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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-02-2008

Avances sobre los bienes comunes y la reforma constitucional

ric Toussaint
Cadtm



Este pas de 10 millones de habitantes es uno de los ms pobres de Amrica latina. Su capital |1| La Paz est situada a 3 600 metros de altitud. El pas comprende tres zonas geogrficas: una gran regin montaosa con mesetas situadas por encima de los 2.500 metros de altitud, en la frontera con Per, Chile y Argentina; una llanura de baja altitud, prxima a Argentina, Brasil y Paraguay, y una regin amaznica con vegetacin tropical prxima a Brasil. La llanura es rica en hidrocarburos y sus frtiles tierras generan importantes ingresos por exportacin, principalmente gracias a la soja. El pas vivi una gran explosin revolucionaria en 1952, que condujo a una reforma agraria, a la nacionalizacin de las minas, a la implantacin de la educacin pblica gratuita y obligatoria, as como al sufragio universal. De 1971 a 1978, Bolivia vivi bajo la frula del rgimen militar del general Hugo Banzer. A partir de 1985, es pas estuvo sometido a las peores polticas neoliberales. Para poner fin a 20 aos de neoliberalismo, los movimientos sociales bolivianos protagonizaron pujantes y heroicos combates. Desde finales del 2005, por primera vez en la historia boliviana, un representante de la mayora indgena de la poblacin fue electo presidente.

Muy afectada por la crisis de la deuda que estall en 1982, Bolivia fue sometida a un tratamiento de choque neoliberal a partir de 1985: privatizacin de las minas y del petrleo, reduccin masiva de los salarios y del empleo, apertura econmica demencial, reduccin de los gastos pblicos. El autor intelectual de ese plan de ajuste estructural fue el economista estadounidense Jeffrey Sachs, quien concebira ms tarde el plan de choque aplicado en Rusia y se convertira en un adepto de la anulacin de la deuda de los pases pobres, especialmente de los pases del Africa sub-sahariana.

A partir del ao 2000 y hasta el da de hoy, las luchas sociales han sido numerosas y el pueblo boliviano ha desempeado un papel de vanguardia en el mbito mundial al poner en el ncleo de la agenda la lucha por el control pblico de los bienes comunes: la lucha victoriosa en Cochabamba contra la privatizacin del agua, en abril de 2000, y en El Alto en 2004-2005; la lucha por la recuperacin del control pblico del gas en el 2003 que llev a la cada del presidente Gonzalo Snchez de Lozada |2|.

El marco de la presidencia de Evo Morales

La mayora de la poblacin es indgena: segn el censo de 2001, el 62 % de los bolivianos se consideran parte de las poblaciones nativas indoamericanas, en su mayora Quechuas y Aymars. En la aglomeracin popular de El Alto (4.000 metros de altitud), situada en las afueras de La Paz, la cual se hizo autnoma en 1985 bajo el efecto de su explosin demogrfica, el 80% de sus 850 000 habitantes se consideran indios. La poblacin indgena ha estado excluida del poder central (presidencia de la repblica y del gobierno) |3|. hasta la eleccin en 2005 de Evo Morales, indio aymar, campesino, dirigente sindical de los productores de hoja de coca, como presidente de la repblica boliviana. Desde esta fecha, el MAS (Movimiento al Socialismo), el partido de Evo Morales, dispone de una mayora en la Cmara de diputados, pero no en el Senado, dominado por la derecha, que trata de bloquear todas las reformas democrticas y todas las medidas que benefician al pueblo. La reforma constitucional est en el centro del debate y de las polmicas polticas. Aun cuando es igualmente mayoritario en la asamblea constituyente, el MAS no cuenta con los dos tercios necesarios para la aprobacin de las proposiciones de cambios constitucionales.

En el 2006, Evo Morales y su gobierno decretaron la nacionalizacin del petrleo y el gas, lo que es muy bien recibido por una gran mayora de la poblacin. La aplicacin de esta medida toma tiempo y esto ha suscitado tensiones en el campo que apoya a Evo Morales. Empero, el gobierno ha tenido xito en obtener que las multinacionales que operan en el pas entreguen una parte mucho ms importante de sus ingresos al Tesoro Pblico, lo que permite incrementar los gastos sociales.

Los prefectos de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, al servicio de los capitalistas locales (industriales, latifundistas, comerciantes especializados en el comercio exterior) hacen todo lo posible para desestabilizar el gobierno de Evo Morales: amenaza de secesin, negativa a aplicar reformas, movilizacin de sectores de la poblacin financiada por las patronales, campaa difamatoria contra el presidente y su gobierno. Los dirigentes de la rica provincia de Santa Cruz se comportan como los dirigentes de Croacia cuando se produjo la desintegracin de Yugoslavia al principio de los aos 90. A medias palabras dicen que no quieren seguir financiando a las provincias pobres ni a La Paz. Asistimos al mismo juego centrfugo en Venezuela con el estado petrolero de Zulia (cuya capital es Maracaibo), que tambin amenaza con separarse del resto del pas; lo mismo que en Ecuador con Guayaquil (ciudad muy rica del litoral controlada por la derecha). Las declaraciones de ciertos dirigentes de la derecha son descaradamente racistas. El alcalde de Santa Cruz, Percy Fernndez, declar el 9 de diciembre de 2007: En este pas, pronto habr que pintarse y ponerse plumas para existir.. |4|

El camino hacia la eleccin de Evo Morales y la mutacin del movimiento social. |5|

El movimiento social ha conocido una mutacin profunda en el curso de los ltimos veinte aos. Hasta la privatizacin de las minas decidida en 1985, la Central Obrera Boliviana (COB) constitua, incontestablemente, desde haca cuarenta aos, el movimiento social ms importante. Protagonizaba un papel poltico de primer plano |6| y llevaba adelante un programa de izquierda muy radical. Los mineros constituan su columna vertebral. Era en el mismo momento en que Margaret Thatcher en Gran Bretaa y el presidente boliviano Vctor Paz Estensoro lanzaban sus victoriosas ofensivas contra los mineros de sus respectivos pases. Esto indica que en el Norte y en el Sur del planeta se perseguan objetivos semejantes en el marco de la ofensiva del capital contra el trabajo bajo la bandera del neoliberalismo. Para el movimiento social, el efecto de la privatizacin de las minas y el cierre de un gran nmero de ellas tuvo efectos an ms graves en Bolivia que en Gran Bretaa, pues el pas andino no tena otros grandes sectores industriales.

La crisis de la deuda, que golpe de lleno a Bolivia a partir de 1982 desemboc en una suspensin de pagos en 1984. El FMI y el Banco Mundial, respaldados por el economista demcrata Jeffrey Sachs, obtuvieron el consentimiento del gobierno boliviano para aplicar a partir de 1985 una poltica brutal de ajuste estructural. Ms all de los 23 000 mineros del sector pblico y los 5 000 del sector privado que perdieron su trabajo, todo el pueblo sufri las consecuencias del ajuste de choque: 18 000 empleados pblicos despedidos, reduccin del 40% del salario real en los sectores pblico y privado en septiembre de 1985 como resultado de la devaluacin y de las medidas asociadas, modificacin de las leyes sociales a favor de la patronal que inclua una fuerte precarizacin del estatuto de los trabajadores. La ofensiva neoliberal se consolid en 1990 mediante la sancin de la ley sobre las inversiones, que puso fin al control de cambios e instaur la libertad total de los movimientos de capitales y la posibilidad de establecer zonas francas industriales, exoneradas de impuestos; en 1992 mediante una nueva ley sobre las privatizaciones; en 1994 con la ley sobre la capitalizacin; en 1996 con la ley 1689, que llevaba an ms lejos el control de la economa por las grandes empresas extranjeras (Repsol, BP, Enron y Shell) y las filiales de la antigua empresa pblica petrolera (YPFB).

Es en ese marco de profundo retroceso del movimiento obrero en el que nacen las condiciones de la mutacin del movimiento social, y eso, de una manera muy particular. Los sindicatos de los cultivadores de coca y los comits de barrio devienen el elemento decisivo del movimiento social durante el curso de los aos 90. La dimensin indgena de la lucha adquiere mayor amplitud que durante los decenios anteriores.

Cmo sucedi eso? Uno de los fenmenos a tomar en cuenta es la migracin hacia la regin del Chapare de decenas de miles de indgenas que perdieron sus empleos de mineros o que haban sido vctimas de la sequa que asol el altiplano durante la primera mitad de los aos 80. La familia de Evo Morales era parte de esas familias campesinas que abandonaron las altas mesetas ridas y fras para dirigirse a las tierras clidas y hmedas de baja altitud del Chapare, en el departamento de Cochabamba. El cultivo de la coca ha constituido la actividad ms remuneradora que se les presentaba como principal reconversin. Las familias de los mineros y de campesinos provenientes de las otras regiones se establecieron por su propia cuenta y han venido trabajando en un esquema colectivo. La coca es una planta sagrada para los aborgenes de Bolivia y de otros pases andinos.

La hoja de coca tiene importantes virtudes: corta el hambre, permite combatir el mal de altura (la puna), reduce la sensacin de fatiga. El consumo de hoja de coca por acullico (maceracin en la boca) o en tisana es generalizado. En el Chapare, las condiciones climticas son ideales y permiten producir por lo menos tres cosechas al ao. La hoja se conserva y transporta sin dificultad. Es el nico producto agrcola fcilmente cultivable y comercializable. Otros cultivos no resultaban rentables porque el Chapare no dispona de vas de comunicacin y de comercializacin adecuadas.

En el curso de los aos 80 muchas familias, como la de Evo Morales, abandonaron el cultivo de la patata del altiplano por el de la coca. Hay que mencionar que el precio de la hoja de coca haba aumentado fuertemente a partir de la dcada de los 70 como consecuencia de una demanda internacional creciente por esta planta, de la cual se extrae la cocana mediante algunas manipulaciones qumicas.

Veinte aos ms tarde, Evo Morales dir en su discurso de toma de posesin como Presidente de la Repblica: Nosotros queremos decirle a la comunidad internacional que la droga, la cocana, el narcotrfico no hacen parte de la cultura andina ni de la amaznica. Infortunadamente es un mal importado y es necesario acabar con el narcotrfico, hay que acabar con la cocana. Pero no ser coca cero, sino que ser cocana cero, narcotrfico cero. |7|

Fenmeno extremamente interesante: los mineros que se convirtieron en agricultores en el Chapar llevaron consigo sus tradiciones de organizacin y sus concepciones polticas. Las familias de cultivadores se organizaron en sindicatos y stos han desempeado un papel importante en su vida cotidiana, interviniendo en la reparticin de las tierras, en la justicia en caso de conflictos, en la organizacin del trabajo colectivo (mantenimiento de los caminos, construccin de escuelas) en una regin donde el Estado brillaba por su ausencia. Igualmente, los sindicatos organizaron la resistencia de los cultivadores (los cocaleros) contra la estrategia de erradicacin de la coca aplicada por el gobierno de Paz Estensoro a partir de 1986, bajo la presin del presidente Ronald Reagan. Esta poltica tambin fue aplicada por otros gobiernos hasta la cada de Gonzalo Snchez de Lozada en 2003.

Los cultivadores de coca del Chapare estaban organizados en seis federaciones sindicales diferentes. Para enfrentar la represin y la erradicacin de su cultivo, se vieron obligados a superar las divisiones entre las federaciones, para poder coordinarse mejor y organizar la autodefensa frente al ejrcito. Por otra parte, a partir de 1988, la CSUTCB, la principal federacin sindical campesina boliviana (que agrupaba en su seno buena parte de los cocaleros), se pronunci a favor de la construccin de un instrumento poltico propio de los sindicatos. Los sindicalistas, tras haber comprobado que nunca lograban un cambio poltico, particularmente en el nivel del gobierno, se convencieron de que deban dotarse de un brazo poltico a fin de estar presentes en el Parlamento y en todos los niveles de los poderes pblicos, mediante la participacin en las elecciones.

La conmemoracin en 1992 del 500 aniversario del comienzo de la conquista colonial iniciada con Cristbal Coln constituy otro momento importante en la mutacin del movimiento social. En aquella ocasin, el 12 de Octubre de 1992, se reuni la primera Asamblea de los Pueblos Originarios, que se considera la partida de nacimiento del movimiento campesino indgena como sujeto poltico.

Por lo dems, los movimientos cocaleros no son la nica expresin de la mutacin del movimiento social boliviano. Tambin hay que mencionar las juntas de vecinos, especialmente las de El Alto, una ciudad creci como un hongo, de la noche a la maana, fuertemente influenciadas tambin por la tradicin sindical y radical de los mineros. Sin olvidar al movimiento contra la privatizacin del agua en Cochabamba y El Alto. En fin, la COB, que aunque debilitada por las polticas neoliberales sigue activa en varias ciudades y regiones del pas. Bolivia es seguramente uno de los pases del planeta donde el movimiento social est ms desarrollado y ms politizado.

De la coca a la presidencia de la Repblica

En 1996, Evo Morales fue elegido presidente de las seis federaciones sindicales de cocaleros del Chapare. A finales de los aos 90, Evo Morales y sus seguidores lanzaron el MAS-IPSP (Movimiento al Socialismo instrumento poltico para la soberana de los pueblos) concretando la orientacin adoptada en 1988 concerniente a la creacin de un instrumento poltico del movimiento social. Con el paso de los aos, el MAS se convirti en la fuerza poltica de izquierda ms importante, aun cuando tambin otras experiencias polticas se desarrollaron dentro del esquema de prolongacin de la orientacin de la CSUTCB de 1988, notoriamente el MIP de Felipe Quispe |8|, sin dejar de tener en cuenta a los numerosos partidos de izquierda que tienen un origen ms antiguo.

En 1997, Evo Morales fue elegido diputado al Parlamento Nacional con el 70% de los votos en su circunscripcin. Al fin de su mandato parlamentario, en enero de 2002, cuando lanz su candidatura a la presidencia, el Parlamento vot su exclusin |9|, acusndolo de ser el autor intelectual de los disturbios que sacudieran el Chapare durante cuatro das, a raz del aumento de la represin gubernamental contra los cocaleros. El embajador de Estados-Unidos multiplic las declaraciones contra Evo Morales durante la campaa presidencial, |10| lo que contribuy a incrementar su fama y su popularidad. Evo Morales, con humor, dijo que ese embajador se comportaba como si fuera su jefe de campaa electoral. Resultado electoral de junio 2002: Evo Morales lleg en segunda posicin y el MAS consigui 27 diputados y 8 senadores. |11|

La rebelin popular de octubre de 2003 contra la poltica del gobierno en materia de explotacin y exportacin del gas, provoc la cada del presidente Snchez de Lozada, electo en junio 2002, y en diciembre 2005, tras una transicin agitada, nuevas elecciones presidenciales dieron la victoria a Evo Morales, con el 53,74 % de los votos. |12|

El programa del MAS y de Evo Morales est constituido por un conjunto de reformas que se proponen principalmente consagrar en todas sus dimensiones los derechos de la mayora indgena, vctima de ms de cinco siglos de opresin. Tienden a restablecer el control pblico sobre los recursos naturales para que stos sirvan para satisfacer los derechos econmicos, sociales y culturales de los ciudadanos bolivianos. La reforma constitucional apunta a la democratizacin del sistema poltico y econmico del pas. Se trata de un ambicioso programa reformista que no conduce necesaria ni automticamente en la ruptura con el capitalismo. Si las clases poseedoras deciden aceptar que se hagan concesiones importantes, podrn continuar obteniendo beneficios y el Estado no tocar sus propiedades, salvo que stas afecten el inters colectivo. Ese es, por ejemplo, el caso de las grandes haciendas baldas. Empero, si las clases opulentas rehusaran hacer concesiones, si las empresas extranjeras comenzaran a sabotear las polticas del gobierno, el proceso podra radicalizarse. La actitud, la vigilancia (auditora social) y la accin de los movimientos sociales desempearn un papel importante. Por otra parte, el presidente de la Repblica, Evo Morales, se ha mantenido al frente de las seis federaciones de cocaleros. El futuro dir si la presencia del MAS en el poder fue un verdadero instrumento de emancipacin de los oprimidos o si, como se ha visto ya en varios episodios de la historia, se transform en un instrumento del poder para tratar desde arriba de disciplinar al pueblo, acomodndose al orden establecido. El discurso oficial y ciertas realizaciones apuntan claramente en la buena perspectiva, pero har falta emitir juicio sobre un perodo de cinco a diez aos para ver el giro que tomarn las acciones del gobierno. Esperamos que las enormes esperanzas que el pueblo boliviano ha puesto en su presidente y su gobierno no sern defraudadas.

El retorno del petrleo y el gas al patrimonio comn

El 1 de mayo de 2006, por decreto presidencial, el Estado boliviano ha retomado el control del sector de los hidrocarburos que haba cedido a las grandes compaas privadas extranjeras durante el curso de los aos 80 y 90. El ejrcito fue enviado a todos los campos petroleros y gasferos a fin de tomar posesin de ellos. Eso provoc numerosas protestas por parte de las multinacionales petroleras y de los gobiernos de sus pases de origen. El presidente Lula ha estado fuertemente presionado por la derecha brasilea para que denunciara la decisin boliviana, que causaba perjuicios a los intereses de Petrobrs, pero finalmente manifest su comprensin con respecto a la decisin de Evo Morales.

Joseph Stiglitz, premio Nbel de economa del 2001, |14| ha descrito la nacionalizacin de los hidrocarburos en Bolivia como un proceso de restitucin de bienes |15| que ya pertenecen al gobierno de Bolivia y ha considerado como necesario que Bolivia reciba una justa compensacin por sus recursos naturales. El economista estadounidense, ex vicepresidente y economista jefe del Banco Mundial, destac que el fracaso del modelo neoliberal, impuesto por el Consenso de Washington para tratar de reducir al mnimo el papel del Estado en las economas nacionales, era manifiesto, y subray que Bolivia, hasta hace poco uno de los mejores alumnos del modelo neoliberal, ha sufrido todos los males (de su aplicacin) pero no ha recibido ningn beneficio de la experiencia est claro que debe haber un cambio en su modelo econmico.

En ese contexto, Stiglitz no quiso calificar la nueva poltica energtica adoptada por Evo Morales de nacionalizacin, sino ms bien de recuperacin de los recursos bolivianos, o de devolucin a Bolivia de bienes que ya era suyos.

Cuando a una persona le roban, digamos, un cuadro, que luego le es devuelto, no podemos llamar a eso una renacionalizacin, sino mas bien la devolucin de un bien que le perteneca anteriormente, ha explicado Stiglitz.

Por contraste, desde Washington, el FMI ha puesto en guardia contra las consecuencias econmicas de gran escala, aadiendo que el evento podra desalentar a los inversores extranjeros.

La nacionalizacin no implic la expulsin de las empresas petroleras extranjeras, stas pudieron continuar explotando los hidrocarburos, pero a condicin de rendirle al Estado unos ingresos ms importantes.

A pesar de las protestas que han emitido, todas han mantenido sus actividades. Una prueba ms de que un Estado que tiene la voluntad puede imponer a las empresas privadas extrajeras el respeto a sus decisiones.

El desafo al que el gobierno boliviano est confrontado es el de dotarse rpidamente, con la ayuda de otros pases, como Venezuela, de medios para desarrollar una verdadera industria pblica de los hidrocarburos capaz de proveer, como primera prioridad, al mercado interno tanto de combustibles como de diferentes derivados tiles al desarrollo del pas.

Bolivia abandona el CIADI, el tribunal instituido por el Banco Mundial |16|

Desde el 2 de mayo 2007, Bolivia ya no forma parte del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), rgano del grupo Banco Mundial. Esta decisin fue anunciada por el presidente Evo Morales con ocasin de la cumbre de los pases miembros del ALBA |17|, el 29 de Abril 2007, y oficializada el 2 de mayo en una carta enviada al Banco Mundial. Venezuela y Nicaragua haban declarado que haran otro tanto, pero an no han concretado esta decisin.

Para comprender lo que est en juego en la retirada del CIADI, se impone un breve repaso sobre su razn de ser y la historia reciente de sus actuaciones en Bolivia.

Instituido en 1996, comprende 144 pases (llamados Estados contratantes). Bolivia, que ha comparecido dos veces ante esta instancia, se adhiri a ella en 1995. La funcin principal de este rgano del grupo Banco Mundial es arbitrar los litigios asociados a las inversiones realizadas por los ciudadanos de un Estado contratante en otro Estado contratante. Si bien el CIADI se presenta como una institucin autnoma, en realidad est estrechamente ligado al resto del grupo Banco Mundial |18| y el tenor de sus decisiones deja pocas dudas en cuanto a sus orientaciones: es siempre el mismo credo neoliberal lo que defiende, protegiendo los intereses de los pases ricos y de las multinacionales y amenazando a la vez la soberana de los Estados.

Las cifras hablan por s mismas: de las 232 querellas presentadas ante el CIADI, 230 fueron de multinacionales; en los 109 diferendos tratados por el CIADI hasta febrero de 2007, el 74 % de los demandados eran de pases en vas de desarrollo; en fin, en el 36 % de los casos, el CIADI dictamin a favor de las multinacionales, y en el 34 % de los casos, los diferendos se resolvieron fuera del Centro, pero con compensacin financiera para las empresas; en los raros casos en que el Estado gan, ste no recibi ningn beneficio de indemnizacin. No obstante, esta distorsin no tiene nada de extrao, proviniendo de un rbitro que, en tanto que entidad del grupo Banco Mundial, es a la vez juez y parte.

Una relacin incestuosa

El Banco Mundial, por la va de sus prstamos condicionados, impone a los pases especialmente la privatizacin de los servicios pblicos y de los recursos naturales y la sancin de leyes favorables a las inversiones extranjeras (exencin de impuestos, libre circulacin de capitales, bienes y servicios, etc.). Esto deja libre el camino a las grandes multinacionales, las que no tienen ms que servirse. A veces, el Banco Mundial toma parte directamente en las inversiones, por medio de su filial SFI (Sociedad Financiera Internacional), o las garantiza recurriendo a su intermediaria AMGI (Agencia Multilateral de Garantas e Inversiones).
Cuando esas empresas tienen un conflicto con las autoridades locales, generalmente recurren a los buenos oficios del CIADI, que decide a favor de las multinacionales que el propio Banco Mundial estimulado a invertir. El rizo se ha rizado y la nacin del caso es tomada como rehn.

Esta relacin incestuosa entre el CIADI y el resto del grupo Banco Mundial estuvo muy cerca de costarle caro al pueblo boliviano, involucrado en dos guerras del agua, en Cochabamba en el 2000 y en El Alto en 2005. En ambos casos, la poblacin luch para recuperar el control del aprovisionamiento de agua potable, donde la privatizacin haba sido impuesta por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La gestin se haba confiado entonces, en condiciones dudosas, |19| a filiales de grandes multinacionales: en El Alto, se trataba de Aguas del Illimani, filial del grupo francs Suez y en la que la SFI tena una participacin accionaria del 8 % |20|, y en Cochabamba, la empresa Aguas del Tunari, vinculada al gigante estadounidense Bechtel. Ambas empresas, como era de esperar haban, privilegiado la lgica del beneficio, limitando peligrosamente sus inversiones (para expansin y mantenimiento) e incrementando en forma drstica las tarifas, privando as a una gran parte de la poblacin del acceso al agua.

Bajo la presin del pueblo boliviano, determinado a no dejar que esas empresas pisotearan sus derechos fundamentales, las concesiones a las empresas fueron canceladas y la gestin del agua se confi de nuevo al sector pblico. Bechtel y Suez, como era de esperar, amenazaron con llevar ambos casos al CIADI. Bechtel lleg a reclamar 25 millones de dlares para compensar la expropiacin de beneficios futuros, cuando la empresa no haba invertido ms que 500.000 dlares durante los siete meses que dur la concesin. Ante el rechazo de Bolivia, apoyada por numerosas organizaciones sociales en Estados Unidos, Bechtel finalmente renunci a su querella antes de que el proceso se hubiera realmente iniciado. Se trata de una primera victoria. Por su parte Suez, bajo la presin de una campaa internacional de solidaridad con el pueblo y el Estado bolivianos |21|, no ha planteado an su demanda. Se trata de una segunda victoria, que demuestra que la voluntad de un Estado del Sur y la movilizacin popular pueden hacer que una multinacional se bata en retirada.

No se puede participar en un organismo donde los Estados son siempre perdedores |22|

Esos dos casos aclaran por s mismos los motivos de los pasos de Evo Morales. El gobierno boliviano present seis argumentos para justificar su decisin. Denunci el carcter desequilibrado del CIADI y su propensin a favorecer a las multinacionales, aun cuando ellas mismas resultan culpables de no respetar la Constitucin o las leyes bolivianas. El presidente explic al respecto: Ustedes tienen sociedades que no respetan ni las leyes ni los contratos, que a veces no pagan sus impuestos, y a las que cada vez el CIADI les da la razn. |23|.As mismo, calific a dicho tribunal de antidemocrtico, puesto que sus audiencias se hacen a puerta cerrada y sus decisiones son inapelables. Ms an, el costo asociado a sus procedimientos es muy elevado, lo mismo que las indemnizaciones demandadas por las multinacionales, que reclaman con frecuencia una indemnizacin por los beneficios cesantes causados por la ruptura del contrato. En fin, el gobierno ha recordado la ilegitimidad de un rbitro que es a la vez juez y parte, y la inconstitucionalidad de los recursos a esta instancia. En efecto, la Constitucin boliviana es clara: el artculo 135 establece que todas las empresas que operan en Bolivia estn sometidas a la soberana, a las leyes y a las autoridades de la Repblica. Por lo tanto, los diferendos entre el Estado y las empresas extranjeras son competencia de los tribunales bolivianos.

Otra multinacional se enfrenta a Bolivia por medio del CIADI

El 12 de octubre de 2007, Euro Telecom Internacional (ETI), una filial totalmente participada por Telecom Italia y controlada por capital italiano y espaol, ha entablado una accin en el CIADI contra Bolivia. |24|ETI posee la empresa boliviana de telefona ENTEL, principal operadora en telecomunicaciones en el pas andino. La multinacional pretende que la voluntad del gobierno boliviano de examinar los resultados de la empresa y de entablar negociaciones para aumentar su control sobre la principal operadora de telecomunicaciones del pas ha destruido su inversin. Telecom Italia/ETI ha incoado su querella despus de que Bolivia afirmara, el 2 de mayo de 2007, su decisin de retirarse del CIADI. Pese a eso, el CIADI admiti la demanda el 31 de octubre de 2007. Hay que recordar que la secretaria general del CIADI y vicepresidenta del Banco Mundial no es otra que Ana Palacios, ex ministra de Asuntos Exteriores del gobierno espaol de Jos Mara Aznar, bien conocido por su apoyo a los intereses de las multinacionales. Es igualmente necesario saber que, desde octubre de 2007, es la multinacional espaola Telefnica la que controla Telecom Italia/ETI.

La compaa telefnica ENTEL forma parte de las empresas privadas a causa de las polticas impuestas por el Banco Mundial y el FMI. Antes de su privatizacin, ENTEL era, con la empresa petrolera y gasera pblica YPFB, uno de los principales contribuyentes pblicos a las rentas del Estado y una de las empresas pblicas mejor gestionadas y ms rentables. Qued luego bajo el control por recompra del 50 % de las acciones de la compaa italiana STET, absorbida por Telecom Italia en 1997. Telecom Italia se ha beneficiado as del monopolio de hecho de que gozaba la empresa pblica por el control del 80 % del mercado de las llamadas de larga distancia y del 75 % del mercado de la telefona mvil.

La estrategia de Telecom Italia ha consistido en invertir justo lo suficiente para consolidar la posicin de ENTEL como actor dominante en el mercado boliviano y para generar beneficios para Telecom Italia/ETI. La firma fue acusada por el gobierno de Evo Morales de desviar recursos de ENTEL y transferirlos a filiales fuera de Bolivia totalmente en manos de Telecom Italia/ETI. La ley prohiba la transferencia de recursos fuera de Bolivia mientras la empresa no cumpliera con sus obligaciones de inversin, tal como estn establecidas en el contrato de privatizacin de 1995.

La firma ha efectuado exportaciones de capitales por cientos de millones de dlares, que luego fueron transferidos a los accionistas extranjeros, cuando los servicios de telecomunicaciones y de informacin eran y son todava largamente insuficientes.

Cul es el motivo de la querella de ETI (Telecom Italia) contra Bolivia?

En el 2006, el gobierno de Evo Morales critic la privatizacin de ENTEL en beneficio de Telecom Italia/ETI. Se haba dado cuenta de las numerosas lagunas en los servicios que se debe prestar a la poblacin y de la carencia de ingresos fiscales a causa de la transferencia de capitales al exterior. En marzo y abril de 2007, el gobierno form una comisin para que estudiara y recomendara propuestas para recuperar el control de ENTEL. En lugar de someterse a las instancias de regulacin y de los tribunales bolivianos, Telecom Italia/ETI prefiri apelar al CIADI.

Pero en Bolivia, por vez primera, un presidente democrticamente electo tiene la voluntad y la capacidad de examinar la gestin de las operadoras privatizadas y hace lo necesario para defender y promover el inters pblico. Es eso lo que quiere decir el presidente Morales al hablar de buscar socios y no patrones en sus relaciones con las empresas extranjeras. Para establecer relaciones con socios es necesario restablecer equilibrios justos. En este caso, se trata de asegurar que los recursos generados en Bolivia sean para servir a su desarrollo.

Ha sido por eso por lo que Bolivia se retir del CIADI y por lo que examina atentamente los tratados de inversin firmados con varios pases. Por todas esas razones, es muy importante apoyar a Bolivia con toda firmeza frente a Telecom Italia/ETI/Telefnica y el CIADI.

La deuda boliviana

La deuda pblica externa de Bolivia se ha reducido en un 45 % en el perodo 2005-2006. En el marco de la decisin de la iniciativa PPAE (Pases pobres altamente endeudados), el Banco Mundial, el FMI y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) anularon aproximadamente 2.000 millones de dlares de la deuda externa boliviana. En cambio, la deuda pblica interna ha subido como un cohete estos ltimos aos y supera hoy a la deuda pblica externa. El servicio de la deuda pblica no baja y oscila entre los 800 y los 900 millones de dlares anuales. En el ao 2006, el servicio de la deuda pblica interna le cost al Tesoro pblico 556 millones de dlares y el de la deuda pblica externa 325 millones de dlares. El fardo del pago de la deuda sigue siendo muy pesado, demasiado pesado frente a los gastos sociales. Un hecho inquietante: Evo Morales declar en noviembre de 2007, en la cumbre iberoamericana que se llev a cabo en Santiago de Chile, que Bolivia deba incrementar sus prstamos de las instituciones financieras internacionales.

El proyecto de nueva Constitucin aprobado por la asamblea constituyente el 9 de diciembre de 2007.

En el clima poltico y social tendido al extremo, una mayora cualificada de miembros de la asamblea constituyente aprob el 9 de diciembre 2007 el nuevo proyecto de Constitucin que ser sometido en 2008 a un referendum popular.

La derecha ha multiplicado los obstculos a la adopcin de la reforma constitucional por la asamblea constituyente, en la que el MAS dispone de una mayora simple. La derecha al principio arrastr y prolong los trabajos previos, y luego se neg a buscar compromisos aceptables. Despus adopt la poltica de la silla vaca creyendo que as impedira la continuacin de los trabajos y el comienzo de las votaciones. Tambin apoy a las lites de la ciudad de Sucre en su reivindicacin de la recuperacin de los poderes legislativo y ejecutivo, lo que en ltima instancia provoc el bloqueo de la Constitucin durante los ltimos meses. La derecha quiere evitar todos los cambios constitucionales importantes. El sabotaje ha durado ms de un ao. La situacin estaba tan bloqueada que la constituyente tuvo que suspender sus trabajos y sesiones durante tres meses. Cuando las reinici, en noviembre de 2007, la derecha estaba ausente.

Despus de dos semanas de trabajos, la Asamblea aprob el proyecto. Algunos diputados de derecha se sumaron a la aprobacin.

Todo esto se lleva a cabo en medio de provocaciones de la oposicin de derecha en varios lugares del pas y de intensas movilizaciones del campo a favor del MAS. La derecha intent sin xito paralizar el trfico en las carreteras en torno a Sucre, la capital histrica del pas, donde se celebraba la asambleas Organiz manifestaciones contra las asociaciones indgenas que haban ido a aportar su apoyo a la asamblea constituyente. Finalmente, fue necesario trasladar la asamblea a la ciudad de Oruro durante un fin de semana, en el curso del cual se vot la aprobacin del texto.

La garanta de los derechos individuales y colectivos est en el centro de las propuestas de reforma constitucional. Sin pretender dar una visin de conjunto ni exhaustiva, veamos algunos aspectos de la Constitucin, a ttulo de ejemplos.

Segn el proyecto (art. 11 II), la democracia se ejerce: 1. de manera directa y participativa por medio del referendum, de la iniciativa legislativa del ciudadano, de la revocacin de mandatos, |25| de la realizacin de asambleas y de estados generales; 2. de manera representativa por medio de la eleccin de representantes por sufragio universal, directo y secreto, entre otras; 3. de manera comunitaria por medio de la eleccin, de la designacin o de la nominacin de autoridades y de representantes por los medios y procedimientos propios de cada nacin y en los pueblos de origen indgena. Segn el artculo 14, el Estado prohbe y sanciona toda forma de discriminacin, ya est fundada sobre el sexo, el color, la edad, la orientacin sexual, la identidad de gnero, el origen, la cultura, la nacionalidad, la ciudadana, la lengua, la religin, la ideologa, la filiacin poltica o filosfica, el estado civil, la condicin econmica o social, el tipo de ocupacin, el grado de instruccin, el defecto fsico, el hecho de estar encinta, y otras que tuvieren por objetivo o resultado el anular o disminuir el reconocimiento, el disfrute y el ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona. El Estado garantiza el ejercicio de los derechos establecidos en los tratados internacionales de los derechos humanos. En lo que concierne a los derechos, nadie ser obligado a hacer lo que la Constitucin y las leyes no demandan, ni de privarse de lo que ellas no prohben.

Art 15: I) Nadie ser torturado ni sufrir tratamientos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. La pena de muerte no existe. II) Toda persona, en particular las mujeres, tiene derecho a no sufrir violencia fsica, sexual o psicolgica tanto en el nivel de la familia como en el nivel de la sociedad. III) El Estado adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia contra las mujeres.

Art 16: I) Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentacin. II) El Estado tiene la obligacin de garantizar la seguridad alimentaria.

En materia de salud, el Estado garantiza un amplio sistema de salud pblica gratuita. Segn el artculo 38, los bienes y servicios pblicos de salud son prioridades del Estado y no pueden ser privatizados ni ser objeto de concesiones al sector privado.

Art 41:II) El Estado dar prioridad a los medicamentos genricos para el financiamiento de su produccin en el pas. III) El derecho de acceso a los medicamentos no podr ser restringido por los derechos de la propiedad intelectual.

Art 45: I) Todas las bolivianas y todos los bolivianos tienen derecho a la seguridad social gratuitamente. II) La seguridad social ser regida segn los principios de universalidad, de igualdad, de solidaridad, de unidad de gestin, de economa, de oportunidad, de interculturalidad y de eficacia. Su direccin y su administracin son de la jurisdiccin del Estado, con el control y la participacin social. V) Las mujeres tienen derecho a la maternidad asegurada, con una visin y una prctica interculturales; ellas gozarn de una asistencia especial y de la proteccin del estado durante la preez, el parto, y los perodos pre y post natales. VI) Los servicios de seguridad social pblica no podrn ser privatizados.

En materia de educacin, segn el artculo 77: I) La educacin constituye una funcin suprema y es la primera responsabilidad financiera del estado.
Art 78: III) El sistema educativo es liberador y revolucionario

Art 81: I) La educacin es obligatoria hasta el final del ciclo secundario. II) La educacin es gratuita a todos los niveles hasta el ciclo superior. Art 94: III) El Estado no subvencionar las universidades privadas.

Derechos de los trabajadores. El artculo 48 prev la inversin de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. IV) Los salarios y las indemnizaciones debidas a los trabajadores tienen preeminencia sobre toda otra acreencia, son inembargables e imprescriptibles. V) El Estado promover la integracin de las mujeres al trabajo y les garantizar la misma remuneracin que a los hombres por igual trabajo, tanto en el sector pblico como en el sector privado.

Art 53: El derecho a la huelga est garantizado.

Art 54: Los trabajadores, a fin de defender su medio de trabajo y en consideracin al inters social, podrn relanzar y reorganizar empresas en liquidacin, cerradas o abandonadas de manera injustificada, y formar empresas comunitarias o sociales. El Estado podr ayudar la accin de los trabajadores.

En materia de propiedad, el artculo 56 prev que toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ella tenga una funcin social. La propiedad privada est garantizada siempre que el uso que se haga de ella no comporte perjuicio al inters colectivo. El derecho a la herencia est garantizado.

Segn el artculo 57, La expropiacin podr hacerse por causas de necesidad o de utilidad pblica, o cuando la propiedad no cumpla ninguna funcin social. Esto apunta evidentemente sobre todo a ciertas grandes propiedades rurales.

En materia de defensa (art. 19), Bolivia no podr aceptar ninguna base extranjera sobre su territorio y no podr participar en ninguna guerra de agresin.

Si la reforma fuese votada favorablemente en el referendum, constituira un avance importante para la democracia poltica y para la garanta de los derechos econmicos, sociales y culturales de la poblacin.

Sin duda, la aprobacin de esta nueva Constitucin no puede desembocar inmediatamente en la concrecin inmediata de todas sus disposiciones en materia de derechos colectivos e individuales. En realidad, una serie de artculos constituyen objetivos a mediano trmino. Lo que es decisivo, es que la adopcin del texto ofrecer un marco legal al gobierno y al poder legislativo para llevar adelante mucho ms lejos las reformas ya apuntadas desde 2006. Y, como corolario, ofrecer tambin un marco legal al movimiento social para exigir del gobierno que adopte todas las medidas necesarias para la concrecin de la Constitucin. Como se ve, lo que est en juego es enorme.


Notas:

|1| Sucre es la capital histrica (y administrativa) de Bolivia. Pero despus de la Guerra Federal de 1899 los poderes ejecutivo y legislativo fueron transferidos a la ciudad de La Paz, dejando en Sucre nada ms que la sede de la Corte Suprema.

|2| Ver ric Toussaint, Bolivie : La lutte des peuples pour lexercice de la souverainet sur les ressources naturelles, 20 de octubre de 2003, http://www.cadtm.org/spip.php?article107

|3| Despus de la revolucin de 1952, que permiti a la mayora nativa, gracias a la conquista del sufragio universal, acceder a la condicin de electores, resultaron electos parlamentarios indgenas.

|4| Citado por Harv Do Alto: La Constitucin existe, la inestabilidad persiste, Rouge, el 13 de Diciembre 2007.

|5| Esta parte se basa marcadamente en Herv Do Alto y Pablo Stefanoni, Evo Morales, de la coca al Palacio. Una oportunidad para la izquierda indgena, Editorial Malatesta, La Paz, 2006, y en Carlos Cortz Romero, En la ruta emancipatoria, en Amrica latina en movimiento, octubre de 2007. Ver tambin los numerosos estudios dedicados a los movimientos sociales por el actual vicepresidente boliviano lvaro Garca Linera (y lvaro Garca).

|6| A partir de 1952, la Central Obrera Boliviana (COB), pujante sindicato del que los obreros constituan la columna vertebral, participaba en el gobierno y designaba a cuatro ministros. La COB tena derecho de veto sobre las polticas de industrias extractivas. Ver Herv Do Alto y Pablo Stefanoni, Evo Morales, de la coca al palacio. Una oportunidad para la izquierda indgena, op. Cit., Editorial Malatesta, La Paz, 2006, p.59.

|7| Discurso de Evo Morales el 26 de Enero 2006. Ver amplios extractos ms adelante en este captulo.

|8| Felipe Quispe particip, al lado de lvaro Garca Linera, en la guerrilla katarista EGTK y fue secretario ejecutivo de la CSUTCB

|9| La decisin fue anulada por el tribunal constitucional en Junio 2002.

|10| El embajador Manuel Rocha declar literalmente a la prensa en junio 2002: Una Bolivia dirigida por gentes que se han beneficiado del narcotrfico no puede esperar que Estados-Unidos permanezca abierto a las exportaciones tradicionales de textiles. (La Razn, La Paz, 28 junio de 2002).

|11| El MAS obtuvo la mayora en el Chapare (80 % de los votos en Villa Tunari), en El Alto, en Oruro y en los barrios populares de la ciudad de Cochabamba.

|12| Con una tasa de participacin electoral muy elevada: 84%. Adems, es importante notar que en la misma Santa Cruz, bastin de la derecha, el MAS recogi el 33,2% de los votos.

|13| Moneda boliviana. Un Euro equivale aproximadamente a 10 bolivianos

|14| Conocido popularmente bajo este nombre, el premio Nbel de economa es en verdad un premio del Banco de Suecia en ciencias econmicas y no en s un premio Nbel.

|15| Las citas de J. Stiglitz han sido tomadas del diario mexicano La Jornada del 19 de mayo de 2006.

|16| Para informacin en detalle, ver Stefanie Jacquemont, Yolaine Lhoist, La Bolivie porte une estocade la Banque mondiale, 29 octobre 2007, www.cadtm.org/spip.php?article2923

|17| La Alternativa Bolivariana para las Amricas (ALBA) rene a Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua. Ecuador se acerca.

|18| El presidente del Banco Mundial preside tambin el Consejo de Administracin del CIRDI y todos los miembros del CIRDI son igualmente miembros del Banco Mundial.

|19| Las empresas eran en los dos casos las nicas oferentes.

|20| Ver Eric Toussaint, Banco Mondial: el golpe de Estado permanente. La agenda oculta del Consenso de Washington, El Viejo Topo, Matar, 2006, pp. 293-295.

|21| Ver Eric Toussaint, Sous la pression populaire, le prsident bolivien met fin la prsence de Suez en Bolivie, 17 febrero 2005, http://www.cadtm.org/spip.php?article1156

|22| Cita tomada de la entrevista a Evo Morales por Benito Prez: Evo Morales: La Bolivie na plus de matres mais de partenaires, Le Courrier, 30/06/2007.

|23| Idem

|24| Para mayores detalles sobre el conflicto con Telecom Italia: Campagne internacional, CIRDI/Telecom Italia: Bas les pattes de Bolivia!, 10 dcembre 2007, www.cadtm.org/spip.php?article 2982

|25| Segn las mismas modalidades de la Constitucin venezolana adoptada en 1999. El artculo 241 define precisamente la revocacin de los mandatarios.



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