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(el Pueblo quiere la paz)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 29-01-2008

Las ilegalizaciones legitimarn, an ms, la resistencia popular

J. M. lvarez
Rebelin


El Gobierno espaol va a ilegalizar a Accin Nacionalista Vasca (ANV) y al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), por considerar probados sus vnculos con Batasuna (ilegal tambin, desde el 2003). Hace tres aos, pronostiqu que si el PCTV obtena buenos resultados en las elecciones al Parlamento Vasco (como as fue), tendra sus das contados. Recuerdo que por entonces, hasta los medios reconocan que ni la Polica ni la Guardia Civil haban encontrado lazos que vincularan al PCTV con Batasuna. Ahora, esos lazos han aparecido por arte de magia. En cuanto a ANV, a pesar de que sus estatutos se pronuncian contra la violencia, la prueba definitiva es que los dirigentes guardan silencio cuando son requeridos para que articulen la palabra mgica: condena.

Puede que no sea del agrado de todos, pero el hecho de condenar o no a ETA, es una decisin libre, a tomar por cada cual. El silencio ante sus acciones, no tiene por qu implicar una necesaria colaboracin con la organizacin. As parecen entenderlo- al menos hasta el momento- en Francia, donde Batasuna es una organizacin legal, a pesar de que ETA ha tenido enfrentamientos con la Gendarmera francesa, y muchos de sus miembros estn encarcelados en ese pas.

En Espaa se pretende eliminar todo atisbo de oposicin que cuestione el orden establecido, penalizando incluso el derecho a pensar diferente. Por eso han sido encarcelados, recientemente, seis jvenes vascos y cinco supuestos miembros de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), a pesar de que algunos de stos cumplieron condena hace ms de 20 aos, por sus actividades antifascistas. Llama la atencin que uno de los detenidos sea disminuido fsico, su peligrosidad vendr determinada porque, segn los medios, colabora con asociaciones que se limitan a visitar a los comunistas revolucionarios presos.

Zapatero se present como un progresista, cuyas cualidades eran el dilogo y la cordura (el famoso talante). Desgraciadamente su Gobierno nunca tuvo la intencin de resolver el conflicto vasco, pues no se puede exigir la luna sin ofrecer nada a cambio. Ahora, el presidente espaol, va a debutar ilegalizando partidos, pero ya utiliz la violencia legal del Estado, enviando a la crcel a colectivos de personas (proceso 18/98) que nada tienen que ver con ETA, y va a vulnerar los derechos civiles de miles de ciudadanos. Su progresismo de entonces le procur votos que ahora perdera, tras el remedo de negociacin con ETA. Por esa razn, se ha negado a s mismo. No es de extraar que, buscando el suculento voto de la ignorancia, alardee de ser tan represor como los pasados gobiernos del Partido Popular.

Es lamentable contemplar una sociedad aborregada, donde los dirigentes toman decisiones teniendo en cuenta slo su conveniencia electoral, contando con la complicidad del aparato judicial. Los magistrados espaoles se contradicen en sus decisiones, pues manifiestan que no enjuician actitudes sino comportamientos pero, a la hora de la verdad, lo meten todo en el mismo saco. Claro que de la judicatura espaola puede esperarse cualquier cosa. El da que, a causa de las rivalidades entre jueces, algunos reconozcan que la tortura es prctica habitual, otros quedarn con el pie cambiado.

En cuanto a los nacionalismos domesticados que contemporizan con el poder central (pese a esta espiral represiva), que se preparen para el futuro. Es evidente que el vencedor de las elecciones no los va a prohibir, pero el bipartidismo implementar, tarde o temprano, una reforma electoral que dejar fuera de las instituciones a esos nacionalistas de pacotilla, que slo tendrn dos opciones: desaparecer o integrarse en la Madre Patria. Ese ser el pago que recibirn por cooperar servilmente con el neofranquismo en el control y la represin de sus propios pueblos.

El rgimen de Madrid toma medidas, quiere protegerse y para ello utiliza sus leyes, jueces y polica, pero nunca podr ilegalizar ideas; por tanto sus acciones dictatoriales slo legitimarn y reforzarn, an ms, la resistencia antifascista en el Pas Vasco y en el resto del Estado.



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