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(el Pueblo quiere la paz)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 30-01-2008

La ley es el instrumento principal para mantener la situacin de dominacin de un pueblo
La lnea roja

Pello Urzelai
Berria

Traducido para Rebelin or Daniel Escribano



El Tribunal Supremo tena la ltima palabra y la ha dado. Tom como agravio el que en 2003 el Parlamento vasco no disolviera el grupo Sozialista Abertzaleak (SA) y cinco aos despus se lo ha cobrado. Con todo, la condena impuesta al entonces presidente del Parlamento vasco, Juan Mara Atutxa, al vicepresidente, Gorka Knrr, y a la secretaria, Kontxi Bilbao, es una decisin que va mucho ms all de una cuestin de venganza. Dnde est el verdadero origen del asunto? En la voluntad de mostrar donde reside la principal autoridad.

El Tribunal Supremo espaol tom esa tarea en 2003, cuando, despus de la ilegalizacin de Batasuna, pidi a la Mesa del Parlamento vasco que disolviera el grupo Sozialista Abertzaleak. Al dar esa orden forz la ley: como que en la sentencia no se recoga el caso de SA, dict un mes despus la orden de disolucin. Adems, era slo una cuestin simblica, porque aunque se hubiera disuelto el grupo de SA los siete parlamentarios habran continuado igualmente su tarea en el Parlamento vasco. La orden del Tribunal Supremo fue una exhibicin de poder. Quiso tomar parte en el pulso poltico creado como consecuencia de la ilegalizacin de Batasuna entre partidarios y contrarios, queriendo dejar claro que la ltima palabra la tienen las instituciones del Estado y que el Parlamento vasco est subordinado a ellas.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autnoma Vasca ha absuelto dos veces a Atutxa, Knrr y Bilbao y ambas veces ha enmendado la decisin el Tribunal Supremo. En la primera entrando en el meollo del asunto y forzando la sentencia y, en la segunda, condenando a los acusados.

Sacudida. Las condenas del Tribunal Supremo han sacudido fuertemente los pilares de la situacin poltica. Condenar a los mximos representantes del Parlamento vasco es una decisin grave. El PNV, EA e Izquierda Unida-Ezker Batua (IU-EB) han mostrado la opinin de que se ha atravesado la lnea roja. El comunicado ledo en nombre del Gobierno vasco por el lehendakari, Juan Jos Ibarretxe, el ledo en nombre del PNV por el presidente del Euzkadi Buru Batzar, Iigo Urkullu, y el artculo escrito por los tres mximos dirigentes de PNV, EA e IU-EB son muestras de la gravedad de la situacin.

La denuncia del Gobierno vasco ha sido fuerte: El Estado espaol, mediante sus instituciones, est rompiendo consciente y continuamente el pacto de convivencia construido en la transicin. No cumple las normas que acord este pueblo. El PNV ha puesto en cuestin a la justicia espaola, tomndola por predemocrtica. En la carta firmada por Urkullu, Ziarreta y Madrazo se advierte del grave riesgo de involucin poltica y se denuncia una estrategia que lleva la democracia al precipicio.

La situacin no es nueva, el diagnstico no es nuevo, tambin antes se han odo reflexiones y denuncias similares, pero la sensacin de haber superado la lnea roja es nueva, como muestra la propia masiva manifestacin del sbado.

Aviso. La decisin del caso Atutxa, evidentemente, es un precedente para el caso Ibarretxe, aunque en este ltimo no haya orden de tribunal alguno de no celebrar las reuniones denunciadas. Al mismo tiempo, la condena del caso Atutxa es un aviso para quien tenga intencin de hacer consultas populares sin el visto bueno del Gobierno de Espaa: utilizarn la ley si alguien intenta superar las actuales normas de subordinacin. En efecto, ltimamente se ha odo ms de una vez un mensaje simple en boca de las autoridades espaolas: quien infringe la ley lo paga. De consuno, quieren difundir este mensaje subliminal: hacer la ley e interpretarla (a su medida y voluntad) est en manos de las instituciones espaolas, en sus manos. En efecto, la ley es el instrumento principal para mantener la situacin de dominacin de un pueblo.

El pacto de la transicin hace tiempo que empezaron a romperlo las instituciones del Estado. La democracia postfranquista hace tiempo que empezaron a llevarla al precipicio. La denuncia de ello es inveterada tambin en el seno del abertzalismo moderado. Pero hasta hoy no haba estado entre sus prioridades. Ha llegado la condena en el caso Atutxa y se han reavivado los fantasmas. Cundo ha llegado? Cuando el PNV e Ibarretxe estaban proponiendo al nuevo gobierno de Espaa un acuerdo. Los discursos complacientes y posibilistas que, en vsperas de elecciones y mirando a Madrid, venan realizando Urkullu y Ortuzar durante las ltimas semanas se han quedado en nada de un da para otro.

Muro. La pregunta que ahora est en el aire es la siguiente: cmo parar todos estos excesos, cmo se imponen nuevas normas de juego libres de subordinacin? Desde un punto de vista general, porque esta semana ha sido lo del caso Atutxa, pero los prximos das ser el proceso de ilegalizacin y la suspensin de actividades de EAE-ANV y EHAK. Se aade una larga lista de injusticias: el encarcelamiento de miembros de la Mesa Nacional de Batasuna, la sentencia condenatoria del caso 18/98, la agudizada poltica carcelaria de alejamiento y aislamiento, la tortura, etc. Todo esto refuerza la imagen de haber superado la lnea roja.

Ahora la cuestin es construir un muro para que las instituciones espaolas (y francesas) no traspasen de nuevo la lnea roja. Con vista a ello los resultados de las prximas elecciones tendrn extraordinaria importancia. Sin duda. Sin embargo, la reflexin que deberan hacer las fuerzas abertzales debera ir mucho ms all. Las consecuencias de las normas de subordinacin las sufren en comn. Acaso deberan buscar en comn la manera de liberarse de ellas.



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