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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-03-2008

Colombia, Correa y Chvez en el laberinto histrico de la mentira y el terrorismo de estado
Diez materiales para una estrategia

Francisco Palacios
Rebelin


El gobierno colombiano denunci a los presidentes de Venezuela y Ecuador por mentirosos y cmplices de genocidio. Bien. Hagamos un balance de dicho juicio en contexto poltico e histrico y ms all de las simulaciones tcticas de la jornada de clausura en la ltima cumbre (Grupo de Ro, 7-9 de marzo).

1. Conozco algo al presidente Correa porque tuve el gusto de ser parte integrante de su bur de campaa electoral. Si algo caracterizaba a Correa era su sentido de la sinceridad, su apego -incluso tozudo- a los compromisos contrados y a los actos realizados. Su desprecio a la simulacin, a las falsas apariencias, al teatro y a las medias verdades. Vocacin -a menudo vehemente- por la verdad que en tantas dificultades puso a sus asesores electorales. En ello tena mucho que ver su tica cristiana militante que, por otro lado, lo aleja de cualquier tipo de subterfugio que pueda amparar cualquier tipo de violencia armada.

Correa no era un militante clsico de la izquierda ecuatoriana. Era un producto alternativo, inteligente y refinado pero de ctedra y de universidad, cuya nica preocupacin era su formacin y produccin acadmica al servicio de su ideal progresista y antihegemonista. No haba tenido ningn tipo de vocacin por querencias guerrilleras y mucho menos por estrategias armadas -defensivas o no- hacia el socialismo.

Cualquier persona, periodista o poltico que se acerque a su biografa, a sus intervenciones y a su perfil personal podr llegar con facilidad a la conclusin de que jams va a simular una gran mentira y siquiera una simple falsedad. Aspecto radicalmente probado en la ltima Cumbre [1] .

2. El presidente Chvez era otro ejemplo de prudencia estratgica y equidistancia tctica con el conflicto colombiano. Durante aos nunca jams se inmiscuyo lo ms mnimo en el conflicto. Ms bien al contrario, ya que opto por intentar institucionalizar vas de contacto muy medidas y pausadas con los gobiernos colombianos y trabajar por ambiciosas lneas estratgicas de Estado. Hasta el punto de que en los ltimos aos ha habido extradiciones a Colombia de miembros de FARC y ELN y combates contra miembros de estos grupos por unidades del ejecito venezolano. Hasta el punto de que se ha sido extremadamente generoso con el secuestro de Rodrigo Granda por parte de la inteligencia colombiana y extremadamente generoso con la presencia de unidades especiales colombianas travestidas de paramilitares en toda la zona fronteriza del Zulia-Tachira-Apure. Hasta el punto de que los espacios poltico-sociales bolivarianos soportan ms de 400 muertes de lderes comunales, campesinos e indgenas, en toda la zona de frontera, que han sido en la mayora de las ocasiones producto del accionar paramilitar colombiano. Para no hablar, finalmente, de la amnista decretada al grupo paramilitar colombiano detenido en Caracas hace dos aos.

3. Por qu de todo este exordio sobr las cualidades ticas del presidente Correa y las prudencias estratgicas del presidente Chvez? Porque es la prueba definitiva de que al otro lado de la frontera asistimos a la ltima entrega de los mejores valedores de la estrategia de la mentira y del terrorismo de Estado. La estrategia siniestra de los 180 grados donde el blanco se convierte en negro y el negro en blanco. Y que en esa estrategia del vale todo se estn alcanzando las cotas ms sobresalientes, impdicas y peligrosas. Estrategia en la que Rafael Correa y el pueblo ecuatoriano han sido los penltimos objetivos.

Al otro lado de la frontera estn las oligarquas uribistas y los asesores estadounidenses. Mil veces autoproclamados inocentes de violaciones de derechos humanos y mil veces inculpados por todos los informes de las agencias internacionales. Mil veces sealados de construir falsas pruebas. Mil veces acusados de falsos testimonios. Mil veces acusados de nexos con el crimen comn y el crimen poltico. Miles de acusados entre militares, policas, polticos, diputados o empresarios. Acusados ao tras ao no slo por Amnista Internacional o Human Rights Watch [2] sino por todos informes anuales de Naciones Unidas (Alto Comisionado para los Derechos Humanos) [3] . Y hace falta mucha militancia criminal para llenar centenares de pginas acusatorias de los informes de Naciones Unidas.

4. En estos das numerosos medios de comunicacin -con el diario espaol El Pas a la cabeza- hablan de los crmenes de la narcoguerrilla, de las complicidades de Chvez y de Correa con los terroristas, jalean la cnica recriminatoria de Uribe ante la Corte Penal Internacional acusando al presidente Chvez de complicidad con el genocidio Genocidio? En sus crnicas desaparecen todos los datos sobre la estructura de horror que preside Colombia desde hace dcadas y en donde la insurgencia es un actor sobrevenido y en ningn caso actor principal de la tragedia.

Hasta ahora, hasta ayer, hasta anteayer. Hasta el asesinato de ayer mismito de Carmen Carvajal o Gildardo Gmez. Sabe -quiere saber- el diario El Pas -y otros voceros- que slo en la ltima semana el paramilitarismo ha asesinado selectivamente a cinco sealados sindicalistas especialmente significados en el ejercicio de la libertad de manifestacin al ser organizadores de la marcha pacfica del da 6? Puede dedicar dos lneas siquiera a personas honradas y relevantes socialmente como lo era la asesinada Carmen Cecilia Carvajal Ramrez docente de la normal superior del municipio de Ocaa-norte de Santander y afiliada a Asinort o el asesinado Gildardo Antonio Gmez Alzate educador y delegado de la Asociacin de Institutores de Antioquia-ADIDA y miembro del Centro de Estudio e Investigaciones Docentes-CEID? Los policas, soldados o diputados apresados pueden merecer miles de lneas de su peridico y los sindicalistas, campesinos o lderes comunales ni una solo? Lo pueden explicar o se explica por s mismo? Merecen alguna lnea? O slo le interesa seguir hablando de las FARC (van para diez das consecutivos de monogrfico).

5. En el ao 2001 -despus de una estancia de investigacin en Colombia- escrib un artculo que comenzaba con los datos del terrorismo de Estado en Colombia. Ah se constataba una casustica perfectamente individualizada que daba miles de asesinados y desaparecidos en todos los ltimos aos [4] .

a) en el ao 2000 se registr un total de 1.803 ejecuciones extrajudiciales y 401 desapariciones por persecucin poltica [5] .

b) en el ao 2000 se estim en 315.000 el nmero de personas desplazadas a causa de la violencia poltica [6] .

c) en el primer semestre de ese ao del 2001 la cifra recoga 880 ejecuciones extrajudiciales y 133 desapariciones, de las cuales 91 eran de cuadros de la principal central sindical [7] .

Cifras que eran semejantes a todas las de aos anteriores.

6. Se culpa a la insurgencia (FARC o ELN) de no querer asumir los pactos de 1990 -por el que se desmovilizaron otros grupos armados como el M-19- y la Constituyente de 1991. La historia demuestra que no haba condiciones objetivas para ello. Las pruebas son las cifras del horror que se dieron justo a continuacin de la misma. De 1990 a 1994 -y a pesar de la muy patentizada buena voluntad de los sectores de la sociedad civil-popular y de la insurgencia desmovilizada- durante los cuatro aos de la administracin Gaviria -slo cuatro aos- fueron registrados, en un primer nivel, 10.830 asesinatos y desapariciones polticas. Consenso y pacto en el que una parte de la sociedad civil pactante persevera a pesar de que la estructura-red de violencia poltica para-estatal posibilita, en esa terica misma coyuntura poltica de renovacin, el asesinato de los tres candidatos presidenciales ms proclives a una nueva composicin poltica de apertura de espacios y construccin de un Estado social y democrtico [8] .

7. Las anteriores cifras son las cifras de un estado de terror continuado y de una guerra nada acorde con los principios del DIH. Cifras demostrativas de cmo Colombia viva una situacin de mucha mayor excepcionalidad y represin que cualquiera de las dictaduras iberoamericanas de las ltimas dcadas. Para una muestra estas son las cifras de las diferentes dictaduras:

- En Brasil, durante quince aos, hubo 125 vctimas documentadas.

- En Uruguay, 16 aos de dictadura, dejaron 220 vctimas muertas o desaparecidas.

- En Bolivia, en un lapso de 17 aos, se contabilizaron 2.021 vctimas.

- En Chile, durante la considerada paradigmtica dictadura de Pinochet, la Comisin Verdad y Reconciliacin recibira 2.666 denuncias por asesinato o desaparicin.

- En Argentina, durante ocho aos, fueron registrados 9.000 casos aproximados, casi todos ellos de desaparicin con resultado de muerte [9] .

8. Est claro que en una guerra la violencia acaba por contaminarlo todo y que en todos los bandos hay prisioneros aleatorios, muertos colaterales, combatientes asesinos y psicpatas vctimas inocentes. Pero ello no quita para hacer una valoracin asimtrica de los conflictos donde no hay que confundir vctimas y verdugos, causas y consecuencias, actores principales y actores sobrevenidos. Y ese es el trabajo estratgico de numerosos medios de comunicacin/intoxicacin.

Colombia es un ejemplo -ad nauseam- donde el actor principal de esta tragedia es la oligarqua nacional y el pivote imperial estadounidense. Cuatro elementos:

a) El actor en la eliminacin secular de todo tipo de disidencia social, poltica o acadmica (gamonalismo y paramilitarismo).

Por qu no cuentan que el terrorista-trabajador de la multinacional Nestl, Ral Reyes, se integro en la insurgencia cuando varios de sus compaeros sindicalistas fueron asesinados por paramilitares?

b) El actor en la estructuracin de un modelo liberal de bipartidismo excluyente (Frente Nacional).

Por qu no cuentan que el terrorista-intelectual Alfonso Cano se integro en la insurgencia cuando todos sus mejores amigos, integrantes del grupo legal Unin Patritica, fueron eliminados en el lapso de 2 aos por el paramilitarismo oficialista.

c) El actor en la facturacin de Colombia como el principal pen estratgico-militar de Estados Unidos en la zona.

Por qu no cuentan que el terrorista-campesino Manuel Marulanda, no se llamaba as sino que se llamaba Pedro Antonio Marn y que cambio el nombre en el momento que un amigo suyo llamado Manuel Marulanda muri en Corea cuando el servil gobierno colombiano haba obligado a miles de jvenes a combatir en la guerra imperial de Estados Unidos?

d) El actor de la estructura histrica de represin natural que ni siquiera quiso/pudo construir, durante dcadas, algo equiparable a un Estado bsico.

Por qu no cuentan que el terrorista-intelectual Jacobo Arenas fund las FARC despus de que comunidades campesinas de mujeres y nios, organizadas en autodefensas (el origen del trmino es slo este), fueran masacradas por unos gobiernos que no las haban sabido proteger ni de la violencia poltica ni de la delincuencia organizada?

Por que no cuentan que miles y miles de los combatientes de la insurgencia son producto histrico de ese sistema poltico-social de terror estructural, ilegtimo, que siquiera era acreedor al concepto Estado? Por qu no concluir que toda la sociedad colombiana es vctima de una estructura administrativa de dominio que no merece el calificativo de Estado?

Dnde estn los delincuentes? Quines son los terroristas? Cmo puede hablar de genocidio Uribe? Cmo puede siquiera mencionar a la Corte Penal intencional cuando es el Estado-ejemplo de cmo eludir su jurisdiccin al firmar con Estados Unidos numerosos protocolos de impunidad para sus funcionarios, en un reconocimiento explcito de que estos funcionarios pueden ser procesados como criminales de guerra y genocidas? (art. 98, Estatuto de Roma).

9. Esto es el presente. Hay que mirar al futuro. Y el futuro va a ser tan duro y tan inmisericorde como la ltima accin de guerra de Uribe y toda la historia estructural de crimen de Estado en Colombia. Y el futuro lo marca una situacin evidente de dialctica con Estados Unidos y de coyuntura crtica con su pen-Estado Colombia. En estas dos ltimas semanas el tandem oligrquico USA-Colombia -con la cooperacin esencial de todo el aparato tctico del Sistema- ha progresado sustancialmente en cuatro objetivos:

a) Dificultar la liberacin de Ingrid Betancourt, figura poltica de futuro nada funcional para la oligarqua colombiana.

b) Eliminar vas para la salida poltica al conflicto (ejecucin del ms inteligente valedor de una salida poltica negociada al conflicto).

c) Criminalizar ante la Opinin Pblica internacional a Venezuela y Ecuador como cmplices del terrorismo internacional.

d) Extender esa sensacin respecto de mltiples partidos y colectivos polticos y sociales empticos con el proceso de cambio bolivariano.

10. Todos los aspectos anteriores deben conducir a una estrategia con un objetivo central que S asumimos de verdad, desde nuestra posicin bolivariana: el proceso de paz. La estrategia de firmeza debe igualar cuando menos las del enemigo ms all de cnicos simulacros diplomticos.

Para ello los Estados iberoamericanos que militen en una cultura de la paz esencial -y principalmente Ecuador y Venezuela- deberan elaborar una rigurosa estrategia. Seis simples aspectos son inaplazables:

a) Apoyar y fortalecer al tejido civil-popular colombiano como mximo garante del fin de las hostilidades y de la apertura de un gran proceso poltico-social en Colombia, fuera del escenario de una estructura de violencia.

b) Apoyar a las facciones polticas colombianas que luchan por un verdadero Estado democrtico y por amplios espacios de libertad.

c) No establecer ningn tipo de relacin econmica o comercial que pueda beneficiar a un Estado agresor. Generar medidas diplomticas coherentes con una situacin de real guerra-fra.

d) Los Estados de frontera. Deben dejar de ser un santuario impune para los numerosos grupos y mafias paramilitares. Toda accin paramilitar, o de complicidad con la misma, debe ser cortada de raz. Para ello los Estados de Venezuela y Ecuador deben articular un dispositivo de seguridad policial y militar total.

e) El territorio de frontera. Debe de ser controlado hasta en el ms mnimo de los movimientos. No puede ser econmica o socialmente til para los enemigos -enemigos de la paz- para lo que se hace imprescindible la articulacin de una estrategia de seguridad econmica y social. En la que deben estar habilitados y comprometidos no slo funcionarios de lite de los respectivos Estados sino tambin amplios espacios de la sociedad civil-popular. Generando medidas arancelarias y fiscales en coherencia con dicho planteamiento.

f) Generar una subestructura militar hbil y en correspondencia con la orografa y las circunstancias socio-polticas.

Seores Presidentes y queridos camaradas: cualquier concesin, a partir de ahora, pone en riesgo no slo la paz en Colombia sino la pura y simple superviviencia del movimiento civil-popular en Ecuador o Venezuela. As de grave y de serio.

Pdt.: nunca se me habra ocurrido dar un consejo comercial a una multinacional. Voy a hacer una excepcin al hilo de la exposicin del inefable polica Naranjo: no pierdan la oportunidad de publicitar que el verstil e inmortal computador de Ral Reyes era de su marca. No habr nunca mejor campaa publicitaria.



[1] . Ver el discurso de Rafael Correa en la Cumbre del Grupo de Ro (Marzo, 7-9 2008). El propio Presidente da datos sobre campamentos desmantelados y miembros de las FARC detenidos.

[2] . Es espacialmente significativo el monogrfico de Human Rights Watch titulado The Sixth Division. Military-paramilitary ties and U.S. policy in Colombia, New York, 2001.

[3] . Vid. todos los informes anuales del Alto Comisionado de DDHH para Colombia.

[4] . Artculo titulado Violencia, Derechos Humanos y Democracia en Colombia: la precaria o imposible justificacin del Estado constitucional, El vuelo de Icaro. Revista de Derechos humanos, crtica poltica y anlisis de la economa, Liga Espaola de Derecho Humanos, Madrid, 2002, pp. 249-313.

[5] . Vid. Banco de datos. Grficos y estadsticas generales del ao 2000, Noche y Niebla. Panorama de Derechos humanos y violencia poltica en Colombia, n 18, CINEP & Justicia y Paz, Bogot, 2000, pp. 29-59 (sin contar los departamentos de Amazonas, Boyac, Guana, Guaviare, Vaups y Vichada, de los que se dice no tener informacin solvente).

[6] . El monitoreo de lo ltimos 15 aos arrojara una cifra de 2.160.000 desplazados, superior a la de la gran mayora de conflictos blicos, cfr., L. ROMERO (comp.), El desplazamiento forzado en Colombia, C.P.DD.HH, C.A.J.A.R., Bogot, 2001.

[7] . Vid. Cifras de la violencia poltica. Enero-Junio de 2001, Noche y Niebla. Panorama de Derechos humanos y violencia poltica en Colombia, n 20, CINEP & Justicia y Paz, Bogot, 2001, pp. 25-34. Evidentemente los datos excluyen el tipo de hechos acaecidos en combate.

[8] . En marzo de 1990 sera asesinado Bernardo Jaramillo, candidato presidencial de la Unin Patritica; al mes siguiente fue eliminado Carlos Pizarro, candidato del desmovilizado M-19; y pocos meses antes lo haba sido el candidato del Partido Liberal, Luis Carlos Galn, que simbolizaba la efectiva bsqueda de consenso y apertura de espacios, desde el mbito ms institucional.

[9] . Cifras referenciadas en Proceso a la impunidad de crmenes de lesa humanidad en Amrica Latina 1989-1991, bajo la coordinacin del Tribunal Permanente de los Pueblos (Bogot, 1991).



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