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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-02-2008

Indica que no puede procesar al presidente Kagame por su inmunidad
La Audiencia Nacional espaola procesa a 40 militares del actual gobierno ruands

Umoya


El titular del Juzgado Central de Instruccin nmero 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha procesado a 40 militares del Gobierno ruands por delitos de genocidio, crmenes de lesa humanidad y terrorismo. El magistrado acusa a los procesados, contra los que ha dictado rdenes de detencin internacional, de tomar el poder por la fuerza e instaurar un rgimen de terror en el pas realizando "horrendos crmenes" contra la poblacin civil.

El actual presidente de Ruanda, Paul Kagame, no ha sido procesado porque como jefe de Estado tiene inmunidad de jurisdiccin y de ejecucin. A pesar de ello, el magistrado destaca que existen "indicios racionales de criminalidad" en su contra como responsable del Ejrcito ruands. El principal testimonio que le incrimina fue aportado por un testigo que integraba un grupo de 11 militares encargados de la proteccin del presidente.

El testigo relat cmo, el propio Kagame, ametrall a entre 30 y 40 civiles despus de que alguien advirtiera por radio de que un grupo de personas que circulaban por una carretera podan ser paramilitares. El actual presidente ruands baj del vehculo en el que viajaba y "sin mediar palabra" dispar una rfaga que mat a las citadas personas.

En su auto de procesamiento, hecho pblico hoy, el juez indica que en la dcada de los 90 ms de 4 millones de ruandeses fueron asesinados o desaparecieron "en el marco de un plan de exterminio por razones tnicas y polticas. Esta estrategia culmin con la invasin y conquista de la Repblica Democrtica del Congo. Las vctimas --dice el magistrado-- eran su mayora refugiados hutus ruandeses y poblacin civil congolea, tambin la misma etnia.

Entre las vctimas del genocidio se encuentran nueve espaoles, vctimas de las matanzas que se prolongaron desde 1994 hasta el ao 2000. Sus muertes se produjeron en campos de refugiados, donde trabajaban y "denunciaban los abusos sufran los desplazados de guerra", especifica el auto. Seis de las vctimas eran religiosos y el resto trabajaba para la ONG Mdicos del Mundo. Todos ellos murieron a manos de miembros de la organizacin poltico/militar APR/FPR.

El juez describe el caso del misionero Joaqun Vallmaj que haba denunciado por escrito que los tutsi, etnia dominante, haban iniciado "una campaa mundial de desinformacin para hacer creer que los asesinos son las vctimas y las vctimas los asesinos". Un da antes de su desaparicin fue interceptado en un control militar donde le advirtieron "que pagara por ello".

MUERTE "ESPELUZNANTE"

Andreu describe como "espeluznante" la muerte del padre Servando Garca y otros tres religiosos maristas que se encargaban en un campo de refugiados financiado por ACNUR de ofrecer enseanaza primaria de 5.000 nios congoleos. Una vez retirada la ayuda econmica por parte del Alto Comisionado --con objeto de que los refugiados comenzaran a regresar a su pas-- los misioneros permanecieron junto a los refugiados "a pesar de que los rebeldes militares se acercaban y que ya no haba comida en el campo".

El padre Servando pidi ayuda a travs de la Cadena Cope en octubre de 1996. Diez das ms tarde los cuerpos sin vida de los cuatro maristas aparecieron junto a su casa. "Haban sido torturados, tenan impactos de bala y machetazos", indica el juez.

Los rebeldes del APR tambin asesinaron a tres civiles espaoles, miembros de Mdicos del Mundo, que distribuan medicamentos en las localidades vecinas a la localidad de Mugunga. Fueron testigos de ms de 50 muertes y descubrieron una fosa comn con cientos de cadveres. "Los rebeldes militares saban ya que los cooperantes haban sido testigos incmodos --dice el magistrado-- das ms tarde unos 10 hombres armados irrumpieron en su residencia". Recibieron una rfaga de disparos que les caus la muerte.

Andreu aade que, segn las declaraciones prestadas en los ltimos meses por testigos protegidos en su Juzgado, se puede deducir que para asesinar a personas de raza blanca "era necesaria una orden de los altos cargos militares". En el caso de la muerte de los cooperantes, el asesinato se decidi en una reunin en la que participo una persona que ahora ha declarado bajo proteccin, revela el auto.

RESPONSABILIDADES DE ACNUR.

El juez denuncia en su escrito el papel jugado en la masacre por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) que puso en marcha a partir de 1996 un programa de repatriacin forzosa "obligando a cientos de miles de persona a subir a sus camiones".

Ante las dificultades para reunir a los refugiados ruandeses repartidos en los distintos pases limtrofes el personal del Alto Comisionado lleg a pagar 10 dlares a los congoleos por cada refugiado ruands de entregaran. "Ello origin una autntica caza al refugiado", dice Andreu que describe como la estrategia facilit matanzas masivas tras la retiradas de los europeos.

A lo largo de estos meses Andreu ha interrogado a 22 testigos que actualmente viven en su mayora en Europa. "Casi todos han cambiado su identidad pero no han perdido la memoria", describe el magistrado. El procesamiento es la respuesta a la querella presentada en febrero de 2005 por el Foro Internacional para la Verdad y la Justicia en el frica de los Grandes Lagos.


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