El pasado jueves 13 de marzo fue una jornada significativa para el proceso de cambios revolucionarios que experimenta Bolivia bajo el gobierno de Evo Morales, el Presidente Indígena. La abogada aymara Amalia Morales Rondo, quien desempeña funciones en el sistema judicial desde hace 12 años, fue ascendida por el régimen al posesionarse como Jueza de Instrucción en lo Penal para la provincia de Yungas, constituyéndose en la primera magistrada “chola” (mujer mestiza de pollera) que registra la historia del país. Posteriormente, el nuevo Ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, posesionó a un profesional indígena ligado a la milicia de los Ponchos Rojos —el auditor financiero Marvel Vargas Ortiz— como el nuevo gerente general de la Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol), hecho también muy significativo ya que incorpora en el aparato administrativo del Estado boliviano, de manera real, a la facción aymara más radical y consecuente que respalda al presidente Morales.

Sobre la primera posesión, la prensa reaccionó tal cual habitualmente lo hace en estos casos, mostrando a la jueza aymara como “otra pintoresca anécdota” de incorporaciones indígenas en la administración pública de Bolivia. Respecto a la entrega de Ecobol a manos de los Ponchos Rojos, los medios de comunicación privados alzaron grito al cielo criticando que el juramento del posesionado no fue ante la Biblia sino ante los mismísimos Ponchos Rojos, hecho calificado por algún periodista como “herejía”. Pero lo realmente insólito fue que los medios informativos del Gobierno, como ABI y Canal 7, minimizaron y prácticamente ocultaron la presencia de los milicianos indígenas en la posesión del nuevo gerente de Ecobol, incurriendo en una inadmisible desinformación.

 

La crónica oficial de la posesión difundida por ABI se limitó, muy escuetamente, a reflejar un fragmento del discurso del ministro Óscar Coca y a un resumen del currículum del nuevo gerente de Ecobol, omitiendo deliberadamente detalles del acto central que consistió en el compromiso de los Ponchos Rojos para fiscalizar rigurosamente la gestión institucional que asume esta milicia indígena no armada. La labor de las autoridades informativas del Gobierno en este caso, devela la inconsistencia del aparato comunicacional estatal que incurre en actos de desinformación y manipulación al mismo estilo de regímenes pasados.

Los Ponchos Rojos arrastran una especie de “estigma” por un acto televisado el pasado 22 de noviembre, que consistía en ahorcar públicamente a indefensos perros como un modo simbólico de advertir al fascismo separatista que si los líderes de la “media luna” quieren derribar a Evo Morales por la fuerza, ahí estarán estas milicias aymaras oponiendo, a la violencia fascista, la violencia de una vanguardia indígena. Sin duda fue un error aquel acto canicida; causó estupor y justo repudio entre una mayoritaria opinión pública boliviana que clama por la pacificación del país. Pero es también de suponer que los Ponchos Rojos, revolucionarios como son, han sabido asumir autocríticamente aquel error y no hay indicio alguno de que se volverá a incurrir en tal exceso. Sin embargo, los encargados de la información oficial ejercen una censura contra este grupo, del mismo modo en que lo hacen los enemigos separatistas. El antecedente de los canes no es motivo valedero para omitir de las crónicas oficiales el hecho de que los Ponchos Rojos, al asumir control de la Empresa de Correos, asumen el reto de la Transparencia en esta gestión indígena. Minimizarlo desde los medios de comunicación del Gobierno, además de suponer escaso rigor periodístico en el tratamiento del tema, resulta un acto de prejuicio racista que es insólito se produzca dentro el propio Gobierno de Evo Morales. Algo está fallando en la Vocería Presidencial.

   

Ese acto emblemático minimizado desde los propios medios gubernamentales, tiene un significado estratégico y trascendental para el proceso que se vive en Bolivia. Es primera vez que un grupo indígena organizado toma control directo de una repartición estatal en un ámbito administrativo enteramente institucional, de alcance nacional, con el explícito objetivo de imponer una gestión transparente. La Empresa de Correos de Bolivia es una de las entidades más corrompidas de la administración pública. Fue durante décadas un “botín de pegas” del gonismo y el banzerismo, al extremo de que esta empresa fue utilizada para el tráfico de drogas por narcotraficantes que militaban en el MNR, MIR y ADN, perdiendo eficiencia en su servicio y permitiendo que el mercado postal sea controlado por empresas privadas de “courrier”.

El ministro Coca anunció que Ecobol, bajo la nueva gestión controlada por los Ponchos Rojos, debe desplazar del mercado postal a las empresas privadas de “courrier” y brindar un servicio eficiente, moderno y accesible a la mayoría de la población boliviana, especialmente en las provincias y ciudades intermedias del país.

Aquel objetivo sólo puede ser alcanzado mediante una política radical de transparencia, donde la ética indígena que encarnan los Ponchos Rojos debe articulase con una institucionalidad que garantice racionalidad y eficiencia administrativa. Este modelo inédito en la gestión pública debe ser asumido por el Gobierno como un Proyecto Piloto de Transparencia Indígena con la eventualidad, en caso de ser exitoso, de replicarse en otras áreas estatales. Para ello, deberán los Ponchos Rojos contemplar las siguientes políticas de gestión institucional transparente:

1.- Apoyar a la Contraloría General de la República en su labor fiscalizadora, respetando la independencia de aquel organismo técnico en sus específicas competencias constitucionales.

2.- Involucrar a la Superintendencia del Servicio Civil para institucionalizar cargos y eliminar los índices de nepotismo, dentro una política de recursos humanos basada en los méritos profesionales y laborales, y no sólo en la militancia partidaria.

3.- Impulsar mecanismos de Autofiscalización en la Empresa de Correos de Bolivia, creando una Unidad de Transparencia y Fortalecimiento Institucional bajo los principios indígenas de honestidad, respeto a las personas y ética de trabajo.

Con la aplicación de aquel programa mínimo de Transparencia, la presencia indígena en el aparato estatal, en este caso a través de los Ponchos Rojos, habrá producido una de las señales más importantes que espera la sociedad civil del régimen que preside Evo Morales.

Con la aplicación de aquel programa mínimo de Transparencia, la presencia indígena en el aparato estatal, en este caso a través de los Ponchos Rojos, habrá producido una de las señales más importantes que espera la sociedad civil del régimen que preside Evo Morales.

Aunque fue insólitamente minimizada por los propios medios oficiales de información, la decisión de los Ponchos Rojos de administrar la Empresa Boliviana de Correros con una propuesta explícita de transparencia indígena en la gestión, ha generado una expectativa que guarda íntima relación con el futuro del proceso libertario que vive Bolivia. Si bajo este control indígena Ecobol desplaza del mercado postal a las empresas privadas de “courrier’s” y elimina la corrupción que se hereda en esta empresa pública desde los pasados regímenes neoliberales, los Ponchos Rojos se habrán reivindicado de aquella imagen canicida que espantó al país en noviembre del 2007.

…………………………

[email protected]