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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 31-01-2008

Los otros rehenes

Jos Steinsleger
La Jornada


Frente a los esfuerzos humanitarios de varios gobernantes y polticos de Amrica Latina y Estados Unidos para rescatar a los rehenes cautivos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la respuesta de la Casa Negra fue categrica: guerra.

En menos de 15 das, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, salt de Abu Dhabi (Emiratos rabes Unidos) a Bogot para refrendar el apoyo del imperio al presidente lvaro Uribe, lder de los narcoparamilitares. En el nterin, el almirante Michael G. Mullen, comandante del Estado Mayor Conjunto, se entrevist en el pas sudamericano con el ministro de Defensa, Jos Manuel Santos.

Tal es la importancia de Colombia en el escenario mundial, cosa que muchos intelectuales y dirigentes polticos no ven, o no quieren ver. Finalmente, la cereza sobre el pastel: el lunes 28, una corte federal del Distrito de Columbia sentenci a 60 aos de prisin a Simn Trinidad, comandante de las FARC que fuera detenido en Quito a inicios de 2004, y extraditado por Uribe a Estados Unidos dos aos despus.

Los alegatos de la corte no tienen desperdicio. El juez Royce Lamberth dijo que si fuera por la ley estadunidense, Trinidad hubiera recibido cadena perpetua, pero la pena se limit a 60 aos porque as lo estipula la pena mxima por ley colombiana, y eso fue respetado por un convenio entre ambos pases (sic).

Trinidad fue sentenciado por colaborar en el secuestro de las personas que forman parte del grupo que el gobierno colombiano busca liberar mediante un acuerdo de canje humanitario con los revolucionarios. El magistrado se refera, nicamente, a Marc Gonsalves, Thomas Howes y Keith Stansell, los tres agentes de la CIA que el 12 de febrero de 2003 viajaban a bordo de una avioneta abatida por fuego de las FARC.

El juez de la nacin que asesin a 600 mil civiles en Irak calific el hecho de brbaro, aadiendo: Este crimen de conspirar para secuestrar a tres estadunidenses es un acto de terrorismo (sic). Naturalmente, no se pregunt qu hacan los tres agentes de la CIA en Colombia. Posiblemente pens que estaban librando la guerra contra las drogas.

El ao pasado, en Estocolmo, el abogado estadunidense Paul Wolf, defensor de los derechos humanos, demostr en un foro las patraas del primer juicio contra Simn Trinidad. La fiscala utiliz a 21 y 30 testigos, al tiempo de impedir que la defensa presente uno solo. Uno de estos testigos, la informante Roco lvarez, reciba un pago de 15 mil dlares mensuales durante un ao, por su testimonio.

Entonces, el primer acto oficial del nuevo canciller de Colombia, Fernando Arajo Perdomo (quien sustituy a su antecesora en el cargo, Mara Consuelo Araujo, luego que se viera obligada a renunciar por sus nexos con los paramilitares), fue a llamar a la embajadora de Suecia en Bogot, Lena Nordstrom, para intentar evitar esta reunin. La seora Nordstrom le record al canciller que en Suecia la gente tena el derecho de la libertad de palabra.

Como un abogado de la defensa yo voy directo a la crcel si le pago dinero a un testigo. Sin embargo, el gobierno utiliza testigos pagados en cada juicio de este tipo, observ Wolf.

Ahora, las increbles consideraciones del juez Lambert contrastan con las diligencias de tres congresistas demcratas que, en Bogot, manifestaron el da 14 del presente su disposicin a reunirse con las FARC.

Se trata de los parlamentarios James McGovern, buen conocedor de la realidad colombiana; William Delahunt, jefe del sucomit que el ao pasado organiz en el Capitolio una audiencia para investigar el papel de la bananera estadunidense Chiquita Brands en el financiamiento de los grupos paramilitares, y George Millar, quien monitorea los supuestos avances de Uribe frente a los derechos humanos, as como la persecucin a los sindicalistas colombianos.

La ltima vez que un alto funcionario estadunidense se reuni con un dirigente de las FARC fue en diciembre de 1998. Phil Chicota, subsecretario de Estado encargado de la Regin Andina, se sent junto al comandante Ral Reyes en Costa Rica, en vsperas del despeje ordenado por el entonces presidente Andrs Pastrana, en unas frustradas negociaciones de paz.

El 28 de febrero de 1999, Enrique Santos Caldern, codirector de El Tiempo de Bogot, escribi: Despus de la certificacin plena que tan generosamente nos ha concedido Washington, ya no queda mayor duda de que el problema de la droga tiene mucho ms que ver con la poltica-poltica que con consideraciones de salud pblica, adiccin juvenil, consumo masivo o inquietudes semejantes.

Los 50 comandantes del Estado Mayor de las FARC estn acusados en Estados Unidos como miembros de una gigantesca conspiracin de cocana. No obstante, las autoridades federales no reparan en que si tal fuese la realidad, las FARC no andaran por el monte tratando de derrocar al gobierno de Uribe. Simplemente, lo controlaran en democracia y libertad como Uribe.



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