Portada :: Europa :: Jornada de 65 horas, vuelta al siglo XIX
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 03-07-2008

Retorno a la jornada de 60 horas

Juan Francisco Martn Seco
Pblico


Existe una visin ingenua de la Historia, optimismo trascendental que considera que en las civilizaciones y, en general, en la humanidad no es posible la marcha atrs. Pero lo cierto es que cuando una sociedad retrocede a las premisas ideolgicas del pasado, casi es seguro que los resultados terminarn siendo tambin los mismos. Desde principios de los ochenta, la economa internacional ha asumido un proceso involutivo, renunciando progresivamente a los principios ideolgicos que se haban aceptado como intangibles, al menos en los pases occidentales, y volviendo a los presupuestos que regan en el siglo XIX. Los resultados tienen que ser forzosamente parecidos a los de aquella poca. En realidad, lo que llaman globalizacin, en buena medida no es otra cosa que adherirse a aquellas premisas. No puede, por tanto, extraarnos que ahora se retorne a unas condiciones laborales que creamos totalmente superadas.

El Consejo de Ministros de Empleo y Poltica Social (qu irona!) de los 27 acaba de aprobar una directiva por la que se deroga la jornada de 48 horas semanales, establecida nada menos que en 1917 por la OIT, y se admite que el empresario y el trabajador puedan pactar una jornada mayor, hasta 60 horas, incluso 65. La semana de 48 horas semanales fue una de las primeras reivindicaciones de la clase obrera. Conquista social que no fue gratuita. De hecho, la fiesta del trabajo se celebra el primero de mayo para conmemorar la masacre que se realiz en Chicago en 1886 con los manifestantes que reclamaban la jornada de 48 horas. Se puede entender, pues, que desde distintos ngulos se haya contemplado la medida como una quiebra fundamental de los derechos laborales que se crean consolidados.

No obstante, como caba esperar, en nuestro mismo pas se han alzado voces que pretenden justificar el acuerdo. Se alude a la complejidad de la sociedad actual y a que, por lo tanto, todos los trabajos no son iguales (menudo descubrimiento!), y, dada esta heterogeneidad, conviene dejar a las partes libertad para que pacten la jornada que crean conveniente, de manera que no se imponga una norma sobre casos dispares.

Como siempre, se acude a una falacia. No se trata de imponer una jornada uniforme para todos los trabajadores, sino tan slo un mximo de horas que las partes no pueden contravenir, puesto que hablar de libertad econmica es en la mayora de las relaciones laborales un completo sofisma. El trabajador se ve en la obligacin de aceptar las condiciones que imponga el empresario. Libertad para morirse de hambre, como afirmaba Marx. Es la misma libertad de pacto que condujo al mundo descrito por Dickens y otros muchos autores, en el que los nios y las mujeres estaban sometidos a jornadas abusivas que hoy nos parecen imposibles. Por ello, a lo largo del siglo XX fue tomando cuerpo una consideracin tuitiva del derecho laboral que mantena la necesidad de que el Estado estableciese unas condiciones mnimas e irrenunciables que las partes no podan violar. Es esta salvaguarda la que ahora se pone en cuestin.

Hay quien quiere explicar el acuerdo tomado en Luxemburgo por el desequilibrio de fuerzas que en la actualidad existe en la Unin Europea, donde la socialdemocracia ha desaparecido casi en su totalidad y gobiernan partidos de derecha en los principales Estados, al tiempo que se han incorporado nuevos pases que han pasado recientemente de sistemas de economa centralizada al capitalismo salvaje. Pero este planteamiento supone quedarse en una capa muy superficial del problema sin ahondar en las causas ltimas. La verdadera causa se encuentra en la progresiva aceptacin en materia econmica de un discurso que nos retrotrae al siglo XIX y la introyeccin de los mismos presupuestos bsicos, libertad absoluta de mercados y capitales. En estas condiciones, resulta imposible que no vaya desapareciendo progresivamente todo el andamiaje construido alrededor del Estado social.

El argumento ms fuerte esgrimido por los defensores de la desregulacin del mercado laboral es el de la competitividad. En definitiva, se trata de aplicar el dumping social, pero este mismo dumping social desbarata la forma de razonar de los que alegan que la directiva ahora aprobada por el Consejo de Ministros europeo no impide que cada pas contine aplicando su propia normativa. Incluso los pases que ahora se han opuesto a su implantacin no tendrn ms remedio que ir flexibilizando la legislacin, si no quieren perder cuota de mercado.

El hecho de que la mayora de los gobiernos europeos sea de derechas y que la socialdemocracia est en decadencia no constituyen la causa sino que son ms bien el efecto, el efecto de un hecho mucho ms radical. Hemos construido un espacio econmico bajo unos parmetros tales que las polticas de izquierdas ya no son posibles. Los partidos progresistas, cuando gobiernan, se ven obligados a aplicar las mismas medidas que los de derechas.

En estas circunstancias, no puede extraarnos que los ciudadanos, en las raras veces que son consultados, terminen votando en contra o abstenindose, que es an peor. As ocurri con la Constitucin Europea. As sucede con el Tratado de Lisboa. Irlanda, nico pas en el que se ha celebrado un referndum, se inclin por el no y, tal como se expres uno de los ms prestigiosos diarios europeos, el no habra sido el resultado si Gran Bretaa, Francia o Alemania se hubiesen atrevido a consultar a los ciudadanos. Los ciudadanos interpretan que, tanto con la Constitucin como con el nuevo tratado, sus Estados pierden soberana a favor de no se sabe qu instituciones polticamente irresponsables. Pero aciertan tan slo parcialmente, ya que, por desgracia, hace ya bastante tiempo que sus gobiernos han ido perdido soberana, entregndola en aras de eso que eufemsticamente llaman mercados.

Juan Francisco Martn Seco es economista



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