Portada :: Chile :: Pueblo Mapuche: Cinco siglos de Resistencia
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 02-01-2008

500 aos despus
La lucha de los mapuche: antes no tenan alma, ahora son terroristas

Arnaldo Prez Guerra
www.rel-uita.org



La existencia de presos polticos mapuche evidencia que las autoridades han hecho uso abusivo del poder punitivo del Estado para reprimir las acciones de protesta social del pueblo mapuche, y desactivar sus organizaciones por la va del encarcelamiento de sus lderes, dice Jos Aylwin, director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indgenas.

Sus condenas son injustas y su encarcelamiento es la dramtica consecuencia de la poltica de criminalizacin de la protesta social indgena, impulsada por los gobiernos de la Concertacin. La presidenta Michelle Bachelet no ha cumplido su promesa electoral, asumida en reunin con organizaciones indgenas congregadas en Nueva Imperial, de dar cumplimiento a las recomendaciones del Relator de la ONU para los derechos indgenas. Antes bien, se han mantenido las situaciones de criminalizacin de la protesta mapuche, agrega. Chile no ha cumplido con el compromiso de ratificar el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indgenas, ni la Declaracin de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas.

Decenas de comunidades mapuche se encuentran actualmente cercadas por extensos predios de plantaciones de pinos y eucaliptos, propiedad de grandes holdings, entre ellos el Grupo Angelini, dueo de Forestal Bosques Arauco SA, y el Grupo Matte, dueo de Forestal Mininco SA. La extensa superficie que poseen estas dos compaas -y otras ms pequeas- supera los 2 millones de hectreas. El pueblo mapuche cuenta con apenas 700 mil.

El negocio maderero -que incluye plantas de celulosa- es resguardado celosamente por las polticas gubernamentales y genera ganancias por ms de 3.000 millones de dlares. Se dice que los inversionistas del sector forestal aspiran a aumentar las superficies plantadas a ms de 5 millones de hectreas.

El silencio de los culpables

Nadie habla de los daos que produce esta poltica y que se manifiestan en varios aspectos. Por un lado, irreversibles perjuicios ecolgicos. Las plantaciones forestales erosionan la tierra hasta convertirla en no apta para la agricultura. Las comunidades indgenas se ven afectadas por la disminucin de sus fuentes de agua, agotadas por el sobre consumo de las especies exticas. Otro dao lo producen las fumigaciones con qumicos altamente txicos para la salud. La fauna silvestre y el bosque nativo son lentamente arrasados y, con ello, las plantas medicinales utilizadas por las machi*.

Otra problemtica ocultada por las autoridades han sido los proyectos viales. La construccin de la Carretera de la Costa -que intenta unir Tira con Puerto Montt- ha obligado a muchas comunidades a exigir desvos del trazado original, sin obtener hasta el momento respuesta del gobierno. La obra no beneficiar a propietarios indgenas de la zona, sino a las grandes empresas que necesitan vas de acceso rpidas y destruir de paso, gran parte del ecosistema de la zona. Similar conflicto origin la construccin del trbol de Temuco, proyecto que ocup la tierra de comunidades mapuche destruyendo incluso sitios arqueolgicos.

Decenas de comunidades mapuche se encuentran cercadas por extensos predios de plantaciones de pinos y eucaliptos, propiedad de grandes holdings

Tras 66 das de huelga de hambre, el viernes 14 de diciembre los presos polticos mapuche Jos Huenchunao, Juan Millalen y Jaime Marileo, decidieron suspender su prolongado ayuno. Hctor Llaitul y Patricia Troncoso continan sin ingerir alimentos y estn prximos a cumplir 70 das de movilizacin ante la indiferencia de las autoridades. Patricia Troncoso debi ser trasladada de urgencia al Hospital de Angol, tras sufrir un desmayo. Los doctores Germn Bass y Tania Muoz emitieron un informe en el que advierten que los presos polticos mapuche se encuentran en un estado de salud crtico, con riesgo vital. La prdida de peso flucta entre 14 y 23 kilos. Requieren de supervisin mdica diaria, con exmenes de laboratorio peridicos, sealan los facultativos. La Federacin Internacional de Derechos Humanos (FIDH) manifest su extrema preocupacin por la salud de los huelguistas y exhort al gobierno a que se revisen las sentencias y a que se liberen a las personas condenadas arbitrariamente.

Los huelguistas han sido visitados por decenas de organizaciones y personalidades, entre ellas el dirigente aymar boliviano Felipe Quispe y el ex juez Juan Guzmn Tapia, quien proces y pidi el desafuero del ex dictador Augusto Pinochet. La lucha de los mapuches es poltica y, de hecho, como se hizo durante la dictadura, se le fabrican delitos para criminalizarlos, escribi el ex juez en el peridico La Nacin. Ellos persiguen el cumplimiento de las promesas hechas por presidentes anteriores -agreg-, el reconocimiento por el Estado de los derechos que les son inherentes y su igualdad dentro de la diversidad que les es propia. Lo cierto es que durante la gestin de Michelle Bachelet, la represin, el hostigamiento y la persecucin poltica contra las comunidades, sus comuneros y dirigentes se ha intensificado. Adems, han sido vctimas de la persecucin policial, como tambin de la de los fiscales, conforme a la ley de conductas terroristas.

Para algunos, la dictadura contina

Desde el inicio de la huelga se ha acrecentado la represin a las comunidades mapuche. En Ercilla fue detenido por efectivos del Servicio de Inteligencia Policial (SIP) de Carabineros, Omar Huenchullan, dirigente de Temucuicui. Los policas, sin darle a conocer el motivo de su violenta detencin, lo llevaron amarrado a la Comisara de Ercilla, donde le informaron que exista una orden de detencin en su contra, seala un comunicado de su comunidad. Huenchullan fue trasladado al Tribunal de Garanta de Collipulli, donde el fiscal Ricardo Traipe le inform que exista una orden de detencin emanada del Tribunal de Garanta de Victoria, de 2004, por amenazas en contra del latifundista Ren Urban. Pero Huenchullan ya haba sido detenido en varias ocasiones en 2005 y 2006, y en septiembre de 2007 por esa causa, presentndose a diferentes audiencias, la ltima de ellas en compaa del ex juez Juan Guzmn. A pesar de que siempre compareci ante el tribunal, Carabineros lo volvi a detener. Por qu motivo en todas estas detenciones, encarcelamientos y audiencias anteriores, no se le inform de dicha orden de detencin?, se pregunta la comunidad. Esta detencin demuestra la persecucin y seguimiento permanentes de que somos objeto por parte los organismos policiales, agregan.

Comunidades de Rofue, Zullinko y Ragintuleufu denunciaron que el machi Pascual Catrilafy otras autoridades mapuche de Ragintuleufu, comuna de Nueva Imperial, fueron violentamente allanados y detenidos por efectivos policiales de la 4 Comisara de Nueva Imperial. Carabineros arras y destruy instrumentos espirituales. Para informarse sobre la situacin, se presentaron en la Comisara el machi Fidel Tranamil, de la comunidad Jos Jineo anco, de Rofue, y el lonko** Diego Valdivia, del sector Zullinco, comuna de Freire. Pero Carabineros los golpe y detuvo violentamente, ejerciendo torturas y maltratos fsicos, segn denuncian. A efectos de dejar constancia de las lesiones y heridas provocadas, las autoridades mapuche se dirigieron al Hospital Intercultural de Nueva Imperial, en donde el personal mdico constat las lesiones provocadas por la brutal golpiza.

Durante los gobiernos de la Concertacin ms de 420 mapuches han sido procesados por la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista

Ivn Llanquileo, lonko de la comunidad Juana Millahual, estuvo dos meses en prisin, acusado por la Fiscala de Caete y el Ministerio Pblico de tenencia de armas de guerra. Llanquileo estaba en prisin desde el 31 de agosto y haba sido trasladado a la crcel El Manzano, de Concepcin, desde donde se sum a la huelga de hambre. Estuvo 25 das sin ingerir alimentos. Le acusaban de esconder un fusil M-16, que fue encontrado a kilmetros de su hogar. Seal Ivn Llanquileo: Estoy libre como siempre ha debido ser... Este no es ms que un montaje muy bien urdido para encarcelar a los mapuches que luchamos por nuestros derechos. La resolucin judicial respalda lo que siempre dijimos. El tiempo en la crcel sirvi para reafirmar nuestra posicin y, por lo tanto, el Estado debe entender que defendemos nuestros espacios territoriales.

La condena internacional

Daniel Salinas (PS), miembro del Comit Central de su partido y concejal por Algol, envi una carta a la presidenta Michelle Bachelet, tambin militante socialista, solicitando la libertad de los presos polticos mapuche: Espero que nuestra presidenta preste odos activos a este llamado que por un imperativo de conciencia, frente a una injusticia flagrante, le he realizado. Los conflictos no se resuelven reprimiendo a ciegas e inculpando a inocentes. Conquistamos la democracia, entre otras cosas, para ganarnos el derecho a dialogar y a discrepar, cuando sea necesario, dice.

Pero las cosas no mejoran. Jos Lepicheo, de 17 aos, mapuche del sector de Huetelolen, acaba de ser reconocido por las comunidades indgenas como otro preso poltico mapuche, con la particularidad de que es menor de edad y est detenido en la Crcel de Menores de Coronel. Se le acusa de participar en la quema del vehculo de un corresponsal de Radio Bo Bo a quien los mapuches catalogan de informante de Carabineros. El hecho ocurri el pasado 17 de noviembre. Un testigo protegido (sin rostro) atestigu contra del menor y se le proces por robo con intimidacin e incendio. El juez de la causa decret seis meses de investigacin.

Durante los gobiernos de la Concertacin ms de 420 mapuches han sido procesados por la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista. Amnista Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), la Organizacin Mundial contra la Tortura (OMCT), la Federacin Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Comit Derechos Econmicos y Sociales y el Comit de Derechos Humanos de la ONU, adems del Relator Especial sobre libertades fundamentales y derechos de los indgenas, Rodolfo Stavenhagen, entre otros, han condenado la aplicacin de la Ley Antiterrorista para perseguir la protesta social y, eventualmente, delitos comunes que puedan haber cometido los mapuches en el marco de la lucha por recuperar sus tierras. En decenas de oportunidades han emplazado a las autoridades chilenas a que, en cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Estado, reviertan esta situacin.

El Comit de Derechos Humanos de la ONU manifest su preocupacin ante la definicin amplia de terrorismo comprendida en la Ley Antiterrorista 18.314, lo que ha permitido que miembros de la comunidad mapuche hayan sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social, relacionados con la defensa de los derechos sobre sus tierras, y aade que la normativa legal antiterrorista no garantiza el derecho a un debido proceso y ha concluido en la aplicacin de condenas totalmente desproporcionadas.




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