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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 24-05-2008

Per: Decreto Legislativo 1015
El gobierno presenta una ley que facilita la disolucin de las comunidades campesinas andinas y las comunidades nativas amaznicas

Wilfredo Ardito Vega
Alai-amlatina


Hace algunos meses, la representacin del Per en las Naciones Unidas estuvo entre las ms entusiastas promotoras de la Declaracin sobre Derechos de los Pueblos Indgenas, por la cual los gobiernos se comprometen a respetar derechos como el territorio y a consultar a los indgenas sobre las decisiones que les afecten.

Para muchos dirigentes indgenas y campesinos peruanos, sin embargo, era desalentador que, mientras tanto, el gobierno peruano presentaba al Congreso el Proyecto de Ley 1992, que facilitaba la disolucin de las comunidades campesinas andinas y las comunidades nativas amaznicas.

Histricamente, las tierras de las comunidades indgenas peruanas han generado el inters de otras personas. En 1824, Simn Bolvar decret su disolucin, permitiendo que muchos hacendados se apropiaran de las tierras. Las comunidades indgenas no fueron reconocidas hasta un siglo despus y la Constitucin de 1933 prohibi que sus tierras fueran adquiridas por terceros, debido a que existan diversos mecanismos de presin hacia los campesinos para obligarlos a vender.

La Constitucin de 1993 seal, ms bien, que las comunidades campesinas y nativas eran autnomas en cuanto a la libre disposicin de sus tierras, pero ellas no estaban interesadas en disponer de ellas, por las vinculaciones ancestrales que poseen.

El Proyecto 1992 busca enfrentar ese pequeo problema: a diferencia de lo que ocurre en cualquier otra copropiedad o persona jurdica, para vender las tierras de una comunidad campesina o nativa no hace falta que la mayora de los integrantes est de acuerdo. Basta que aprueben la venta o la disolucin de la comunidad la mayora de asistentes a una asamblea cualquiera, as constituyan una pequea minora.

De esta forma, por ejemplo, ser muy fcil a una empresa minera o petrolera interesada en los recursos naturales existentes dentro de una comunidad presionar o convencer a diez o doce de sus integrantes ofrecindoles algn beneficio.

Frente a este panorama, la Comisin de Pueblos Amaznicos, Andinos y Afroperuanos y Ecologa rechaz el proyecto y todo indicaba que lo mismo ocurrira en la Comisin Agraria. Por ello, cuando los ltimos asistentes extranjeros a la cumbre ALC-UE se haban retirado y ya no era necesario mostrar una imagen democrtica, el gobierno aprob el Decreto Legislativo 1015 que contiene exactamente el mismo texto que el Proyecto 1992.

La nueva norma atenta contra la seguridad jurdica en las zonas rurales y generar una fuerte inestabilidad social: al abrir paso a divisiones internas entre los campesinos y a todo tipo de conflictos. Sin embargo, para el gobierno, las comunidades, son los perros del hortelano, las responsables de su propia miseria y del atraso del pas.

Un gobierno democrtico debera consultar con la poblacin afectada una medida tan grave, especialmente si est obligado a hacerlo, tanto por el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indgenas, como por la misma Declaracin de Derechos de los Pueblos Indgenas que impuls hace algunos meses.

De manera temeraria, el gobierno abre un nuevo escenario de conflicto precisamente en aquellas zonas del pas donde tiene menos respaldo. Paradjicamente, la conmocin social que se puede producirse al interior de las comunidades, constituye el peor escenario para la promocin de inversiones que tanto anhela el presente rgimen.

- Wilfredo Ardito Vega es abogado de la Asociacin Pro Derechos Humanos, APRODEH, Per.


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