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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-02-2008

Editorial de La Jornada
Hacia un Estado policiaco

La Jornada


El pleno de la Cmara de Diputados aprob ayer, con 462 votos en favor, seis en contra y dos abstenciones, el controvertido proyecto de reformas constitucionales en materia judicial conocidao popularmente como ley Gestapo, que incluye disposiciones severamente criticadas por organismos defensores de los derechos humanos y por otros sectores de la sociedad, como la extincin de dominio, la atribucin de facultades extraordinarias al Ministerio Pblico (MP) y a los cuerpos policiacos, el acceso de las autoridades a los datos personales y bancarios de los sospechosos, y la inclusin de la figura del arraigo que podr ser hasta por 80 das en el marco constitucional.

Por fortuna logr evitarse la supresin de las modificaciones al artculo 16 de la Constitucin, mediante las cuales se autorizaba el allanamiento de domicilios por las policas, sin orden judicial de por medio, por ms que el fracaso de esa adulteracin aberrante del marco legal no obedeci a un espritu de respeto a las garantas individuales, sino a una lgica pragmtica de los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Accin Nacional (PAN), quienes, ante la oposicin de los diputados del Frente Amplio Progresista (FAP), decidieron eliminarla para alcanzar los dos tercios de la votacin necesarios para la aprobacin del proyecto en su conjunto.

As, aunque se elimin el allanamiento injustificado de los domicilios, se mantuvieron intactas otras disposiciones violatorias a los derechos humanos, entre las que destacan la facultad que, en lo sucesivo, tendrn las policas para realizar detenciones discrecionales y arbitrarias, as como la inclusin del arraigo en el marco legal vigente, que rompen con el principio constitucional de presuncin de inocencia, abren un amplio margen para el atropello de las libertades ciudadanas y colocan a la poblacin en su conjunto en un estado de indefensin ante la autoridad.

El combate al crimen es una de las responsabilidades irrenunciables del gobierno y, para realizarla, ste debe contar con instrumentos jurdicos adecuados y eficaces, pero no lesivos para las garantas individuales. Esto no es cosa menor en el contexto de un pas en el que los derechos humanos son violentados en forma cotidiana y en el que el gobierno ha exhibido constante indiferencia al respecto. Como botn de muestra ha de recordarse que, durante la visita de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Caldern Hinojosa, asegur que en Mxico no hay mayor amenaza a los derechos humanos que la que representa el crimen organizado, como si fueran menores los atropellos que cometen las propias fuerzas pblicas y que han mostrado un claro incremento en esta administracin y en la pasada.

Por otra parte, la reforma judicial exhibe una terrible insensibilidad ante las causas profundas de la delincuencia, como la miseria, la desigualdad, la falta de educacin, el desempleo, los nfimos niveles de vida de grandes sectores de la poblacin, la desintegracin familiar y la descomposicin del tejido social. La lucha contra la delincuencia, por tanto, no debiera centrarse en aparatosos despliegues militares ni en reformas retrgradas y autoritarias que colocan al pas en la lgica de un Estado policial, sino en la atencin gubernamental a los factores sealados.

Se argumenta que las alteraciones al marco constitucional operadas ayer son indispensables para garantizar la seguridad ciudadana y el Estado de derecho. Pero salta a la vista que con el incremento de atribuciones a las corporaciones policiales nacionales, cuyo grave descontrol es admitido hasta por los altos crculos del gobierno, no se lograr ms que incrementar la zozobra de la poblacin, la cual no gana nada en proteccin contra la delincuencia pero queda prcticamente inerme ante los abusos de la polica. Flaco favor, por ltimo, puede hacerse al estado de derecho cuando se socava uno de sus pilares esenciales, que son de las garantas individuales. Lo aprobado ayer es una regresin a las ideas de paz y orden porfiristas, expresin de una mentalidad autoritaria e impermeable al entendimiento de las realidades nacionales, y resulta tan peligroso como impresentable. Debe ser revertido.


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