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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 05-07-2008

Los movimientos sociales y el conflicto armado

Fernando Arellano Ortiz
Centre Tricontinental

La persecucin, la desaparicin y el asesinato de dirigentes y militantes expresan el escenario central de este pas sudamericano. Un balance actual e histrico.


La persecucin a la dirigencia sindical, a los lderes sociales y a los activistas de derechos humanos, pero sobre todo el asesinato y desaparicin de varios de ellos, constituye la alarmante situacin que enfrentan diariamente los movimientos sociales en Colombia. Esta crtica situacin de permanente amenaza y zozobra se debe en buena medida a los efectos que viene tendiendo el ya inveterado conflicto armado interno colombiano, por un lado, y por otro, a las polticas neoliberales que en este pas se implementaron a partir de la dcada de los aos 90 y que han tenido su mayor esplendor durante los dos ltimos gobiernos: el de Andrs Pastrana y el de lvaro Uribe Vlez, quien logr en 2006 su reeleccin para un segundo mandato.

En lo que va de 2008 se han reportado 25 asesinatos de sindicalistas y el panorama para el sector sindical es de suma gravedad, puesto que no slo desde el gobierno se promueve en forma sistemtica la precariedad laboral y la tercerizacin de la contratacin de trabajadores, sino que a diario sus representantes y voceros perseguidos y amenazados de muerte.

Las cifras de la Escuela Nacional Sindical respecto de la persecucin, homicidios y hostigamientos a las organizaciones y lderes sociales de las centrales obreras hablan por si solas: entre 1986 y 2007 se produjeron 42 allanamientos ilegales a sedes sindicales; 207 atentados, 144 desapariciones forzadas, 1399 desplazamientos forzados, 549 detenciones arbitrarias, 2570 homicidios, 163 secuestros y 43 casos de tortura.

Gracias al proceso de privatizacin de las empresas pblicas y al modelo neoliberal, hoy en da en Colombia los trabajadores sindicalizados representan apenas el 4.7 por ciento del total de la fuerza laboral que asciende a 18 millones de personas, de las cuales cerca del 60 por ciento labora en la informalidad y, por ende, no cuentan con seguridad social.

Pero si en el mbito sindical la cosa es preocupante, los sectores indgenas y afrodescendientes de Colombia vienen afrontando persecucin y desplazamiento de sus tierras por parte de los escuadrones de paramilitares, que les arrebatan sus tierras para cultivos de palma africana, auspiciadas por empresas transnacionales que tienen el aval del gobierno del presidente Uribe.

Los diversos movimientos sociales que en la dcada del 70 tuvieron alguna influencia en Colombia se fueron diezmando por la poltica de criminalizacin de la protesta ejercida por parte del Estado. Por eso hoy en este pas el movimiento social prcticamente ha sido diezmado y su presencia se reduce a las organizaciones sindicales e indgenas que buscan alzar su voz ante las inmensas presiones y amenazas de que son objeto.

El gobierno de Uribe ha satanizado el movimiento social vinculndolo con la guerrilla de las FARC, o simplemente deslegitimndolo. Lo considera como un enemigo interno, siguiendo los mismos parmetros de la doctrina de la Seguridad Nacional de hace aproximadamente 40 aos y cuyos elementos ha recogido en una versin renovada que denomina Seguridad Democrtica.

Colombia se ha convertido en punto de referencia necesario tanto para los pases vecinos como Ecuador, Per, Venezuela, Panam y Brasil por los efectos que est teniendo su conflicto armado, as como para los Estados Unidos. Al fin y al cabo los Estados Unidos tienen un inters geopoltico en Colombia y por eso no es gratuito que el gobierno de Bush como el Congreso norteamericano se hayan interesado por ampliar el Plan Colombia, para intervenir en asuntos de seguridad nacional. En tal sentido dicho Plan no est concebido solamente para combatir el narcotrfico sino tambin a los grupos guerrilleros que Washington los tiene catalogados de terroristas.

Y es que como lo sealan expertos militares y politlogos, la historia ensea "que no hay un conflicto en el mundo detrs del cual no exista un inters geopoltico".

En contraste con los intereses norteamericanos, la Unin Europea se ha opuesto al Plan Colombia porque conoce de los oscuros intereses que se esconden detrs de l.

En efecto, tras el Plan Colombia se esconden millonarias partidas en dlares que han ido a irrigar a la industria blica de los Estados Unidos y a varias campaas de los polticos gringos que aprobaron en el Congreso este proyecto de guerra y muerte gracias a que recibieron grandes partidas econmicas de las empresas de mercenarios que hicieron cabildeo para que se lograra su viabilizacin.

Como consecuencia del rompimiento del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por parte del entonces presidente Pastrana el 20 de febrero de 2002, el discurso belicista del candidato en esa poca, lvaro Uribe Vlez, fue ganando mayor validez: En gran medida porque la metodologa de negociacin utilizada fue mal concebida, habida cuenta que el propio gobierno acept negociar con las FARC en medio del conflicto. Esta circunstancia permiti al grupo guerrillero demostrar su fortaleza tanto militar como poltica en la mesa de negociaciones y debilit paulatinamente al gobierno, debido a que como ste en el plano interno no tena mayores acciones que mostrar prefiri ceder a todos los requerimientos y presiones de las FARC.

El fallido proceso de paz dej en claro que el gobierno de Pastrana tena voluntad poltica de paz pero careca de estrategia para negociar, mientras que las FARC no demostraron mayor voluntad de paz, pero si buena estrategia para negociar.

Esta coyuntura favoreci ampliamente la postura de mano dura preconizada durante la campaa electoral por Uribe Vlez y la poblacin colombiana cansada y exasperada de la degradacin del conflicto prefiri ese discurso, dndole la victoria en primera vuelta el 26 de mayo de 2002 a este dirigente antioqueo, defensor a ultranza de las polticas neoliberales y con posiciones polticas de ultraderecha.

El presidente Uribe Vlez, tan pronto como asumi la Presidencia, dict sendos decretos para declarar el estado de Conmocin Interior (estado de guerra), al tiempo que inici una poltica soterrada pero sistemtica contra todos los organismos defensores de derechos humanos por considerarlos cmplices de la insurgencia colombiana.

Asimismo, ha buscado involucrar directamente a los ciudadanos en el conflicto armado para que a travs de millonarias recompensas delaten a quienes consideran sospechosos, con lo que se desat una verdadera cacera de brujas, como en los mejores tiempos de los regmenes totalitarios.

Sin embargo, esta poltica de Uribe de mano dura y de tierra arrasada no es la primera vez que se pone en marcha en Colombia. Ms de una docena de gobiernos anteriores han experimentado la misma estrategia de la salida militar y todos han fracasado.

Y es que pese a que las Fuerzas Armadas colombianas son las mejor dotadas y entrenadas en Latinoamrica y cuentan con excelentes recursos tecnolgicos suministrados por el Pentgono, no han demostrado mayor eficacia en su lucha contrainsurgente, pues en todos los aos que llevan enfrentando a grupos guerrilleros como las FARC o el ELN han sido incapaces de doblegarlos o disminuirlos. Todo lo contrario, en la medida en que el conflicto armado se ha intensificado, estos grupos han crecido an ms militar y financieramente.

Aunque parece que los colombianos en este sentido no han aprendido la leccin, el hecho de que hayan llevado al poder a Uribe Vlez, un disidente liberal de ultraderecha que cuando fue gobernador de Antioquia privilegi a los grupos paramilitares y auspici la creacin de bandas privadas de vigilancia que se conocieron con el nombre de Convivir, tiene el claro mensaje de que amplios sectores sociales desesperados por la degradacin del conflicto buscan una salida de fuerza al costo que sea.

Obviamente que esta situacin dar pbulo a una mayor intervencin de los Estados Unidos en el conflicto colombiano, pero Uribe Vlez es un presidente entregado y genuflexo a los dictados de Washington, igual o an ms que su antecesor Andrs Pastrana. Al fin y al cabo quienes respaldan a Uribe creen que el apoyo gringo es definitivo, sin tener en cuenta las verdaderas intenciones del Departamento de Estado: poner orden y disciplina en Colombia a cualquier precio no con miras a solucionar los graves problemas de su poblacin sino a crear condiciones necesarias para lograr incrustar a este pas en el modelo rentable de la globalizacin norteamericana.

Dentro de la estrategia de Estados Unidos y de los planes de Uribe Vlez est el de involucrar a la regin latinoamericana en el Plan Colombia para contener los efectos del conflicto colombiano.

El Estado colombiano, al iniciar el tercer milenio, es una ficcin. Arrinconado y sustituido en sus funciones por organismos paraestatales como guerrilla y grupos paramilitares, el Estado a duras penas puede cumplir su tarea de garantizar los ms elementales derechos de la sociedad. Y peor an, ante el escalamiento del conflicto armado y sus dramticas consecuencias, es muy probable que lo que queda de Estado en Colombia, termine en una situacin tan precaria que pierda toda capacidad de negociacin con los grupos insurgentes y se exacerbe la confrontacin.

Aspecto central de las preocupaciones de la sociedad contempornea y de las democracias es la legitimidad de sus instituciones polticas por cuanto que los actos humanos son legales cuando se ajustan a la ley y las instituciones son legtimas cuando hunden sus races en la confianza del consenso colectivo.

La legitimidad debe asegurar que las instituciones respondan a las circunstancias sociales de la poca con el fin de que sean instrumentos idneos de gobierno y puedan brindar cauces transparentes a las distintas expresiones de la sociedad en su aspiracin colectiva de mejorar sus condiciones de vida.

Histricamente se puede sealar que el Estado de Derecho en Colombia, aunque ha sido puramente formal, se ha visto signado por los siguientes factores: no han sido recurrentes en el pas los golpes de Estado de tipo militar, el bipartidismo liberal-conservador, muy desgastado, anquilosado y corrupto, ha sido el canal poltico inadecuado de representacin mayoritaria por el que ha fluido aparentemente la opinin pblica; el consenso poltico ha sido fundamental en la aprobacin de las reformas constitucionales a partir del malhadado experimento del Frente Nacional.

Pero ha sido un consenso entre las elites. Un consenso exclusivo y excluyente, por lo que el socilogo francs Alain Touraine sostiene que uno de los principales problemas de Colombia es que la oligarqua no ha tenido una apertura nacional popular. Como no ha habido espacios para lo que se ha querido denominar populismo o mejor, irrupciones populares como s las hubo en Argentina con Pern, Mxico con Crdenas, Chile con Allende, Per con Velasco Alvarado, Venezuela con Hugo Chvez, Bolivia con Evo Morales, Per con Rafael Correa, en Colombia esta carencia se ha reflejado en la irrupcin de microempresas electorales corruptas que terminaron reemplazando a los partidos polticos tradicionales, y en la aparicin de grupos contestatarios que, en la mayora de los casos, han optado por la va armada.

Para bien o para mal, los gobiernos calificados de populistas en Amrica Latina han dado escape en algn momento de su devenir histrico a las presiones sociales, habida cuenta que es un hecho de que los sectores medios y bajos de la poblacin han tenido la oportunidad de manejar las riendas del poder, que la hayan desaprovechado o no, es otro cuento. En cambio en el caso colombiano, esa marginacin de los sectores populares y los movimientos sociales configur fenmenos de corrupcin como el clientelismo poltico, el contrabando y el narcotrfico que a lo largo del siglo XX provocaron gran parte de la movilidad social y la aparicin en la dcada de los 60 de los grupos guerrilleros.

Esta es una razn fundamental para que hoy en da el supuesto Estado colombiano se encuentre erosionado al enfrentar un poder paraestatal constituido por las organizaciones insurgentes que dominan polticamente gran parte del territorio nacional y se disputen con las autoridades estatales la capacidad de mando y conduccin sobre los asuntos de determinado municipio o regin.

Para ubicarnos histricamente en el tema, se puede afirmar sin temor a equivocarse que Colombia est en el intento de construir un sistema regido por las pautas del Estado de Derecho. Lo que tenemos ahora es un remedo, algo caricaturesco de Estado de Derecho.

En este momento Colombia enfrenta varias contradicciones sociales y polticas por encontrar una ruta civilizada que permita determinar su desarrollo. Empero, cuenta con varias lecciones que le han dejado su tortuoso pretrito que, infortunadamente, no ha sido capaz an de corregir. Ese es su reto, pues en la medida en que corrija los yerros del pasado, y los diferentes actores del conflicto armado colombiano asuman conductas de tolerancia y de respeto por las diferencias del otro, as como haya concesiones y se busque por la va del consenso nuevos derroteros de organizacin poltica y econmica, comenzar a florecer no solamente un nuevo pas sino que se empezarn a darse los elementos para que tenga sentido y validez el Estado de Derecho.

Por lo tanto se hace necesario echar una mirada sobre lo que ha sido el lastre histrico de Colombia que no ha permitido consolidar su frgil y casi inexistente democracia.

Una de las primeras reflexiones que se pueden sacar al revisar la intrincada historia colombiana es que, en gran medida, la inexistencia de Estado de Derecho en este pas se debe a un problema cultural y, por ende, sociolgico dado su fraccionamiento social que no ha permitido enfrentar oportunamente sus problemas y, por el contrario, ha pospuesto demasiado tiempo la reflexin sobre su destino.

La imposicin y las vas de hecho han sido factores determinantes, con demasiada frecuencia en el proceso republicano de Colombia. La excepcin ha sido que se respeten las reglas de juego para imponer un proyecto poltico de alcance nacional. Se puede establecer que casi nunca se ha jugado limpio y que no siempre se ha respetado el orden legal existente. A ello hay que agregarle que la clase dirigente ha tenido al Estado como un botn para sacar el mximo provecho de l, pero jams ha pensado en el bien comn. Por eso es que desde la poca de la Independencia se ha frustrado en forma sistemtica la posibilidad de romper con los viejos esquemas coloniales.

No hubo desde el comienzo de nuestra vida republicana la solidez de un liderazgo que nos encauzara o nos impusiera una escala de valores y un modelo respecto de nuestros deberes para construir una patria medianamente justa para impedir que Colombia fuera un pas donde se aniden las injusticias, las atrocidades y los cinismos.

En este pas no hay sentido de Estado, por cuanto que las grandes mayoras de colombianos no tienen nada que agradecerle a la organizacin institucional porque en vez de ser instrumento para defender vida, honra y bienes de los ciudadanos, en muchas ocasiones se convierte en instrumento de violencia y en violador de los derechos fundamentales.

Desde los albores de la Repblica y hasta la mitad del siglo XX la sociedad colombiana pese a sus grandes contradicciones se dej influenciar por decisivos factores de poder como la Iglesia Catlica que en forma nefasta intervino en la educacin y en el proceso de culturizacin del pas.

Como consecuencia de esa falta de identidad cultural y de ese fraccionamiento social, Colombia ha transitado su proceso histrico en medio de la guerra civil no declarada. Durante el siglo XIX se instalaban y se derrocaban presidentes gracias al conflicto armado y del mismo modo se imponan constituciones a la medida del lder militar o poltico de turno.

As los colombianos entramos al siglo XX, pero la guerra lleg a tal degradacin que el conflicto blico de mediados de esta centuria que se conoce con el apelativo de la Violencia con mayscula, se configur como un enfrentamiento con amplios ribetes de fanatismo porque estaban en pugna dos sectas partidistas: la conservadora y la liberal.

Lo triste de esta etapa de confrontacin partidista de los aos cincuenta es que, como lo afirma el escritor William Ospina en su ensayo Colombia: el proyecto nacional y la franja amarilla, fue protagonizada por liberales pobres y conservadores pobres, mientras los poderosos de ambos partidos aprovechndose de su ignorancia los azuzaban y los financiaban no por una causa altruista sino para aprovecharse del botn del Estado. Para tal objetivo no importaba usar la fuerza de manera dramtica sacrificando la vida de sus propios siervos, que nunca cayeron en cuenta de que simplemente eran utilizados por sus jefes y patrones.

En medio de una guerra no declarada que asolaba a pueblos y ciudades sobrevino el magnicidio del lder popular Jorge Elicer Gaitn, el 9 de abril de 1948, sin lugar a dudas la fecha ms aciaga de la historia colombiana del siglo pasado no slo porque ese da se rompi definitivamente el endeble hilo conductor del orden social, sino porque vino a confirmar de modo dramtico, y si se quiere dantesco, la magnitud de la descomposicin y fractura de ese tejido social del pas.

Entre 1946 y 1965 Colombia se vio sumida en una orga de sangre que marc la desventura de su destino. Pero lo ms criticable y asombroso an es que la clase dirigente que precipit al pas a ese horror sea la misma que contina ostentando el poder. No es necesario, entonces, desgastarse en disquisiciones para demostrar el fracaso del bipartidismo y de la elite gobernante, pues solamente es preciso mirar cul es el pas que nos legaron y ver el pas que tenemos.

De esta manera entramos al nefasto experimento del Frente Nacional, otro de esos inventos jurdicos de nuestra clase dirigente que trajo consigo los mayores males para la sociedad colombiana de comienzos del siglo XXI. Males que sumados a los que esta Nacin traa acumulados desde la Independencia nos dio como resultado un pas hundido en la desolacin, la impotencia y la desesperanza, como el que tenemos ante los ojos del mundo.

El sistema del Frente Nacional surgi como mecanismo para deponer en mayo de 1957 al dictador militar Gustavo Rojas Pinilla, quien haba derrocado al rgimen conservador fascista encabezado por el presidente Laureano Gmez Castro el 13 de junio de 1953.

La dirigencia liberal-conservadora vindose desplazada por el rgimen militar de Rojas se ingeni la manera de tumbarlo y bajo el pretexto de la conciliacin entre los partidos que histricamente se haban enfrentado en forma violenta convino en alternarse el poder por espacio de 16 aos, entre 1958 y 1974. Pero no solamente el partido liberal y el partido conservador se turnaron exclusivamente la Presidencia de la Repblica sino que, adems, se reparti milimtricamente la burocracia entre militantes de estas dos colectividades. En consecuencia, quienes no pertenecan a una de estas banderas polticas se les negaba el derecho de ingresar a los distintos rganos y ramas del Estado, as como no podan postularse a ningn cargo de eleccin popular, proscribiendo toda posibilidad contradiccin, privilegiando de esta manera el unanimismo.

Como el Frente Nacional cerr todo intento de oposicin legal, tal como ocurre en las peores dictaduras, surgi la oposicin ilegal que se sustenta en el uso de las armas, la cual ha crecido hasta tal punto que se ha adueado de ms de la mitad del pas y a la que los Presidentes de la Repblica deben hacer concesiones de todo tipo a ver si se digna entrar en negociaciones de paz.

Pero es el mismo Estado colombiano corrupto e ineficaz el que, paradjicamente, ha forzado a muchos campesinos a integrar los movimientos insurgentes porque no ven posibilidades de futuro dentro de una sociedad a todas luces injusta que debera posibilitar su desarrollo como individuos en condiciones de igualdad. Por lo menos en la subversin tienen presente y pueden sobrevivir al da - da en un pas donde slo queda rincn para la desesperanza y la muerte.

El sistema paritario del Frente Nacional cerr, igualmente, el acceso a la riqueza a las clases medias, impulsndolas a estas a abrirse campo econmicamente acudiendo a actividades ilcitas como el contrabando y el narcotrfico. Es el Estado, tambin en este caso, que cierra las posibilidades econmicas a sus capas sociales ms desfavorecidas, las cuales no pueden desarrollarse dentro del marco de la democracia econmica y para sobrevivir se ven abocadas a buscar su supervivencia por la va de la ilegalidad.

Definitivamente el Frente Nacional engangren el de por s incipiente sistema poltico del pas no solamente porque prohibi la oposicin legal, acab con el marco de la democracia econmica y gobern para la elite plutocrtica del pas, sino porque convirti al Estado en un nido de corrupcin y en una madriguera de saqueadores de los bienes pblicos, amparados por un bipartidismo liberal-conservador que no admita fiscalizacin alguna.

Terminado el experimento aciago del frentenacionalismo, Colombia sigui gobernada mediante rgimen de Estado de Sitio (estado de guerra), con lo que ello implica para la institucionalidad del pas, pues segn coinciden los tratadistas este estado de excepcin si bien est contemplado en la Constitucin se puede semejar a un rgimen marcial. Pero, adems, durante el gobierno del presidente Julio Csar Turbay Ayala (1978-1982) se aumentaron an ms las atribuciones del ejecutivo para manejar el orden pblico con el llamado Estatuto de Seguridad que era un conjunto de normas draconianas que permitan al gobierno en sus niveles nacional, departamental y municipal procesar e imponer las penas, pasando por alto el poder judicial.

En medio de esa erosin institucional se lleg a la Constituyente de 1991 que se mostr como el elxir a las dolencias nacionales y por eso no import saltarse el ordenamiento constitucional vigente.

Sin embargo pocos aos despus de haberse promulgado la nueva Carta Poltica, el Estado en Colombia sigue amenazado por mltiples factores como la guerrilla, el narcotrfico, el paramilitarismo, la delincuencia organizada, la corrupcin, la concentracin de la riqueza y del poder y aunque si bien es cierto en este pas hay elecciones y libertad de prensa eso no quiere decir que haya democracia y, por ende, impere el Estado de Derecho. No, lo que ocurre en Colombia es que en medio de una guerra no declarada se busca por las partes en conflicto una redistribucin pactada del poder poltico, econmico, social y regional, donde las elites locales cedan posiciones reales porque no hay otra alternativa para empezar a construir un concepto de Nacin.

Pero para llegar a esa redistribucin pactada del poder, sin cometer los pecados del Frente Nacional que lo monopoliz en reducidsimos grupos, el pas debe recorrer un buen trecho en medio de la confrontacin armada y an es incierto si una negociacin entre el establecimiento y las fuerzas insurgentes llegue a puerto seguro.

Por todo lo anterior no es posible hablar de Estado de Derecho en Colombia, habida cuenta que desde que naci la Repblica lo nico que ha habido es exclusin y toma del poder mediante la triquiuela y los sistemas fraudulentos.

Adems el llamado establecimiento que ha manejado el poder no ha sido capaz de imponer un proyecto poltico nacional coherente y de largo aliento, sino que ha gobernado fraccionado en gran parte por su mezquindad de querer aprovecharse de todo el botn para s. Y cuando ha llegado a consensos, caso Frente Nacional, es porque esa elite ha visto que peligran sus intereses.

Desde antes de la Constitucin de 1863, pasando por la de 1886 para llegar a la de 1991, Colombia se ha caracterizado por ser un pas con disfraz de democracia y un modelo caricaturesco de Estado de Derecho. La democracia y el Estado de Derecho en este pas son meramente conceptos virtuales y la realidad demuestra que en estas materias prcticamente todo est por construirse.

Colombia inicia el tercer milenio en forma muy similar a como comenz el siglo XX. En medio de la guerra llamada de los Mil Das y bajo un gobierno de ultraderecha el pas recibi el amanecer del ao 1900 y termin la centuria bajo los rigores de un conflicto irregular que si bien no divide a la Nacin pero la tiene sumida en el horror y la desesperanza, dirigida, as mismo, por un mandatario con tintes autoritarios.

Pero la postracin del pas en sus instituciones y, por ende, en su desarrollo poltico, econmico, social y cultural se debe en gran parte a que los colombianos no han podido superar los lastres del pasado a los que hay que agregar los nuevos fenmenos y contradicciones al interior de la sociedad.

El conflicto armado que vive Colombia tiene razones histricas y sociolgicas que hacen que sus caractersticas se diferencien de las que han enfrentado el resto de pases del continente latinoamericano.

La primera razn es de carcter histrico y tiene que ver con el hecho de que la guerrilla colombiana a diferencia de los otros pases de este continente no fue exclusivamente una reaccin inspirada por la revolucin cubana, sino que su origen es ms profundo y se remonta a la situacin de violencia vivida a mediados del siglo XX por la confrontacin entre liberales y conservadores, la cual, igualmente, puede considerarse como la prolongacin de las guerras sangrientas que a lo largo del siglo XIX enfrentaron estos bandos partidistas.

La represin y el monopolio absoluto del poder por parte del bipartidismo impidieron desarrollar un proceso democrtico en Colombia, por lo cual irrumpi la oposicin armada que vio en esta va un mecanismo vlido para presionar y hacerse escuchar.

Una segunda razn que explica el alcance que ha logrado la guerrilla en cuatro dcadas de lucha armada que tiene al pas en una encrucijada, es su estrategia de alguna manera exitosa para desarrollar su proyecto poltico y militar, lo que le ha permitido la toma sistemtica y progresiva de ms de 500 municipios colombianos, en los cuales la subversin gobierna o cogobierna gracias a su gran poder de intimidacin.

Otro elemento importante que ha contribuido a la desarticulacin del Estado colombiano es el narcotrfico que con el fenmeno de la guerrilla han terminado constituyendo un binomio. Binomio que en forma permanente pone en riesgo la fragilidad institucional de Colombia. A ello hay que aadirle la expansin de los grupos de autodefensa o paramilitares que, ante la debilidad del Estado, buscan sustituirlo para enfrentar a la subversin, escalando como es obvio, cada da ms el conflicto, en una guerra feroz por conquistar y someter el mayor nmero de regiones del pas. Lo que est en juego, pues, es el dominio territorial de las diferentes zonas geogrficas colombianas por parte de la guerrilla o de los paramilitares.

Y, finalmente, otra razn de la profunda crisis de este pas obedece a la debilidad y corrupcin del propio Estado que no ha tenido estrategia alguna para enfrentar con decisin los distintos fenmenos de una sociedad en permanente ebullicin como es la colombiana.

Desde la dcada de los 80, cada Presidente llega con un nuevo plan de paz en el bolsillo que la guerrilla consiente de su poder, desdea y termina burlndose del gobierno de turno.

Con una situacin de esta magnitud muy difcilmente se puede concebir una organizacin de Estado en Colombia, pues las cifras son contundentes: segn la edicin de la prestigiosa revista norteamericana Time de septiembre de 1998, la insurgencia domina casi la cuarta parte de la poblacin colombiana y su territorio abarca un tercio del pas de sus 1025 municipios. Colombia corre el peligro de acabar dividida en tres partes con fronteras delimitadas por sus montaas geogrficas. Las guerrillas marxistas dominan en el sur, el Gobierno controla la zona central y los grandes centros urbanos. Mientras los grupos paramilitares conocidos como Unin de Autodefensas de Colombia de extrema derecha y apoyados por el ejrcito, han tomado gran parte del norte.

Pero el anlisis de este artculo es concluyente cuando sostiene que el gobierno colombiano al tratar de negociar con los ms de veinte mil guerrilleros (entre Farc y ELN) se enfrenta a un gobierno rival de facto, al que las dbiles fuerzas armadas no pueden controlar.

Lo que existe en Colombia es un pas con una organizacin estatal virtual, pues no hay nacin como tal y el concepto de Estado apenas subsiste para quienes habitan los centros urbanos ms importantes. La situacin en tal sentido es dramtica: hace mucho tiempo que el mal llamado Estado colombiano perdi el monopolio de la fuerza; el tejido social se halla desintegrado por cuanto que la guerra interna ha dejado ms de un milln y medio de desplazados por la violencia que se encuentran al abandono de su suerte; el debilitamiento de los mecanismos de justicia es alarmante, pues casi el 98 por ciento de los delitos quedan en la impunidad.

A lo anterior se suma el fraccionamiento de la elite gobernante, ms conocida con el apelativo de establecimiento que muy similar a los inicios de la Repblica, sigue dividida por sus ambiciones de poder.

Una redistribucin negociada del poder con los movimientos insurgentes puede contribuir a iniciar un proceso democrtico que permita construir en Colombia un Estado de Derecho, donde la oposicin poltica civilizada sea posible y se puedan dirimir las diferencias y las controversias polticas por medios institucionales respetando las reglas de juego y el orden jurdico vigentes.

Sin embargo no se puede vislumbrar una negociacin de redistribucin del poder y de construccin de un nuevo Estado a mediano plazo por las mltiples circunstancias adversas que rodean un proceso como ste.

Lo cierto es que distintos gobiernos se han visto abocados a negociar polticamente y en vano con la subversin, porque no fueron capaces de construir un pas; y como se lleg al fondo de la crisis, se han visto obligados a ceder y a intentar a un costo muy alto legitimar el modelo de Estado que se ha contemplado en las distintas Constituciones que ha tenido Colombia; las cuales, infortunadamente, no han pasado de ser letra muerta y por eso las consecuencias nefastas estn a la vista.

Luego de este deshilvanado anlisis se puede colegir que en Colombia lo que se ha pretendido mostrar como Estado de Derecho se ha montado sobre la presuncin de la ilegalidad que desde luego conlleva la presuncin de corrupcin en el manejo del Estado.

La intrincada historia colombiana nos muestra que el Derecho y las leyes no han sido instrumentos que garanticen la igualdad, los derechos de los ciudadanos y la libertad, sino que, por el contrario, han sido mecanismos de dominacin para la preservacin de privilegios.

Lo anterior lo demuestra el hecho de que, segn Juan Manuel Lpez Caballero, los gobernantes no ven la Constitucin como un orden superior al cual deben estar sometidos, sino como un instrumento de gobierno susceptible de manipulaciones hbiles para alcanzar los objetivos requeridos.

La manipulacin de la ley y con ella la ilegalidad han servido para la redistribucin poltica y econmica de quienes han manejado y manejan el Estado. Por eso es que han surgido fenmenos como la oposicin armada, el narcotrfico, el paramilitarismo que constituyen expresiones claras de una realidad poltica al margen del derecho constitucional del sufragio y al margen del monopolio de la fuerza por parte del Estado.

Esto es un sntoma significativo de que la precaria legitimidad que an conservan los partidos tradicionales y con ellos el caricaturesco Estado colombiano se derive de su capacidad de movilizar unas votaciones que aparentemente refrendan su representatividad, cuando para la obtencin de los sufragios se recurre a prcticas que con frecuencia estn por fuera de la ley. Para nadie es extrao en un pas como Colombia la existencia de prcticas como el fraude electoral, la compra de votos, el clientelismo, la utilizacin de auxilios parlamentarios para la financiacin del proselitismo poltico. Algo as como que la legitimidad del poder se deriva de la burla de la legalidad que ese mismo poder defiende.

En Colombia cnicamente se ha querido vender la idea y se ha convertido en lugar comn decir que pese a los embates de la subversin, del narcotrfico o de los paramilitares no se ha logrado poner en jaque a las instituciones y que el Estado ha logrado salvaguardarlas, cuando la realidad es abismalmente distinta puesto que mientras para los que afirman que la dignidad del Estado sigue imperturbable, la sociedad se desmorona, el descontento crece y las injusticias se incrementan.

Lo que sucede es que en este pas el funcionamiento del Estado y de su aparente legalidad se sucede al margen del comportamiento de la sociedad.

Pero por qu esta situacin casi ancestral? No hay duda, el problema institucional de Colombia que no ha logrado superar los lastres del pasado, es de ndole cultural. Si se da un vistazo a nuestros orgenes como Repblica, se podr observar cmo durante la campaa de la Independencia se fusil a la gente ms distinguida del Nuevo Reino de Granada, lo cual produjo al pas un dao enorme, porque siendo pocas las personas que saban leer y escribir, que tenan conocimientos avanzados y que posean capacidad de organizacin, esa guerra las extermin y sin esa elite nos quedamos con un material humano que difcilmente manejaban situaciones. El fusilamiento del sabio Caldas, por ejemplo, constituy una catstrofe como episodio cultural, tanto que existe una placa en Madrid, en la que Espaa pide perdn por haberlo sacrificado. Estos episodios de violencia son probablemente los que determinaron un estilo en manejo del gobierno.

Adems la violencia desde ese entonces tiene la caracterstica de ser una lucha por el poder y por sobre todo las guerras civiles nunca han tenido en Colombia una reivindicacin social. Y en ninguna de las confrontaciones armadas ganaron los de arriba o los de abajo, siempre gan el establecimiento. Ese establecimiento qued dominado por los ricos minoritarios sobre unos pobres mayoritarios.

El proceso histrico colombiano es un lastre que el pas no ha podido superar, por eso en alguna oportunidad Nelson Mandela seal que la experiencia ensea que las naciones que no enfrentan el pasado se ven atormentadas por l por generaciones.

Y es precisamente el hecho de no haber podido enfrentar objetivamente los problemas que se fueron acumulando del pasado que Colombia no solamente est sumida en una crisis institucional y de valores sino, que adems, se ha constituido en un pas problema para la regin latinoamericana.

Este pas comienza el siglo XXI sin haber superado gran parte de los yerros del siglo XX. Lo cual ha conducido a que prcticamente el Estado est en vas de extincin. Su principal funcin, la de servir de mecanismo para resolver los conflictos e impartir pronta justicia es ya ms declarativa que real. El ablandamiento producido por unas leyes transaccionales en gran medida ha sido un factor de violencia. El rgimen jurdico en apariencia es respetado por todo el mundo y, al mismo tiempo, irrespetado por todos, en un balance de actitudes rgidas y blandas que nos conduce a algo muy grave que es la impunidad.

Frente a la creciente impunidad y la poca confianza y credibilidad que ofrece el aparato judicial, la justicia se ha privatizado ya porque se acude a tribunales particulares de arbitramento o ya porque se acuden a las vas de hecho para hacer justicia por propia mano.

Ahora bien, de la evolucin poltica de este pas se puede concluir tambin que Colombia an no ha madurado como Nacin, ya que su proceso republicano es prcticamente nuevo, pues no alcanza los 200 aos de haberse emancipado de Espaa. Y al fin de cuentas es un pas sin un gran legado histrico.

Los pases europeos, por ejemplo, para haber llegado donde estn no solamente tienen un portentoso pasado histrico, sino que, adems, han enfrentado mltiples guerras internas y diversos conflictos entre ellos. Solamente en el siglo XX protagonizaron dos guerras mundiales y una nacin como Espaa fue vctima de la llamada guerra civil que dej alrededor de un milln de muertos.

Infortunadamente el postulado marxista segn el cual la violencia es la partera de la historia cobra vigencia en la realidad colombiana y es posible que para alcanzar la convivencia ciudadana y con ella la organizacin de un Estado de Derecho real y no virtual ni aparente como ocurre en la actualidad, los colombianos debamos recorrer otro trecho en medio de la angustia y la desesperanza que dejan los muertos.

Si bien no es fcil advertir una luz al final del tnel respecto del futuro colombiano, ello no quiere decir que para superar la desinstitucionalizacin y el alto grado de violencia como consecuencia del conflicto armado interno, la sociedad y sus gobernantes adopten una actitud pasiva frente a su realidad. Por el contrario es urgente reinventar una nueva organizacin estatal.

Lo que Colombia requiere para enfrentar su crisis de injusticia social y violencia generalizada es una pedagoga de los valores, porque en el fondo su problema es de tipo cultural. Por lo tanto es necesario volver a recuperar los sentidos, los elementos esenciales de la convivencia, en primer trmino, el respeto por la vida humana. Porque en este pas se ha perdido la nocin entre el bien y el mal y eso se puede observar casi a diario. Cuando asesinan a un nio, por ejemplo, la preocupacin es si el delito lo cometieron los narcotraficantes o los guerrilleros y no la muerte misma del infante, que es la prdida del concepto bsico de la vida, al fin y al cabo all reside la estructura de la paz.

Esa pedagoga de los valores supone la construccin de un nuevo pas, mediante la construccin de sociedad en la que opere un cambio de mentalidad y adquiera una mayor identidad nacional y cultural. Para ello es necesario que la actual sociedad, enferma y sumida en una crisis de valores adquiera una conciencia clara de lo que quiere, de a dnde quiere llegar y cmo lograrlo. Esto por supuesto no se conseguir de un da para otro, habida cuenta que es todo un proceso que demorar aos porque para que haya un cambio de mentalidad se debe propender por un mayor grado de democratizacin del poder poltico y econmico y con ello mayor igualdad de oportunidades.

Lo que la nueva sociedad colombiana tiene que buscar es la preeminencia de aquellos valores ticos y principios ciudadanos que deben ser acatados por todos sus miembros en el marco de un verdadero Estado de Derecho. Ante la profundidad de la crisis de la sociedad colombiana, esos valores rectores en toda la geografa nacional son, fundamentalmente, tres: el derecho a la vida bajo cualquier circunstancia, la aplicacin de la justicia en derecho como responsabilidad indelegable del Estado, y el monopolio de la fuerza a cargo del mismo Estado para la preservacin de la ley.

Cuando se haya reconstruido el tejido social se podr empezar a hablar de democracia y de un proyecto de Nacin que permita construir un real Estado de Derecho, entonces esa pedagoga de los valores tendr plena vigencia porque operar un nuevo estilo de vida en el hogar, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el sitio de trabajo, cuyos principios se infundirn a travs del ejemplo de los ciudadanos.

Slo cuando se produzca un cambio de estructuras en la erosionada organizacin social colombiana se podr volver por el rescate de la tabla de valores que se ha refundido y en ese escenario se alcanzar la paz y la convivencia ciudadana. En ese momento es posible pensar en erigir un Estado Social de Derecho como concepto de organizacin garantista de un pas que ha encontrado su proyecto de Nacin y su destino. Y ser en ese escenario si se quiere iluso, hipottico, quijotesco o utpico, cuando Colombia tendr una segunda oportunidad sobre la tierra como en la crnica novelada del Nbel de Aracataca.



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