El pasado jueves 24 de abril se hizo público el concierto singular de carácter marco de 28 de diciembre de 2006, por el cual el SERMAS vendía a la Fundación Jiménez Díaz–Unión Temporal de Empresas, toda la asistencia hospitalaria urgente y programada, de atención especializada, los diagnósticos de laboratorio, radiodiagnóstico, anatomía patológica y endoscopias de la población de las 14 Zonas Básicas de Salud siguientes: Aravaca, Casa de Campo, Argüelles, El Pardo, Cortes, Justicia, Universidad, Palacio, Embajadores I y II, Andrés Mellado, Imperial, Acacias y Palos de Moguer. Para ello se le ceden los centros de especialidades públicos de Quintana y Pontones.

La empresa adjudicataria es la multinacional Capio, que a su vez es propiedad del fondo de capital‐riesgo norteamericano Apax Partners. Este tipo de empresas se caracteriza por la búsqueda de la rentabilidad a corto plazo, a costa de lo que sea, incluida la propia supervivencia de la actividad y la continuidad del servicio.

Los centros de salud correspondientes a esas zonas básicas, son con toda seguridad el siguiente objetivo, ya que son imprescindibles para asegurar la rentabilidad económica de la operación, al pasar a desempeñar un papel reductor de las derivaciones a especializada. La privatización de la gestión de los centros sanitarios, cualquiera que sea la modalidad empleada implica la búsqueda prioritaria de beneficios, sin control de calidad público alguno, ya que la evaluación de la gestión también está en manos privadas. El mecanismo es, desgraciadamente, bien conocido ya: Devaluar y evitar la atención debida a quienes generan mayor gasto: personas mayores con patologías múltiples, enfermos crónicos y en general personas sin recursos que acumulan todo tipo de necesidades.

Ejercer presión o incentivar económicamente, sobre todo a los médicos para que disminuyan la indicación de ingresos, den altas rápidas, soliciten menos pruebas diagnósticas, etc. Reducir plantillas de trabajadores sanitarios y no sanitarios, y precarizar sus relaciones laborales.

Las consecuencias están aseguradas. El ahorro en personal y recursos, único mecanismo que garantiza el negocio privado, redunda en descensos brutales de la calidad y el correspondiente aumento de la mortalidad hospitalaria, en la disminución del diagnóstico precoz y, en general, en un deterioro inaceptable de la calidad de la atención de todas las personas.

¿Cómo es posible que se haya llegado a esto?

La venta de un servicio público esencial como la sanidad a manos privadas, conquista de la lucha de los trabajadores y trabajadoras, es el resultado de un proceso largo de deterioro consentido por los diferentes gobiernos del PP y del PSOE y que responde al objetivo de la empresa privada de hacerse con un negocio sin riesgos: financiación pública y beneficio privado.

Por desgracia, todo este enorme proceso de privatización que afecta todos los nuevos hospitales madrileños y que en breve plazo se extenderá a toda la sanidad madrileña, es perfectamente legal. Si no fuera así, podríamos denunciarlo ante los Tribunales. El marco legal que ampara toda esta aberración está amparado por la Ley 15/97, de "Habilitación de Nuevas Formas de Gestión", aprobada cuando el PP gobernaba en minoría y apoyada ‐ sin su voto no hubiera prosperado‐ por los votos del PSOE.

Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad