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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 22-03-2008

Agresin contra Venezuela

Luis Britto Garca
Koeyu


No hay Revolucin que no haya sido agredida. La Inglesa, la Francesa, la Mexicana, la Repblica Espaola fueron asaltadas por conjuras internas y externas.

No hay agresin que no intensifique el mpetu revolucionario. Soviticos, chinos y cubano se templaron en el yunque de la agresin nacional e internacional.

No hay productor de hidrocarburos que no est amenazado. Por petroleros y revolucionarios tenemos todos los billetes de la rifa de la agresin.

La XX Cumbre del Grupo de Ro culmina con una distensin y una omisin: tras invadir un pas hermano y asesinar decenas de latinoamericanos, el gobierno de Colombia no afronta otra consecuencia que rechazos verbales.

La conducta que es recompensada tiende a repetirse: el homicidio selectivo y la invasin armada sern reiteradas como tcticas que slo pueden reportar ventajas para el agresor.

Venezuela es objetivo de un coordinado plan de agresin externa e interna, directa e indirecta, armada y diplomtica, econmica y social para saquear su energa fsil y desmantelar la integracin regional.

La antesala del asalto imperial es la agresin meditica. El robo de la mitad del territorio mexicano, el bloqueo contra Venezuela en 1902, el zarpazo contra Guatemala y Panam fueron promovidos por acosos comunicacionales.

Las cinco transnacionales que dominan la comunicacin mundial representan obsesivamente al gobierno venezolano como ilegtimo, totalitario, agresor, violador de Derechos Humanos, y vetan toda informacin o comentario que las desmienta.

El centenar de diarios, las sesenta televisoras, el medio millar de radios del sector privado del pas en su casi totalidad reciclan estas falsedades contra el gobierno electo.

Las cincuenta televisoras por suscripcin que cubren 21,34% de los hogares del pas son operadas por poderosas transnacionales y CONATEL ilegalmente les permite actuar fuera de la ley.

Nuestras plataformas informticas todava dependen en gran parte de software monoplico que puede ser hackeado, interferido, espiado o paralizado por Estados Unidos, como lo fue el de PDVSA a travs de la firma Intesa.

Ante la negativa de Chvez de permitir sobrevuelos de naves militares e instalacin de radares por Estados Unidos, ste monta bases en Curazao y Bonaire y desembarca armas y efectivos en la vecina Colombia.

Antes de atacar hay que impedir que la vctima tenga con qu defenderse. Estados Unidos vet a todos los pases, incluso Espaa, que nos vendan repuestos militares con componentes de tecnologa estadounidense.

Objetivo del armamentismo es forzar al adversario a desangrar su economa en una carrera armamentista. La inundacin de asesores, mercenarios y pertrechos que derrama Estados Unidos en Colombia fuerza a los vecinos a gastos defensivos equiparables.

Complemento del bloqueo sobre adquisicin de armas es la confiscacin de bienes. La transnacional Exxon embarg activos de PDVSA en el exterior, y el retraso en alegar nuestra inmunidad de jurisdiccin alienta una granizada de demandas temerarias para apoderarse de nuestras exportaciones.

Me comunic Al Rodrguez que en 2002 las aseguradoras del Lloyd bloquearon nuestros muelles declarndolos inseguros e invalidando las plzas otorgadas a naves que recalaran en ellos. Una conjura semejante podra hacer inaccesibles nuestros puertos y aeropuertos, o prohibirnos los extranjeros.

Objetivo de todo bloqueo es desarticular la resistencia social mediante la escasez. En el cierre patronal de 2002 y 2003, antes del referendo de 2007 y tambin hoy funcionan operativos de acaparamiento, contrabando de extraccin y desviacin de alimentos subsidiados hacia el mercado negro informal.

El ataque del criminal comienza criminalizando a la vctima. El vicepresidente de Colombia amenaza secuestrar al alcalde de Maracaibo atribuyndole sin pruebas colaboracin con las FARC. Sin pruebas amenaza el presidente de la Colombia paramilitar al presidente de Venezuela con encausarlo ante la Corte Penal Internacional por colaborar con el terrorismo. Sin asomo de demostracin el pas mayor consumidor de drogas del mundo acusa a Venezuela de traficante.

Los Derechos Humanos son el arma jurdica predilecta de la potencia que ms los viola. Como el artculo 26 de la Constitucin acuerda a los tratados internacionales sobre derechos humanos jerarqua constitucional y preeminencia en el orden interno, un juez extranjero o nacional podra intentar deponer al Presidente de Venezuela por supuesta infraccin de ellos.

A tal efecto la oposicin derrama ante la Comisin de Derechos Humanos de la OEA y dems instancias internacionales un diluvio de denuncias fraguadas sobre supuestas violaciones de aquellos.

Objetivo estratgico de primera lnea es la desmembracin territorial de la vctima: el gobernador del Zulia avanza un plan autonomista de rumbo propio paralelo al de Santa Cruz en Bolivia y al de Guayaquil en Ecuador.

Segn James Petras, el ejrcito colombiano habra aumentado hasta 200.000 efectivos, mas 30.000 policas, sin contar con las decenas de miles de paramilitares que operan en forma encubierta. Segn artculo de Miguel Surez en Argenpress, para 2004 el ejrcito de la oligarqua colombiana contaba con 450.000 hombres; para 2008 excedera del medio milln, y el gasto en seguridad ascendera a 22.200 millones de dlares.

Tales cifras no slo implican una extrema desestabilizacin social, financiera y poltica de Colombia, sino la dedicacin preponderante de todo un pas a un empeo blico que acarrea un abrupto desequilibrio estratgico para la regin

Los paramilitares y el ejrcito colombiano desalojan centenares de miles de campesinos de sus tierras para transferrselas a la oligarqua y arrojan hacia Venezuela una oleada de desplazados que se suman a millones de exiliados econmicos.

Tras los desplazados penetran paramilitares que instalan alcabalas, cobran vacunas, suplantan al hampa criolla, tejen una red de corrupcin social y legitimacin de capitales con los casinos, ejercen el sicariato en la capital y constituyen la perfecta Quinta Columna de apoyo de una invasin.

Gracias al rgimen de doble nacionalidad permitido en el artculo 34 de la Constitucin, ocupan puestos claves para la soberana de Venezuela personas con la nacionalidad de los Estados agresores, hacia los cuales siguen ligadas por indisolubles deberes de fidelidad, obediencia, lealtad y servicio militar.

A cada agresin debe responder Venezuela en lo administrativo, lo judicial, lo diplomtico, lo estratgico, con medidas eficaces, contundentes, urgentes.

PD: El texto completo de la demanda para recuperar la soberana de jurisdiccin contra la Exxon y dems transnacionales est en http: www.alemarx.org ; donde pueden adherir quienes estn de acuerdo con ella.

http://luisbrittogarcia.blogspot.com


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