Y siendo así, es también normal que se desentiendan de
ellos, como cualquiera de nosotros se desentiende de lo que hace el médico, el
fontanero o el mecánico cuando hablan en su jerga incomprensible o utilizan
instrumentos, que nosotros ni conocemos ni sabemos utilizar, para curarnos o
arreglarnos las tuberías o nuestro automóvil.
También contribuye a ello el que no se proporcione a los
ciudadanos información relevante sobre lo que sucede en relación con las
cuestiones económicas. Todos oímos en los noticieros de cada día, por ejemplo,
cómo evoluciona la bolsa, las variaciones que se producen en el índice Nikei o
los puntos de subida o bajada de unas cuantas cotizaciones pero casi nadie los
sabe interpretar ni nadie explica de verdad lo que hay detrás de ellos.
Gracias a eso, los que controlan los medios de comunicación
(propiedad a su vez de los grandes bancos y corporaciones) hacen creer que
informan cuando lo que hacen en realidad es lo peor que se puede hacer para
lograr que alguien esté de verdad informado: suministrar un aluvión indiscriminado
de datos sin medios efectivos para asimilarlos, interpretarlos y situarlos en
su efectivo contexto.
Nos ofrecen sesudas e incomprensibles declaraciones de los
ministros y presidentes de bancos pero no proporcionan criterios alternativos
de análisis y, por supuesto, presentan siempre el mismo lado de las cuestiones,
como si los asuntos económicos solo tuvieran la lectura que hacen de ellos los
dirigentes políticos, los empresarios y financieros más poderosos o los académicos
que cobran de ellos para repetir como papagayos lo que en cada momento les
interesa.
Lo que está ocurriendo en relación con la actual crisis es
buena prueba de ello.
Primero decían que no había que preocuparse, que no era
para tanto y que no convenía “exagerar”, según el ministro español de Economía.
Y tenían la cara dura de decirlo cuando al mismo tiempo se estaba informando de
que algunas de las entidades financieras más grandes del mundo estaban
quebrando o cuando los bancos centrales estaban inyectando en los mercados
cientos y cientos de miles de dólares, realizando así la intervención en los
mercados financieros quizá más grande de toda la historia.
Luego decían que era solo una crisis de liquidez que tendría
un desarrollo fugaz, que pasaría pronto.
Yo mismo, que soy probablemente el más modesto de los
analistas económicos, escribía en agosto que eso era mentira, que nos encontrábamos
con toda seguridad ante una crisis de solvencia (Diez
ideas para entender la crisis financiera, sus causas, sus responsables y sus
posibles soluciones y Algo
más que una crisis hipotecaria).
Ahora leo que la Reserva Federal (en donde se supone que
están los economistas mejor informados del mundo) se ha dado cuenta de eso: ¡cinco
meses después que yo! (“La Reserva Federal supuso que la crisis era de
liquidez, pero ahora piensa que es de insolvencia y por ello ha relajado su política
monetaria”. J. Bradford Delong, “Tres remedios para tres crisis”. El País,
27 de enero de 2008).
Sobre la crisis actual se están callando en particular un
asunto especialmente grave y de gran interés para los ciudadanos: sus causantes
y responsables directos e indirectos.
Para engañar a la gente suelen hablar “de los mercados”.
Como si los mercados pensaran, tuvieran alma y preferencias, decidieran o
resolvieran por sí mismos.
Es verdad que los mercados (sobre todo si en ellos hay
muchos agentes interviniendo, es decir, si hay muchísima competencia) pueden
actuar como mecanismos casi automáticos. Pero para que existan los mercados
(incluso los muy perfectos y con gran competencia) y para que funcionen de
cualquier manera que sea, más o menos eficazmente, es necesario que haya
normas. Y esas normas no las establecen para sí mismos los mercados sino los
poderes públicos a través del derecho.
Las normas jurídicas son las que permiten que en los
mercados se pueda llevar a cabo un comportamiento u otro, las que favorecen que
existan o no privilegios en las transacciones, las que dan poder a unos agentes
en detrimento de otros.
Según sean las normas existentes en cada momento, los
mercados actuarán de una u otra forma y en ellos ocurrirá una cosa u otra. Y,
puesto que las normas las hacen las personas y las instituciones, resulta que
lo que suceda en los mercados es, en última instancia, el resultado de lo que
decidamos las personas a través de las instituciones que utilizamos para
imponer las normas (aunque es bien sabido que no todas las personas tienen la
misma capacidad para decidir a la hora de establecerlas).
Y eso es igualmente aplicable a lo que ha ocurrido en los
mercados que han provocado la actual crisis.
Como he explicado en otros artículos (Caída de las bolsas
internacionales: pasó lo que tenía que pasar), lo que ha sucedido en los últimos
tiempos es que los bancos de todo del mundo y los grandes inversores han
desarrollado una actividad especulativa febril en torno a productos financieros
que han tenido una características muy especiales.
La primera es su opacidad porque casi nadie sabe realmente
cuáles son ni donde están ni quién los tienen en cada momento, puesto que
circulan muy rápidamente, sin tener nada que ver con operaciones económicas
reales.
La segunda es que no se reflejaban adecuadamente en las
cuentas de los bancos y las empresas que invierten directa o indirectamente en
ellos.
La tercera es su enorme riesgo, precisamente porque se
basan en operaciones muy inestables y sutiles.
La cuarta es la falta de control a la que están sometidos
por dos razones principales. Por un lado, porque los bancos centrales han
venido haciendo la vista goda con tal de que los inversores ganaran dinero. Por
otro, porque su calificación de riesgo depende de empresas especializadas que,
al mismo tiempo, están muy implicadas en el negocio y a las que no les
interesaba mostrar la verdadera y peligrosa naturaleza de estos productos.
Todas esas circunstancias son el resultado de la llamada
“desregulación financiera”, es decir, de la desaparición de normas de regulación
y control de los mercados financieros que se ha producido en los últimos años.
Una “desregulación”, por cierto, que no es tal, porque
establecer que no haya normas, que cada uno puedo hacer lo que le venga en gana
es en sí mismo una norma más, así que hablar de “desregulación” también es engañar
a la gente.
Se le hace creer que eso se hace para devolver las cosas
del mercado a su estado natural cuando en realidad se sigue regulando con gran
fuerza, solo que ahora de forma que los poderosos campen libremente por sus
respetos.
Y ha sido precisamente esta norma que establece que en los
mercados financieros vale todo lo que ha provocado la crisis actual, al
producirse además en un contexto ya de por sí proclive a la crisis financiera
(como he explicado en mi libro “Toma el dinero y corre. La globalización
neoliberal del dinero y las finanzas”. Icaria 2006).
En particular, esta nueva regulación neoliberal de las finanzas internacionales ha sido la
que ha establecido un nuevo modo de hacer empresarial y bancario que tiene una
relación directísima con la crisis actual que directamente proviene de Estados
Unidos (a diferencia de las anteriores que se originaban en eslabones más débiles
de la cadena, en Asia, México, Rusia...).
Me refiero a los cambios legales que propició el Presidente
Bush hace unos años en relación con la contabilidad empresarial y que permitían que los grandes inversores,
las grandes empresas y los bancos pudieran manipular sus cifras de pérdidas y
beneficios para poder seguir invirtiendo sin descanso en estos productos
financieros tan rentables pero al mismo tiempo tan inseguros y arriesgados.
Estos cambios legales han tenido a su vez una doble
consecuencia. La primera, que la contabilidad de los grandes inversores
financieros pueda falsear sin dificultad las expresiones más comprometidas de
su actividad especulativa. La segunda, que las grandes auditoras se conviertan
en parte integrante del gran circo especulativo.
Dos consecuencias que e traducen en un mismo y ya innegable
fenómeno: la corrupción financiera generalizada en los controladores y en los
controlados.
Así lo reconoce incluso un economista tan ortodoxo como el
Premio Nobel de Economía Paul A. Samuelson en un artículo reciente que no puede
ser más expresivo: “las bancarrotas y las ciénagas macroeconómicas que sufre
hoy el mundo tienen relación directa con los chanchullos de ingeniería
financiera que el aparato oficial aprobó e incluso estimuló durante la era de
Bush. (“Bush y las actuales tormentas financieras”. El País, 28 de enero
de 2008).
Ahora bien, si bien esto es verdad, no hay que olvidar, por
otro lado, que esos cambios legales que han extendido la corrupción y el
descontrol en las finanzas internacionales fueron posibles e incluso contaron
con el apoyo más o menos explícito de la Reserva Federal y, por extensión, de
todos los bancos centrales que, como señalé más arriba, han sido cómplices
directos de los grandes inversores especulativos. Dejaron hacer, callaron y
miraron a otro lado cuando sabían que se estaba larvando una burbuja gigantesca
que necesariamente iba a terminar como lo ha hecho.
Pero, finalmente, no se puede dejar de mencionar un último
y decisivo factor de responsabilidad que igualmente hay que reconocer como
detonante de esta última crisis: los gobiernos, que han renunciado a ser la
expresión ejecutiva de la soberanía popular en un asunto tan crucial como el
control y la regulación democrática y racional de las finanzas y de los asuntos
monetarios, de los que tan definitivamente depende la estabilidad económica, la
distribución de la rente y la riqueza y, en definitiva la paz y el bienestar
social.
Si se quisiera
de verdad atajar la crisis, ponerle remedio para que no cause un perjuicio
inmenso a la actividad productiva y evitar que se vuelva a producir hay que
actuar, por lo tanto, sobre estos factores: estableciendo un rígido control de
las finanzas especulativas y poniendo las fuentes de financiación internacional
al servicio del desarrollo económico y social, controlando a su vez a los
bancos centrales para hacer que actúen al servicio de la estabilidad y del
progreso y, por supuesto, democratizando realmente a nuestras sociedades para
que las cuestiones económicas que resuelven los gobiernos formen parte también
(al revés de lo que hoy día sucede) de la agenda de asuntos sobre los que los
ciudadanos podemos decidir.
A unos esto
les parecerá una utopía, a otros poco, pero hay que empezar logrando que los
ciudadanos sean conscientes de todo esto y lo exijan con fuerza a quienes hoy día
nos dominan.
Juan Torres López
es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. Su web
personal http://www.juantorreslopez.com.