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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 22-02-2008

Ruanda
El fin de la impunidad

Federacin de Comits de Solidaridad con frica Negra
Rebelin


El 6 de febrero, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha firmado el auto de procesamiento de 40 altos mandos militares ruandeses, acusados de crmenes, entre ellos el asesinato de 9 espaoles misioneros y cooperantes-, cometidos tanto en Rwanda como en RDCongo. Es una buena noticia, porque significa el fin del privilegio de la impunidad del que han gozado hasta ahora dirigentes ruandeses en el poder.

Efectivamente, toda la mquina judicial ruandesa e internacional ha tratado de juzgar y condenar a los responsables del genocidio de los tutsi de 1994, en el que fueron asesinadas 800.000 personas. El Tribunal Penal Internacional para Rwanda, instalado en Arusha (Tanzania) es el encargado de juzgar a las personalidades polticas y militares hutu consideradas mximos responsables de esta tragedia. En Rwanda, adems de los procesos en los tribunales ordinarios, se han organizado unos 20.000 tribunales populares, ante los que han comparecido ms de 800.000 hutu, acusados de haber participado en el exterminio de los tutsi. Al margen de otro tipo de consideraciones, como la falta de garantas de un juicio justo y equitativo, se trata de la justicia de los vencedores.

El mandato del Consejo de Seguridad por el que se cre el TPIR inclua la persecucin de todos los crmenes cometidos en el ao 1994 tanto por los extremistas hutu, como por el FPR durante su ocupacin militar del pas y tras su instalacin en el poder. Crmenes estos ltimos, ocultados a pesar de las evidencias, por lo que cualquier intento de perseguir judicialmente a los responsables ha sido abortado. Cuando la Fiscal del TPIR, Carla Del Ponte, decidi investigar e inculparlos, fue apartada de su cargo por presiones de EEUU y Reino Unido. El actual Fiscal, Hassan Babacar Jallow, no muestra gran inters en abrir el dossier FPR. Todo indica que la comunidad internacional, dominada por un complejo de culpa al no haber impedido el genocidio tutsi, otorg al rgimen actual ruands licencia para la venganza, para matar. Ha funcionado con eficacia un convenio del silencio.

El auto de procesamiento dictado por el juez espaol rompe con el convenio del silencio y con el privilegio de la impunidad. En 2005, el abogado Jordi Palou-Loverdos, actuando en representacin de diversas personalidades y organizaciones y de los familiares de 9 espaoles asesinados, present la querella que ha dado pie a la decisin del juez Andreu..

La relacin pormenorizada de hechos comienza con la afirmacin de que se desprenden indicios racionales y fundados de que a partir de octubre de 1990, un grupo (el FPR) de estructura poltico-militar () inici una serie de actividades de carcter criminal () y una vez en el poder cre y desarroll una estructura criminal paralela al Estado(), invadi la RDCongo, produciendo masacres indiscriminadas y actos de pillaje

Luego, el juez detalla con concrecin de cifras, fechas, circunstancias, nombres etc., tanto el organigrama y funcionamiento del poder criminal como sus innumerables fechoras. Destacan, adems del asesinato de los 9 espaoles, los actos terroristas; las operaciones de limpieza tnica en la zonas conquistadas; la masacre de miles de hutu en los campos de desplazados, el encarcelamiento masivo de hutu; la persecucin implacable de los refugiados hutu en Zare y el exterminio de ms de 200.000. A este respecto, el auto constata que el ACNUR, organismo protector de los refugiados, recompens con 10 $ por cada refugiado ruands entregado, lo que produjo una autntica caza del mismo y el personal del ACNUR fue utilizado por los soldados ruandeses para localizar y eliminar a los fugitivos.

Lo que vincula a todos los espaoles asesinados es el hecho de que eran testigos incmodos de los desmanes del FPR. Ese fue su delito y lo pagaron con su vida. El P. Vallmaj desapareci en abril de 1994 en Byumba, donde tres das antes fueron masacradas 2.500 personas agrupadas ex profeso en el estadio. Vallmaj lo saba. Isidro Uzcudun, asesinado en junio de 2.000, era testigo de que en su parroquia de Mugina, el FPR haba asesinado a 1.325 personas. El delito de los 4 Hermanos Maristas asesinados octubre de 1996 en Zare fue que reclamaban una intervencin internacional que evitara el exterminio de los refugiados. Los 3 cooperantes de Mdicos del Mundo cometieron la imprudencia de descubrir, en enero de 1997, unas fosas repletas de cadveres y constatar que el FPR realizaba masacres de civiles en Ruhengeri. Vieron lo que no deban haber visto.

De las 23 declaraciones testificales, 12 corresponden a ruandeses, tutsi y hutu, la mayora ex-miembros o colaboradores del FPR. Como testigos oculares o por conocimiento directo o indirecto describen con gran precisin los hechos criminales e identifican a los responsables de los mismos. La lectura de sus declaraciones produce escalofros: existencia de grupos especializados en el arte de matar; las operaciones de carga de muertos, de enterramiento en fosas comunes, de incineracin de cadveres, de borrado de huellas; el agrupamiento de las vctimas, convocadas a reuniones con el seuelo de la distribucin de alimentos; toda una serie de atrocidades. Por su significado, es relevante la declaracin del Ministro de Exteriores en el primer gobierno FPR, el Sr. Ndagijimana. Declara haber conocido el Informe Gersony, realizado a instancias de la ONU tras la toma del poder por el FPR, en el que se puso de manifiesto que en slo 3 Prefecturas de Rwanda () y en slo 2 meses (), se haba registrado ejecuciones selectivas o matanzas sistemticas contra al menos 30.000 personas pertenecientes a la etnia hutu por parte del APR/FPR. () El Informe Gersony fue embargado y nunca vio la luz.

El juez decreta prisin provisional a los 40 procesados, sealando que el actual Presidente de Rwanda, Paul Kagame, mientras no cese de tal cargo, la inmunidad que le ampara impedir su procesamiento.

A modo de reflexin final

El futuro de Rwanda y de todos los ruandeses pasa por la paz y la reconciliacin. Tarea indispensable y posible. La bsqueda y esclarecimiento de la verdad, la justicia y la lucha contra toda impunidad, son el requisito ineludible. Por eso, el auto de procesamiento dictado por el juez Fernando Andreu es una buena noticia.


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