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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 25-03-2008

La nueva Constitucin poltica del estado y los estatutos autonmicos en Bolivia

Mauricio Ochoa Urioste
Rebelin

(Reproduccin de la disertacin realizada en el Centro Cultural Floreal Gorini de la ciudad de Buenos Aires - Argentina, el da lunes 11 de febrero de 2008).


Disertar sobre la nueva Constitucin boliviana aprobada por la Asamblea Constituyente y el Estatuto Autonmico de la Asamblea Provisional Autonmica de Santa Cruz, dos proyectos normativos significativos en el siglo XXI, requiere la comprensin de los pasajes histricos, polticos y sociales recientes. Esta cuestin, que bien podra ser considerada una verdad de perogrullo, resulta adems imprescindible para abordar el presente tema, si se considera una realidad hasta ahora inobjetada: la colonizacin jurdica en Bolivia y en Amrica Latina proveniente, precisamente, de Europa. Como deca Abelardo Ramos, en el siglo XIX ciertas clases nativas se formaron culturalmente en la veneracin de las instituciones europeas, sus modas, sus libros, sus ideas y Constituciones, sus vinos y trajes, mujeres y vicios.

Algunos ejemplos notables de la ropavejera jurdica boliviana son el Cdigo Civil y el Cdigo Penal. Inspirado por el Codice Civile Italiano de 1942, el principal libro de consulta en la materia es el Cdigo Civil, concordado, comentado y anotado de Carlos Morales Guilln, quien compil con poca fortuna la doctrina cientfica de los hermanos franceses Henry y Leon Mazeaud, Francesco Messineo, entre otros, en una parodia jurdica que lejos de reflejar las fuentes formales del derecho slo alimenta la imaginacin de un mundo irreal de citas italianas, francesas, alemanas y latinas, todava incomprendidas por los propios jueces y los litigantes, quines con frecuencia los utilizan para adornar sus escritos con exergos. Por ms notable que sea el hecho que un derecho de estas caractersticas responde a una situacin social, poltica, cultural y econmica diversa a la vida republicana de Bolivia, al decir de Morales Guilln, Francesco Messineo sera algo as como el Summus Pontifex Electus del derecho civil boliviano.

La reforma del Cdigo Penal y del Cdigo de Procedimiento Penal boliviano tampoco escaparon de esta realidad europesta. El resultado final fue el mismo de siempre: las comisiones parlamentarias, y en definitiva los plenarios camarales, terminaron por adoptar modelos traducidos, o mejor dicho, mal traducidos, pues el lenguaje y ms propiamente, la ley como fuente formal por antonomasia - es esencial en la tradicin del derecho germano romnico.

Tales realidades no son casuales. Hubieron en nuestra Amrica Latina, muchos Sarmientos y Vsquez Semprtegui, quines escribieron maniquesmos de civilizaciones y barbaries e inseminaciones artificiales. Aunque, obviamente, un aspecto que en lo jurdico ayud sobremanera a profundizar esta colonizacin jurdica en Bolivia fue la Real Audiencia de Charcas. En Charcas, los juristas estudiaron las Leyes de Indias, o lo que en la jerga jurdica se conoce como derecho indiano, y subsidiariamente, el derecho de la Corona Espaola. La influencia de la jurisdiccin de Charcas en el territorio americano, y el perodo republicano, ayudan a comprender mejor porqu en Bolivia sea todava usual leer a Morales Guilln y citar en los escritos de los abogados, a Henry y Len Mazeaud, y Francesco Messineo.

Esta situacin poda ser medianamente revertida, si al menos la doctrina cientfica se hubiera encargado de estudiar la jurisprudencia nacional. Nada de eso ocurre. Los manuales de derecho boliviano, son en un 98% o ms, malas copias del derecho europeo. Tratados de derecho boliviano, no existen desde 1825. La jurisprudencia nacional todava no ha nacido a la vida pblica, pues no existen ni siquiera diccionarios jurisprudenciales sumarios, bsicos o actualizados.

Una segunda carencia acadmica, es la falta de obras e investigaciones relacionadas con la historia del derecho boliviano. Las ctedras de las facultades de derecho no incorporaron hasta ahora el estudio de las instituciones jurdicas en el tiempo de vida precolombina, colonial y republicana; problema que a mi juicio, de ser resuelto, ayudara a comprender mejor el estado actual de la ciencia jurdica en el pas.

Mucho ha contribuido a este problema la situacin econmica y la mala gestin en el sistema universitario boliviano, sin duda. Los profesores universitarios en Bolivia, amn de ser mal remunerados a travs de contratos civiles, sin derecho a la seguridad social y otros beneficios propios del rgimen laboral, desempean un autntico travail au noire respecto a los insuficientes recursos para investigar, lo que en definitiva significa que dejen a un segundo plano la actividad docente.

Las Bibliotecas, salvo la honrosa excepcin del Archivo Nacional, y contadas bibliotecas especializadas, no son rincones dnde se pueda investigar, y su nmero de volmenes es extremadamente reducido y desactualizado. Las universidades tanto las pblicas como las privadas - no publican casi nada que sea digno de ser ledo: abundan en su pauprrima literatura, las revistas de pginas sociales y artculos mal escritos; mientras la comercializacin de la educacin privilegia la creacin de campus deportivos, y no as de bibliotecas. Los esfuerzos editoriales destacados son por lo general sectarios, destinados a un reducido grupo de tertulianos, o amantes del arte o de la ciencia.

No existe tampoco una ley de universidades que regule aspectos institucionales, investigativos o formativos. La autonoma universitaria ha creado cofradas, logias y hasta mafias de docentes y de personal administrativo, y pese al incremento de sus recursos a partir del Impuesto Complementario de los Hidrocarburos, la situacin no se revertir mientras el Parlamento no sancione una Ley Orgnica de Universidades, y se comprenda la importancia de la educacin superior para el desarrollo nacional.

Luego volver a tratar este tema. Por el momento, ser preciso conocer el sentido real del cambio social en Bolivia, y las aspiraciones de su sociedad, resumidas en la idea de acabar con los efectos ms adversos de la globalizacin econmica, y para decirlo en trminos corrientes, acabar con el hambre y las inequidades.

LA CAIDA DE SNCHEZ DE LOZADA Y LOS ADALIDES DEL NEOLIBERALISMO ORTODOXO

La ira popular desatada en Bolivia durante los ltimos aos, fue en gran medida resultado del cinismo de Gonzalo Snchez de Lozada. Gonzalo Snchez de Lozada, inicialmente parlamentario del MNR - gracias a su fortuna acumulada por el saqueo y la evasin tributaria de la mina de Porco, la mina Bolvar y el oro del norte paceo - luego Ministro de Planeamiento y Coordinacin, era poco conocido en la poblacin boliviana hasta el ao 1989, cuando fue por primera vez candidato a la presidencia de la repblica. A falta de un proyecto nacionalista y revolucionario, apel siempre al sentimiento popular y las promesas de trabajo y bonos para ganarse distrados adeptos. Su estrategia fue mostrarse bonachn - una reencarnacin criolla de Papa Noel con tonalidad anglfona - sarcstico a la hora de debatir con sus adversarios, prspero empresario e impulsor de la tatcheriana Nueva Poltica Econmica al lado de Vctor Paz Estenssoro.

En la campaa electoral de 1993, Snchez de Lozada prometi a la poblacin boliviana 500 mil empleos, un crecimiento acelerado del Producto Interno Bruto como resultado del proceso de capitalizacin, y una participacin del capital extranjero con el lmite del 49% de las acciones de las empresas estatales, bajo el razonamiento de ser sta la nica forma de preservar la propiedad del Estado sobre sus empresas.

Sin embargo, una vez electo presidente, Snchez de Lozada sepult la Corporacin Minera de Bolivia con la consiguiente acumulacin del desempleo y marginacin social, dispuso arbitraria e inconstitucionalmente la enajenacin de las empresas estratgicas estatales a partir de la promulgacin de la Ley de Capitalizacin.

La realidad indica que la capitalizacin no fue una real inversin extranjera a partir de la transferencia parcial de acciones a manos privadas; sino el simple traspaso a ttulo gratuito de las mismas, lo que se ve reflejado en la disminucin de los ingresos pblicos provenientes de su actividad econmica, y la falta de control estatal sobre YPFB, ENTEL, LAB, ENFE y ENDE.

En este complejo proceso, se articul una red mafiosa internacional, compuesta principalmente por Gonzalo Snchez de Lozada, Alfonso Revollo Thenier, Hugo Banzer Surez, Jorge Quiroga Ramrez y las trasnacionales Enron, Allied Delas, VASP, Bechtel Corporation, y ms actualmente Marc Rich, considerado el evasor de impuestos ms grande de la historia de Estados Unidos.

El 4 de agosto de 1997, Snchez de Lozada dict el monstruoso Decreto Supremo 24806, que aprueba en un solo artculo el modelo de contrato de riesgo compartido entre el Estado y las empresas petroleras, sin prever que esta atribucin es exclusivamente legislativa, toda vez que el Parlamento debe autorizar y luego aprobar los contratos relativos a la explotacin de hidrocarburos, de conformidad al artculo 59, numeral 5, de la Constitucin Poltica del Estado.

El hecho ms burdo e inaudito del Decreto Supremo 24806, es que no fue publicado por la Gaceta Oficial.

Al contrario, fue archivado silenciosamente; no obstante la publicidad de la ley es de carcter imperativo en cualquier sistema de gobierno democrtico del mundo contemporneo, para garantizar la legalidad de los actos parlamentarios y del Poder Ejecutivo.

A todo esto, se suma que la economa boliviana antes que mejorar sus indicadores, empeora dramticamente.

Slo como muestra, los estudios indican un incremento de la tasa de desempleo de 6,0 % el ao 1993 al 9,7 % el ao 2003; un ascendente dficit fiscal que alcanza a 631 millones de dlares el ao 2003 - representativo del 8,1 % del Producto Interno Bruto - y un decremento del flujo anual de inversiones extranjeras de 734 millones de dlares el ao 2000, a 114 millones de dlares el ao 2004.

No obstante lo anterior es suficiente para demostrar el grado de gigantesca demagogia y corrupcin de Snchez de Lozada, exacerb el sentimiento popular, cuando se conoci pblicamente su siniestra negociacin para exportar gas boliviano por Chile a espaldas de la poblacin boliviana y el congreso nacional. Una vez conocida la noticia, y adems el inters personalsimo de Snchez de Lozada de favorecer el aprovisionamiento de gas a su compaa minera - COMSUR - sus socios chilenos y velar por inters del capital forneo; el mes de octubre de 2003 la poblacin boliviana se moviliz para hacer or su voz de protesta.

En esta etapa, Snchez de Lozada y su gabinete de ministros de Estado, ordenaron la represin de las fuerzas armadas y la polica, y con la ms absoluta indiferencia del valor humano, se asesinaron a casi un centenar de personas, cifra que supera las muertes provocadas por todos los anteriores regmenes de facto.

Carlos D. Mesa, apartado del contexto histrico, continu con la lgica del cinismo poltico de su antecesor, mediante un discurso llenado de verborrea, adulaciones y falto de voluntad poltica para enfrentar la oligarqua boliviana.

As, desde el inicio de su mandato, Carlos D. Mesa fue afecto a la manipulacin de la informacin, que se ve traducido con creces en su compromiso ante la poblacin de recuperar los hidrocarburos para los bolivianos mediante un referndum vinculante. Sin embargo, el referndum sobre los hidrocarburos a raz de sus preguntas inconcretas y difusas, fue un espectculo de variedades para distraer la atencin ciudadana, toda vez que su poca certeza influy para que los parlamentarios interpretaran de mil maneras su contenido.

Acto seguido, Carlos D. Mesa apoy un proyecto de ley de hidrocarburos ms retrgrado que la ley de 1992: antes que recuperar la propiedad de los hidrocarburos, este proyecto mantena el rgimen tributario de la ley aprobada en el gobierno de Snchez de Lozada y no se pronunciaba sobre los contratos de riesgo compartido con una vigencia de 40 aos. Contrariamente, Carlos D. Mesa atac con vehemencia cualquier proyecto de nacionalizacin de los hidrocarburos o incremento del rgimen tributario vigente.

Con la finalidad de continuar su mandato frente a su desenmascarada figura neoliberal, tradicional y oligarca, Carlos D. Mesa, fingi dos renuncias de su cargo - imitando el maquiavlico artilugio de Snchez de Lozada en ocasin de su renuncia como Jefe del MNR y aspirante presidencial el 26 de octubre de 1992 - decidi no pronunciarse sobre la ley de hidrocarburos aprobada por el Congreso Nacional; pese a que su compromiso inicial fue recuperar los hidrocarburos para los bolivianos, y con su silencio posibilit la promulgacin de la nueva ley de hidrocarburos, que en la prctica contina el sistema tributario anterior.

Ms adelante, Carlos D. Mesa propuso en un solo artculo la fecha para la Asamblea Constituyente y el Referndum sobre las Autonomas Departamentales; mientras es atribucin del congreso nacional la aprobacin de una ley en tales casos que establezca sus condiciones.

Andrs Soliz Rada dijo con razn que 1994 es el ao orwelliano en la historia de Bolivia porque en 1994, Snchez de Lozada decidi y las multinacionales decidieron construir el gasoducto Tarija-Tocopilla, a fin de abastecer de gas a transnacionales mineras asentadas en Chile, como la Barrick Gold, Ro Tinto Zinc, Suez-Tractebel y otras, aliadas a las petroleras Sempra Energy, Repsol, British Gas y BP (ex British Petroleum/BP Amoco). Aadira al rosario de aos nefastos para la historia boliviana el ao 2004, en el que se aprob la Ley Marco de Referndum por Carlos Mesa Gisbert. No es intencin ma ingresar en el detalle de esta disposicin jurdica que analic en otro ensayo jurdico. Baste conocer, simplemente, que la indicada ley fue la norma jurdica que posibilit en lo referente a la superestructura jurdica las ltimas consultas populares para iniciar y propagar como un cncer la fragmentacin del Estado boliviano. Se trata de una norma jurdica laxa, imprecisa, adaptada para quebrar, bajo el eufemstico ttulo de democracia participativa, toda representacin parlamentaria o decisin real de los sectores populares. No olvidemos que el Tercer Reich, as como Francisco Franco y Augusto Pinochet aplicaron el plebiscito y el referndum para legitimar sus regmenes de facto (1).

EL PROYECTO DE NUEVA CONSTITUCIN APROBADO POR LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Resumimos hasta aqu que la pretensin popular de un cambio social en Bolivia producto de los cules se conoce mundialmente los heroicos sucesos del Octubre Negro de 2003 - se patentiza en el agotamiento del neoliberalismo ortodoxo, que supuso adems la merma de los sentimientos colectivos de dignidad e identidad nacional, a travs del marketing poltico, fastuoso, trivial y absurdo en su afn de legitimar las polticas del Consenso de Washington, y el sometimiento del Estado nacional al imperialismo y el colonialismo ms retrgrado.

Quizs el aspecto visiblemente ms positivo del proyecto constitucional sea su singular originalidad e innovacin apartada del linaje eurocntrico clsico, aunque no por ello sistematiza un derecho alternativo - y el contenido de los derechos fundamentales, que es ciertamente amplio. Aunque ya la Constitucin de 1967 estableca el sistema de numerus apertus, incorpora positivamente otros derechos de tercera y cuarta generacin, an no explicitados.

Pero, simultneamente, es preciso esbozar aspectos crticos de la nueva Constitucin, a la luz de la realidad poltica del Estado boliviano frente a la globalizacin neoliberal.

El economista egipcio Samir Amin, en su libro "El capitalismo en la era de la globalizacin", advierte el problema de las luchas tnico - raciales, el declive del Estado nacin, y la secesin de pases del Tercer Mundo en las ltimas dcadas del siglo XX. Amin propone la reorganizacin del sistema mundial a partir de grandes regiones, que agruparan zonas dispersas de la periferia para enfrentar los efectos ms adversos de la globalizacin econmica.

En Bolivia, tras la cada del rgimen de Gonzalo Snchez de Lozada, las fuerzas polticas de la derecha histrica disearon estrategias orientadas al mantenimiento y la ampliacin de privilegios de ciertos grupos de poder econmico. En primer lugar, a nivel ideolgico y programtico, tales ideas se materializaran en la "regionalizacin del conflicto social", vale decir, en la socializacin de supuestas diferencias histricas, culturales y polticas entre los diferentes departamentos del pas y sus habitantes.

Con este motivo se cre la agrupacin neofascista "Movimiento Nacin Camba de Liberacin" (MNCL), que no es precisamente un grupo aislado de la burguesa conservadora boliviana; por el contrario, muchos de sus miembros fundadores son a su vez asesores del Comit Cvico de Santa Cruz y de las fuerzas parlamentarias de la derecha histrica. El MNCL tuvo desde sus orgenes el rol de ser el articulador de todos los radicalismos discursivos de este animado conflicto regional, con el fin de perpetuar las diferencias en la votacin del electorado boliviano de la ltima dcada.

Paralelamente, se propuls la eleccin inconstitucional de los prefectos departamentales; y se potenci a nivel meditico la presencia de los comits cvicos.

En su conjunto, esta corporativizacin de la vida poltica boliviana permitira que la derecha histrica acte internamente desde diferentes frentes, a saber: 1) en la sociedad civil, a partir de los comits cvicos; 2) en el sistema de partidos polticos, mediante la mutacin de otros viejos, o su simple permanencia - en este frente se encuentran Poder Democrtico Social, Unidad Nacional y Movimiento Nacionalista Revolucionario -; 3) en el rgimen interno, por medio de algunos prefectos, quines pese a ser an representantes del Poder Ejecutivo, se autodenominan falazmente "gobernadores"; 4) en los medios de comunicacin, a travs de los peridicos, canales de televisin, y radiodifusoras de mayor audiencia.

Esta "regionalizacin del conflicto social" tiene como finalidad inmediata la atomizacin del Estado, y ms precisamente, la divisin territorial del electorado para as lograr una mayor penetracin de los capitales multinacionales, la permanencia de los latifundios y la ortodoxia neoliberal en ciertos enclaves geogrficos. El proyecto de las autonomas departamentales - tal como est concebido por el Comit Cvico de Santa Cruz y otros grupos afines en su propuesta hecha pblica - no persigue una mayor descentralizacin poltica y administrativa; contrariamente, esta consigna es utilizada por la derecha ms conservadora para que en determinados territorios de la Repblica sus autoridades detenten mayores competencias ejecutivas, legislativas y judiciales, y de esta manera se reemplace la prdida de representacin poltica de los partidos polticos tradicionales en el Gobierno Central y el Parlamento.

En las actuales circunstancias internas e internacionales, un autntico proyecto poltico de izquierda enmarcado en la democracia multipartidaria, debera en todo caso propender a las siguientes tareas: 1) el fortalecimiento del rol del Estado en la economa con la finalidad de contrarrestar las adversidades del neoliberalismo y la globalizacin econmica; 2) el mantenimiento y la ampliacin de alianzas polticas y econmicas, profundizando la integracin latinoamericana, y los acuerdos de complementacin econmica con pases de Asia y frica; 3) la superacin del conflicto econmico y laboral de los trabajadores, sin discriminaciones o diferencias tnico - raciales que adems de ser irreales - puesto que las burguesas y las oligarquas no tienen color de piel, patria ni idioma - slo contribuyen a radicalizar el discurso atomizador de la derecha histrica, y perpetuar el electorado de este bloque que con el transcurso de los aos se afianz en los departamentos ubicados en el oriente y el sur del pas.

El Movimiento al Socialismo est integrado por agrupaciones y personalidades de distinta orientacin ideolgica y programtica: campesinos propietarios de pequeas parcelas, organizaciones de pueblos indgenas, pequeos y medianos empresarios, profesores universitarios, etc. Esta heterogeneidad explica la existencia de lecturas de la realidad muchas veces contradictorias en este partido poltico que pretenden, entre otras cosas, conciliar el pensamiento indianista de Fausto Reynaga, con aqul de Sergio Almaraz, Karl Marx, Michael Foucault, Antonio Negri y la teora econmica de John Keynes. Pero en los hechos, los niveles de decisin de la administracin del presidente Evo Morales se circunscriben a un reducido grupo de asesores bastante ms conservadores y "pragmticos", que en los ltimos meses defini el rumbo de la Asamblea Constituyente, adems de apostar por la continuacin de una rgida disciplina fiscal, dependencia y sujecin plena a las medidas impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, erradicacin forzosa de los cultivos de coca, permanencia de rentas bajsimas en la industria minera, etc.

Este vaco ideolgico y programtico se pretende superar aludiendo que el Presidente y sus polticas de gobierno tienen legitimidad suficiente por la simple razn que se encontrara al mando de la Nacin un ciudadano indgena por primera vez en la historia de Bolivia. Si a esto se aade que el campesinado y ciertas organizaciones sociales herederas de idearios indigenistas radicales - que persiguen, entre otras cosas, la reconstitucin del Qullasuyu - son el brazo social del Movimiento al Socialismo, ello explica porqu ciertas autoridades de gobierno se decantan cada vez ms en un estril discurso populista que gira entorno a revanchismos tnicos, que en los hechos, slo contribuyen a perpetuar la divisin territorial del electorado boliviano, y por consiguiente, una importante representacin poltica de la burguesa conservadora en el Senado de la Repblica, las prefecturas departamentales, y la Asamblea Constituyente.

En efecto, desde las elecciones generales del ao 2002 el mapa electoral boliviano no cambi sustancialmente y se halla dividido geogrficamente en dos; cuestin sta que se explica en gran medida como consecuencia de la permanente interaccin del discurso y la propaganda indigenista y regionalista.

Pero quizs el mejor ejemplo de la funcionalidad de este indigenismo dentro de la estratagema poltica del bloque de la burguesa conservadora sea la propuesta constituyente de un Estado comunitario sobre la base de una nueva divisin poltica y administrativa del pas, que toma como criterio inequvoco la existencia de una treintena de etnias que reclaman al Estado boliviano, entre otras cosas, la asignacin de tierra, territorio, autonomas y competencias para definir el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales.

No obstante una parte considerable de la poblacin habitante de las comunidades campesinas y los pueblos indgenas vive por debajo de la lnea de pobreza - situacin que no le es exclusiva, por cuanto tambin afecta a la poblacin urbana del pas - no es menos cierto que algunas de sus autoridades "naturales" buscan simplemente una mayor concentracin de poder poltico y econmico a partir de nuevas competencias delegadas y atribuciones que, sumadas al reconocimiento pleno del derecho consuetudinario indgena en la reforma constitucional del ao 1994 y la Convencin 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo, pueden terminar fragmentando an ms el Estado boliviano.

Crtico de los etnicismos y los culturalismos, Amin refiere que algunas prcticas polticas y sociales como la del comunitarismo norteamericano, que da prioridad a las supuestas identidades comunitarias por sobre las dems dimensiones de la identidad (pertenencia de clase, convicciones ideolgicas), se fundan en el pensamiento culturalista. Por ello, el culturalismo tnico puede conducir a la fragmentacin ms amplia de identidades construidas histricamente: la "etnia" invocada, enfrentada a la "nacin", se escinde en subetnias, las tribus en clanes y as indefinidamente.

Es posible en estas condiciones internas que Bolivia afronte con meridiana capacidad las consecuencias nocivas de la mundializacin moderna?, o por el contrario, las exaltaciones desmesuradas de lo regional y lo tnico, sumados a la consiguiente prdida de competencias y participaciones del Estado en la economa, en su conjunto slo contribuirn a profundizar el declive del Estado nacin para hacerlo todava ms vulnerable a los "cinco monopolios" del centro del sistema capitalista?.

Precisamente, este desmesurado nfasis en lo tnico, y lo que podramos denominar un fantico conjunto elucubraciones sociolgicas, antropolgicas y filosficas, son los aspectos formales ms crticos del proyecto de Constitucin, aprobado a finales del ao 2007, por la Asamblea Constituyente (2).

Ciento quince veces cita la palabra indgena sin precisar los territorios, gobiernos ni poblaciones indgenas; diferencia la jurisdiccin ordinaria e indgena sin establecer el mbito material o territorial de la segunda; designa a los magistrados de los tribunales supremos de justicia mediante voto popular; privilegia a indeterminados grupos tnicos en la explotacin de los recursos naturales, la asamblea legislativa y la administracin de justicia; introduce treinta y seis idiomas oficiales entre los que se encuentra el toromona, nombre homnimo de un pueblo originario aislado que habitara la Amazona -; contiene la abundante suma de cuatrocientos ocho artculos; no precisa sumariamente los alcances de las competencias de los gobiernos autonmicos; etc. stas son algunas facetas de la nueva Constitucin aprobada por el MAS y sus fuerzas polticas aliadas en la Asamblea Constituyente.

Los propagandistas de la nueva Constitucin repiten hasta el cansancio que el nuevo texto constitucional sera un instrumento de descolonizacin. Al respecto, el art. 2 precisa: dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indgenas originarios campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinacin en el marco del Estado, que consiste en su derecho a la autonoma, al autogobierno, a su cultura, y al reconocimiento y consolidacin de sus instituciones y entidades territoriales, conforme a esta Constitucin. Problema histrico harto complejo es saber cules son estas naciones y pueblos indgenas originarios campesinos con existencia precolonial. A manera de ilustracin, es discutible la existencia precolonial de la nacin aymara por su falta de unidad territorial, cultural, gubernativa y poblacional, y por el contrario, bajo el criterio del artculo ut supra podran o no incluirse en esta categora los carangas, umasuyus, pacajes, etc. Tampoco el art. 30 precisa esta nocin, y con vacuidad establece: es nacin y pueblo indgena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradicin histrica, instituciones, territorialidad y cosmovisin, cuya existencia es anterior a la colonia espaola. En definitiva, no es posible identificar en la nueva Constitucin el nmero, territorio, poblacin y gobierno de las llamadas naciones y pueblos indgenas originarios campesinos, lo que previene la posibilidad de futuros conflictos tnicos en el pas.

El art. 5 explicita como idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indgenas originarios campesinos, como ser el aymara, araona, baure, bsiro, canichana, cavineo, cayubaba, chcobo, chimn, ese ejja, guaran, guarasu'we, guarayu, itonama, leco, machayuwa, machineri, mojeo-trinitario, mojeo-ignaciano, mor, mosetn, movima, pacawara, quechua, maropa, sirion, tacana, tapiet, toromona, puquina, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracar y zamuco. Tradicionalmente, un idioma o lengua oficial es el establecido como de uso corriente en la Constitucin y, por extensin, en sus territorios o reas administrativas directas. Sin embargo, al menos el baure, itonama, leco, pacahuara, y uru-chipaya son lenguas vernculas en peligro de extincin.

El art. 6 de la Constitucin precisa que el Estado asume y promueve como principios tico-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrn), suma qamaa (vivir bien), andereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj an (camino o vida noble). Sin el nimo de desvalorizar las valiosas culturas autctonas de Bolivia, es legtimo que el nuevo Estado intercultural valore como propios ciertos principios tico-morales, tal como sucede en los Estados teocrticos?. Qu porcentaje de la poblacin boliviana al menos conoce el contenido tico moral ivi maraei y qhapaj an?. Los derechos a la libertad de pensamiento, espiritualidad, religin y culto, expresivos del art. 21 num. 3, no son restringidos con la abierta promocin estatal de ciertos principios tico-morales?.

Un pensador indigenista de la talla de Carlos Maritegui reflexion con acierto que todas las tesis sobre el problema indgena, que ignoran o eluden a ste como problema econmico social, son otros tantos estriles ejercicios teorticos - y a veces slo verbales - condenados a un absoluto descrdito. No las salva a algunas su buena fe. Prcticamente, todas no han servido sino para ocultar o desfigurar la realidad del problema. Ciertamente, centrar el modelo de Estado sobre la base de elucubraciones de este tipo, condena a un absoluto descrdito el programa poltico orientado a favorecer a los sectores populares, excluidos, explotados y postergados de la sociedad boliviana.

Pese a que esta Constitucin determina la competencia estatal privativa e indelegable de la tierra, territorio, recursos naturales y energticos estratgicos, minerales e hidrocarburos, el art. 350 indica: la explotacin de recursos naturales en determinado territorio estar sujeta a un proceso de consulta a la poblacin afectada, convocada por el Estado, que ser libre, previa e informada. Se garantizar la participacin ciudadana en el proceso de gestin ambiental, y se promover la conservacin de los ecosistemas, de acuerdo con la Constitucin y la ley. En las naciones y pueblos indgenas originarios campesinos, la consulta tendr lugar respetando sus normas y procedimientos propios. La Constitucin aprobada por la Asamblea Constituyente, la jurisprudencia, ni las leyes vigentes, establecen cules son estas normas y procedimientos propios, con lo que el Estado boliviano se vera sometido a una arbitraria autorizacin de las naciones y pueblos indgenas originarios campesinos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Similar problema ocurrira en otras entidades territoriales por la vaguedad del trmino poblacin afectada; as podra entenderse que este privilegio o censura le asiste tambin a los municipios, provincias, regiones o departamentos. Al respecto, habra que interrogar si fue ste o no el verdadero propsito material de ciertos asamblestas, es decir, la creacin de nuevas oligarquas y burguesas locales bajo rtulo de indgenas originarias campesinas, y en definitiva, la atomizacin del Estado nacional, aspecto ste ltimo que es principalsimo en la estrategia colonialista, imperialista y de las multinacionales dentro de la globalizacin econmica.

La Constitucin aprobada en grande y en detalle por la Asamblea Constituyente, difiere los alcances de la Asamblea Legislativa Plurinacional a la determinacin legal de las circunscripciones especiales indgena originario campesinas, donde no debern ser considerados como criterios condicionales la densidad poblacional, los lmites departamentales ni la continuidad geogrfica. La ley establecer la eleccin directa de estos representantes por formas propias (art. 151). De la misma manera, los alcances, la organizacin, el funcionamiento, la estructura, las competencias, las atribuciones y la coordinacin del sistema de descentralizacin y de autonomas se regirn mediante esta Constitucin y la Ley Marco de Autonomas y Descentralizacin, que ser aprobada por dos tercios de votos del rgano Legislativo. Esta ley estar sujeta a control previo de constitucionalidad (art. 270). En los hechos, pues, la madre de las batallas por el control de los recursos naturales y las nuevas competencias en los gobiernos autonmicos se aplazarn hasta el debate que propiciar el rgano legislativo, en cuyo seno la extrema derecha tendr con bastante probabilidad una significativa representacin; al menos suficiente para neutralizar e inclusive negociar su modelo de autonoma y/o descentralizacin, equivalente a un autntico apartheid. Sumado a la disputa competencial y de financiamiento entre las autonomas indgenas, departamentales y estatales, entrarn a su vez en conflicto los representantes que lideren las autonomas municipales y las autonomas regionales.

Por otra parte, el artculo 2 de la vigente Ley Marco del Referndum precisa las siguientes modalidades y mbitos de referndum: a) Referndum nacional, sobre materias de inters nacional, en circunscripcin nacional; b) Referndum departamental, sobre materias de inters departamental, en circunscripcin departamental y; c) Referndum municipal, sobre materias de inters municipal, en circunscripcin municipal. El artculo 8 de la misma norma prescribe que la Resolucin del referndum ser adoptada por la mayora simple de votos vlidos de la respectiva circunscripcin y tendr validez si participa al menos el cincuenta por ciento (50%) del electorado. El resultado del Referndum Nacional sobre las Autonomas Departamentales fue el siguiente: ms de la mitad del electorado, dentro de la circunscripcin nacional, vot por el NO a la pregunta relativa a la incorporacin de autonomas departamentales. As, cabe cuestionar la supuesta legitimidad de introducir gobiernos o regmenes autonmicos en la nueva Constitucin.

El apoyo de los sectores populares a algunas importantes reformas llevadas a cabo por la actual gestin de gobierno la nacionalizacin del Complejo Metalrgico Vinto; las modificaciones legales, aunque todava limitadas, en materia de tierras e hidrocarburos; los proyectos legislativos Marcelo Quiroga Santa Cruz y Seguro Universal de Salud; la mayor participacin de los sectores populares en la administracin pblica; el retiro de Bolivia del CIADI, dependiente del Banco Mundial; la mayor transparencia y menor tolerancia de la corrupcin; el plan de alfabetizacin; la integracin latinoamericana; etc. no es bice para realizar un examen crtico de la nueva Constitucin aprobada por la Asamblea Constituyente, y cuestionar los orgenes y consecuencias reales de este emprendimiento. No obstante el reciente texto fundamental manifiesta significativos avances respecto al catlogo de derechos, la creacin de la Procuradura General del Estado, entre otros contenidos positivos; su orientacin etnocntrica, disgregadora y autonomista, puede ms bien impulsar la desmembracin del Estado nacional.

En un anterior artculo refer el error estratgico cometido por el gobierno boliviano al pretender la equiparacin de la revolucin con la reforma constitucional, desvalorizar el uso alternativo del derecho, y el papel de las clases medias y los sectores populares, y por ltimo, aplazar otras significativas reformas legislativas y ejecutivas por la vigencia de la nueva Constitucin. Heinz Dieterich, con bastante acierto, ha reclamado algo similar al gobierno venezolano antes y despus del ltimo referndum llevado a cabo en aqul pas. Por otra parte, la extrema derecha, ha teatralizado el debate constitucional, al grado de haber reagrupado a casi todos los sectores sociales conservadores contrarios al proceso de cambio social; lo que en el mediano plazo puede agravar la regionalizacin del conflicto social, y traer imprevisibles consecuencias, si sumamos las realidades imperialistas y colonialistas.

Karl Marx refera en el Dieciocho de Brumario que cada artculo de la Constitucin contiene, en efecto, su propia anttesis, su propia cmara alta y su propia cmara baja al referirse al relativo alcance de las libertades consagradas en la Constitucin francesa de 1848. Sea el derecho una superestructura ideolgica, un instrumento de dominacin de las clases subalternas, o una simple manifestacin de la voluntad legislativa, su ligazn con el poder ha sido universalmente reconocido.

En pocas de cambio social y revolucin el derecho es un obstculo. En efecto, Novoa Monreal titul as a uno de sus ms clebres libros, y asumi el esfuerzo personal de estudiar la historia de la propiedad privada, pues a partir de ella, poda comprenderse mejor la realidad de su tiempo y las limitaciones formales para llevar a cabo transformaciones de gran envergadura, como la nacionalizacin del cobre en Chile. Carlos Montenegro en su obra Nacionalismo y coloniaje deca que fueron tres los principales mitos a cuya advocacin encomend su suerte la oligarqua decimonnica boliviana: el mito de la libertad, el del sufragio y el de la ley.

Pero la actual Constitucin no hubiera sido posible sin el dadivoso y misericordioso financiamiento de ONGs como OXFAM (Reino Unido), HIVOS (Pases Bajos), DANIDA e IBIS (Dinamarca), entre otros. La presentacin de IBIS Dinamarca dice: La accin de Ibis en la regin se centra en el apoyo a las organizaciones de los pueblos indgenas de Bolivia, Ecuador y Per en sus esfuerzos por el reconocimiento cultural y la defensa de sus derechos colectivos como naciones y pueblos que forman parte de Estados nacionales pluriculturales. La nueva Constitucin enfatiza con bastante peculiaridad los derechos colectivos de las naciones y pueblos indgenas originarios campesinos, entre los que se encuentran el derecho de libre determinacin y territorialidad (art. 30 num. 4) y a la consulta previa respecto a los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan (art. 30 num. 15). Quines son los verdaderos autores de la nueva Constitucin boliviana?. Cules son los propsitos reales de stas y otras ONGs y organismos de financiamiento internacional?. Hubo participacin del magnate y multimillonario accionista de la mina San Cristbal, George Soros, en el proceso constituyente?.

Por otro lado, es casi indubitable la presencia del embajador trado de los Balcanes y el ex presidente del Octubre Negro en la poltica nacional y la coyuntura actual. Mark Falcoff, asesor de George W. Bush, vaticin la divisin del Estado boliviano el ao 2004. Despus de tres aos, no es ya extrao que los Estatutos de las Autonomas Departamentales propulsados por la extrema derecha en Santa Cruz de la Sierra sean financiados, precisamente, por USAID - casualidades del destino? -. Pero lo lamentable es que el actual gobierno, principalmente por el mal asesoramiento vicepresidencial y de otros lderes, no sea capaz de enfrentar la arremetida desmembradora, y existan personajes arribistas encargados de echar ms lea al fuego con discursos etnocntricos igualmente divisionistas.

El ministro Juan Ramn Quintana difundi con lujo de detalles la actividad de USAID en Bolivia. Pero el imperialismo, el colonialismo y los centros del poder mundial tienen ms de una sola cabeza y tentculo.

EL PROYECTO DE ESTATUTO AUTONMICO APROBADO EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA

A la otra vereda del camino balcanizador se encuentra el proyecto de Estatuto Autonmico aprobado por la Asamblea Provisional Autonmica de Santa Cruz. En trminos generales, se trata ya no slo de un proyecto normativo con sombras; sino, adems, de una penosa lluvia de ropavejeras encaminadas a destruir el Estado boliviano, a travs de la participacin de la ms rancia oligarqua, las multinacionales y el imperialismo.

La presentacin del Estatuto Autonmico Departamental aprobado en Santa Cruz de la Sierra copia textualmente prrafos enteros del prembulo del Estatuto Autonmico de la provincia espaola de Catalua, y se denunci pblicamente que su principal proyectista Juan Carlos Urenda Daz recibi financiamiento de Estados Unidos para dicho propsito. Cul es el contenido de este proyecto normativo?. Cules son los agentes encubiertos detrs de las autonomas departamentales impulsadas por los sectores conservadores de la sociedad boliviana?.

Ningn Estatuto Autonmico en el mundo contemporneo tiene una ilegalidad ms manifiesta que el aprobado por la autodenominada Asamblea Provisional Autonmica de Santa Cruz, porque sencillamente ninguna ley de la Repblica le confiere representacin o mandato alguno a este irregular rgano para la aprobacin de un texto normativo de estas caractersticas. Pero ms all de este aspecto formal, es preciso el estudio sustantivo del Estatuto Autonmico.

El camino idneo para este proceso son las Autonomas Departamentales, que permitirn avanzar en el Modelo Cruceo de Desarrollo, el nico que ha tenido resultados positivos en la historia de Bolivia, dice la presentacin del documento en cuestin, prescindiendo hechos econmicos y sociales contundentes: la acumulacin capitalista de los sectores agroindustriales y financieros favorecidos ilegalmente por los gobiernos neoliberales, no solucion las elevadsimas tasas de pobreza, falta de acceso a los servicios pblicos, educacin, salud, y desempleo en el Departamento de Santa Cruz. Como ejemplo, el reporte del Mapa de Pobreza elaborado por el Instituto Nacional de Estadstica el ao 2001 muestra estos porcentajes de poblacin pobre en las provincias cruceas: 90, 7 % de pobres en la Provincia de Guarayos; 82,8 % de pobres en la Provincia uflo de Chvez; 77,8 % de pobres en la Provincia Jos Miguel de Velasco; 76,8 % de pobres en la Provincia ngel Sandoval; etc. De las quince provincias del Departamento de Santa Cruz, segn este reporte, doce tienen un porcentaje de poblacin pobre que supera el 50%. Este es el Modelo Cruceo de Desarrollo que ha tenido resultados positivos en la historia de Bolivia y que debe aplicarse para seguir explotando y marginando a los sectores populares de la poblacin crucea?.

El artculo 3 del Estatuto Autonmico Departamental aprobado, precisa que la condicin poltica de cruceos y valga la aclaracin, slo los cruceos estn habilitados para el ejercicio de los derechos polticos de elegir a sus autoridades departamentales y ser elegidos como tales, y de participar en los asuntos de competencia del Gobierno Departamental, a travs de la Iniciativa Legislativa Ciudadana, el Referndum, el Plebiscito y el Cabildo.

El Captulo Primero, del Ttulo Segundo, refiere la Estructura Competencial Bsica y Aplicacin del Derecho Autonmico. En l se incluyen, en primer lugar, las competencias exclusivas del Gobierno Departamental para ejercer la potestad legislativa, reglamentaria y funcin ejecutiva. El Estado boliviano estara delegando as prcticamente todas sus competencias establecidas por la actual Constitucin Poltica del Estado; entre las cules caben resaltar las siguientes: a) educacin en todas las reas, niveles y modalidades; b) tierra; c) suelos forestales y bosques; d) fuentes alternativas y biocombustibles.

Especial atencin merece esta ltima competencia exclusiva del Gobierno Departamental. Los pases imperialistas, las multinacionales ADM, Cargill, Bunge, Dreyfus, Monsanto, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la ZICOSUR, entre otros, pretenden ampliar la acumulacin capitalista a costa del medio ambiente, la alimentacin y la vida, a travs de los biocombustibles. Para tales propsitos, la Cmara de Industria y Comercio de Santa Cruz (CAINCO) y la Prefectura de Santa Cruz alientan desde hace algn tiempo una legislacin nacional y departamental relativa a la materia. Adems, la Prefectura de Santa Cruz comunic el ao 2007 que invertira 14 millones de bolivianos en tres plantas piloto para experimentar y producir biocombustibles, como el biodiesel.

Sobresalen, asimismo, en el catlogo de competencias compartidas entre el Estado boliviano y el Gobierno Departamental Autnomo de Santa Cruz, los recursos naturales renovables que segn el texto normativo no fueran de competencia exclusiva del Departamento y los recursos no renovables. La Cmara Boliviana de Hidrocarburos que forma parte de la estructura del Comit Cvico de Santa Cruz y TRANSREDES (Enron-Shell), entre otras multinacionales del petrleo, han participado activamente en los cabildos que demandaron las autonomas departamentales en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El artculo 8 deja en claro cules seran las ridculas competencias en las que legislara el Estado boliviano: control metereolgico, sistema penitenciario, registro civil, etc. Es decir, mientras los parlamentarios nacionales legislaran la organizacin y administracin del Archivo Nacional de Informacin Meteorolgica, las oligarquas agroindustriales asentadas en el oriente boliviano legislaran cmo distribuirse nuevamente grandes cantidades de hectreas de tierra y cmo generar cuantiosas ganancias para ADM, Cargill, Bunge, Dreyfus y Monsanto.

Los arts. 9 14 constituyen la superestructura que permitira el poder pleno del Gobierno Departamental y la Asamblea Departamental rgano legislativo -. El art. 9 determina que en el caso de que el Estado Nacional no asuma sus competencias, incluso stas seran asumidas por el Gobierno Departamental. El art. 10 precisa la aplicacin preferente del derecho autonmico. El art. 11 indica que el Estado Nacional podr solicitar la competencia exclusiva del Departamento en una o ms materias, previa aprobacin de la Asamblea Legislativa Departamental, mediante Ley de Reforma del Estatuto, en otras palabras, el Estado Nacional no tendra otra alternativa que arrodillarse ante los caciques departamentales para obtener competencias sobre educacin, tierra, suelos forestales, bosques, fuentes alternativas y biocombustibles, etc.

El art. 13 define que el conflicto de competencias entre el Estado Nacional y el Gobierno Departamental y los Gobiernos Municipales sern dirimidos a travs del control de constitucionalidad, es decir, del Tribunal Constitucional, que fue el bastin poltico de la derecha neoliberal y Gonzalo Snchez de Lozada los ltimos aos.

El art. 20 adems precisa otras atribuciones de la Asamblea Departamental, entre las que se encuentran, establecer tributos y aprobar acuerdos internacionales.

El Ejecutivo Departamental, tendra la obligacin de velar por que dentro del currculo de enseanza en las escuelas y colegios del Departamento Autnomo de Santa Cruz, se incorpore la historia del Departamento, el conocimiento de sus prceres y lderes, de las tradiciones cruceas, de las formas de produccin del Departamento y de las actuales caractersticas culturales cosmopolitas que tiene el pueblo cruceo. Nada se dice sobre la enseanza de la historia de la Repblica de Bolivia y de la emancipacin de los pases latinoamericanos, el conocimiento de los prceres y lderes de la Independencia, de las tradiciones bolivianas y latinoamericanas. Tampoco se dice nada respecto a la orientacin que debera tener esta enseanza para favorecer la soberana nacional.

Hasta la misma Polica Nacional sera descuartizada con la creacin de un Organismo de Seguridad Departamental (art. 69)!.

Con la finalidad de repetir los desfalcos y las quiebras del Banco Agrcola, Findesa, Banco Sur, Big Beni, Banco de Cochabamba, Banco Minero y el Banco del Estado, el art. 96 determina que el Gobierno Departamental podr gestionar el otorgamiento de crditos de fomento a los productores agropecuarios y forestales y el financiamiento en condiciones preferenciales. En relacin al proceso agrario y las tierras, el art. 102 determina que el derecho propietario sobre la tierra, la regularizacin de los derechos, la distribucin, redistribucin y administracin de las tierras en el Departamento de Santa Cruz ser responsabilidad del Gobierno Departamental y estar regulado mediante una Ley Departamental aprobada por la Asamblea Legislativa Departamental. Los tamaos, caractersticas y parmetros de cumplimiento de la funcin social y funcin econmico-social, para cada forma de propiedad agraria, sern establecidos por Ley Departamental (art. 103. pr. IV). El Estatuto en vez de luchar contra el latifundio y ms especficamente, el latifundio improductivo - propone combatir el minifundio, al prescribir en su art. 105 que el Gobierno Departamental, a travs del Instituto Departamental de Tierras (IDT), aplicar procesos de reagrupamiento, distribucin y redistribucin de tierras para evitar la aparicin de fenmenos de minifundio improductivo. Tierra para los ricos, hambre para los pobres!. Por ltimo, y para que no quede sospecha alguna del nivel de ingerencia de las oligarquas agroindustriales en la redaccin del texto, el art. 109 precisa que el Gobernador firmar todos los Ttulos Agrarios que acrediten la propiedad sobre la tierra y se encuentren dentro de la jurisdiccin del Departamento Autnomo de Santa Cruz, los que, de acuerdo a principios constitucionales, causan estado y son irrevisables, salvo por la autoridad judicial competente, permitiendo su inscripcin en el Registro de Derechos Reales.

El Poder Judicial no escapa a la rapacidad de las oligarquas. En efecto, el art. 143 determina que la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz es la ltima instancia jurisdiccional y dicta sentencias con autoridad de cosa juzgada en aquellos procesos en que el derecho aplicable de manera preferente sea el derecho autonmico cruceo, es decir, en aquellos procesos que versen sobre las materias de competencia exclusiva del Departamento, de acuerdo al presente Estatuto. Es vox populi que la Cmara Agropecuaria del Oriente (CAO) y el mismo latifundista y presidente del Comit Cvico de Santa Cruz, Branco Marinkovic, desean no slo mantener inclumes sus tierras mal habidas desde la dictadura de Hugo Bnzer Surez; sino adems apropiarse del territorio patrio cules corsarios sedientos de oro y plata.

Para nadie ya es extraa la influencia catalana en la redaccin del aludido Estatuto. Pero hubieron, ciertamente, mentores y publicistas catalanes?. Pues s, los hubo. Higinio Clotas, Daniel Fernndez Gonzlez, Joan Prats i Catal, catalanes todos ellos, y adems miembros de la agrupacin poltica catalana PSC, estuvieron en Santa Cruz de la Sierra alentando el proyecto autonomista. Teresa Ossio Bustillos ex embajadora boliviana en Madrid, durante la gestin presidencial de Carlos Mesa est casada con Joan Prats i Catal. Ossio y su cnyuge cataln, dieron sendas conferencias en Santa Cruz de la Sierra y Tarija sobre las autonomas a travs del Centro Internacional para la Gobernanza, la Ciudadana y la Empresa. A su vez, Prats i Catal estuvo vinculado polticamente al PSOE y fue director del Instituto Internacional de Gobernabilidad de Catalua (IIG). En relacin al gobierno del PSOE, para nadie es tampoco extrao que defendi ms de una vez a la empresa privada Repsol en Bolivia, pese a las imputaciones de fraude, corrupcin, malversacin y contrabando de petrleo.

El IIG informa oficialmente que se configura legalmente como centro de investigacin y formacin, constituido como consorcio pblico por la Generalitat de Catalunya, la Escuela Superior de Administracin y Direccin de Empresas -ESADE- y la Universitat Oberta de Catalunya -UOC-, pero ms importante an, algunas instituciones, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE y la Unin Europea, reclaman su participacin y asesoramiento en algunos de los programas que entonces tenan en marcha, y junto con el PNUD y la Generalitat de Catalunya, desarroll el Sistema de Informacin y Conocimiento sobre Gobernabilidad en Amrica Latina. El IIG dice propugnar el republicanismo cvico, idea poltica tambin asumida por el presidente espaol Rodrguez Zapatero, consistente en que el Estado no ejerce el poder sobre los ciudadanos, sino que negocia y acta de interlocutor; no impone, sino que consensa, acuerda, pacta. El republicanismo cvico desarrollado por el irlands Philip Pettit se opone al intervencionismo estatal. El Estado slo participa para dotar al individuo de presencia como ciudadano pleno y autnomo. Tales ideas, sin duda, son afines a las estrategias de saqueo de los recursos naturales promovido por los pases imperialistas y el gamonalismo local y extranjero.

Pero no slo hubieron conferencias del IIG. El mes de octubre del 2006, el entonces presidente del Comit Cvico de Santa Cruz, Germn Antelo, tuvo una visita protocolar al Congreso Cataln, donde se reuni con su vicepresidente, Higinio Clotas. En aqul encuentro Clotas le dijo: nos parece oportuno apoyar con nuestra experiencia el proceso autonmico que llevan adelante ustedes en Bolivia.

Pero para comprender el proyecto del Estatuto Autonmico Departamental de estos sectores conservadores, y sus fines, es preciso tambin conocer otras conexiones polticas de la Prefectura y el Comit Cvico de Santa Cruz y sus pares en Pando, Beni, Tarija - y la tarea asignada a los tres principales asesores autonomistas, Carlos Dabdoub, Juan Carlos Urenda y Rubn Costas Aguilera.

a) La cooperacin estadounidense

El Ministro de la Presidencia Juan Ramn Quintana denunci que el rea de consultores de la estadounidense CIDEM incluye a Juan Carlos Urenda, principal co - autor del Estatuto Autonmico. Juan Carlos Urenda Diaz, fundador de la agrupacin neofascista y separatista Movimiento Nacin Camba de Liberacin (MNCL), idelogo de las autonomas departamentales en Bolivia, es asesor legal y poltico del Comit Cvico de Santa Cruz y la Prefectura de Santa Cruz. Urenda es adems Past Presidente y actual miembro de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales (ABEC). Otros miembros de esta asociacin son, entre otros, Jos Antonio Rivera Santivez, ex diputado nacional y ex magistrado del Tribunal Constitucional (TC), y Jorge Asbn Rojas, actual Presidente la ABEC, abogado ligado a la multinacional Transredes S.A. (Enron-Shell) y a la Cmara Agropecuaria del Oriente (CAO). Segn Quintana, CIDEM no tiene personera jurdica, ni autorizacin para intermediar financiera y administrativamente recursos de la cooperacin estadounidense; por lo tanto, es una entidad fantasma y sobre CIDEM descansa el componente de descentralizacin, manejado, precisamente, por Juan Carlos Urenda.

b) La Confederacin Internacional por la Libertad y la Autonoma Regional

Por otra parte, promueve el proyecto autonomista, la Confederacin Internacional por la Libertad y la Autonoma Regional (CONFILAR). Creada el 15 de septiembre de 2006 con la participacin del entonces Presidente de Ecuador, Alfredo Palacio, los Alcaldes de Guayaquil y Quito, Jaime Nebot y Paco Moncayo, respectivamente; fue nombrado primer Presidente de CONFILAR, Carlos Dabdoub secretario de Autonomas de la Prefectura de Santa Cruz y fundador del MNCL, junto con Juan Carlos Urenda mientras la secretara general recay en Jos Luis Tapia - del Instituto de Libre Empresa, y Director Ejecutivo de la Conferencia Liberal Hispanoamericana -. Segn Heinz Dieterich, Tapia recibe donaciones en una cuenta bancaria en Georgia, Estados Unidos, y cuenta entre los asesores acadmicos de sus instituciones a dos conocidos heraldos de la democracia mundial: Carlos Alberto Montaner, buscado en La Habana por actividades terroristas en Cuba, presunto operativo de la CIA, y una de las principales plumas del imperio; y Alvaro Vargas Llosa, director del Centro de Prosperidad Global del Independent Institute de Estados Unidos y editor de la pgina de opinin del Miami Herald, estrechamente vinculado a la mafia anti-cubana de Florida. La iniciativa del evento viene, supuestamente, de Alberto Mansueti, Vicepresidente del Movimiento Rumbo Propio para el Zulia, y Director presidente de la Conferencia Liberal Hispanoamericana; la institucin anfitriona fue la Corporacin Guayas, del Ecuador, representada por Francisco Surez, Director Ejecutivo y Enrique Arosemena, Presidente; particip tambin del Ecuador Jos Andrade, Director del Movimiento Libertario; por Guatemala estuvo Marysabel Garca Leal, de la Cmara de la Libre Empresa; por Bolivia, Walter Justiniano de la Fundacin Libertad y Democracia (FULIDE) y Carlos Dabdoub. La presencia de la Prefectura crucea en este evento, enfatiz Dabdoub, no ha sido casual, sino que responde a una estrategia compartida con el Comit cvico y FULIDE, para abrir una lnea de accin en el campo internacional (2). No por nada, en opinin de Dieterich, CONFILAR representa el proyecto de balcanizacin de Amrica Latina y la autonoma su concepto clave. Lo que pasa en el Estado venezolano de Zulia sirve de ejemplo para comparar y comprender mejor las injerencias imperialistas y capitalistas en la Patria Grande.

c) La Zona de Integracin del Centro Oeste Sudamericano (ZICOSUR) y la Infraestructura Regional en Sur Amrica (IIRSA)

Como una forma de promocionar sus bondades tursticas, presentar el proyecto Megapuerto y destacar los beneficios econmicos de exportar el gas natural boliviano por el puerto de Mejillones, su alcalde, Marcelino Carvajal y diversos personeros pblicos, tienen programado un viaje que realizaran al pas altiplnico durante los ltimos das de marzo del presente ao. La delegacin sera parte de la caravana Zicosur que espera llegar hasta Tarija. As fue publicada una nota de prensa del peridico Norte Minero de Mejillones, de la Repblica de Chile, el da 8 de febrero de 2002, lo que revela intereses del ZICOSUR en el Proyecto Pacific LNG, impulsado por los ex presidentes Gonzalo Snchez de Lozada, Hugo Banzer Surez y Jorge Quiroga Ramrez. El Consorcio Repsol-YPF, BG y Panamerican Energy se interesaron en el mercado norteamericano a raz de la crisis californiana y constituyeron el proyecto PACIFIC LNG, para llegar a ese mercado usando la tecnologa de licuefaccin del gas (Lquidos Natural Gas) y, a ese efecto, firmaron un preacuerdo de suministro de hasta 24 millones de metros cbicos de gas por da (MMcmd) con la empresa SEMPRA ENERGY de California. La estatal de Mxico PEMEX manifest su intencin de adquirir este energtico.

La Zona de Integracin del Centro Oeste Sudamericano (ZICOSUR) y la Infraestructura Regional en Sur Amrica (IIRSA) son iniciativas que tienen por finalidad liberalizar el comercio y asegurar ganancias millonarias al capital privado extranjero, a partir de la construccin de ferrocarriles, hidrovas, gasoductos, oleoductos, acueductos, puertos, aeropuertos, etc. y comercio exterior con los mercados de la Cuenca del Pacfico y Asia, con el financiamiento del BID, Banco Mundial, el BIRF (Banco Interamericano Regional de Desarrollo), la CAF y FONPLATA.

El 25 y 26 de septiembre de 2006 se realiz en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) la IX reunin ordinaria de la ZICOSUR. En aqulla oportunidad, el prefecto de Santa Cruz, y Presidente Pro Tmpore de ZICOSUR, Rubn Costas afirm: ZICOSUR hace autonoma en este septiembre boliviano tan particular Creemos que nuestras reservas de gas debemos brindarlas con libertad y sin chantaje a los pases hermanos Un especial inters de esta presidencia estar centrado en ayudar a consolidar el corredor carretero bi-ocenico, un proyecto reclamado desde hace aos por los sectores privados de nuestros pases, con miras a la interconexin de los Puertos del Pacfico con los del Atlntico".

Queda demostrado que todas las acciones autonomistas se dirigen a un objetivo comn: reimpulsar el neoliberalismo para engordar las cuentas bancarias de las lites de poder locales y extranjeras. Claro est, otra vez a costa de los pobres que se encuentran en los cuatro puntos cardinales del territorio patrio.

Concluyo diciendo que la nueva Constitucin, y mucho menos, los Estatutos Autonmicos Departamentales, contribuirn a mejorar el estado de la situacin en Bolivia. Antes de mi reciente llegada a la ciudad de Buenos Aires, escuch nuevos avances de la teatralizacin oligrquica, entorno al encuentro del Presidente y los prefectos. Un error estratgico. El presidente Morales da ms cuerda al debate constituyente, mientras los cachorros del imperialismo sacuden sus colas contentos por ser protagonistas de la nueva funcin. Cunto tiempo ms seremos testigos de tan horrendo espectculo de variedades?.

Antes que nada, debiramos plantearnos la revolucin en los siguientes trminos: precisamos profundizar el rol del Estado en la economa, recuperar las empresas estratgicas nacionales, con ello los recursos naturales del pueblo boliviano, y por supuesto, llevar adelante la industrializacin nacional del petrleo y de la minera. En segunda instancia, quizs nos encontremos capacitados para dotar a nuestro sistema pblico de universidades el capital suficiente para investigar cuestiones significativas de la historia del derecho boliviano todava no comprendidas, e imaginar una sistematizacin real del derecho alternativo, la complementariedad con el sistema oficial, y finalmente, si es necesario, la creacin de un nuevo derecho autnticamente boliviano, en base a conceptos slidos.

La Amrica Criolla, desprendida de Espaa en las guerras de la Independencia, fue balcanizada por potencias anglosajonas. Tanto Santander, como Rivadavia o Casimiro Olaeta en el Alto Per eran demcratas en el sentido de que eran elegidos por reducidas oligarquas para impedir la formacin de una gran Nacin, deca Abelardo Ramos. La eventual balcanizacin del territorio boliviano solventada desde el Norte, y por las multinacionales, repercutira negativamente en el escenario latinoamericano, y se convertira en la piedra del iceberg de la segunda poca de balcanizacin de la Patria Grande, o para decirlo en trminos actuales, la primera balcanizacin latinoamericana del siglo XXI.

Pero estamos a tiempo de evitar aqullo. Estamos todava a tiempo de parar la arremetida del imperialismo y la oligarqua ms rastrera, anclada como en la poca decimonnica, en pequeos enclaves de poder.

Notas:

1. Un ensayo jurdico que devela las implicancias reales de la Ley Marco de Referndum puede encontrarse en los siguientes enlaces: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=33580 http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2006062404

2. La Comisin de Concordancia y Estilo de la Asamblea Constituyente modific algunos artculos referidos en el presente ensayo de la siguiente manera:

Artculo 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indgena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinacin en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonoma, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidacin de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitucin y la ley.

Artculo 30. Es nacin y pueblo indgena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradicin histrica, instituciones, territorialidad y cosmovisin, cuya existencia es anterior a la invasin colonial espaola.

Artculo 6. Con el mismo contenido, en la versin final es el artculo 8, I.

Artculo 350. Con el mismo contenido, en la versin final es el artculo 352.

Artculo 151. En la versin final es el artculo 149, II, y dice: La ley determinar las circunscripciones especiales indgena originario campesinas, donde no debern ser considerados como criterios condicionales la densidad poblacional, los lmites departamentales ni la continuidad geogrfica. (Se excluye el texto La ley establecer la eleccin directa de estos representantes por formas propias).

Artculo 270. En la versin final es el artculo 272, y dice: Los alcances, la organizacin, el funcionamiento, la estructura, las competencias, las atribuciones, la asignacin de los recursos econmicos financieros y la coordinacin del sistema descentralizacin y de autonomas se regirn mediante esta Constitucin y la Ley Marco de Autonomas y Descentralizacin, que ser aprobada por dos tercios de votos del rgano Legislativo.

Mauricio Ochoa Urioste es licenciado en Derecho. Abogado. Presidente de la Asociacin Boliviana de Juristas (ABJ). Candidato al ttulo de doctor en derecho de la Universitat de Valncia. Colaborador de medios de prensa alternativos: Rebelin. Org, Argenpress.Info, y Bolpress.Com, y otros.



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