cerca posible de sus hogares21.

Respecto a las presencias ilegales en su territorio, la UE es clara: Debe expedirse una decisin de retorno a cualquier nacional de un pas que se encuentre ilegalmente en su territorio22. Adems, la expulsin de un pas acarrear la prohibicin de reingreso en toda la UE. Est medida es de gran importancia, pues cierra el paso a las medidas de regularizacin como las adoptadas, por ejemplo, en Espaa, en trminos masivos en diversas ocasiones, la ltima en 2005. De hecho, no cabe duda de que la nueva Directiva de la UE fue, principalmente, una respuesta a dicha regularizacin espaola. Sorprendentemente, la UE afirma que debe conferirse prioridad al retorno voluntario. Slo si el nacional de un tercer pas no retorna voluntariamente, los Estados miembros ejecutarn la obligacin de retorno mediante una orden de expulsin23. No se sabe si con esta extraa clusula, que difcilmente puede tener efectos prcticos, la UE pretende salvaguardar la dignidad del inmigrante de mala manera, pues slo un autoengao nominalista le impedira advertir que, aun retornando voluntariamente, ha sido expulsado-, o si tan slo pretende ahorrarse los gastos del traslado.

Para conseguir la readmisin de los inmigrantes irregulares en sus pases de origen, la UE y sus estados miembros firman acuerdos con terceros pases acerca de los cuales el propio Parlamento Europeo ha mostrado su preocupacin, dado que no disponen de las estructuras jurdicas e institucionales necesarias para gestionar la readmisin de los nacionales y la proteccin de sus derechos24. Lo que quiere decir o, tal vez, no decir explcitamente- el Parlamento Europeo es que los inmigrantes retornados son internados en campos de detencin en psimas condiciones en Mauritania, Argelia y Marruecos25, y sobre todo en Libia, donde hay 60.000 detenidos en el desierto, que sufren todo tipo de abusos imaginables, e incluso son abandonados a su suerte en zonas desrticas26, como tambin sucedi en 2005 en Marruecos con un grupo de emigrantes que haban intentado saltar la valla alambrada que separa aquel pas de Melilla. Esta es la cooperacin en la que la UE invierte su dinero: patrulleras, helicpteros, centros de detencin, con los que se consigue que los derechos humanos de los inmigrantes no sean violados en Europa, sino fuera de ella.

De cualquier manera, la UE considera que las normas en materia de retorno, expulsin, uso de medidas coercitivas, internamiento temporal y reingreso tienen plenamente en cuenta el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas afectadas 27. Esta no es la opinin de AI, que seala en su informe que los pases europeos siguieron sin respetar los derechos de las personas refugiadas y migrantes y, para abordar la migracin irregular, adoptaron estrategias represivas que incluan la detencin y la expulsin forzadas sin permitir el acceso a procedimientos de asilo justos e individualizados28 y que los intentos de debilitar la Convencin de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados o de eludir la Convencin de la ONU sobre los Derechos de los Migrantes que ningn pas occidental ha ratificado son contraproducentes29.

Sin entrar en una casustica que podra ser interminable a nivel europeo, podemos decir que en Espaa, donde slo en 2006 se han llevado a cabo decenas de miles de retornos30, los cuales el gobierno del Partido Socialista Obrero Espaol (PSOE) esgrime con vehemencia electoralista frente a las presiones de la derecha, se han registrado recientemente una serie de casos sonados de violaciones de los derechos humanos con las consecuencias ms trgicas. En septiembre de 2005 trece emigrantes africanos murieron, algunos por heridas de bala, cuando intentaban entrar en Melilla desde territorio marroqu saltando la valla que divide ambos territorios, y en el momento de escribir estas lneas no se ha aclarado la responsabilidad tanto de las fuerzas de seguridad marroques como de las espaolas en el suceso (a pesar de que, por ejemplo, la cadena Telecinco emiti imgenes de un guardia civil espaol pateando a un emigrante tumbado en el suelo).En julio de 2006 se produjeron tres nuevos casos similares. El 8 de junio de 2007 un inmigrante nigeriano falleci a causa de una parada cardio-respiratoria en el avin en el que era expulsado amordazado desde Alicante a su pas, sin que se hayan aclarado las circunstancias exactas de su muerte. Previamente, en la poca de gobierno del conservador Partido Popular, se haba producido un cierto escndalo al saberse que los emigrantes expulsados eran sedados a la fuerza antes de introducirlos en los aviones para su expulsin. El nuevo protocolo de actuacin del Ministerio del Interior slo permite la administracin de drogas por prescripcin facultativa, pero permite que se utilice un amplio abanico de medidas de fuerza contra los repatriados que se resistan, que podrn ser inmovilizados con lazos de seguridad (bridas de plstico), cascos, prendas inmovilizadoras homologadas (que no se especifican), cinturones, esposas o similares e, incluso, cinta reforzada, ms conocida con el nombre comercial de cinta americana31.

En definitiva, en lo que respecta a la admisin de refugiados y emigrantes, y a la regularizacin de los ya presentes en su territorio, el planteamiento holstico de la UE impone tanto el rechazo de la admisin de los nuevos inmigrantes irregulares como el de la regularizacin de los ya presentes en su territorio. De nada ha servido hasta ahora que el Parlamento Europeo exprese su profunda preocupacin por el alto nmero de refugiados que pierden la vida intentando entrar en los Estados miembros; pida ms opciones jurdicas para buscar asilo e inste a los Estados miembros a que tengan en cuenta las violaciones de los derechos humanos ni que recuerde que segn la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los Estados miembros no pueden, en ningn caso, devolver a una persona a un Estado en el que corra el riesgo de ser torturada o sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes32 o, en definitiva, que haga hincapi en que la prctica [de la UE] est en contradiccin con los textos33.

Respecto a la situacin de los inmigrantes regulares e irregulares al margen de la cuestin de su admisin o expulsin, es decir respecto a sus derechos y la carencia de ellos dentro del territorio de la UE, hemos renunciado de entrada a abordarla dada la gran variedad de situaciones que encontramos en los distintos pases dentro del gran abanico de tipos de derechos de posible estudio (civiles, econmicos, sociales, culturales, religiosos, etc). Hay que decir, sin embargo, que de la misma manera que podemos encontrar numerosos elementos positivos en trminos relativos (respecto al pasado y en la comparacin de unos lugares con otros, tanto dentro de la UE como con terceros pases), tambin podemos encontrar las ms descorazonadoras de las situaciones. La discriminacin estructural de los inmigrantes respecto a los nacionales de la UE existe, de cualquier manera, en mayor o menor medida, en todos los pases y en la mayora de los terrenos (educacin, vivienda, empleo), y est discriminacin se incrementa, como sealaba el propio Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia34, en el caso de los inmigrantes musulmanes. La medida en la que esta discriminacin estructural (que, evidentemente, tiene su fundamento en la discriminacin estatutaria y econmica) deriva en situaciones de racismo y xenofobia con las que se retroalimenta, depende de las los lugares y las circunstancias. Como el Observatorio tambin reconoce, la documentacin recogida a este respecto por los pases miembros es escassima35, y slo adquieren relevancia pblica los casos cuantitativa o cualitativamente ms graves, que ni aun as necesariamente se resuelven una vez pasada la tormenta36.

Detenciones, secuestros y torturas

Es ahora bien conocido en sus lneas generales el llamado caso de los vuelos de la CIA, en el marco del cual la Agencia Norteamericana de Inteligencia promovi la creacin de centros secretos de detencin e interrogatorio mediante tortura en diversos lugares del mundo. Sin embargo, en lo que respecta al papel de los gobiernos europeos, en algunos casos se ha llegado a ms conclusiones definitivas y detalladas que en otros. Incluso el Consejo de la UE seal serios y crecientes indicios de que en Polonia y Rumana existieron centros secretos de detencin, 37 y el Parlamento Europeo se neg explcitamente a descartarlo38. La resolucin del Parlamento Europeo al respecto, confirma las palabras de AI, en el sentido de que la complicidad de pases como Alemania, Bosnia y Herzegovina, Italia, Macedonia, Reino Unido y Suecia iba desde la aceptacin y ocultacin de entregas extraordinarias, detenciones secretas, tortura y otros malos tratos (y utilizacin de la informacin obtenida de ese modo) a la participacin directa en secuestros y transferencias ilegales. Adems, existan indicios de que las fuerzas de seguridad de Alemania, Reino Unido y Turqua haban aprovechado la situacin para interrogar a personas que haban sido objeto de estas entregas39. No obstante, es muy probable que otros gobiernos europeos adoptaran al menos la actitud de or, ver y callar, entre ellos Espaa, Irlanda, Chipre, Grecia y Portugal, por los que transitaron un gran nmero de vuelos (125 en el caso de Espaa), si bien no se ha podido demostrar la colaboracin activa de sus gobiernos.

Hay que destacar que gran parte de las personas que fueron trasladadas a la prisin norteamericana de Guantnamo, o a pases como Jordania, Siria, Marruecos y Egipto desde Alemania, Italia, el Reino Unido o Suecia, para ser interrogadas y torturadas, no han podido ser acusadas de ningn delito, porque eran absolutamente inocentes. Algunas de ellas, de las deportadas en general y de las deportadas y probadamente inocentes, tenan la nacionalidad de un pas europeo, pero ello no les sirvi de nada, probablemente por ser originarios de pases musulmanes o europeos convertidos al islam. Un nmero mayor de detenidos, sin ser ciudadanos europeos, eran residentes en pases europeos, pero tampoco eso les vali de nada ni en los casos en los que dichos pases jugaron un papel determinante en su detencin injustificada. Por ejemplo, segn el Parlamento Europeo todo parece indicar que fue el servicio de inteligencia M15 britnico quien dio la informacin errnea y permiti los vuelos que condujeron a l secuestro en Gambia en 2002 de Bisher Al-Rawi y Jamil El-Banna, residentes en el Reino Unido y nacionales, respectivamente, de Iraq y Jordania, que al menos en febrero de 2007 permanecan detenidos en Guantnamo sin proceso y sin asistencia letrada. Sin embargo, al requerimiento del Parlamento Europeo acerca de por qu no les haba concedido al menos asistencia consular el Reino Unido aleg que no eran ciudadanos britnicos40.

Estamos hablando de cientos de detenidos identificados, que probablemente fueron ms desde 2001, muchos de los cuales se sabe a ciencia cierta que han sido torturados. Las investigaciones del propio Consejo de Europa y del Parlamento Europeo, y sus condenas, llevadas a cabo una vez que periodistas, organismos de derechos humanos y los propios afectados, llevaban aos denunciando esta situacin, no pueden blanquear la inevitable connivencia de tantos gobiernos europeos que participaron en las entregas o callaron ante ellas, ni ocultar el hecho de que, adems, muchos de ellos pusieron obstculos o se negaron a colaborar en las investigaciones. El lenguaje diplomticamente correcto, y supuestamente ms efectivo, que utiliza la ms alta institucin de la UE al referirse a este asunto (se ha discutido el problema de los vuelos de la CIA, la UE y EEUU mantienen un dilogo sobre el Derecho Internacional y la lucha contra el terrorismo41) resulta obsceno cuando se contrapone a la cruda realidad a la que se refiere, ms an cuando se compara con las enrgicas medidas prcticas que la UE llega a adoptar contra gobiernos o empresas europeos en defensa de la competencia [econmica], o contra autoridades de otros pases, como el gobierno de Hams en Palestina, en defensa, a fin de cuentas, de Israel.

LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MEDITERRNEO RABE (Y SU ENTORNO42)

La crisis de los regmenes polticos poscoloniales

La reivindicacin de los derechos humanos, tanto en su versin liberal-individualista-laica de origen europeo-occidental y burgus como en sus diversas reformulaciones alternativas, comunitaristas, socializantes o religiosas, comenz a extenderse social y polticamente en el entorno islmico del mediterrneo varias dcadas despus de la proclamacin de la Declaracin Universal de los Derechos Humanos de la ONU (1948), a pesar de que pases como Egipto, Turqua, Siria, Libano e Iraq hubieran votado a favor de dicha declaracin en la Asamblea General de la ONU.

Entre los aos 50 y 70, los pases de la regin, o bien conocan regmenes polticos (en general militares o de origen militar) estructurados en torno al papel desarrollista y redistribuidor del estado desde presupuestos nacionalistas, populistas, progresistas y secularistas sui generis (Turqua, Siria, Iraq, Egipto, Argelia, Libia, Tnez,), o bien eran gobernados por monarquas conservadoras de legitimacin tradicional y religiosa (Jordania, Marruecos). Aunque habra que establecer grandes diferencias entre ambos tipos de regmenes en lo que respecta el disfrute de derechos sociales y econmicos, y en al apoyo popular que llegaron a recibir, compartan el rasgo de ser regmenes autoritarios que no slo no mantenan discursos liberal-democrticos, siquiera de fachada (con la excepcin de Turqua, Lbano y Marruecos), sino que tampoco encontraban una oposicin considerable que se expresara en tales trminos ni los reivindicara. La situacin en Israel y en Cisjordania y Gaza fue relativamente diferente: por su parte, los habitantes palestinos de Israel, musulmanes y cristianos, todos ellos ciudadanos israeles, vivieron en una sedicente democracia liberal en la que sin embargo eran estatutariamente discriminados en la mayora de los derechos de todo tipo; los habitantes de Cisjordania y Gaza vivieron bajo la administracin jordana y egipcia, respectivamente, desde 1948 hasta 1967, mientras que desde 1967 hasta 1994 vivieron bajo la ocupacin israel directa (y desde la ltima fecha viven bajo la ocupacin israel y bajo administracin local palestina, escindida en 2006 entre Cisjordania y Gaza).

Hasta finales de los aos 70, la mayor parte de estos regmenes haban conseguido mantener, pese a su carcter fuertemente autoritario, importantes dosis de legitimacin popular, muchos por haber surgido de la lucha nacionalista contra la colonizacin, algunos tambin por las reformas poltico-sociales y los logros conseguidos en los terrenos social y econmico, y otros por el mantenimiento menos vigoroso de la legitimidad tradicional de unos monarcas fuertemente apoyados, por otro lado, por Estados Unidos y diversos pases europeos. La represin generalizada de la oposicin poltica en todos ellos, que inclua las formas ms aberrantes de violaciones de los derechos humanos (detenciones arbitrarias prolongadas, encarcelamientos durante largos aos, torturas, condenas de muerte e incluso asesinatos), encontraba la tolerancia de algunos sectores de las poblaciones porque se inscriba en el marco de la pugna entre las fuerzas progresistas, revolucionarias y antiimperialistas y las fuerzas conservadoras y reaccionarias, que en algunas ocasiones esconderan meras luchas de poder. No hay que olvidar que la mayora de los estados de los que estamos hablando no solo provenan de las luchas (iniciales) de liberacin nacional e independencia, sino que se vieron inmersos una y otra vez en enfrentamientos armados civiles, interrabes o con terceras partes, que no hacan sino reflejar la incompletitud de la liberacin nacional, las rmoras del colonialismo y el enfrentamiento ideolgico y de la guerra fra. Adems de las guerras de los pases rabes con Israel (en 1948, 1956, 1967 y 1973; en 1956, tras la nacionalizacin del Canal de Suez, no hay que olvidarlo, con la participacin junto a Israel de Francia y Gran Bretaa; en Lbano y Jordania, los enfrentamientos internos, con los palestinos y con Israel en diversas ocasiones a lo largo de los 50 y los 60 (con respectivas intervenciones armadas norteamericana y britnica en 1958), que desembocaran en el septiembre negro en Jordania en 1970 y en la guerra civil en Lbano en 1975; la invasin de este ltimo por Israel en 1978 y 1982; la participacin egipcia en la guerra civil en Yemen opuesto a Arabia Saud (1962-1970); los conatos de guerra entre Argelia y Marruecos en 1963 y Egipto y Libia en 1977, Si a estos datos uniramos los golpes de estado o intentos de golpe de estado y los magnicidios o intentos de magnicidio que se han producido desde los aos 50 hasta hoy en todos los pases del mediterrneo rabe y en Turqua la lista sera mucho ms larga, y comprenderamos mejor que la convulsa situacin vivida no era la ms propicia para el florecimiento del respeto a los derechos humanos.

Tras la derrota frente a Israel en 1967, la muerte de Nser en 1970, y el progresivo cambio de orientacin poltica en Egipto, en los aos 80 se hizo ya evidente la derrota de los proyectos genuinamente de izquierdas y reformistas en toda la regin. Aunque la mayor parte de los regmenes progresistas en el gobierno se mantuvieran por sucesin endgena, su voluntad y su capacidad de oponerse a las fuerzas conservadoras tanto internas como externas (que en gran parte se deba a la popularidad del naserismo) desapareci o decreci, al tiempo que lo hacan su eficacia o su inters en satisfacer las necesidades de las poblaciones y que aumentaba la corrupcin. En consecuencia, su apoyo popular descendi radicalmente, y con l la tolerancia de sus querencias represivas y autocrticas. Por su parte, los regmenes conservadores (Marruecos, Jordania, Turqua) perdieron en gran parte al enemigo exterior que les permita ganar comprensin tanto en el exterior como en el interior hacia esas mismas lacras y esos mismos excesos.

Las demandas de participacin poltica y pluripartidismo fueron creciendo progresivamente hasta la actualidad en forma de demandas de liberalismo, no tanto por una adscripcin ideolgica de la mayora de sus demandantes a l en el sentido clsico del trmino -y menos an en la medida en que se relacione con posturas liberales en el terreno econmico-, como por una cuestin de necesidad: al resquebrajarse el unanimismo y ser cuestionadas las estructuras polticas existentes, al tiempo que se contestaba la legitimidad de las elites gobernantes, estas mismas pusieron en marcha (en Egipto, Jordania, Argelia, Tnez) o aadieron (Marruecos, Turqua), empujadas a veces ms en este sentido por el exterior que por el interior, mecanismos de participacin liberal (pluripartidismo, elecciones representativas, mayor libertad de prensa, mayor libertad asociativa y sindical) fuertemente controlados y cortocircuitados. As, las fuerzas de oposicin, algunas de las cuales no eran en principio adalides del liberalismo poltico, como las corrientes islamistas y las corrientes nacionalistas estatistas, intentaron entrar en el juego poltico con las normas impuestas desde arriba.

La cerrazn en ltima instancia de los regmenes en plaza, su negativa a liberar realmente los mecanismos para acceder al poder o influir decisivamente en el gobierno, gener respuestas violentas de los sectores ms radicales. As, nacieron grupos armados islamistas (principalmente en Egipto en los aos 80 y 90, y en Argelia a principios de los aos 90 tras la interrupcin del proceso electoral), pero tambin de corte nacionalista e izquierdista (en Turqua, el Partido de los Trabajadores del Kurdistn, en 1973). Pese al vigor en algunos momentos de dichos movimientos violentos, se mostraron incapaces de derrocar a unos regmenes a los que la propia actividad de oposicin violenta reforzaba tanto por el rechazo de sta en el interior como por el fuerte apoyo obtenido del exterior.

Funcionalidad de los derechos humanos en el mediterrneo rabe

La reivindicacin de los derechos humanos en los pases del mediterrneo rabe ha recibido un gran impulso del bloqueo de la situacin poltica en sus diferentes pases desde los aos 80 hasta la actualidad. Por un lado, nos encontramos con regmenes cada vez ms dbiles, rechazados por una franja muy considerable de sus poblaciones y presionados por los pases capitalistas para que realizaran reformas (de las que a efectos mediticos se destacan los aspectos polticos y sociales, pero que en la prctica insisten en los aspectos econmicos, como veremos ms adelante ). Por otro lado, tenemos una oposicin muy extendida entre las clases medias, con mayores libertades polticas que en el pasado pero an fuertemente controlada y reprimida. Esta oposicin se encuentra, sin embargo, aislada de las clases populares por las leyes represivas y las prcticas policiales de los regmenes (que impiden las manifestaciones de masas o controlan los medios de comunicacin), y por las diferencias culturales, as como tambin est fuertemente dividida por la gradiente islamismo-secularismo.

En este contexto, en el que los regmenes prefieren por una cuestin de imagen, y para un mejor control de la tensin- tener a la oposicin visible y activa, pero en que el sistema poltico tiene progresivos cortocircuitos para que los partidos de oposicin no puedan desarrollarse normalmente ni participar en las elecciones con absoluta libertad y posibilidades de victoriaa, se han abierto paso organizaciones y asociaciones no propiamente polticas, pero a las que, precisamente por no serlo, se les consiente que operen con mucha mayor libertad en varios de los terrenos de la accin poltica, sobre todo en el de la informacin y la expresin de la opinin. Entre estas organizaciones, fueron pioneras las organizaciones de defensa de los derechos humanos en general, a mediados de los aos 80, a las que luego se unieron asociaciones denominadas de estudios e investigacin, para el desarrollo, culturales, foros de debate, de asistencia legal, etc. Finalmente, en los aos 90 y en el siglo XXI, las organizaciones de defensa de derechos a veces con otros nombres- se han especializado: defensa de los derechos de los trabajadores, de los campesinos, de asistencia a los prisioneros, de licenciados, de los derechos sociales, etc.

En estas asociaciones especializadas, se ve a menudo una impronta ideolgica concreta segn cul sea el objeto de sus afanes: las de defensa de los trabajadores, por ejemplo, en principio son fruto del empeo de militantes de izquierda, en general de orientacin marxista. Sin embargo, las asociaciones de defensa de los derechos humanos en general se convierten poco a poco en lugares de encuentro de corrientes ideolgicas antes enfrentadas o al menos recelosas entre s. Las asociaciones de derechos humanos originales (como la rabe, la egipcia, la tunecina, la marroqu, la argelina) se inspiran en la Declaracin de la ONU y la tradicin a la que esta pertenece43, y son en principio impulsadas por personas con una ptica liberal, aunque cada una pudiera tener sus inclinaciones particulares (izquierdistas, islamistas, nacionalistas o del tipo que fueran). Es su coherencia a lo largo de los aos, la que hace que se ganen, en lneas generales, el respeto de quienes las miraban con mayor prevencin, a pesar de los embates del poder, que intenta acabar con ellas y cooptarlas consiguiendo algunos xitos-. En los casos de Egipto y Argelia, por ejemplo, la Organizacin Egipcia de Derechos Humanos y de su homloga argelina defendieron con gran coraje en la primera mitad de los 90 a las vctimas islamistas de la represin de los regmenes, a pesar de la tremendas acciones armadas de algunos sectores de la corriente islamista contra personalidades secularistas. As, estas organizaciones, como por otro lado tambin las asociaciones profesionales oficiales y algunas asociaciones privadas, son lugares de encuentro que hacen ver la posibilidad y la necesidad de la cooperacin frente a los regmenes; organizaciones que hacen perder miedos y ver la necesidad de disipar los miedos del otro, incluso moderando para ello el propio discurso.

Tambin el propio concepto de derechos humanos, an suscitando diferencias ideolgicas cruciales en torno a su definicin exacta en algunos aspectos, en particular en las cuestiones en las que el islamismo moderado pretende marcar las diferencias frente a la tradicin francesa-norteamericana y de la ONU44, ofrece, en la medida en que pese a todo existe un consenso muy amplio y fundamental respecto al rechazo de la represin y la defensa de los derechos civiles y polticos, una base sobre la que construir ms consenso y unas reglas duraderas para la cooperacin y la gestin de las disensiones45. A nadie se le oculta que es una cuestin crucial para los pases islmicos garantizar que los islamistas puedan optar a acceder al poder de manera democrtica sea cual sea el sistema elegido- en igualdad de condiciones con las otras fuerzas polticas, y garantizar, al mismo tiempo, que si ello sucede, no slo est garantizado que se les pueda desalojar por el mismo procedimiento, sino tambin que no puedan prohibir o imponer durante su mandato prcticas sociales que para los secularistas caen exclusivamente dentro de la esfera de las libertades individuales.

La mayor carencia que ha tenido, y sigue teniendo en parte, el movimiento de defensa los derechos humanos en todos estos pases, a pesar de que se ha avanzado mucho en este terreno, esta relacionada con la virtud que acabamos de mencionar: al haberse centrado el grueso de sus actividades en la defensa de los derechos civiles y polticos, y de los activistas en estos terrenos, se ha ignorado o descuidado un tanto la defensa de los ciudadanos corrientes que sufren abusos por cualquier otra razn. Este hecho, que como hemos dicho comenz a cambiar con el nacimiento de las asociaciones civiles que hemos llamado especializadas, adems de ir contra la lgica intrnseca de la defensa de los derechos humanos, resta al movimiento el apoyo popular que necesita para enfrentarse a los gobiernos.

Situacin de los derechos humanos en los pases del mediterrneo rabe y su entorno, y postura de la UE ante ella

Recorrer las pginas de los ltimos informes anuales sobre los derechos humanos, ya mencionados, de las asociaciones Human Rights Watch (HRW) y Amnista Internacional (AI), relativos a todos los pases del entorno del mediterrneo rabe desde Turqua hasta Marruecos (es decir, para que no queden dudas, hablamos de Turqua, Siria, Lbano, Israel, Palestina, Jordania, Egipto, Libia, Tnez, Argelia, Marruecos y el Sahara) supone hacer un viaje por la mayor parte de las violaciones de los derechos humanos que dichos informen contemplan como tales, a los que habra que aadir otros en los que hacen menos hincapi (derechos sociales y econmicos, derechos colectivos y de los pueblos, y derechos llamados de ltima generacin en general). Establecer diferencias detalladas entre la situacin en cada pas sera, sin duda, justo y necesario, pero haran falta muchas ms pginas de las que disponemos (pensemos que los informes citados dedican, para sus resmenes sintticos, entre 4 y 6 pginas a cada uno de los pases). Tan slo haremos algunas indicaciones para contrastar la realidad con el Informe 2006 del Consejo de la UE, ya mencionado

El informe de la UE se caracteriza por su absoluta falta de coherencia, que en casi todos los casos puede ser relacionada con los intereses de la UE, o de algunos de sus pases de ms peso, ajenos al respeto a los derechos humanos. Respecto a los pases que nos ocupan, el informe dedica apartados especficos a unos46, ignorando completamente a otros (Lbano, Tnez y Argelia)47. Sin embargo, Tnez es, sin lugar a dudas, uno de los dos o tres pases rabes ms represivos del mediterrneo48, y Argelia no le anda muy a la zaga, y tiene un muy negro pasado cercano que sus dirigentes se niegan a aclarar49. No obstante, los pases europeos, y en particular Francia e Italia, estn muy satisfechos con la orientacin econmica de Tnez, un pas en el que las empresas europeas pueden instalarse fcilmente y emplear a mano de obra barata sin pagar impuestos, y para el que Francia es el primer exportador e inversor. Y qu decir de Argelia, gran proveedor de petrleo y gas, que lo ser an ms en el futuro? Si la UE apoy al rgimen argelino en la dcada de los 90 (en ocasiones menos y en otras ms explcitamente), cuando la imagen de aquel estaba por los suelos tras su golpe de estado a la victoria del FIS y las masacres de insurgentes, no habra de hacerlo ahora?50

Por el contrario, el informe es muy crtico, y por extenso, con Siria, sin citar prcticamente ningn aspecto positivo. Pero, como es bien sabido, la UE no est nada contenta con el papel regional de Siria, que se resiste a hacer lo que a EEUU, la UE e Israel les gustara que hiciera tanto en el Lbano, como en Iraq como frente a Israel. Sin embargo, el informe es muy positivo con Jordania, sin citar prcticamente ningn aspecto negativo, cuando tambin habra muchos motivos para ello. Pero es que Jordania siempre ha hecho exactamente lo contrario que Siria, y tiene unas excelentes relaciones, tambin econmicas, con EEUU, Israel y la UE. No en vano, esta firm con ella el primer Acuerdo de Asociacin Euromediterrnea (1997), que con otros pases firm mucho ms tarde o no ha firmado todava (Siria y Libia). Como es bien sabido, y abundantemente aireado por la UE, los acuerdos de asociacin de la UE, que constituyen el instrumento de ms desarrollada relacin econmica con los pases del mediterrneo no europeos, incluyen una clusula que permite su cancelacin unilateral en caso de que la otra parte viole los derechos humanos. Pues bien, entre otras muchas violaciones de aquellos, en Jordania se documentaron abundantemente en 2006, en el periodo cubierto por el informe de la UE, espeluznantes violaciones masivas reiteradas de los derechos humanos de todo tipo de los trabajadores inmigrantes en las fbricas jordanas que producen productos libres de impuestos para el mercado estadounidense, violaciones contra las que nada hizo el gobierno jordano y de las que como de las otras- nada dice el informe de la UE51

El informe tambin ve la evolucin de Marruecos de manera muy positiva (avanza a buen paso en el terreno de los derechos humanos), a pesar de que se muestra preocupada por la informacin sobre el trato dispensado a defensores saharauis de los derechos humanos, que inclua uso excesivo de la fuerza por la polica, detenciones arbitrarias, acusaciones de tortura (p.197). A estas violaciones habra que aadir el trato dado por las fuerzas de seguridad marroques a los inmigrantes ilegales que se encontraban en su territorio del que ya hemos mencionado anteriormente algunos ejemplos, as como las campaas represivas contra los militantes del movimiento islamista Justicia y Caridad52.

Respecto a Libia, el informe indica que sigue habiendo honda preocupacin por la situacin de los derechos humanos, en especial con relacin a los derechos civiles, los derechos polticos y la libertad de expresin, as como sobre la pena de muerte. Sin embargo, slo habla con detalle y por extenso de cuanto le preocupa el caso de las enfermeras blgaras y el mdico palestino. En este caso, aparte de que era necesario no meterle demasiado el dedo en el ojo a Libia hasta que liberara a las enfermeras blgaras, lo que sucedi en julio de 2007, hay que sealar que, despus de dcadas en que Gaddafi fue considerado el diablo en persona, terrorista y dictador, la UE y Libia han entrado en una especie de luna de miel en los ltimos aos, que deber culminar con la finalizacin de las negociaciones para firmar un acuerdo de asociacin que deben comenzar en 2008. En noviembre y diciembre de 2007, Gaddafi ha sido recibido con todos los honores en Francia y Espaa, donde algunos pocos en Espaa- han afeado a los respectivos gobiernos esta actitud. El presidente francs, Nicols Sarkozy, ha respondido sealando la necesidad de recompensar a los dirigentes que muestran visos de querer abandonar el mal camino ("Debemos alentar a quienes han renunciado al terrorismo, a la posesin de armas nucleares"), mientras que Espaa ha invocado el pragmatismo. Este incluye que los 14.700 y 17.000 millones de dlares en acuerdos comerciales que Francia y Espaa han apalabrado con Libia, pero sobre todo alentar a Libia a que, en lugar de fomentar el terrorismo siga siendo, como hemos mencionado ms arriba (nota 26), el gran carcelero de quienes desean emigrar a Europa.

En cuanto a Egipto, se reconocen medidas positivas, aunque sigue habiendo causas de preocupacin, como el maltrato a la oposicin, el trato a las minoras, el presunto uso de la tortura, la imposicin de penas capitales y la continuacin del estado de Excepcin (p.196). Sin embargo, el uso recurrente de la tortura en Egipto no tiene nada de presunto, sino que est perfectamente probado y documentado. Por su parte, el maltrato a la oposicin incluye miles de detenidos arbitrariamente, pero tambin dos docenas de muerto y unos 600 heridos hospitalizados, si tenemos en cuenta el balance de las elecciones legislativas de noviembre-diciembre de 2005), en las que el gobierno, tras promover primero la actuacin disuasoria de matones, acab haciendo rodear los colegios electorales por la polica para que slo votara quien esta quisiera53. Estas elecciones, por otra parte, condujeron a la reforma constitucional que apart a los jueces de la supervisin de los comicios (algunos de los jueces fueron primero apaleados y luego juzgados por cumplir con su deber constitucional). Pero de estas lecciones, a pesar de que se produjeron en el periodo que el informe dice cubrir, no se dice una palabra en l.

Por el contrario, al hablar de las elecciones legislativas en Palestina, se alaba que fueron seguras, libres y limpias, y que desembocaron en una victoria arrolladora de Hams. Sin embargo, la formacin subsiguiente de un gobierno dirigido por Hams dio lugar a una interrupcin de los contactos (incluidos los de naturaleza financiera) entre este gobierno y la comunidad internacional en general, a falta del compromiso de ese gobierno de cumplir y de aplicar los tres criterios de no violencia, reconocimiento del derecho de existencia de Israel y aceptacin de los acuerdos previos, incluida la hoja de ruta (193).

En lo que respecta a Israel, el informe comienza diciendo que La UE continu teniendo graves problemas con Israel en cuestin de derechos humanos. Se refieren en especial a la situacin de los palestinos en los territorios ocupados, los cierres y las restricciones de movimiento, la construccin y expansin de los asentamientos, el levantamiento del muro en territorio palestino y la demolicin de las viviendas (194): Luego aade a este listado el acceso a los territorios palestinos ocupados, especialmente el de las ONGs humanitarias, la prdida de vidas civiles en ejecuciones extrajudiciales y las detenciones administrativas (195). Y, finalmente, la ley de Nacionalidad y Entrada en Israel, recientemente confirmada por una ley del Tribunal Supremo israel, que impide la reunificacin familiar de parejas mixtas israel-palestinas y sus hijos (195). No obstante, junto a esta enumeracin tan larga y contundente con relacin a lo habitual en el informe, slo comparable en extensin y detalle a la dedicada a Siria, pero que como es sabido es bien parca con relacin a la realidad, sorprende encontrar la siguiente frase ambas partes (la UE e Israel) aceptaron lograr una cooperacin poltica y un dilogo ms estrechos sobre la base de sus valores comunes, es decir, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la democracia, la buena gobernanza y el derecho humanitario internacional (194).

Es importante comparar la actuacin de la UE ante Hams y ante Israel. El gobierno de Hams, se nos dice, no adquiri un compromiso de no violencia, pero lo cierto es que en los ltimos aos no incurri en ella sino como respuesta a los ataques de Israel aunque los medios de comunicacin suelan invertir este orden-. El gobierno de Hams, se nos dice, no reconoci de palabra el derecho de Israel a existir, pero ello es as porque Israel ha puesto diariamente todo su empeo, en la prctica, en hacer imposible la existencia de los palestinos en sus territorios. El gobierno de Hams, se nos dice, debe reconocer todos los acuerdos anteriores, incluida la hoja de ruta, pero la hoja de ruta es un documento impuesto por el Cuarteto (EEUU, la UE, la ONU y Rusia) que exiga infinidad de cosas a los palestinos pero que no impona a Israel nada (por ejemplo, ni derruir el muro, ni desmantelar los asentamientos de Jerusaln ms de 200.000 colonos- ni la mayora de los de Cisjordania ms de 200.000 colonos) ni le ha impedido seguir haciendo lo que le ha dado la gana, como la propia UE conoce y a veces reconoce (pero slo a veces, puesto que, como es bien conocido, en diciembre de 2005, la UE decidi mantener oculto un informe de diversos diplomticos europeos destinados en Palestina que relataba crudamente las polticas de apropiacin del territorio palestino seguidas por Israel en Jerusaln Oriental y Ramala). A Hams pese a que ni tiene capacidad ni se le dio un minuto para ello-, se le conden por su supuesta pretensin de hacer dao a Israel en realidad, por no someterse-54. A Israel, pese a que ha demostrado una impresionante capacidad para hacer dao a los palestinos, la UE le reconoce como valores comunes a los propios el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la democracia, la buena gobernanza y el derecho humanitario internacional, segn acabamos de sealar. Y, en virtud de tales valores comunes, la UE concede a Israel privilegios que no concede a ningn otro pas: ms all de la participacin de Israel en el concurso

Al condenar a Hams, la UE conden a la poblacin palestina, y muy en particular a la de Gaza (un milln y medio de habitantes), con la retirada de sus ayudas econmicas, que se unieron a las de otros pases y al secuestro por Israel de los impuesto que pagan los palestinos, a la hambruna, a la enfermedad, a la miseria y, an peor, a un amago de guerra civil, el objetivo largamente buscado por Israel.

En su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de enero de 2006, el Relator Especial para Palestina, John Dugard, alert de la grave situacin imperante en el territorio palestino ocupado, resultante de la continua violacin de los derechos humanos y el derecho humanitario55 . Entonces pareca difcil que su contundente informe pudiera ser superado en las violaciones de los derechos humanos que retrata. Pero ese informe fue publicado antes de que la UE suspendiera sus ayudas, y de que Israel comenzara a emplearse a fondo. Sin embargo, en septiembre de 2006, Dugard redact un nuevo informe. Es difcil elegir por razones de espacio- unas pocas palabras para resumir un informe de 25 pginas, en el que aproximadamente 20 enumeran casos concretos de violaciones de derechos humanos casi siempre colectivas o masivas-, y 2 enumeran los aspectos de la legalidad internacional violados por Israel. As que nos contentaremos, en primer lugar, con recoger las siguientes palabras que resumen las pginas destinadas a justificar la consideracin de la poltica israel como de apartheid:

Podr negarse seriamente que el propsito de estas acciones [de Israel] es establecer y mantener el dominio de un grupo racial (judo) sobre otro (palestino) y oprimirlo de manera sistemtica? Israel niega que esa sea su intencin o finalidad. Sin embargo, esa intencin o esa finalidad puede inferirse de las acciones descritas en el presente informe56.

Y para concluir, estas palabras de Dugard, que aunque en nuestra opinin son muy discutibles en lo optimista de su balance, y abiertamente erradas en su apreciacin del papel de Occidente al margen de la excepcin palestina, tienen la virtud de sealar la singularidad del caso palestino y de la actuacin de la UE ante l, y sobre todo la trascendencia de esa actuacin de cara a intentar convencer a alguien que la voluntad de la UE de defender los derechos humanos en el mundo es algo ms que pura palabreria:

En 1994, el apartheid toc a su fin y Palestina se convirti en el nico pas en desarrollo del mundo bajo la subyugacin de un rgimen alineado con Occidente. Ah reside su importancia para el futuro de los derechos humanos. En otros regmenes, sobre todo en los pases en desarrollo, se conculcan los derechos humanos. Pero no hay otro caso de un rgimen alineado con Occidente que niegue la libre determinacin y los derechos humanos a un pueblo en desarrollo y que lo haya hecho durante tanto tiempo. Esto explica por qu el territorio palestino ocupado se ha convertido en una prueba para Occidente; una prueba segn la cual se juzgar su compromiso respecto de los derechos humanos. Si Occidente no supera esta prueba, difcilmente podr esperar que el mundo en desarrollo haga frente seriamente a las violaciones de los derechos humanos que se cometen en sus propios pases. Segn parece, Occidente no la est superando. Para tranquilizar su conciencia la UE entrega dinero al pueblo palestino a travs del mecanismo internacional temporal; sin embargo, junto con los Estados Unidos y otros pases occidentales, como Australia y el Canad, no ejerce presin sobre Israel para que acepte el derecho de Palestina a la libre determinacin y deje de violar los derechos humanos (). Si Occidente, que hasta ahora ha encabezado la labor de promocin de los derechos humanos en todo el mundo, no puede demostrar su verdadero compromiso con la proteccin de los derechos humanos del pueblo palestino, el movimiento internacional en favor de los derechos humanos, que puede considerarse el mayor logro de la comunidad internacional en los ltimos 60 aos, correr peligro57.

1 Consejo de la UE, Informe anual de la UE sobre los derechos humanos-2006, 13522/1/06/REVI, 4 de octubre de 2006, (p.8), 258 pp. El informe pretende cubrir los acontecimientos producidos entre julio de 2005 y junio de 2006.

2 Ibidem, p.10.

3 Roth, Kenneth, Filling the leadership void, World Report 2007, Human Rights World , Estados Unidos, (p. 1), 568 pp. El informe se refiere a los hechos acaecidos en 2006.

4 Consejo de la UE, op.cit., p.234.

5 Consejo de la UE, op.cit., p. 52-53.

6 Ibidem.

7 Consejo de la UE, op.cit., p.140.

8 Consejo de la UE, op.cit, p.53.

9 Pgina informativa de la UE http://europa.eu/agencies/community_agencies/fra/index_es.htm.

10 Reglamento 168/2007 del Consejo de la UE de 15 de febrero de 2007 por el que se crea la Agencia de Derechos Fundamentales, Diario Oficial de la UE, 22 de febrero de 2007, (18), L53/2.

11 No hay que confundir el Consejo de la Unin Europea, formado por un representante de cada uno de los gobiernos de los estados miembros de la UE, con el Consejo de Europa, en el que participan representantes de los gobiernos de todos los estados de Europa (47) excepto Bielorrusia, excluida por no satisfacer los requisitos de observancia del Estado de Derecho y de la democracia parlamentaria y relativos a los derechos humanos, a cuya defensa debe dedicarse principalmente el Consejo de Europa.

12 Parlamento Europeo, Resolucin del Parlamento Europeo, de 26 de abril de 2007, relativa al Informe anual sobre los derechos humanos en el mundo (2006) y la poltica de la UE al respecto, P6_TA-PROV(2007)0165 (esta referencia hace alusin a la edicin provisional en castellano del texto definitivo, que puede encontrarse en diversos formatos y con distintas paginaciones en: www.europarl.europa.eu).

13 Amnista Internacional, Informe 2007. El estado de los derechos humanos en el mundo, Editorial Amnista Internacional, Madrid, 2007, (p. 17), pp. 478. El informe de Amnista Internacional cubre el periodo entero de 2006.

14 Consejo de la UE, op.cit., p.136

15  Cronin, David: Parlamento Europeo discute como repartir la torta, Globalinfo.org, 29 de agosto de 2007, http://www.globalinfo.org/esp/reader.asp?ArticleId=52501.

16 Amnista Internacional, op.cit., p.17

17 Ibidem, p.44.

18 Consejo de la UE, Informe anual, p.134.

19 Ibidem, p.135.

20 Puede encontrarse ms informacin sobre estos programas en la Comunicacin de la Comisin Europea de septiembre de 2005 COM (2005 388 final).

21 Consejo de la UE, Informe anual, p.134.

22 Ibidem, p.137.

23 Idem.

24 Parlamento Europeo, op.cit., punto 136, p.18.

25 El centro de detencin de Nouadhibou, segn denunciaba la Media Luna Roja, se encontraba en noviembre de 2006 en condiciones deplorables de falta de higiene y hacinamiento. A lo que el gobierno espaol llama centro de acogida le haban sido tapiadas, por ejemplo, las ventanas para evitar las fugas, impidiendo la ventilacin de las estancias,Miles de inmigrantes en Mauritania, a la espera de embarcarse hacia Canarias , Afrol News / IRIN, 3 de Noviembre de 2006, http://www.afrol.com/es/ articles/22360.

26 El blog Fortress Europe, de Gabriele del Grande, es un completsimo y escalofriante catlogo de las penalidades que padecen los emigrantes que intentan acceder a Europa desde cualquiera de sus fronteras. En el puede encontrarse, adems de un mapa de los 17 campos de detencin de inmigrantes en Libia, y de otros informes sobre Argelia y Marruecos, un informe sobre Libia que en su versin francesa lleva el ttulo Fuite de Trpoli. Rapport sur les conditions des migrants de passage en Libye (http://www.infinitoedizioni.it/ fileadmin/InfinitoEdizioni/ rapporti/RAPPORT_LIBYE.pdf, 25 pp.)

27 Parlamento Europeo, op.cit., punto 136, p.18.

28 Amnistia Internacional, op.cit., p.44

29 Ibidem., p.17.

30 Segn informaba el diario La Verdad: El Ministerio de Interior repatri durante 2006 a algo ms de 52.000 inmigrantes en toda Espaa. 11.567 mediante la ejecucin directa de rdenes de expulsin, un 5,1% ms que durante 2005. Mientras, el Gobierno retorn (es decir, rechaz en puertos y aeropuertos) a 19.273 personas (un 26,3% ms que el ao anterior). Adems, devolvi a otros 21.216 extranjeros cuando trataban de llegar en cayuco a Canarias, entrar a Ceuta y Melilla sorteando las vallas o cruzar el Estrecho en patera o en otros medios de transporte, sorteando los puestos fronterizos, La Verdad, La Polica duplica el nmero de inmigrantes irregulares deportados,11 de junio de 2007, www.laverdad.es/ murcia/prensa/20070611/ region_murcia/policia-duplica-numero-inmigrantes_ 20070611.html

31 Siz-Pardo, Melchor, Interior autoriza el uso de la fuerza durante las expulsiones de inmigrantes Interior autoriza el uso de la fuerza durante las expulsiones de inmigrantes Interior autoriza el uso de la fuerza durante las expulsiones de inmigrantes Interior autoriza el uso de la fuerza durante las expulsiones de inmigrantesInterior autoriza el uso de la fuerza durante las expulsiones de inmigrantes , Diario La Voz de Galicia, 23 de agosto de 2007Interior autoriza el uso de la fuerza durante las expulsiones de inmigrantes Interior autoriza el uso de la fuerza durante las expulsiones de inmigrantes Interior autoriza el uso de la fuerza durante las expulsiones de inmigrantes

32 Parlamento Europeo, op.cit, punto 130.

33 Ibidem, punto 136.

34 Casa rabe, Musulmanes en la UE: discriminacin e islamofobia. Percepciones sobre discriminacin e islamofobia. Voces de miembros de las comunidades musulmanas en la UE. Extractos de los informes del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (EUMC), Documento de Casa rabe 1/2007, Madrid, febrero de 2007 (fecha de publicacin del informe original del Observatorio, diciembre de 2006), pp.38-42 y 87-89.

35 Ibidem, p.55.

36 Entre los das 5 y 7 de febrero del ao 2000 cientos o miles de habitantes de la ciudad almeriense de El Ejido (Almera, Espaa) llevaron a cabo un autntico progrom contra la poblacin inmigrante magreb de la localidad tras el asesinato de una joven por un magreb que tena perturbadas sus facultades mentales. Sesenta magrebes, resultaron heridos, pero muchas ms fueron las viviendas y propiedades saqueadas, destruidas y quemadas. Los indeseados inmigrantes trabajaban, sin embargo, cuando podan, de sol a sol, en la mayora de los casos por un salario y una vivienda miserables, para hacer funcionar los prsperos invernaderos almerienses. Pese al gran escndalo social que entonces se produjo, las cosas no haban cambiado mucho en el momento de escribir estas lneas: en septiembre de 2007, una trabajadora social de la zona me cont que por regla general los inmigrantes trabajan en los invernaderos 10 horas diarias por 30 al da (menos de la mitad de lo que cobrara un jornalero nacional en Espaa) sin contrato, siguen viviendo en cortijos miserables abandonados, y su entrada es vetada en gran nmero de cafs y lugares de ocio.

37 Diario El Mundo, Las claves de los vuelos de la CIA, 14 de febrero de 2007, http://www.elmundo.es/ elmundo/2006/06/12/espana/1150137230.html

38 Parlamento Europeo, Resolucin del Parlamento Europeo sobre la supuesta utilizacin de pases europeos por la CIA para el transporte y la detencin ilegal de presos de 14 de febrero del 2007, P6_TA(2007)0032, puntos 159 a 181. El punto 166, por ejemplo, dice: no se han presentado pruebas concluyentes que contradigan ninguna de las acusaciones sobre la existencia de un centro secreto de detencin en terreno rumano.

39 Amnistia Internacional, op.cit., p.45.

40 Parlamento Europeo, Resolucin sobre la supuesta utilizacin: para los casos en general de implicacin de Italia, Reino Unido, Alemania y Suecia ver los puntos 52 a 103 de la resolucin. Para el caso mencionado en el Reino Unido ver puntos 70 a 73.

41 Consejo de la UE, ob.cit., pp. 163 y 101 respectivamente.

42 Al referirnos a los pases no europeos del Mediterrneo, nos referiremos a menudo a Jordania porque la UE la trata como a un pas mediterrneo en sus Acuerdos de Asociacin comercial a pesar de que, evidentemente, no se encuentra a orillas suyas. Nos pareca adecuado poner en evidencia, precisamente, este trato de preferencia respecto a otros pases que tambin son del entorno rabe y tambin estn cerca del Mediterrneo como, por ejemplo, Iraq. A este tambin lo mencionamos en alguna ocasin, pero hemos evitado hablar de l con detalle porque en materia de derechos humanos no habramos dado abasto.

43 En Martn Muoz, Gema (ed.), Democracia y derechos humanos en el mundo rabe, Ediciones ICMA, Madrid, 1993, se pueden consultar la Carta de la Liga Tunecina de Derechos Humanos, adoptada en 1986 (pp.345-349), la Carta Nacional Marroqu de Derechos Humanos (pp.351-356), proclamada en 1990 por diversas asociaciones marroques de defensa de los derechos humanos y de juristas y abogados) y la Declaracin de Argel sobre el Magreb de los Derechos Humanos (pp.357-359), proclamada conjuntamente en 1989 por las organizaciones de derechos humanos marroqu, tunecina, argelina y mauritana admitidas en la Organizacin rabe de Derechos Humanos, que anunciaban la creacin de la Unin Magreb de Derechos Humanos, traduccin de M ngeles Lpez Plaza y Almudena Ruiz Ibez.

44 En los medios islamistas moderados, o simplemente en los entornos musulmanes tradicionales, de los que no se encuentran muy lejos gran parte de las elites en el poder, se mantiene una visin de los derechos humanos que se separa de la Declaracin de la ONU en los terrenos de la libertad individual en las costumbres, la libertad de expresin, los derechos de la mujer y la libertad religiosa, en la medida que todos estos derechos y libertades, aunque son proclamados como tales, quedan enmarcados dentro de los lmites de la Ley Islmica (chara). Existen dos declaraciones de derechos humanos que, aunque no tienen valor oficial ni representan ms que a quienes las elaboraron, nos indican adonde apunta esta visin islmica tradicional. La primera de ellas es la Declaracin Islmica Universal de los Derechos Humanos, elaborada en 1981 por el Consejo Islmico en Europa, organizacin privada con sede en Londres. La segunda es un proyecto de Declaracin de los Derechos Humanos en el Islam, aprobado por los ministros de Asuntos Exteriores de la Conferencia Islmica en 1990 que deba ser presentado a la cumbre de Jefes de Estado en Dakar en 1991, pero no lo fue debido a las crticas que recibi. Puede consultarse el texto completo en castellano de ambas en Martn Muoz, Gema (Ed.): Op.cit., respectivamente pp. 297-317 y pp.319-327.

45 Junto a las declaraciones y proyectos de declaraciones ya sealados, hay que mencionar el Proyecto de Carta de los Derechos Humanos y del Pueblo en el Mundo rabe (ver op.cit., pp. 329-344), elaborado en 1986 por juristas rabes y que recibi el apoyo de la Unin de Abogados rabes. Al contrario que las declaraciones islmicas mencionadas esta declaracin reafirma su confianza en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaracin Universal de los Derechos Humanos (p. 330), y en su primera parte, Derechos y libertades fundamentales, expone un articulado muy similar al de dicha declaracin, y por ende muy diferente a las declaraciones islmicas en materia de derecho civil y de libertades religiosas individuales, aadiendo importantes obligaciones del Estado en materia econmica y social. Pero lo ms significativo es que aade una segunda parte sobre Derechos colectivos del pueblo rabe que insiste en el derecho colectivo de los pueblos a la independencia, a la autodeterminacin y al disfrute de sus riquezas y recursos naturales, as como en el derecho individual a negarse a participar en la lucha contra otro estado rabe y a asistir por todos los medios legtimos a los pueblos vctimas del colonialismo, ocupados o discriminados racialmente (pp.338-339). Aunque este proyecto de declaracin tampoco lleg a tener ningn valor oficial aunque se propuso a los estados rabes que lo adoptaran-, representa adecuadamente una ideologa (la del panarabismo antiimperialista, internacionalista y social), que si bien los gobiernos rabes han ido reduciendo cada vez ms a un rincn minsculo de su retrica, sigue gozando de importante predicamento en sus estados.

46 Consejo de la UE, Informe anual.... Se habla de la Autoridad Palestina (pp.117 y 192-193), Israel (194-195, Jordania (195), Egipto (196), Libia (197), Marruecos (198), Siria (198-200), Iraq (231-232) y Turqua (185-186). De esas pginas proceden las citas siguientes en el texto.

47 Las menciones que se hacen a estos tres pases casi siempre estn incluidas en listados de pases sobre los que se dice que se han emitido declaraciones o se han hecho gestiones relativas a los derechos humanos, sin especificar en que han consistido ( Ibidem, pp.35, 60, 77,80 y 82). Tan slo en la pgina 11, nica mencin detallada que se hace a este pas.

48 Sobre Tnez se puede consultar, adems de los informes de AI (pp.395-400) y HRW (pp.519-522) citados, Arabic Network for Human Rights Information: Who Pays the Price? Advertisements in the Egyptian Press Beautifying the Image of the Tunisian Dictatorship, Report on the Occasion of the 20th Anniversary of President Ben Ali's Rule , November 2007 .

49 Adems de criticar la impunidad absoluta en la que siguen todos los crmenes cometidos en la dcada de los 90, en el conflicto que opuso al Estado y a grupos armados islamistas, que se estima que caus 200.000 muertos, el informe de AI seala : se recibieron continuos informes de tortura y malos tratos a personas detenidas por las autoridades ()y preocupaba la falta de imparcialidad de los juicios en causas por terrorismo y en causas abiertas por motivos polticos. Se hostig y conden a prisin a periodistas, sindicalistas y personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos (p.74). Sorprendentemente, el informe de HRW no dedica un apartado especfico a Argelia.

50 Sobre este asunto, ver Martn, Ivn: Unin Europea-Argelia: una asociacin de alto riesgo, en revista Nacin Arabe, n 47, Madrid, pp. 33-39.

51 En mayo de 2006, el Comit Obrero Nacional de Estados Unidos [NLC, segn sus siglas en ingls ] inform de que se estaban cometiendo abusos contra los derechos de los trabajadores inmigrantes en ms de 25 fbricas textiles de Jordania que suministraban artculos a minoristas de Estados Unidos, y afirm que los empresarios haban confiscado los pasaportes de decenas de miles de trabajadores extranjeros, sometindolos as a una servidumbre involuntaria. El Comit seal que los abusos incluan violaciones y palizas con palos y cinturones y que a algunos empleados se les obligaba a trabajar ms de 100 horas a la semana o se les dejaba de pagar el sueldo durante seis meses. Poco despus, el ministro de Trabajo public un informe en el que se aceptaba que existan indicios de abusos en algunas fbricas, como el impago de horas extras, pero neg muchas de las conclusiones del Comit, como las denuncias de abusos fsicos (Amnista internacional, ob.cit., p. 239). En la pgina del NLC puede verse como los abusos han continuado desde 2006 (www.nlcnet.org/ searchresults.php?pageNum_search=0&country=Jordan) ante la indiferencia del gobierno jordano, hasta el punto de que el 10 de diciembre de 2007, 3.000 trabajadores de Sri Lanka, Nepal, Bangladesh e India, la mitad de ellos mujeres, comenzaron una huelga que en el momento de escribir estas lneas, el 17 de diciembre, continuaba, pese a que la polica haba golpeado violentamente a los trabajadores (www.nlcnet.org/ article.php?id=502).

52 Ver Amnista Internacional, ob. cit., pp.274-277.

53 Sobre el proceso electoral egipcio y sus antecedentes puede consultarse: Barreda Sureda, Javier: Egipto: La escisin del rgimen de Hosni Mubarak, Revista Hesperia Tres Culturas, n 4, Madrid, 2006, pp.59-79

54 Obsrvense las palabras de John Dugard, Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos en Palestina: La comunidad internacional () ha delegado en el Cuarteto la facultad de poner los medios para lograr un arreglo pacfico consistente en la creacin de un Estado palestino. Lamentablemente, en la actualidad el Cuarteto parece haber perdido de vista este objetivo, por cuanto impone medidas punitivas destinadas a obligar a Hams a cambiar su posicin ideolgica, o a provocar un cambio de rgimen. Esto es evidente en la declaracin del Cuarteto de 9 de mayo de 2006. Cabe preguntarse si las Naciones Unidas estn autorizadas jurdicamente a participar en la coercin econmica a travs del Cuarteto sin seguir sus propios procedimientos estipulados en la Carta. En cualquier caso, la diplomacia ha cedido el paso a la coercin (Dugard, John: Situacin de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, documento de las Naciones Unidas A/61/470, 27 de septiembre de 2006).

55 Informe del Relator Especial de la Comisin de Derechos Humanos, John Dugard, sobre la situacin de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados por Israel desde 1967, documento de las Naciones Unidas: E/CN.4/2006/29, 17 de enero de 2006, 25 pp..

56 Informe del Relator Especial sobre la situacin de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 (Sr. John Dugard), n de documento de las Naciones Unidas: A/HRC/4/17, 29 de enero de 2007, 24 pp.

57 Ibidem, p.25



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