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(el Pueblo quiere la paz)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 31-05-2008

La consulta de Ibarretxe

Javier Ortiz
Pblico


En el Estado espaol, preguntar a la poblacin de un determinado mbito geogrfico lo que piensa sobre esto o lo otro no tiene nada de anticonstitucional. Si as fuera, habra que prohibir la actividad de las empresas que se dedican a realizar sondeos de opinin. Varios estatutos de autonoma caso del de Catalua (art. 122) y del de Andaluca (art. 78) regulan la convocatoria de consultas populares, tanto a escala autonmica como municipal. Cabra citar toda una ristra de consultas promovidas en Espaa desde 1977 por poderes pblicos, sobre todo municipales, realizadas con el nimo de conocer la opinin mayoritaria de la poblacin correspondiente, sin que nadie haya hecho nunca nada por impedirlas. (Fue muy comentado el referndum que se verific en Chinchn para decidir de qu color queran sus vecinos que fueran pintados los balcones de su plaza porticada. Felipe Gonzlez lo utiliz para ridiculizar a los que por entonces reclambamos un referndum sobre el Tratado de Maastricht.)

Lo que la Constitucin proscribe no es la celebracin de toda suerte de consultas populares, sino la realizacin de referendos polticos vinculantes que no hayan sido autorizados por el Gobierno del Estado. Pero lo que el lehendakari Ibarretxe est planteando no es un referndum vinculante, sino una mera consulta. Una especie de test, slo que a escala autonmica.

Por supuesto que cabe discutir qu sentido tiene. Ibarretxe sabe muy bien en realidad lo sabemos casi todos que la gran mayora de la poblacin de la comunidad autnoma vasca, si se lo consintieran y tuviera ganas de hacerlo, respondera s a las dos preguntas que l quiere plantear. Los estudios demoscpicos que se han realizado sobre ambos particulares no dejan lugar a dudas.

Es obvio que lo que el lehendakari pretende es colocar al Gobierno de Espaa ante la evidencia de que est negando a un pueblo pequeo y con limitada importancia electoral, pero pueblo y nacionalidad, segn la propia legislacin espaola el derecho a decidir sobre su propio futuro. Tan obvio como que a Rodrguez Zapatero no le apetece nada que esa evidencia quede patente.


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