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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 26-04-2008

Rgimen poltico, paramilitarismo y fosas comunes: una catstrofe humanitaria en el suroccidente colombiano

Athemay Sterling
Voz


Se espera que con la exhumacin de los despojos mortales de decenas de miles de personas - desaparecidas, asesinadas y ejecutadas extrajudicialmente desde 1986 por el paramilitarismo con el visto bueno y apoyo de sus aliados y amigos dentro y fuera de organismos estatales,- todas ellas encontradas y por encontrar en mltiples fosas comunes, se pueda determinar la identidad de los restos seos, sus victimarios intelectuales y materiales, y lo macabro: saber cmo fueron brutal y dantescamente ultimados.

Seguramente con la ayuda cientfica de antroplogos forenses y de personal calificado de la Fiscala, El Das, la Procuradura, las Personeras, Defensora, veeduras de vctimas, el Movice, Organismos internacionales y nacionales defensoras de DDHH y familiares, se pueda conocer parte de esta verdad para que coincida la verdad judicial con la verdad histrica como parte integrante para que haya justicias real y efectiva reparacin integral a las vctimas sobrevivientes y a la sociedad, para evitar su repeticin.

Lo que se conoce hasta ahora es el informe de organismos estatales y no estatales y familiares de las vctimas, quienes denuncian la desaparicin forzada de cerca de treinta y cinco mil personas en el Valle del Cauca, Cauca, Nario y Putumayo, regin sur occidental fuertemente militarizada y para militarizada en el perodo comprendido entre 1986 y 2008, es decir, desde que se comenz a concretar la tenaza neoliberal y fascista, y que con diferentes planes blicos agudiz la crisis humanitaria y social conducindola a la catstrofe que hoy afronta.

La existencia macabra de centenares de fosas comunes en esta regin del sur occidente colombiano, se contextualiza en el marco econmico, jurdico y poltico de este perodo que inicia con la guerra sucia contra el Partido Comunista Colombiano y la Unin Patritica, conocida como el Genocidio Poltico contra estas dos organizaciones civilistas y de oposicin legal al rgimen.

II

Fue el Gobierno de Virgilio Barco desde 1986 quien desarroll la tenaza neoliberal-fascista que ms adelante su discpulo Csar Gaviria la concret, al combinar la llamada "Apertura Econmica Neoliberal" con la autodenominada "Guerra Integral" de rasgos fascistas , como doble golpe a lo que sera la exclusin de una parte importante de la sociedad y del movimiento popular de lo que se llam "Acuerdo de Paz" o nueva Constitucin de claro eclecticismo, sin que resolviera de fondo los problemas cruciales y las causas reales del conflicto social y armado colombiano.

Este primer perodo de los ltimos veinte aos abre camino favorable a lo que hoy se dice llamar uribismo, es decir: la combinacin neoliberal-fascista, alimentada desde el inmediato pretrito por los Gobiernos de Samper y Pastrana, donde no fue ajena en ellos la prctica de acciones violatorias contra el pueblo, los trabajadores y la oposicin civilista al rgimen.

Las masacres abundaron, continu el genocidio poltico contra los comunistas colombianos, la Unin Patritica y el pueblo.

En esta etapa se impuso la desruralizacin, la desindustrializacin, la privatizacin de lo estatal, la precarizacin de la vida laboral, el aumento del desempleo y de la informalidad, la prdida de conquistas laborales y prestacionales, el xodo de colombianos por su condicin poltica opositora al rgimen, la penalizacin de toda protesta social , prevalece la poltica oficial de convertir la problemtica social en problema de orden pblico, se crean, actan y fracasan onerosos planes militares, se impone el control del capital financiero de la vida nacional, se manifiesta el apoyo estatal a mega proyectos transnacionales que para su imposicin impulsan masacres y desplazamientos forzados, se fortalece desde el Estado la alienacin colectiva por intermedio y a favor del poder monoplico de los medios comerciales de comunicacin. Con el Paramilitarismo transversalizando esta complejidad de situaciones.

Las torturas, detenciones masivas, masacres, muertes selectivas de dirigentes populares, genocidio estatal contra el movimiento sindical y contra los defensores humanos es pan de cada da, en una clara catstrofe humanitaria y social donde el Estado y el rgimen poltico por accin, omisin y muchas veces por sumisin al Imperio son culpables.

III

As el paramilitarismo, con diferentes nombres y denominaciones, sus creadores y financiadores dentro del rgimen continuista, la industria, del bipartidismo, de los terratenientes y grandes ganaderos, siempre como poltica de Estado, cumple el papel, para que acceda al poder la tenaza neoliberal-fascista, segn se desprende de todos los hechos notorios y pblicos hoy conocidos por las mismas confesiones expresadas a medias por varios de ellos, de los congresistas presos por para polticos, incluido el mismo primo del Presidente y adems ex presidente del Congreso, quien para huir de las vctimas de l, quiso infructuosamente buscar asilo en la Embajada de Costa Rica y que hoy se encuentra en la Crcel La Picota en Bogot junto a varias decenas de otros congresistas que por accin u omisin son presuntamente responsables de crmenes de lesa humanidad y de guerra al haber apoyado al paramilitarismo.

Claro que no estn libres de responsabilidad los gobernantes regionales como Gobernadores y Alcaldes, seguramente Diputados y Concejales de las regiones que seguramente conociendo todos estos hechos cohonestaron y prevaricaron por accin o por omisin, pues la conducta punible de los paramilitares se realiz en Departamentos y Municipios concretos.

IV

El sur occidente no escapa a esta catstrofe humanitaria, por ejemplo segn declaraciones y confesiones expresadas en diligencias judiciales y tambin ante diferentes medios de comunicacin varios integrantes con rango y mandos paramilitares diferentes, han exteriorizado su accionar vinculando a militares, a otros servidores pblicos, a polticos y a personas de fuera y dentro de la institucionalidad.

El proceder macabro de las masacres, del descuartizar las vctimas, desmembrar los cuerpos para enterrarlos "ms econmicamente", mutilarlos con moto sierras, frer las partes pulpas y grasosas de los cadveres y deglutirlas posteriormente con ntida actitud canbal y sanguinaria por ejemplo, y otras prcticas que se tipifican como delitos de lesa humanidad y crmenes de guerra, expresadas por varios paramilitares y conocidas en diferentes medios de comunicacin, ocurrieron en los departamentos de Valle, Cauca, Nario y Putumayo como as lo manifestaron varios de ellos y conocidas pblicamente.

En el caso del Valle del Cauca, Trujillo desde 1989 hasta ahora ha sufrido esta barbarie, cuando en ese entonces fueron aserrados hasta morir ms de trescientas personas y muchas de ellas arrojadas al ro, hasta hoy cuando en la Sonora parte rural alta de este municipio hay un cementerio paramilitar con varias fosas y muchos despojos mortales.

Igual sucede en Montaitas en Yumbo y la Cumbre, Dagua, La Buitrera y el Arenillo en Palmira, Galicia, Pardo Alto, Bugalagrande, Tulu, Barragn, La Marina, Jicaramata, Venus, Monteloro, Puerto Frazadas, Buenaventura, La Inmaculada,, Gamboa, Candelaria, Villa Gorgona, Jamund, Robles, Jamund, San Antonio, Asnaz, La Liberia, San Antonio, Santander de Quilichao, San Pedro, Mondomo, Cajibo. La Hormiga y Orito en el Putumayo, Tumaco, Remolinos, Policarpa, Barbacoas, Llorente, El Diviso en Nario.

De lo que se trata ahora no es slo exhumar los despojos mortales, se trata tambin identificarlos, ubicar sus familiares, acompaarlos en el duelo familiar, social y poltico, tambin descubrir los victimarios dentro y fuera de las Instituciones Oficiales, accionar jurdicamente contra el Estado, por un lado, y tambin por otro aspecto, accionar no como repeticin judicial sino en el marco del Estatuto de Roma o de Tribunales Internacionales contra los funcionarios y servidores pblicos en los tres poderes y en los organismos de seguridad que presuntamente estn involucrados en estos crmenes genocidas, de guerra y de lesa humanidad, que deben ser denunciados tambin este 1 de mayo contra la guerra y el autoritarismo, por la paz con justicia social, por la solucin poltica al conflicto social y armado colombiano y por el intercambio humanitario.

No podr haber ni perdn, ni olvido a estos crmenes que atentan contra la humanidad. 

Athemay Sterling: Director Centro de Derechos Humanos Universidad Santiago de Cali, Consejero Superior Universitario, Abogado Defensor de Derechos Humanos, integrante del Equipo periodstico de VOZ, Subdirector CPDH y ANDAS Valle, constituyente de la Comisin de Impulso al Intercambio Humanitario, profesor Universitario, Director de Derecho Preventivo & Derechos Humanos, escritor, historiador y analista poltico, Ex Consejero Departamental y Asesor de Paz, conferencista nacional e internacional sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional, sobreviviente del genocidio poltico cometido por el Estado contra el Partido Comunista Colombiano y la Unin Patritica, Consultor de la Seccin Amrica de la Federacin Sindical Mundial con sede en la Habana Cuba.
[email protected]


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