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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 29-03-2008

La escalada entre las corporaciones del campo y el gobierno nacional
Un conflicto que bien puede terminar en tragedia

Ezequiel Meler
Rebelin



1.

En das pasados, la que pareca una medida ms de un sector altamente dinmico, e innegablemente beneficiado por la poltica econmica argentina durante los ltimos seis aos, se ha convertido en el eje ineludible del debate poltico nacional. La protesta que se inici contra la nueva modalidad de retenciones mviles decidida por el joven ministro de Economa Martn Lousteau, inicialmente despreciada por anodina, se ha convertido en el desafo abierto ms importante de los sectores econmicos a un gobierno desde 1989 o, tal vez, desde 1976-. Que en dicha protesta se hayan filtrado diferentes predicados opositores, que hayan galvanizado alianzas aparentemente inauditas como la de Luciano Mguens, presidente de la Sociedad Rural Argentina, con Eduardo Buzzi, secretario general de la Federacin Agraria Argentina, as como con los principales partidos opositores y parte de la clase media antipoltica-, que la escalada verbal amenace con volverse real, son algunos de los ingredientes que obligan a detenerse y reflexionar una recomendacin que podemos, generosamente, extender a los referentes principales del conflicto-.

Recordemos las causas, a esta altura formales, del conflicto. Hace menos de un mes, el Ministerio de Economa sugiri -y el Poder Ejecutivo, va decreto de necesidad y urgencia, homolog- un nuevo sistema de retenciones mviles, que se ajusta a los movimientos internacionales de los precios de los principales bienes exportables a saber, soja, maz, girasol, trigo y otros-. En principio, el sistema, como cualquier otro, tiene puntos a favor y puntos en contra. A favor, que automatiza el monto de la carga impositiva, librando al gobierno de la desagradable necesidad de adecuar la misma ante cada fluctuacin de los valores internacionales. Tambin, que promueve, a travs de la rebaja de la retencin, cultivos desplazados por el boom sojero, como el trigo y el maz. Finalmente, una curiosidad en el mundo de los economistas heterodoxos, el sistema prev la baja progresiva e incluso, virtualmente, la desaparicin- de las retenciones, en caso de que se produzca un deterioro de los precios internacionales. Esto ltimo, de hecho, ya ha sucedido, sin que medie negociacin alguna: al trigo y al maz, se ha unido, pese a la escalada, la propia soja, en baja en los principales mercados cerealeros.

El gran punto negativo del sistema es que, por s mismo, impide distinguir entre grandes, medianos y pequeos productores. Y esta falencia tcnica, desde luego, ha tenido insospechadas resonancias polticas. El gobierno ha sido acusado, tanto por las entidades rurales, como por los propios productores autoconvocados, de no reconocer la diversidad de situaciones productivas, econmicas y sobre todo, regionales propias de la dinmica agraria argentina. Esta falencia es tambin una de las razones de la convergencia de casi todos los sectores organizados del agro, tanto en repudio de la medida, como de sus autores.

Pero las dificultades que presenta la coyuntura no son de raz tcnica, sino poltica. Porque la reaccin del campo, a diferencia de otras ocasiones, ha consistido en una serie de piquetes permanentes, que amenazan con causar, y de hecho estn generando ya, desabastecimiento de productos elementales de la canasta bsica, entre los cuales se encuentran no slo los alimentos afectados por las retenciones, sino incluso otros subsidiados, como la leche. Estos piquetes, que obviamente sealan la presencia de un malestar que no se explica ni se entiende por los porcentajes involucrados en las nuevas retenciones, han derivado, inevitablemente, en una serie de hechos de violencia, en los cuales no falt la inoportuna participacin de dirigentes kirchneristas relegados del sindicalismo y el movimiento piquetero, como Pablo Moyano hijo de Hugo, y titular de los camioneros- y Luis DEla, ex secretario de Vivienda, y referente de diversas organizaciones piqueteras.

2.

En esta cada vez ms preocupante escalada, donde todos parecen saber cmo subirse al tren, pero nadie conoce la frmula para detenerlo, se inscribe el discurso de ayer de la presidenta de la Nacin. Ms all de algn anlisis superficial, que se ha detenido en sus errores de geografa, lo trascendente del discurso no fue tanto su previsible contenido, bsicamente centrado en la enumeracin de los privilegios fiscales que posee el campo, en la bonanza que ha vivido en estos aos, en las obras recibidas a cambio de las retenciones, en la situacin econmica privilegiada del sector en niveles agregados, etc., sino la reaccin que produjo.

Sorprendentemente, los mismos dirigentes que hace aos vienen pidiendo represin para los piquetes de desocupados que, al lado de stos, no tienen comparacin ni por su duracin, ni por su violencia, ni por sus objetivos declarados-, los mismos dirigentes que, pocos minutos antes del discurso, haban cerrado las puertas a toda negociacin que no estuviera precedida por una altamente improbable concesin unilateral del gobierno al decretar el paro y la continuidad de los piquetes, cabe subrayarlo, por tiempo indeterminado-, los mismos dirigentes que, en fin, lanzaron el lock out patronal ms impresionante de los ltimos aos, se las arreglaron para descargar las culpas de la situacin a las provocaciones oficiales.

Horas despus, en un gesto que sorprendi a ms de un funcionario y en el que tanto los ms como los menos sagaces han visto la mano de Elisa Carri- un conjunto significativo de habitantes de la ciudad de Buenos Aires y la zona norte, armados con cacerolas y otros utensilios, sali a manifestar su solidaridad con el campo, en un pattico intento de revival de los sangrientos hechos de diciembre de 2001. La diferencia estuvo, como bien observaron los matutinos de ayer, adems del trgico desenlace de aos atrs, en la absoluta soledad que padeci la movilizacin opositora, hurfana de rplicas en el tradicionalmente caliente conurbano bonaerense, lo cual desnud, a mi entender, el carcter eminentemente poltico de los eventos que estamos viviendo.

En efecto, lejos de tratarse de una protesta econmica y social popular, capaz de aglutinar a sectores urbanos con demandas bsicas insatisfechas, el revival cacerolero consisti en una movilizacin de pequeos grupos de clase media y media alta, que, para peor, en vez de toparse con las esperables vallas policiales, se encontraron, nada amigablemente, con el ms oscuro rostro del peronismo. Me refiero a aquel que, como nos tena acostumbrados Kirchner en Santa Cruz, aplica el principio de que la calle no se entrega al adversario. As, casi de madrugada, cuando los diarios ya impriman su primera tirada, los coquetos ciudadanos caceroleros fueron echados a empujones de la plaza, patota mediante, por sus otrora aliados piqueteros, desnudando la profunda polarizacin poltica que se halla en el ncleo mismo de esta contienda.

Para hablar ms en claro: ya no se trata de un conflicto por intereses sectoriales, si es que ste tuvo, en algn momento, la entidad del caso. Cuando una de las partes, en este caso el campo, condiciona terminantemente el abastecimiento de artculos de primera necesidad a las principales aglomeraciones urbanas del pas a la lisa y llana rendicin del gobierno electo hace apenas tres meses, de lo que se trata, ms bien, es de una pulseada de poder. Cuando los medios arbitrados incluyen no slo la no comercializacin de los granos, sino la utilizacin de toda accin de fuerza requerida, incluida la violencia desnuda, para evitar dicho abastecimiento, se trata, indudablemente, de una extorsin. Cuando dicha extorsin se realiza, no a expensas de las propias ganancias, sino de la posibilidad misma de los ciudadanos mejor dicho, de los habitantes de las ciudades- de comprar la casi totalidad de los alimentos que necesitan en los locales comerciales en donde diariamente lo hacen, dicha extorsin implica, lisa y llanamente, un ultimtum.

En la situacin presente, cualquier concesin del gobierno ser leda, como sucedi antes con Alfonsn y, mucho antes, con Salvador Allende, en ocasin del boicot de los camioneros- como una muestra de debilidad. Lo cual, en medio de un veloz proceso de crecimiento de la economa, no exento de pujas redistributivas potenciadas por los niveles de inflacin, implicara un precedente de difcil remocin a la hora de negociar con otros sectores. El gobierno sabe esto. Sabe que ceder ante el desnudo ejercicio de la violencia sectorial, condimentada por el odio en parte cultural, en parte de clase, en parte ideolgico- que han suscitado muchas de sus medidas, su victoria electoral, y hasta su propia existencia, en amplios sectores de la poblacin, sera un paso suicida. El control y, a no olvidarlo, tambin el descontrol- de la economa por la conduccin poltica depende de la firmeza de las acciones estatales, lo cual no implica negarse de modo intransigente a rever toda medida, sino que requiere, ms bien, levantar la mirada para observar el panorama general, valorar la correlacin existente entre la medida tomada y el inters comn, y, slo entonces, actuar en consecuencia.

3.

Hasta aqu, no parece que hayamos agregado demasiado. Todo paro econmico, se nos dir con indiferencia, es esencialmente un acto poltico. Por la apelacin a la correlacin de fuerzas especfica del contexto, cada uno de los actores intenta modificar su acceso a la distribucin de bienes y servicios. Esto mismo vale para los casos de lock out. Sin embargo, en este paro el contenido poltico que se cuela es muy concreto. Porque la muy mal llamada huelga patronal es motorizada por un sector bien particular. El sector agropecuario vale recalcarlo mil veces, siempre en niveles agregados- ha sido la nia mimada del modelo de devaluacin abierto en 2001. Ha recibido innumerables subsidios por empezar, el propio tipo de cambio, que hace rato nos cuesta un buen porcentaje de la escalada inflacionaria en emisin monetaria para retener el dlar en niveles competitivos y evitar la, ms tarde o ms temprano inevitable, revaluacin del peso-, asistencias puntuales en combustibles, descuentos impositivos, etc.

Esencialmente, se trata de un sector cuyos precios internacionales, solamente en el ao pasado, subieron el 120%, cuando ningn precio interno subi en esa proporcin. No habra oferta que aguante semejante capacidad adquisitiva en manos privadas. Es cierto que el campo debe pagar sus inversiones en bienes de capital en divisas algo que no escasea en sus arcas, por cierto-, pero no es menos cierto que ha sido favorecido tambin en ese rubro, con aranceles especiales para la importacin. El sector rural, en definitiva, est tan lejos de la crisis y la recesin como de una mirada realista respecto de su contribucin real al producto nacional Por qu, entonces, la tozudez de la medida? Por qu la adhesin de los inefables vecinos porteos, siempre dispuestos a meter cuchara opositora? Este punto amerita, me parece, un tratamiento por separado.

Mencion recin, sin ms, el odio que despierta el gobierno en algunos sectores de la sociedad. La apelacin a un sentimiento irracional, como factor causal y componente de una explicacin racional, para entender un conflicto poltico, no es admisible, al menos, si no viene acompaada de mayores especificaciones. En un artculo anterior[1], seal que, en trminos de ingreso agregado relativo, el gobierno de Nstor Kirchner no haba resultado tan favorable para una buena parte de los sectores medios, fuertemente castigados por la desocupacin. Esta era la lgica contracara de un proceso de creacin de empleo que hallaba su prioridad en la lucha contra la pobreza y la indigencia, y que result en la creacin de millares de empleos de baja remuneracin y escasos beneficios sociales[2].

Sin embargo, de nuevo, no estamos hablando de ingresos. No hoy, al menos. Independientemente de la presencia de intereses materiales en todo conflicto, aqu pesan ms temas ideolgicos y culturales, difundidos con la complicidad de los medios de comunicacin masiva. Asumirlos implica referirse al ya innegable retorno de los tpicos principales del antiperonismo ms rabioso, racista y xenfobo, a la esfera pblica[3]. Ya con anterioridad a la campaa electoral, la oposicin poltica, hurfana de un discurso articulado, recurri, tal vez en demasa, a la explotacin de esta veta generosa, que viene de muchos aos y encuentra rpida acogida en los sectores medios urbanos.

Las apelaciones al supuesto autoritarismo oficial, las denuncias acerca de la muerte de la Repblica, la idea de un gobierno que buscaba desarmar a la oposicin para presumir de una difusa hegemona en el ya mellado sistema de partidos argentino, fueron algunos de los tpicos utilizados. La referencia ya no iba tanto a una gestin concreta, sino que se hallaba en el mismo pblico al que se apelaba: el viejo votante radical, los sectores tradicionales de la derecha liberal, e incluso los mal llamados votantes independientes, cada vez ms inmersos en esta suerte de sentido comn de derecha, no exento de cierto racismo inveterado esa sensacin de malestar esttico ante los lugares pblicos de los DEla y los Moyano, que viene de lejos-.

Y, cabe sealarlo, ms all de la contundente victoria electoral del oficialismo, la apelacin fue indudablemente exitosa. En muchas de las principales ciudades del pas (Buenos Aires, La Plata, Rosario, Crdoba y la lista sigue), la oposicin pudo vencer. La referencia al componente antiperonista del voto opositor qued en manos de la propia por lo menos, as se hace llamar- lder de la oposicin, Elisa Carri, quien, adems de denunciar un muy supuesto fraude, declar que el gobierno electo naca con una legitimidad segmentada, dado que haba sido votado por los sectores ms pobres del interior presuntamente presos del clientelismo oficialista- sufragio que, sugera, vala menos que el de las educadas e iluminadas clases medias y altas cuya representacin se arrogaba[4]. As, un faccioso discurso entrecano, que desvirta la racionalidad de los pobres por su misma pobreza, quedaba rehabilitado para actuar, pero en un contexto muy diferente.

Porque, si hay una caracterstica saliente del eje peronismo antiperonismo durante sus primeros aos de existencia, ella estriba en las dificultades de ambos para inscribirse abiertamente, por lo menos hasta 1955, en lgicas explcitas de clase. La cultura predominante en el pas juzgaba a la integracin social como un valor saliente, dira decisivo, de la nacionalidad siempre en construccin. Sin embargo, desde mediados de los aos ochenta, y especialmente en los aos noventa, esa valoracin se fue diluyendo, al ritmo de las dificultades econmicas, la creciente desocupacin, la fragmentacin social y los nuevos repertorios de protesta de los sectores excluidos con los piquetes, precisamente, a la cabeza-.

Por momentos, pareci que la apelacin de dichos sectores a sus derechos bsicos un componente esencial de la vieja cultura de ascenso social que en parte precede, en parte es generada por el peronismo-, poda recabar apoyos sociales en otros sectores, solidarios con quienes vean en ellos una parte de un mismo nosotros. Esa ilusin, con todo, se fue desvaneciendo a partir de la crisis de 2001 -y, especialmente, de la recuperacin-. Esto pudo verse en la ambigua relacin que, desde el comienzo, tuvieron los desocupados con los sectores medios, que recorri, en poco menos de dos aos, el tramo completo de la aceptacin al rechazo. La pobreza fue nuevamente desplazada de la agenda por la inseguridad, y ese sector, visto como aliado a la hora de la represin, fue adquiriendo el rostro de un peligro contra el que haba que defenderse.

El discurso de los derechos permaneci, pero se limit a una aplicacin parcial, que priorizaba la satisfaccin de las aspiraciones individuales y condenaba el ejercicio de toda empresa colectiva. Dos Argentinas se enfrentaban de nuevo, con la diferencia de que ahora los viejos clivajes polticos aparecan revestidos de una fuerte experiencia de clase, y que todo ello operaba en una sociedad que lleva ya ms de treinta aos como receptora de discursos funcionales a la desigualdad, a la exclusin, al individualismo y, last but not least, a la violencia. Estos son los condicionamientos con los que asumi el presente gobierno: esta sociedad fragmentada, crispada y poco proclive a la reflexin es la misma sociedad que, mal o bien, le toca representar.

4.

Es, en suma, este gobierno, de todos los consagrados por el rgimen representativo desde 1984, un enemigo del campo? nicamente en el reaccionario pensamiento de algunos que se dicen progres puede caber semejante absurdo. No, y al contrario: al optar por mantener estable el timn del rumbo macro cuando bien pudo anunciar una modificacin del tipo de cambio, un impuesto a la renta potencial, en otras palabras, una modificacin del esquema agroindustrial-, la presidenta ha ratificado el lugar del campo como muy incmodo socio comercial del Estado. En las rutas, denuncian la disparidad de contribuciones a dicha sociedad, como si los precios internacionales tuvieran algo que ver con los niveles de la inversin, las falencias de la productividad rural, o el escaso inters por otorgar beneficios sociales a los peones por lejos, los trabajadores ms castigados por el empleo en negro-. Como si sus costos internos no tuvieran nada que ver con una poltica que ha sacrificado buena parte de la redistribucin posible del ingreso a las exigencias cotidianas del tipo de cambio alto, ya abandonado por Brasil dos aos atrs.

Deberan pensarlo dos veces. Antes de las elecciones, el presidente de CARBAP, una de las corporaciones en lucha, se permiti llamar a votar a la oposicin, al indicar que este no es el gobierno del campo. Algunos, parece, creen que el pas puede, as como as, y a costa del Estado de Derecho, desandar sesenta aos, para reinstalarse en los infames aos treinta. El peligro de su error estriba, en medio de la polarizacin reinante, en que los dejemos creer que ellos son el pas. Nunca como ahora, han demostrado que son slo una parte, y en lo que a referentes, discursos y prcticas concretas aplica, la ms deleznable de todas. Para muestra de ello, bastar con mirar, en dos o tres das, las gndolas vacas, y luego volver la vista a los alimentos arrojados a la vera de las rutas, en un pas que todava lucha contra la pobreza, el hambre y la desnutricin.

Lo mismo vale para la oposicin poltica. El pas no soportara indemne una crisis poltica de proporciones. La responsabilidad institucional, de la que tanto hablan cuando eligen referirse al adversario, les viene faltando. Elegir el enfrentamiento es, en todos los casos, refrendar el autoritarismo. Buscar mediaciones menos oportunistas, en vez de armar operaciones mediticas, saliendo a prometer lo imposible, como si todava estuviramos en campaa, desnuda su peor virtud: la desmedida ambicin de poder. Jugar con el recuerdo reciente de la sangre derramada, que an nos duele, en un pas con una larga tradicin de enfrentamientos sectarios, refrenda, antes que nada, la justicia de su derrota, y legitima por s mismo el papel de reparto que la sociedad les ha conferido.

5.

Fortis cadere, cedere non potest[5].

Proverbio latino

En la actual coyuntura, hay muchas salidas posibles, pero pocas formas de salir. El sistema podra perfeccionarse, a travs de devoluciones impositivas a quienes producen menos. De nuevo, el sistema no es lo que se discute. Lo que se discute es el poder, la legitimidad del gobierno, a escasos cien das de su asuncin. En la lucha de poderes enfrentados, ambos bandos estn seguros de una victoria que ser slo para uno. El campo puede ceder, pero ello es improbable. Sus dirigentes aparecen envalentonados por los intentos de desestabilizacin que el gobierno sufre desde varios ngulos. Creen que este es el momento para hacerlo retroceder. El gobierno, en tanto, puede ceder ahora, pero deber entonces prepararse para una andanada de reclamos sectoriales. La estabilidad econmica, uno de sus estandartes decisivos, quedar comprometida. La oposicin, completamente encaramada a cualquier posibilidad de recrear el escenario de 2001, intentar mostrar y demostrar en todos los casos que el gobierno no es el dueo del terreno.

Ante ello, la primera reaccin oficial ha sido el uso de patotas. Esto ha deslegitimado al gobierno, que contaba y cuenta en su haber con las armas del Estado de Derecho, y es al mismo tiempo un sntoma ms de lo dicho: la desintegracin trae violencia, y la violencia refuerza la desintegracin. Cristina Fernndez comprende perfectamente el escenario. Sabe que la reiteracin de la alianza tctica de 2001 es imposible. El conurbano est quieto, alerta en todo caso, a la espera de directivas de sus dirigentes, todos ellos peronistas. El movimiento peronista entero, incluyendo a los sindicatos, se halla en estado de alerta y movilizacin, como seguramente anunciar hoy el ex presidente Nstor Kirchner en el acto de Parque Norte. Los peronistas acostumbran terminar sus mandatos, me dice un dirigente de base, embravecido como pocos. Pero aprestarse a la batalla puede no ser lo ms inteligente.

El tiempo podra jugar a su favor, en la medida en que los pequeos y medianos no pueden sostener una protesta por s solos y, ms tarde o ms temprano, podran verse obligados a vender su produccin. Mguens y Buzzi, por su parte, lo saben tambin, y su tranquilidad revela que se trata de una accin coordinada. Largamente asociados a los negocios de la exportacin, los grandes estn dispuestos a sostener a los pequeos, al menos por un tiempo, con tal de torcerle la mano al Ejecutivo. Juegan la carta ms dura de una sola vez: desabastecer a las ciudades, y luego aprovechar la larga tradicin presidencialista del pas para responsabilizar al gobierno, tanto del conflicto como de sus consecuencias. En ese contexto, apuestan, es posible que diversos sectores, animados por los medios, confundan firmeza con inaccin. Se recrearan, entonces, condiciones de inestabilidad que por experiencia conocida resultan incompatibles con el Estado de Derecho. Rotas ya varias cadenas de produccin en especial, la avcola, que depende de las paralizadas entregas de maz-, las posibilidades de negociacin no ofrecen resultados inmediatos. El gobierno debe decidir rpido su respuesta poltica. Su continuidad, y la estabilidad poltica de la democracia argentina, dependen de ello.

Ezequiel Meler,

[email protected]

[email protected]



[1] Macri liquida el pleito en el ballotage, en www.rebelion.org, 27/6/2007.

[2] La mayora de los desocupados pertenece a las clases medias, en Clarn, 19/06/07.

[3] Dos de las innumerables notas publicadas en las ediciones matutinas de Buenos Aires me parecen especialmente rescatables. Me refiero a las entrevistas al ensayista Nicols Casullo, en Pgina 12, 04/11/07, y al socilogo Lucas Rubinich, en Pgina 12, 17/02/08.

[4] Opinin, por Mario Wainfeld, en Pgina 12, 04/11/08.

[5] El fuerte puede caer, pero no puede rendirse.



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