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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 31-01-2008

La impunidad, la otra cara de la tortura

Askapena



El comienzo de este nuevo ao ha estado marcado por una nueva evidencia de que el Estado espaol aplica de forma sistemtica la tortura. Dos jvenes vascos fueron detenidos por la guardia civil el da 6 de enero acusados de pertenecer a ETA. 15 horas ms tarde uno de ellos tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital. En esta ocasin, y de forma excepcional, la opinin pblica tuvo conocimiento del parte mdico: el joven presentaba un cuadro grave que recomend su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos. La auscultacin mdica apreci fractura de costilla, perforacin pulmonar y marcas de golpes violentos por todo el cuerpo. Simultneamente se iban filtrando datos de que el otro joven, que no lleg a ser hospitalizado, presentaba mltiples marcas de malos tratos por todo su cuerpo. Das ms tarde, la opinin pblica conoci el texto integro de su declaracin ante el juez y una fotografa de su estado fsico. El documento no era de gran calidad ya que tuvo que realizarse de forma apresurada y clandestina, pero dejaba constancia de la crueldad con que haba sido maltratado durante los das de detencin incomunicada.

La reaccin ante esta nueva evidencia de torturas fue desigual: los sectores populares cercanos al entorno social de ambos jvenes denunciaron con rabia e indignacin lo ocurrido. Las fuerzas autonomistas vascas denunciaron lo ocurrido sin demasiada indignacin y con bastante oportunismo; un mes antes haba hecho defensa pblica del Estado y de sus servidores. Algunas voces del Estado espaol -pocas en nmero y ejemplares en su coherencia- denunciaron una prctica que les parece reprobable. Todo el espaolismo cerr filas para encubrir a los torturadores: el Ministro de Interior espaol compareci de urgencia para dar una versin que no se sostena y en la que respaldaba plenamente a la guardia civil. El Presidente Zapatero haca suya la declaracin del Ministro. Los medios de comunicacin optaron unas veces por silenciar lo ocurrido y otras por justificarlo; tenan que desvirtuar el parte mdico, la evidencia de la fotografa, la declaracin de los torturados y el testimonio de un testigo presencial de la detencin que, por propia iniciativa, declar ante el juez desautorizando la declaracin oficial. Una vez ms, la sociedad espaola, desde sus distintas instancias, garantizaba la impunidad a los torturadores.

Cobertura previa a los torturadores

El enjuiciamiento de la tortura se convierte en una carrera de obstculos. El primer obstculo, es la resistencia de la propia persona sometida a tortura; en unos casos, se resiste a relatar lo soportado para no revivirlo; en otros casos, pesa sobre ella la amenaza formulada durante las sesiones de tormento, en el sentido de que volvern a torturarla a ella o a alguno de sus familiares si cuenta lo ocurrido durante el periodo de incomunicacin. De un tiempo a esta parte se ha aadido un nuevo impedimento: las querellas por difamacin presentadas por el propio Gobierno contra los que denuncian torturas

En el supuesto de que formule denuncia, hay toda una serie de mecanismos para dificultar el enjuiciamiento del hecho denunciado: imposibilidad de identificar a quienes participaron en las sesiones de tortura (suelen aportar largas listas de potenciales torturadores para que no se localice a los que participaron), falta de investigadores independientes ya que la investigacin recae sobre el mismo cuerpo policial acusado, ausencia de colaboracin por parte de las fuerzas implicadas, dilacin en los procedimientos. Segn un informe de Amnista Internacional "las mayores dilaciones se dan en el marco de la investigacin por delitos de terrorismo, puede alargarse hasta los 15 y 20 aos)

Esta demora en los procedimientos es una de las estratagemas para invalidar el resultado del proceso judicial. En muchos casos, los torturadores quedan eximidos de responsabilidad ya que el delito ha prescrito. En el caso de que sean condenados, su condena queda rebajada utilizando como atenuante "la dilacin indebida del caso".

Cobertura social mediante las versiones gubernamentales

El Estado que practica la tortura hace todo lo posible para no dejar rastros de lo que sucede. Este cuidado se ha extremado en los ltimos aos (utilizacin de objetos que produzcan dolor pero que reduzcan el riesgo de seales, encapuchar a los torturados para que nunca puedan identificar a sus torturadores, actuar tambin stos encapuchados?) as y todo, hay casos en los que la crueldad se hace evidente. En estos casos, es el propio Estado, por boca de sus gobernantes de turno quien hace la defensa de los torturadores. En el caso referido, el Ministro de Interior espaol justific las lesiones como violencia en el momento de la detencin provocada por la resistencia de los jvenes. Este tipo de explicaciones es socorrido. El 13 de febrero de 1981 mora en el hospital de la crcel el militante vasco Joseba Arregi tras nueve das de detencin. Todo su cuerpo es un mapa de lesiones y quemaduras; el entonces Ministro de Interior dio la versin de que haba sufrido un "mareo"; las lesiones "eran consecuencia del proceso callejero de su detencin". En 1992, Kepa Urra sufre graves torturas que se resuelven con condena a los torturadores; segn la versin oficial "no hubo golpes, tuvieron que forcejear para reducirlo"; el forense atribuye las marcas a "cascotes, cristales y astillas procedentes de la voladura de la puerta". Jos Mari Olarra relata que peda la muerte durante su detencin; la versin oficial de las marcas que presenta es que "se cay estando en la ducha".

La complicidad de los forenses

Amnista Internacional ha puesto en duda la aptitud y la actitud de los forenses. Denuncia tambin que los exmenes de los forenses se realicen en presencia de la polica que investig y que va a seguir investigando al detenido: "tal situacin es contraria a las normas internacionales ya que intimida a la vctima". Journal of forensic Science cuestiona los informes redactados por los forenses espaoles en el caso de los detenidos por presuntos delitos de terrorismo: "en la mayora de ellos falta informacin significativa en la historia del maltrato. 10 conclusiones son inaceptables, en otras 16, las premisas son insuficientes" por lo que concluye "debilidad en los informes forenses y reclama mejora en el trabajo".

Torturadores indultados o promovidos

Segn un informe de Amnista Internacional del 2004, entre 1980 y al ao del informe, 220 agentes fueron condenados por torturas. De entre ellos, no llegaban a 40 los que estn implicados en detenciones de independentistas. De los 40, 27 fueron indultados. Hay constancia de que varios de los que estaban judicialmente inhabilitados, siguieron ejerciendo su trabajo en otro puesto o haban sido ascendidos. Hay algunos agentes que han sido condenados dos veces y ambas indultados. En general las penas impuestas son muy bajas. Y, cuando la pena es elevada, se les concede el paso al tercer grado para que estn en la calle (caso del general de la guardia civil Rodrguez Galindo)

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