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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 02-06-2008

La ONU solicita la derogacin de la incomunicacin
Documentados 695 casos de torturas en 2007

David Fernndez
Diagonal


Entre el 1 de enero de 2001 y los cinco meses transcurridos de 2008, son ya ms de 5.400 los casos de torturas en el Estado espaol documentados por organismos de defensa de los derechos humanos. Una investigacin sobre malos tratos que se har pblica prximamente afirma que de estos casos slo un 12% llega a juicio oral y un 5% acaba en sentencia firme en primera instancia.

A lo largo de 2007, se han recopilado ms de 1.025 casos de torturas o malos tratos en comisaras, crceles, centros de internamiento o en plena calle. Un aumento del 40% respecto a las denuncias recogidas el ao anterior. Y la misma respuesta institucional : minimizar su prctica por funcionarios pblicos. stas son algunas de las conclusiones del informe que la Coordinadora para la Prevencin de la Tortura (CPT), integrada por ms de 40 organismos de defensa de los derechos humanos de todo el Estado, presentar en Bilbao el 31 de mayo. El informe, que la CPT ultima, detalla caso por caso las circunstancias y situacin procesal de cada una de las 695 denuncias documentadas. La propia CPT aclara que tiene informacin de 330 casos ms, pero no los ha incluido en su investigacin por peticin de las personas afectadas o por estar todava en fase de estudio.

Caso a caso

Los datos recopilados vuelven a mostrar la variedad del maltrato y la tortura aunque el grueso de las personas agredidas lo conforman activistas sociales, inmigrantes, personas privadas de libertad o detenidos bajo rgimen de incomunicacin antiterrorista. De las denuncias, el 39,6% provienen de activistas de diferentes movimientos sociales (un total de 285 denuncias), un 11,1% son inmigrantes (80 denuncias), un 9,9% personas presas (71 casos) y un 4,4% provienen de detenidos bajo incomunicacin antiterrorista (32). Desde los centros de menores, llegan nueve denuncias, un 1,2% del total.

Entre los casos recogidos en el informe 2007 los hay que tuvieron gran repercusin como los abusos en la comisara barcelonesa de Les Corts, donde cmaras ocultas registraron numerosos episodios de malos tratos. Pero hay muchos ms casos. Al testimonio estremecedor de las torturas relatadas por Gorka Lupiaez, detenido en diciembre en Durango, se contraponen los golpes denunciados por un matrimonio de sordomudos, que fueron agredidos por policas locales de Sevilla que consideraron que les estaban insultando con el lenguaje de signos.

Las policas locales encabezan esta vez el ranking, con un total de 220 denuncias (un incremento del 54% respecto a 2006), seguidas por el Cuerpo Nacional de Polica, con 185 (disminucin del 30% respecto al ao anterior). En tercer lugar, con 128 denuncias, pero con un disparado crecimiento del 132%, se sita la polica autonmica catalana. Siguen los funcionarios de prisiones, que acumulan 73 denuncias y la Guardia Civil, con 66 y un aumento de los casos del 32%. La polica autonmica vasca, con 48 denuncias, experimenta tambin un 128% de crecimiento. Geogrficamente, Catalua vuelve a encabezar las denuncias conocidas, acumulando un cuarto del total, con 173 denunciantes relativos a 69 casos. Madrid con 119 personas denunciantes, Andaluca con 109, la Comunidad Autnoma Vasca con 84 a las que cabe aadir las 23 de Navarra, Galiza con 49, el Pais Valenci con 39 y las Islas Canarias con 33 completan el mapa de las denuncias.

Los datos recopilados por la CPT sitan las muertes bajo custodia (en crceles, comisaras, reformatorios, etc.) en un mnimo de 115 personas. Este triste saldo eleva a 558 las muertes producidas bajo custodia en el Estado espaol entre el 1 de enero de 2001 y finales del pasado ao.

Visita del relator de la ONU

La CPT ultima esta semana las conclusiones, estadsticas y valoraciones definitivas sobre el ao 2007. Para Jorge del Cura, lo ms destacado ha sido el significativo aumento de la interposicin de denuncias respecto a aos anteriores y se queja de que las investigaciones siguen adoleciendo de prontitud, eficacia e independencia. Del Cura, portavoz de la CPT, resalta tambin la no implementacin, de forma reiterada, de los mecanismos estatales para la erradicacin de la tortura al que el Gobierno espaol est obligado tras firmar y ratificar el nuevo Protocolo Facultativo de la OU en 2006.

Por otro lado, Martin Scheinin, relator especial de la ONU para los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, visit el Estado espaol entre el 7 y 14 de mayo pasados. Scheinin hizo pblicas sus consideraciones provisionales y alert de la preocupante deriva del sistema legal espaol que califica como terrorismo con definiciones vagas y amplias delitos que no lo son.

Scheinin seal que cuando se empieza a caer por esa pendiente se corre el riesgo de conculcar muchos derechos. El relator solicit, asimismo, la derogacin del rgimen de incomunicacin de los detenidos y que se estudie el rgimen especial de la Audiencia Nacional y su monopolio, en detrimento de otros tribunales, de los delitos de terrorismo. A juicio del relator esto conculca derechos y crea deficiencias estructurales no permite la posibilidad de recurrir ante un tribunal superior en el funcionamiento democrtico de la Justicia.

LA RESPONSABILIDAD NO RECAE SLO EN LOS AGENTES

La falta de voluntad de los jueces y tribunales


Ao tras ao ste es el cuarto los informes de la CPT constatan que los afectados por la brutalidad de los cuerpos de seguridad tienen muchas dificultades para obtener una tutela judicial adecuada debido a la dilacin de los procesos y la investigacin judicial insuficiente. Los informes describen un camino de obstculos en los tribunales que desemboca, cuando stos llegan a iniciarse, en el archivo de la mayora de los procesos. El pasado ao los tribunales volvieron a dar pruebas de ello. En abril de 2007 la Audiencia Provincial de Almera condenaba a 15 meses de prisin y a tres aos de inhabilitacin por un delito no grave contra la integridad moral al teniente de la Guardia Civil que protagoniz la paliza que acab con la vida, en julio de 2005, del agricultor Juan Martnez Galdeano en el cuartel de Roquetas. Otros tres agentes fueron multados por una falta de lesiones leve mientras otros cinco guardias, tambin inculpados, fueron absueltos. Meses ms tarde, otro tribunal de Almera condenaba por un delito de lesiones a seis meses de prisin a un familiar del agricultor fallecido. Los hechos se remontan al juicio del caso Roquetas. Los familiares y allegados del agricultor estaban en las puertas de los juzgados cuando llegaron las mujeres de los guardias civiles del cuartel y otros manifestantes portando pancartas de apoyo a los agentes. El acusado se dirigi hacia ellas e intent arrebatarles la pancarta. Se produjo un forcejeo en el que una de las mujeres termin con un esguince en la mueca. El juez considera que hubo dolo porque si bien existe el atenuante de la tensin de la situacin, el condenado conoca el riesgo de lesionar cuando actu.


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