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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 19-01-2008

La periodista despedida por Prisa y Televisa habla de la libertad de expresin y libertad de empresa
El derecho de las audiencias

Carmen Aristegui F.
Reforma


A lo largo de los ltimos 15 das he recibido una enorme cantidad de manifestaciones de solidaridad y aprecio que, desde aqu, agradezco profundamente. En blogs, foros de la red y espacios diversos, miles de personas se han pronunciado sobre la cancelacin del trabajo de un grupo de profesionales -entre los que me incluyo- que desarrollaron su trabajo en W Radio en los ltimos aos. La brutalidad del silenciamiento ha detonado una cadena de reacciones y manifestaciones que debe ser valorada y entendida a cabalidad. Miles de correos, decenas de artculos y comentarios radiofnicos, desplegados signados por personalidades de gran relevancia social, pronunciamientos que desde el Poder Legislativo se hicieron y una vigorosa presencia de organizaciones sociales, han hecho del tema un vrtice para el reclamo. La dimensin de la protesta ha resultado inusitada y debemos detenernos para tratar de entender lo que est pasando. Sin negar que se pone de manifiesto la empata de una audiencia con sus comunicadores, es evidente que la dimensin del fenmeno rebasa esa primera esfera. El tema se ha convertido en un detonador de reflexiones mltiples sobre el papel y tarea de los medios de comunicacin en una sociedad que pretende una vida democrtica. Los anlisis, protestas y reflexiones que se han generado profusamente nos hablan de una autntica necesidad social de revisar el estado de las cosas sobre nuestros derechos fundamentales y de todo aquello que conspira para que podamos ejercerlos a plenitud. El caso W involucra a dos poderosos grupos de comunicacin, Prisa y Televisa, que hoy estn siendo sancionados socialmente por haber cancelado un espacio de comunicacin cuyo vnculo con su audiencia hoy queda demostrado. La cancelacin de ese noticiero en el momento que haba rebasado sus propios rcords histricos de audiencia resulta inaceptable para quienes lo hacamos y para los radioescuchas. La informacin y el contexto disponible han hecho que impere la idea de la censura y el ajuste de cuentas como el trasfondo del asunto. As lo he entendido yo tambin. La afectacin es mltiple. Adems de quien esto escribe, hay un grupo de profesionales que han visto clausurado injustificadamente uno de sus espacios de expresin. Denise Dresser, Lorenzo Meyer y Jos Antonio Crespo vieron reducida su importante presencia pblica para expresar libremente sus pensamientos, ideas y reflexiones. Brillantes periodistas y analistas como Lorenzo Crdova, Javier Cruz, Humberto Hernndez Haddad, Mardonio Carballo y Toms Granados, entre otros profesionales, han sido afectados por la decisin. Afectados, por supuesto, son los radioescuchas que reclaman no ser tomados en cuenta. Lo verdaderamente notable es que se echa por delante un derecho no reconocido en nuestras legislaciones: el derecho de las audiencias. El derecho a recibir informacin que resulte confiable y el derecho a mantener un vnculo de comunicacin que debe ser respetado.

El caso W Radio, marcado por la conducta de quien pide la cabeza de una periodista y de quien la entrega bajo presiones indebidas, es un hecho ominoso para la libertad de expresin. A m no me queda duda alguna de ello. As lo han entendido tambin las miles de personas que se han manifestado en rechazo a la decisin. El costo pagado por los dos gigantes de la comunicacin en los ltimos das por el silenciamiento de Hoy por Hoy es algo que no puede pasar desapercibido por las autoridades ni por los legisladores ni por los ciudadanos ni por los propios medios.

El asunto nos lleva a varios temas. El primero y urgente que tiene que ver con la futura Ley de Radio y Televisin y de telecomunicaciones. Despus del umbral de discusin que dej la Suprema Corte de Justicia, los legisladores estn ms obligados que nunca para dotar al pas de un marco legal que permita, garantice y estimule la competencia, la pluralidad, los derechos de las audiencias y de los profesionales, entre otras muchas cosas. Se trata de poner por delante el derecho de todos frente al de las grandes corporaciones.

El tema tiene alcance mundial. Una de las mayores tensiones que sobre la democracia y el derecho a la informacin est acarreando el modelo corporativo y trasnacional de los consorcios mediticos es la forma en que se toman decisiones de operacin y funcionamiento de los medios de comunicacin. El debate se centra en si se puede o debe colocar la llamada libertad de empresa por encima de la libertad de expresin o de las libertades fundamentales de periodistas y ciudadanos. El caso W ha tocado seriamente esa fibra. El diseo corporativo plantea o pretende hacer de la comunicacin y la informacin un asunto entre particulares. Total, la corrieron y qu. Es un asunto de empresa. Esta mirada desconoce que en la radiodifusin estamos fundamentalmente ante un servicio pblico que el Estado da en concesin para que los particulares hagan negocio y generen rentabilidad pero, por encima de eso, generen un bien pblico. El Estado concesiona para atender y hacer cumplir el derecho fundamental de informar y estar informado. Entenderlo de otra manera justifica cualquier accin que se presente, tal y como la que silenci sin ms un espacio noticioso y de expresin en la W.





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