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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 21-05-2008

Una estrategia judicial propia de "tiempos de guerra" que persigue ideologas en vez de hechos
Los defensores de los derechos humanos en el punto de mira

Jaume Asens
Gara


El juicio que se est celebrando en la Audiencia Nacional contra los miembros de Gestoras Pro Amnista y Askatasuna, organizaciones de referencia en el mbito de la denuncia de violaciones de derechos humanos y la solidaridad con los presos vascos, supone una pieza ms del kafkiano laberinto del que forma parte el macroproceso 18/98. La tesis garzoniana es ya conocida: todos los grupos ligados a la izquierda abertzale son, o estn destinados a ser, apndices de la estructura de ETA. Han sido creados, fagocitados o colonizados por ella y responden a sus directrices. La maquinaria penal de la Audiencia Nacional se ha transformado, a partir de esa singular premisa, en un gigante en continua expansin destinado a ilegalizar y clausurar bajo la acusacin de pertenencia o colaboracin con banda armada todo aquello que se encuentra por delante. Se han cerrado peridicos, se han prohibido agrupaciones electorales, fundaciones, partidos y otras organizaciones polticas, y hasta se han impedido manifestaciones o reuniones. Todo un derecho penal del enemigo propio de tiempos de guerra que persigue ideologas en vez de hechos, inspirndose en una vieja y nunca apagada tentacin totalitaria: la idea de que se debe castigar no por lo que se ha hecho sino por lo que se es.

En ese contexto, no resulta extrao que la denominada lucha contra el terrorismo alcance tambin a los defensores de los derechos humanos o a los abogados de la izquierda abertzale que han venido denunciando esa involucin. No hace mucho, la Audiencia Nacional levant testimonio de particulares en la propia sentencia del sumario 18/98 contra dos de los abogados defensores, Jone Goirizelaia y Jose Mara Elosua, acusados de injurias terroristas -delito que por otro lado no existe en nuestro ordenamiento- por referirse, en ejercicio de su libertad de expresin y derecho de defensa, a las torturas padecidas por sus defendidos. Ahora, otra vez en el mismo tribunal, se juzga a los abogados de Gestoras Pro Amnista bajo la acusacin de formar parte del frente de macos -o crceles- de la organizacin armada.

Por este motivo algunas asociaciones de abogados como AED (Abogados Europeos Demcratas) han venido realizando una labor jurdica de observacin, seguimiento y denuncia de esos procesos. En el juicio de Gestoras los abogados europeos han denunciado, entre otras cuestiones, la entrada y registro de despachos profesionales de abogados como Julen Arzuaga, miembro de la propia AED, sin las garantas debidas al secreto profesional y a la confidencialidad de las comunicaciones con los clientes. En una situacin muy parecida, pero desafortunadamente no tan conocida, se encuentra el abogado Juanma Olarrieta, encarcelado bajo la acusacin de pertenencia a banda armada por su actividad profesional de defensa en Madrid de los presos de GRAPO.

Con estos y otros casos se pone en evidencia, como ya apuntaba la propia ONU en su resolucin 53/144 del 1998, las dificultades y obstculos a los que se enfrenta la labor de denuncia de maltratos y torturas incluso por parte de los profesionales del Derecho. Sustraer del silencio e invisibilidad tales actos de barbarie se convierte todava hoy en da en una autntica tarea titnica y de riesgo. En Catalua, sin ir ms lejos, recientemente lo han podido comprobar otra vez los propios miembros del Observatorio del Sistema Penal de la U.B., a los que el Gobierno cataln ha prohibido su entrada a las prisiones catalanas para realizar su labor de investigacin y seguimiento de los maltratos o torturas denunciadas.

Las personas u organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y denuncia de sus violaciones son la base imprescindible sobre la que se constituye la confianza en los mecanismos especficos de proteccin de los ciudadanos frente al arbitrio punitivo. Aqu y en cualquier parte del mundo. La no comprensin de ese papel fundamental y su persecucin no son ms que otro signo inconfundible de involucin autoritaria y prdida de legitimidad poltica del actual estado de derecho.

Jaume Asens. Vocal de la Comisin de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona



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