Portada :: Espaa :: Opinin
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-05-2008

El blindaje penal de la bandera espaola: notas sobre un despropsito

Gerardo Pisarello/Jaume Asens
sinpermiso.info


Con la polmica sobre injurias a la corona todava viva, la condena a 31 meses de prisin a Francesc Argem, el joven independentista cataln que descolg una bandera espaola en Terrassa, ha reabierto el debate sobre la proteccin de las instituciones y smbolos del Estado. Los defensores de la sancin a Franki, entre los que han despuntado algunos conspicuos dirigentes del Partido Popular, sealan que la proteccin reforzada de la bandera espaola es necesaria para garantizar la convivencia y la unidad nacional. Tambin sostienen que quienes atentan contra ella son radicales que no expresan ideas sino que incurren en actos de incitacin a la violencia. Este tipo de juicios, sin embargo, oculta hechos e incurre en dobles raseros difciles de soslayar.

El ms evidente es que la bandera espaola, al igual que la unidad del Estado, no se encuentran desprotegidas sino celosamente blindadas por el sistema poltico. En primer lugar, por lo que el britnico Michael Billing ha llamado el nacionalismo banal. Este tipo de nacionalismo pocas veces es admitido por quienes lo ejercen. No obstante, opera a travs de mecanismos cotidianos como la presencia de los smbolos del Estado en edificios oficiales, monedas, competiciones deportivas o sencillamente en el vocabulario asumido acrticamente por medios de comunicacin, polticos y personajes pblicos, entre otros. En segundo lugar, por el propio aparato coactivo estatal. Segn la ley de banderas de 1981, la insignia espaola es signo de unidad e integridad de la patria. La preservacin de estos valores es la finalidad que la Constitucin espaola encomienda al ejrcito en su artculo 8, un precepto sin parangn en el mbito europeo que reproduce casi sin modificaciones el artculo 38 de la Ley Orgnica del Estado franquista. Tambin son stos los bienes jurdicos que protege el delito de ultraje a la bandera. No por casualidad, este tipo penal se encuentra sintomticamente situado junto al de ofensas a Espaa, y sus orgenes pueden rastrearse en la Ley de seguridad del Estado franquista, de 1941. Esta normativa fue profusamente utilizada para perseguir los llamados actos de traicin espiritual a la Nacin espaola, como las proclamas de vivas o mueras; las primeras, generalmente, referidas a Euskadi, Catalua o Galicia, y las segundas, a Espaa.

En teora, tambin las banderas autonmicas gozan, en la actualidad, de proteccin jurdica. En la prctica, no obstante, los nicos agravios perseguidos, presentados como desrdenes pblicos y sancionados de manera ejemplar, son los relacionadas con la bandera bicolor. Toda la jurisprudencia del delito hace referencia a ultrajes a la nacin espaola o al sentimiento de su unidad indivisible. En cambio, los grupos de extrema derecha que ultrajan smbolos catalanes o vascos, a menudo de forma disruptiva, rara vez suelen tener problemas con la justicia.

La asimetra es evidente y la propia ley da pie a que se produzca. En 2002, el Partido Popular impuls un pacto con el PSOE que asegurara la presencia en la Plaza Coln de Madrid de una bandera espaola de casi trescientos metros cuadrados en un mstil de cincuenta metros de altura. El objetivo era que el ejrcito la izara, entre otros actos, durante el onomstico de Juan Carlos I y el da de la Hispanidad, hasta hace poco conocido como Da de la Raza. De esa manera, se intentaba reflejar el lugar preferente y de honor que la ley de 1981 reserva a la bandera espaola en relacin con cualquier otra autonmica, que nunca podrn tener mayor tamao (artculo 6).

Los intentos de minimizacin de los smbolos autonmicos se extienden igualmente a otros con importante carga histrica, como los republicanos. El republicanismo, como el independentismo, son idearios polticos considerados legtimos por el propio sistema constitucional espaol. A pesar de ello, el Ministerio Fiscal solicit recientemente una severa pena de prisin para el activista madrileo Jaume dUrgell, quien, en un acto simblico de restitucin democrtica, sustituy en un edificio pblico la bandera rojigualda por una tricolor. Hace poco, tambin, la Guardia Civil irrumpi en un local de Izquierda Unida en Medina Sidonia, Cdiz, para incautar una bandera republicana por su supuesta inconstitucionalidad. Todo esto mientras la bandera franquista la que lleva el escudo con el guila de San Juan incluida- ondea sin mayores molestias en manifestaciones de la Iglesia o de la derecha poltica, as como en la fachada de locales regentados por nostlgicos de la dictadura.

En un contexto as, presentar la crticas a lo que la bandera espaola representa como gratuitas manifestaciones radicales que incitan a la violencia resulta un reduccionismo pueril. Ms bien, dichas crticas son la reaccin al uso prepotente y no pocas veces violento de un smbolo que, aunque remozado, sigue representando para muchos una herencia del rgimen franquista. La utilizacin de la bandera como arma arrojadiza por parte de la derecha ms recalcitrante no hace sino confirmar esta percepcin. Basta con la esperpntica exhibicin del pen de Perejil o recordar las arengas patrioteras de Mariano Rajoy cuando peda sin aspavientos, pero con orgullo sacar a las calles las banderas rojigualdas para celebrar el 12 de octubre.

En 1989, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos consider, en el caso Johnson v. Texas, que la quema de la bandera por razones polticas deba entenderse como un ejercicio simblico de libertad de expresin y no como un acto de incitacin a la violencia. Hasta el muy conservador juez Antoni Scalia suscribi el fallo, que el juez William Brennan motiv con un argumento decisivo: las crticas a la bandera, incluida su quema, deban admitirse precisamente porque la bandera de los Estados Unidos pretende, ante todo, ser un smbolo de libertad. Desde entonces, los sectores conservadores han intentado de manera infructuosa impulsar una reforma constitucional de la Primera Enmienda que desactivara este precedente. Cuando se coteja esta realidad con la espaola, los interrogantes son inevitables: qu simboliza una bandera que necesita dotarse de una coraza institucional y penal tan desmesurada? Qu torna tan grave, como cantaba George Brassens, el pecado de no seguir al abanderado?

Gerardo Pisarello es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona.
Jaume Asens es miembro de la Comisin de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona


Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter