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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-07-2008

Ciudadanos europeos bajo soberana estadounidense

Jean-Claude Paye
Gara

Paye denuncia la dependencia estructual que mantiene Europa respecto al imperialismo yanqui. As, la construccin europea tal y como est formulada no instala una nueva forma de soberana. No establece la relacin entre los ciudadanos y las autoridades constituidas, ni sirve de gua a la organizacin de estas ltimas.


El no irlands al proyecto constitucional tiene el inters de relanzar el debate sobre la construccin europea. Sin embargo, el debate no puede sino ser limitado, ya que el texto no tiene nada de constituyente. No instala una nueva forma de soberana. No establece la relacin entre los ciudadanos y las autoridades constituidas, ni sirve de gua a la organizacin de estas ltimas. El rechazo de diferentes ciudadanas, cuando son consultadas, demuestra que este proceso no forma parte del imaginario de los pueblos europeos.

Esta Constitucin no tiene el objetivo de unificar a la diversidad de pueblos del viejo continente, sino el de poner una pantalla a la realidad: de ocultar el hecho de que Europa no existe sino por su insercin en una estructura poltica globalizada, situada directamente bajo soberana estadounidense. Es lo que nos demuestran el conjunto de acuerdos firmados entre Estados Unidos y la Unin Europea.

Esa realidad, que estructura nuestra vida y suprime nuestras libertades fundamentales, est ausente de los actuales debates sobre ese proyecto constitucional. Limitar el debate a la cuestin del Tratado de Lisboa slo lleva a reproducir esa ocultacin de la realidad.

El ltimo acuerdo, firmado en junio de 2007, y concerniente al control de las transacciones financieras as como el relativo a los pasajeros areos (leer Pasajeros europeos bajo el control de EEUU, GARA, 17-10-2007), consagran un nuevo modelo de existencia para el derecho internacional. De hecho, ms que hablar de derecho internacional habra que hablar de un derecho nacional estadounidense aplicado directamente en territorio de la Unin Europea. El estilo de redaccin que consagra la primaca del derecho estadounidense es la misma para los dos casos. No se trata de acuerdos entre dos potencias estatales situadas formalmente al mismo nivel, sino de un compromiso unilateral de parte de Estados Unidos que le consagra como potencia imperial que ejerce una soberana directa sobre ciudadanos europeos. A fin de satisfacer las exigencias estadounidenses, la UE abandona su propia legalidad y transforma su ordenamiento jurdico. Se trata de legalizar una situacin de facto, engendrada a partir de la decisin de las autoridades estadounidenses de hacerse con datos personales de sbditos europeos.

El 23 de junio de 2006, el New York Times revelaba la instalacin, por la CIA, de un programa de vigilancia de las transacciones financieras internacionales. El peridico resaltaba el hecho de que la sociedad belga Swift transmiti, a partir de los atentados del 11-S, al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, decenas de miles de datos confidenciales concernientes a operaciones de sus clientes. Swift gestiona los intercambios internacionales de unas 8.000 instituciones financieras establecidas en 208 pases. Asegura la transferencia de datos relativos a pagos o ttulos, incluidas las transacciones internacionales en divisas, aunque no se dedica a transferir dinero. El conjunto de sus documentos son almacenados en dos servidores. Uno de ellos situado en Europa y el otro en Estados Unidos. Los mensajes interbancarios, que circulan a travs de la red Swift, contienen datos de carcter personal, protegidos tanto por el derecho belga como por el europeo.

Esta sociedad est sometida igualmente al derecho estadounidense, al estar su segundo servidor alojado en dicho pas. La sociedad a violado, por tanto, el derecho europeo a fin de cumplir las rdenes del ejecutivo estadounidense.

Desde 2002, la sociedad Swift informaba a sus autoridades financieras de tutela, belgas y europeas, es decir, al Banco Nacional de Blgica y al Banco Central Europeo. En la prctica el conjunto de los bancos centrales del G-10 (Canad, Alemania, Francia, Italia, Japn, Holanda, Suecia, Suiza, Gran Bretaa, EEUU) y de los pases aliados de EEUU en la guerra contra el terrorismo, estaban al corriente de esa transmisin de informaciones financieras. El Banco Nacional Belga no consider til informar de ello a su Gobierno. El BCE adopt igual actitud con respecto a la Comisin y al Consejo Europeo. Su director justific su silencio en que, como los exhortos hechos llegar a Swift se realizaban en nombre de la lucha antiterrorista, esta informacin no poda no ser compartida con terceros ni hacerse pblica.

En este caso, una firma privada y las autoridades financieras europeas se presentan como instituciones comprometidas en la lucha antiterrorista internacional y se colocan directamente bajo soberana estadounidense. Ello justifica, a sus ojos, tanto el incumplimiento de sus obligaciones con respecto a sus autoridades de tutela como la violacin del derecho nacional belga y del derecho comunitario. A pesar de probarse tales hechos, las autoridades belgas y europeas se negaron a perseguir judicialmente a la sociedad Swift y a adoptar sanciones hacia los bancos centrales.

Recordemos que el sistema Echelon y el programa de vigilancia de la NSA permiten proveerse de informaciones digitales, entre ellos los datos Swift, en tiempo real. Su lectura es tanto ms fcil en cuanto que los sistemas de encriptado (DES, 3DES y AES), de los datos relativos a las transacciones mundiales entre bancos, son estndares estadounidenses patentados en EEUU. El Gobierno de Estados Unidos se asegura de que se le faciliten datos que o bien ya estn en sus manos o puede obtener fcilmente. Y es que no se trata slo de establecer un sistema de control de las transacciones financieras internacionales, sino sobretodo de legitimarlo.

Nunca se ha planteado que cesen estas transferencias de datos hacia las aduanas estadounidenses. Ese intercambio no ha cesado, de hecho, desde que se revelara el escndalo.

En lo que se refiere al acuerdo de 2007, que autoriza la obtencin de datos personales de europeos por parte de los Estados Unidos, ste conduce a un compromiso unilateral estadounidense. No se trata de un acuerdo bilateral, como quera el Parlamento Europeo, sino de un texto cuyo contenido no precisa del consentimiento de las dos partes para poder ser modificado. En dicho documento, el Departamento del Tesoro da meras garantas formales en cuanto al uso de los datos. Se compromete a utilizarlos exclusivamente para la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, la definicin de terrorismo es tan extensa que puede aplicarse a toda persona u organizacin que est en el punto de mira de la Administracin.

Con el objeto de que los datos inter-europeos no sigan siendo transferidos a EEUU, sino a un segundo servidor europeo, representantes de la sociedad Swift dejaron entrever en abril de este ao que ese cerebro se situara en la regin de Zurich y estara operativo a finales de 2009. El acuerdo debera ser adaptado a tal efecto. Y ese cambio sera en todo caso evolutivo. El acuerdo se ha construido para que pueda responder a nuevas exigencias estadounidenses y para que pueda seguir abasteciendo de los datos financieros europeos a las autoridades estadounidenses. De no existir el pretexto del servidor estadounidense, ello podra llevar a un reforzamiento an mayor de la soberana de ese pas en suelo europeo.

Este acuerdo, como el relativo a los pasajeros areos, revela la existencia de una estructura poltica imperial en la que el Ejecutivo de los EEUU ocupa el puesto de emisor de rdenes y las instituciones europeas tienen una funcin legitimadora con respecto a sus ciudadanos. No existen dos potencias soberanas. Slo hay una parte que reafirma su derecho a disponer de informaciones personales de los europeos. En ese proceso unilateral, concede garantas formales que puede modificar o suprimir unilateralmente. El Gobierno estadounidense ejerce de este modo su soberana directa sobre los pueblos europeos.

Imprimatu


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