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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 18-03-2008

La Colombia de Uribe est desestabilizando a Amrica Latina

James J. Brittain y R. James Sacouman
CEPRID


Un par de semanas despus de que los estados ecuatoriano y venezolano llamaron a que el gobierno colombiano respetara la necesidad de paz y negociacin con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejrcito del Pueblo (FARC-EP), la administracin de lvaro Uribe Vlez (2002-2010) apoy un asalto armado extensivo por tierra y aire contra el movimiento insurgente - no dentro de las fronteras de Colombia sino en el territorio soberano del suelo ecuatoriano.

El 1 Marzo, 2008 el estado colombiano, bajo el mandato de Uribe y el vice-presidente Francisco Santos Caldern (y su primo el ministro de defensa Juan Manuel Santos), ejecutaron ilegalmente una campaa dentro de Ecuador, que result en las muertes de Ral Reyes, Julian Conrado, y quince otros combatientes asociados con las FARC-EP. Tales acciones son una muestra clara de la negacin abierta del estado colombiano (apoyado por EEUU) de los cdigos internacionales de conducta, ley, y justicia social.

Las acciones del Sbado 1 Marzo tuvieron lugar das antes de una gran demostracin internacional programada para el 6 de Marzo, 2008. Promovida por el Movimiento Nacional de Vctimas de Crmenes de Estado (MOVICE), la Confederacin Sindical Internacional (CSI), y numerosas organizaciones sociales de justicia, el 6 de Marzo ha sido postulado como un da internacional de protesta contra las torturas, asesinatos y desapariciones perpetrados por el estado colombiano, sus aliados dentro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las guilas Negras recientemente reformadas. Recientemente, el consejero poltico principal del presidente Uribe, Jos Obdulio Gaviria, proclam que la protesta y los protestantes deberan ser criminalizados. Adems, los paramilitares en el suroeste del departamento del Nario (no lejos de donde las incursiones ilegales se llevaron a cabo en Ecuador), han amenazado con atacar cualquier organizacin o persona asociada con las actividades programadas para el Jueves.

La administracin de Uribe y Santos est utilizando el asesinato del comandante Ral Reyes y otros como mtodo para disuadir activistas y gentes socialmente concientes dentro y fuera de Colombia de participar en los eventos del 6 de Marzo. Muchos medios de comunicacin controlados por o conectados con el estado, como El Tiempo (que tiene nexos antiguos con la familia Santos), han estado exhibiendo las fotografas del cuerpo abaleado y mutilado de Ral Reyes por todos los medios de comunicaciones del pas. Tal propaganda es claramente una herramienta para intimidar sicolgicamente a los que se preparan para hacer demostraciones en contra de las atrocidades perpetradas por el estado a lo largo de los ltimos siete aos.

Durante los dos meses pasados, varios investigadores, estudiosos y abogados han apoyado el llamado a declarar a las FARC-EP una fuerza legtima luchando en contra del estado corrupto colombiano. En Enero de 2008, la ministra de relaciones extranjeras de Ecuador, Maria Isabel Salvador argument que las FARC-EP no deberan ser caracterizadas como una organizacin terrorista. El presidente venezolano Hugo Chvez tambin anunci que las FARC-EP, lejos de ser una fuerza terrorista, son un ejrcito real, que ocupa territorio colombiano y comparte la visin bolivariana de una nueva Amrica Latina. El diputado mexicano Ricardo Cantu Garza tambin ha promovido el reconocimiento de las FARC-EP como una fuerza beligerante luchando legtimamente contra un sistema sociopoltico corrupto y desigual. Como el prominente abogado estadounidense Paul Wolf ha argumentado,

las FARC-EP son un ejrcito beligerante de liberacin nacional, como lo evidencia su campaa y soberana militar sostenida a lo largo de gran parte del territorio colombiano, y su conduccin de hostilidades por medio de tropas organizadas mantenidas bajo disciplina militar y en cumplimiento de las leyes y costumbres de la guerra, al menos en la misma medida en que ocurre en otras partes del conflicto. Los miembros de las FARC-EP tienen por tanto los derechos de beligerantes bajo la ley internacional... no hay reglas de ley internacional que prohban la revolucin, y, si ocurre una revolucin exitosa, no hay nada en la ley internacional que prohba el resultado, aunque haya sido obtenido por la fuerza.

De Copenhague a Caracas, muchos oficiales estatales han denunciado la descripcin de las FARC-EP como una organizacin terrorista. Los oficiales y las administraciones progresistas en Mxico, Ecuador y Venezuela ms bien han optado por el estatus de beligerancia o de fuerzas irregulares para describir con mayor precisin el punto de vista domstico y geo-poltico de las FARC-EP. En vista de esta evidencia y de la promocin consistente de las FARC-EP por un intercambio humanitario de prisioneros y negociaciones de paz con el estado en una zona desmilitarizada en el suroeste de Colombia, es inquietante que la administracin de Uribe y Santos se haya alejado an ms de apoyar una finalizacin a la guerra civil dentro de Colombia, al optar por la violencia sistmica.

A lo largo de los ltimos aos, diferentes aspectos de las actividades reales sociales, polticas y culturales de las FARC-EP por un cambio social progresivo han sido censurados o marginalizados por la prensa privada o por gobiernos que apoyan el estado colombiano. Sin embargo, tras investigar a las FARC-EP y al pas colombiano por aos, Garry Leech argument que "mientras que son pocas las dudas que hay acerca del alcance global de organizaciones terroristas tales como al-Qaeda, no hay evidencia de que las FARC sean nada ms que uno de los actores armados en el largo y trgico conflicto domstico colombiano".

En realidad, las FARC-EP son actores dentro de los confines estratgicos de la sociedad colombiana que esgrimen sus directivos hacia el cambio social domstico. A la luz de estas realidades, cmo puede esta insurgencia ser una amenaza terrorista para estados-nacin externos? Coletta A. Youngers responde a esta pregunta al describir la manera en que

... el gobierno de EEUU ve ahora a la regin latinoamericana casi exclusivamente a travs del lente antiterrorista, aunque la regin no representa ninguna amenaza de seguridad nacional para EEUU... es poca la evidencia que se ha presentado para sustanciar estas afirmaciones, y cualquiera que sea la actividad que est ocurriendo all, parece ser mnima.

Mientras que Youngers no trivializa sus tcticas revolucionarias, ella argumenta claramente que las FARC-EP no pueden enmarcarse correctamente dentro del concepto y la retrica del terrorismo global. Youngers argumenta que la insurgencia no es una amenaza poltica directa para administraciones dentro de los EEUU, Canad, la Unin Europea y otros estados-nacin extranjeros en el hecho de que las actividades de las FARC-EP "estn dirigidas hacia adentro, no hacia afuera", y por lo tanto, "aplicar el concepto de terrorismo a estos grupos les niega sus proyectos polticos".

Caracterizar a las FARC-EP como una organizacin terrorista extranjera altera dramticamente la dinmica del proceso de paz a favor de un estado asesino. Estipular que las FARC-EP son terroristas dificulta las negociaciones de paz legal entre las FARC-EP y cualquier gobierno que se suscriba a esa categorizacin. Promover a las FARC-EP (y sus seguidores) como terroristas "los pone en la lista de blancos a ser asaltados por la mquina militar de EEUU" y "de esta manera los expone a una guerra total", de acuerdo con James Petras y Henry Veltmeyer. La terminologa del terrorismo es perfecta para la ideologa y el expansionismo imperialistas. Es una referencia muy vaga que "permite un mximo de intervencin en todas las regiones en contra de cualquier oposicin" y "cualquier grupo involucrado en oposicin al militarismo, al imperialismo (tambin llamado "globalizacin") o a regmenes locales autoritarios puede etiquetarse como "terrorista" y atacado", legitimando as la invasin o el ataque externos.

La condena interna y externa del estado colombiano ha cado en los odos sordos de la administracin de Uribe y Santos. Tras aos de aumento en las violaciones a los derechos humanos civiles, la supresin continua del sindicalismo, asesinatos de activistas y polticos de centro-izquierda, y una realidad poltica que ha sido testiga de 75 gobernadores, alcaldes y congresistas acusados o condenados por tener nexos directos con los paramilitares - incluyendo al vice-presidente Francisco Santos Caldern y su primo el ministro de defensa Juan Manuel Santos, y al hermano del presidente Uribe, Santiago y su primo el senador Mario Uribe - ahora el estado colombiano ha considerado necesaria la incursin ilegal en aquellas naciones que se desvan de su modelo ideolgico de centralizacin poltica y econmica. La administracin del presidente Uribe no solo ha criticado a sus vecinos sino que despus de las acciones realizadas el 1 de Marzo, 2008 es claro que el estado colombiano, con el respaldo de los EEUU, impondr sus propios propsitos y valores, a travs de la fuerza, sin consideracin por los derechos y privilegios democrticos de la ley y del procedimiento electorales convencionales.

Mientras que los estados vecinos de Ecuador y Venezuela luchan por la paz y tratan de ayudar a la gente de Colombia en la bsqueda de un fin a la guerra civil, la administracin de Uribe y Santos ha pasado por alto realidades judiciales para imponer sus propios objetivos. Los analistas prudentes de la situacin colombiana continan debatiendo sobre si el estado colombiano es pre-fascista o realmente fascista. Con certeza no es ni humanitario ni realmente democrtico. El estado colombiano actual debe ser transformado, ms pronto que tarde. Quienes pelean por la paz deben condenar la accin de ste gobierno. En solidaridad, debemos protestar las polticas del estado colombiano y elevar nuestras voces en apoyo a una Nueva Colombia que represente la Paz y la Justicia Social.

James J. Brittain (Profesor Asistente) y Jim Sacouman (Profesor) son socilogos canadienses en la Universidad de Acadia en Nueva Escocia que han estado investigando la guerra civil y economa poltica colombianas a lo largo de la ltima dcada.

Traduccion por Oscar Suescun



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