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(el Pueblo quiere la paz)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 05-03-2008

No se puede mirar a otro lado
Tenemos que parar esto

Ramn Zallo, Petxo Idoiaga, Amaia Lizarralde y otras
Rebelin

Firman este texto Ramn Zallo, Petxo Idoiaga, Amaia Lizarralde, Pedro Ibarra, Baleren Bakaikoa, Luis Bandrs, Jon G. Olaskoaga, Patxi Zabalo y Xabier Ezeizabarrena, miembros de la iniciativa universitaria Elkarbide


No podemos mirar para otro lado. Ni a un solo lado. Tenemos que parar esto.

Por una parte, la suspensin de ANV y EHAK, las detenciones de los dirigentes de Batasuna, el empleo de torturas en comisaras, los sumarios no garantistas como el 18/98, el cierre de medios de comunicacin o los prximos procesos contra Egunkaria y Udabiltza o la judicializacin de la poltica caso Atutxa/Knorr/Bilbao, imputacin al lehendakari- no son tolerables desde el respeto a los principios democrticos y los derechos polticos.

Por otro parte, la violencia armada y los sabotajes como formas de lucha no tienen espacio poltico en los regmenes democrticos. Antes o despus, quienes las ejercen o quienes las sostienen perdern toda legitimidad. Ms an, la violencia de ETA, adems de matar y de ser una amenaza permanente contra los derechos humanos, cercena derechos civiles como el derecho de todas las personas y opciones polticas a defender libremente sus posiciones.

Desde luego, ETA saba que la ruptura de la tregua traera la ilegalizacin de cualquier representacin poltica de Batasuna. Y, desde su militarismo, la rompi. Pero eso no convierte la actual Ley de Partidos ni las indiscriminadas, repetidas y politizadas actuaciones judiciales en instrumentos de defensa legtima de la democracia. Todo no vale con la excusa de la eficacia antiterrorista: degrada a un Estado de Derecho.

La tesis de que todo aquel que no condene expresamente a ETA es, tambin, ETA, constituye una desfachatez que quiebra el sentido comn y la objetividad judicial. Para excluir a Batasuna del espacio poltico pblico, solo debera caber la constatacin de una participacin en los atentados contra personas, bienes o derechos. Es evidente que eso no ha ocurrido. Son un sinsentido las nuevas figuras judiciales que denuncian los 300 juristas europeos de la Iniciativa de Observacin Internacional: el terrorismo pacfico o desarmadoy el terrorista sin saberlo.

La conjuncin de medidas legales, resoluciones judiciales y actuaciones policiales contra Batasuna constituye una estrategia poltica que viola derechos democrticos bsicos y, en especial, el derecho a que una opcin poltica pueda defender sus propuestas, y sea la sociedad la que le de o quite su apoyo. Sacarle ahora del sistema cuando antao se quera que entrara, es una apuesta propia de una democracia que no cree en si misma y rezuma electoralismo.

Pero adems, esa estrategia carece de lmites. Nada se salva de su incontrolada onda expansiva (Fundacin Zumalabe, Egunkaria..). Ni siquiera las ms altas instituciones vascas como la Mesa del Parlamento o el propio Lehendakari, imputado por dialogar, y a quien todava le falta sufrir lo que venga por su compromiso con una consulta. Se ponen obstculos, un da si y otro tambin, para desanimar a la sociedad y desviar el abordaje de los problemas de fondo.

La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, en nombre de la defensa de la democracia, compiten con el propio Gobierno por ir ms all de todo lmite democrtico. La excepcin ya es la norma. Salvando las distancias entre los gobiernos de Zapatero y de Aznar respecto al dilogo poltico para la paz, ambos se han apalancado, en lo relativo a las libertades y derechos vinculados al conflicto vasco, en la estela del antiterrorismo preventivo de Bush desde el 11-S.

Tenemos que parar todo esto antes de que se consolide un agujero negro por el que, sin mesura alguna, vayan degradndose libertades y derechos. Lo peor que podra ocurrirnos como ciudadana es que cansados de las gestiones fracasadas -entre Gobierno y ETA para la paz y entre los partidos para la normalizacin democrtica- desistisemos de expresarnos en la esfera pblica. Si queremos evitar una prolongacin interminable de los conflictos hay que subir el volumen y el tono de la voz de la sociedad civil. La cuestin misma del derecho a decidir no es un territorio en propiedad de las instituciones, ni la sociedad civil debe verla como algo ajeno.

Cuando el lehendakari hizo pblica su hoja de ruta subray que el dficit principal de las anteriores propuestas estrib en el limitado peso que haba tenido la sociedad civil. El riesgo sigue siendo el mismo. Excepto la iniciativa Erabaki, en la que tambin participamos, la movilizacin ciudadana apenas est pesando en el proceso.

Pero no basta con denunciar injusticias. Tambin hay que empujar en la direccin de las soluciones. Es por todo ello que deben abordarse, de forma simultnea y sin condicionarse entre si, los tres problemas que pueden convertirnos en un pas viable o inviable: libertades, ETA y derecho de decisin.

Por nuestra parte asumimos un triple compromiso.

- El compromiso de no callarnos para parar esta degradacin de derechos y libertades que constituyen las ilegalizaciones, las detenciones de una fuerza poltica as como la continuidad de prcticas de torturas en comisaras. Para ello, como colectivo universitario que somos, explicaremos esta situacin por otras universidades del mundo y recabaremos su apoyo.

- Las mismas voces que nos alzamos contra esas injusticias hemos de exigir la definitiva paralizacin de ETA. No se trata slo de negarle a ETA el derecho a representar a nadie o de insistir sus efectos destructivos. Se trata, adems, de que convirtamos en un clamor que esa violencia poltica constituye en si misma una violacin de nuestros derechos democrticos.

-Sostenemos el derecho de la sociedad vasca a decidir su futuro poltico. La convocatoria de consulta fijada por el lehendakari para el 25 de octubre -salvo que previamente haya un acuerdo con Madrid- es una fecha de referencia para constatar que hay un doble problema, de violencia y de falta de reconocimiento jurdico pactado de nuestra realidad nacional; y que requiere un final dialogado de la violencia (si no hay violencia) y una propuesta de acuerdo de normalizacin. Paralelamente se hara camino al andar si, como mbito de concrecin del derecho a decidir, se trabajara el contenido del preacuerdo de Loyola del 2006, ya sea entre partidos o en una Comisin Parlamentaria, desde el punto y momento mismo en que estuvieron de acuerdo PSE-EE, PNV y Batasuna.

Para empujar en esta triple direccin vamos a proponer desde la pluralidad, un gran acuerdo de la sociedad civil vasca, a travs de instituciones como los sindicatos, las iglesias, las universidades o los movimientos sociales, y que pudiera culminar en una gran manifestacin de amplio espectro despus de las elecciones.

* Ramn Zallo, Petxo Idoiaga, Amaia Lizarralde, Pedro Ibarra, Baleren Bakaikoa, Luis Bandrs, Jon G. Olaskoaga, Patxi Zabalo y Xabier Ezeizabarrena, miembros de la iniciativa universitaria Elkarbide




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