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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 27-07-2008

El agro-capitalismo de la soja

Claudio Katz
Rebelin


El conflicto entre el ruralismo y el gobierno reprodujo inicialmente una conocida disputa de la historia argentina. Como a diferencia de la energa o ciertos servicios la tierra nunca estuvo nacionalizada, los propietarios del campo se consideran dueos de la renta agraria. Han confrontado con todas las administraciones que intentaron utilizar parte de esos recursos para otros fines.

Esta pugna por dinero fue habitualmente recubierta de valores patriticos y cuestionamientos al fiscalismo del estado o al egosmo de los productores. Pero el enfrentamiento reciente present una intensidad indita e ilustr la irrupcin de un sujeto capitalista que logr doblegar al gobierno.

Las banderas del ruralismo

La campaa contra retenciones mviles -que gravan las exportaciones en proporcin al aumento del precio internacional de la soja- instal la creencia que este impuesto es ilegitimo e inconstitucional. Los ruralistas afirmaron que el gravamen es inconcebible en otros pases, olvidando cuntos gobiernos aplican alguna variante de esa norma. Un impuesto a las ganancias excesivas rige por ejemplo en Estados Unidos desde 1917 para financiar las guerras.

Quines despotrican contra la confiscacin de las retenciones, ocultan que los ingresos generados por el encarecimiento de la soja fueron mucho ms significativos. Se presentan como vctimas de la voracidad fiscal, sin mencionar que las retenciones slo aportan el 10% de la recaudacin, mientras que el IVA representa el 42% de esos ingresos. Han colocado en la agenda pblica la disminucin de sus impuestos como un bien ms apreciado y urgente, que la reduccin de los gravmenes al consumo. Del IVA nadie habla, pero una pugna suscitada por un adicional del 1% de la recaudacin paraliz al pas.

Los ruralistas sostuvieron que el aumento de los costos erosiona sus beneficios. Pero estos incrementos no treparon en la misma proporcin que la soja, cuyo precio mximo fue 300 dlares en los ltimos quince aos y en la actualidad ronda los 600 dlares. Esta cotizacin modifica todos los parmetros del agro-negocio a favor de la soja.

El bloque agrario consigui implantar su demanda de rentabilidad como un dato normal de la vida social. En lugar de discutir la miseria que padecen los trabajadores y desocupados se habla de los lucros que le corresponderan al campo. Pero los espordicos clculos que circulan sobre esos beneficios retratan promedios muy significativos.
Estas cifras estn respaldadas por el precio de la tierra, un indicador objetivo del agro-negocio que sigui ascendiendo durante todo el conflicto. Esta valorizacin ha sido el trasfondo de la irritacin que exhibieron los contratistas, afectados por el incremento de los alquileres que acompaa al encarecimiento de la tierra. En un orden de costos, el arrendamiento ocupa el primer lugar, seguido por la comercializacin, la siembra, la cosecha y finalmente los herbicidas o fertilizantes.

Pero los contratistas no realizaron esta discriminacin, ni se insurreccionaron contra el precio de los arriendos. Se olvidaron de lo pagado a los propietarios y canalizaron toda su furia contra la recaudacin del estado. Cuestionaron el gravamen que establece un poder pblico y no la renta que percibe el dueo de la parcela. Esta actitud reflej su visin de la primavera econmica que atraviesa la Pampa Hmeda luego de la crisis de los 90. Atribuyen esta mejora a la naturaleza y al mercado mundial olvidando el efecto de la hiper-devaluacin, que solvent el grueso de la poblacin y facilit la recuperacin exportadora. Pero, adems, observan la valorizacin de la tierra como un dato favorable, ya que se consideran parte del nuevo modelo sojero.

Esta reivindicacin explica la convergencia de la Federacin Agraria con la Sociedad Rural. Los herederos del Grito de Alcorta actuaron en comn con los sucesores de Martnez de Hoz bajo la bandera de anular la movilidad de las retenciones, porque han tejido estrechos lazos con los popes del agro-negocio. En lugar de pelear contra los grandes propietarios, ahora intentan compartir con ellos los frutos del cambio registrado en el capitalismo agrario.

Efectos de la tecnificacin

Desde la introduccin de la siembra directa, las semillas transgnicas y las nuevas cosechadoras, en un da de trabajo se realiza lo que antes requera un mes. Esa tecnificacin increment sustancialmente el rea y los rendimientos de varios cultivos. De 99 millones de toneladas producidas en el 2002 se pas a 135 millones y Argentina se afianz como un gran exportador mundial de aceite, girasol, maz, man y soja.

Esta oleaginosa desplaz a los cereales y la ganadera, mediante un esquema que en gran medida sustituye la vieja dependencia del clima y la fertilidad, por los parmetros de capitalistas de la inversin. Como consecuencia de este cambio la concentracin de tierras ha perdido importancia frente a la concentracin del capital, ya que slo 10 firmas aportan el 75% de la produccin. Algunos investigadores igualmente sostienen que la primaca de los viejos propietarios no ha desaparecido.

Pero esta continuidad no indica la subsistencia de la vieja oligarqua. Esa denominacin aluda al terrateniente, que lucraba pasivamente con la renta generada por el pastoreo y el engorde de las vacas. En condiciones de persistencia de esa renta, la agricultura ha incorporado un nivel de tecnificacin ausente en esa poca.

Otro cambio relevante ha sido la transformacin del chacarero en pequeo y mediano contratista. Ante la abrupta reduccin del tiempo requerido para la actividad agraria, los antiguos arrendatarios han desaparecido junto a la explotacin familiar. Quines lograron dotarse del capital suficiente para poseer una cosechadora trabajan en varios predios, en un escenario dominado por el alquiler en el grueso de la superficie pampeana (entre 55% y el 70% del rea total).

Esta transformacin tambin modific el papel de los propietarios. Con el boom de la soja los ingresos generados por la simple tenencia de la tierra aumentaron abruptamente, beneficiando a todos los poseedores de algn predio significativo. El dueo de 100 hectreas en la Pampa Hmeda obtiene unos 6000 pesos mensuales del alquiler de su tierra. Adems, la posesin de 150 hectreas le permite contar con un patrimonio cercano a 1,5- 2,2 millones de dlares, es decir un ingreso que lo ubica ntidamente en la clase media-alta de las ciudades.

A diferencia de los aos 90, los contratistas que a su vez son rentistas no enfrentan ninguna amenaza de quebranto. Por eso frecuentemente afirman que las retenciones conspiran contra su estilo de vida, al empujarlos a sustituir el trabajo directo por el alquiler del campo. En ese caso pasaran a vivir de un alto ingreso, en condiciones muy alejadas de los padecimientos que soporta la mayora de la poblacin.

El nuevo contratista tiene muy pocas afinidades con el viejo chacarero que forj la Federacin Agraria. Por esta razn la demanda de anular las retenciones mviles tuvo primaca sobre el programa histrico de reforma agraria y Junta Nacional de Granos. Tampoco los antiguos cooperativistas se parecen a los empresarios medianos que controlan CONINAGRO. A su vez, los grandes propietarios de CRA se han convertido en grandes burgueses y los latifundistas ganaderos de la Sociedad Rural en agro-capitalistas. Como consecuencia de estos cambios, solo un porcentaje mnimo de los productores mantuvo su vieja afiliacin gremial, lo que explica la gran autonoma que demostraron las asambleas de auto-convocados.

El nuevo capitalista mediano de la soja acta con plena conciencia de su rol empresarial. Por eso no exigi el manejo estatal de la provisin de herbicidas frente al aumento de los insumos. Tampoco reclam la nacionalizacin del comercio exterior, ante las estafas que realizan los exportadores. Estas demandas estuvieron ausentes por una percepcin de intereses comunes con los grandes actores del complejo sojero.

Esta convergencia oculta las enormes brechas sociales que se han creado dentro del agro pampeano. La subordinacin de los sectores populares de los pueblos a una direccin capitalista torn invisibles esas polaridades. Lo que predomina es el criterio de celebrar los negocios, como una gran aventura mientras se gana dinero y culpar al estado, cuando la coyuntura se torna adversa.

"Pequeos productores"

En lugar de caracterizar al nuevo estrato de capitalistas medianos que lider la protesta rural se ha generalizado su reivindicacin como pequeo productor. Esta denominacin confunde al viejo arrendatario explotado por los latifundistas con los contratistas y propietarios de pequea o mediana dimensin. Quines combinan la tenencia de una pequea propiedad (100-200 hectreas) con una cosechadora o sembradora logran importantes lucros con el cultivo de soja, que requiere menos inversin el trigo o el maz.

El trmino de pequeo productor correspondera ms bien a los propietarios de 50 o 60 hectreas, de las zonas con rindes bajos, alejadas del boom sojero. Tambin podran encuadrarse en esa categora los campesinos extra-pampeanos que desenvuelven una agricultura familiar en predios de 5 a 20 hectreas. Este sector de productores de frutas, hortalizas, legumbres, caa de azcar, tabaco o yerba mate estuvo ausente del bloque ruralista durante el conflicto, porque son vctimas de la expansin sojera.

Por la misma razn que nadie califica al industrial mediano de pequeo productor urbano es engaoso utilizar este trmino en el agro pampeano. El propio Buzzi se autodefini varias veces como exponente de la burguesa mediana. Este concepto es ms esclarecedor, ya que retrata la actividad de un contratista que emplea peones. Es importante resaltar esta funcin frente a las miradas que idealizan a un sector que cumplir un rol papel progresivo, mientras lucre con el sufrimiento de los peones y el usufructo de una renta que le corresponde a todo el pas.

Esta hostilidad hacia los trabajadores rurales ha sido un dato cuidadosamente ocultado. Los asalariados del campo padecen un rgimen laboral impuesto hace tres dcadas por la dictadura que impide la vigencia de las ocho horas, desconoce la entrega de ropa de trabajo y el otorgamiento de extras por escolaridad. Por esta razn en el campo rige una elevada tasa de informalidad laboral (63%) y remuneraciones que apenas alcanzan al 60% del promedio urbano.

El protagonismo de los contratistas y rentistas durante el conflicto ha oscurecido la terrible polarizacin social que genera el modelo sojero. Argentina produce alimentos bsicos para alimentar a 450 millones de personas, pero hay dos millones de personas que no consumen los nutrientes indispensables. Este dato ilustra como el esquema actual afianza el abismo entre los opulentos y los desamparados .

El discurso distributivo

El gobierno enfrent los reclamos ruralistas proclamando una redistribucin del ingreso que no implementa. Con el 35% de retenciones que recaudaba antes del conflicto ya manejaba ingresos suficientes para introducir mejoras sociales. Podra haber destinado el supervit fiscal rcord para incrementar el salario mnimo, elevar las asignaciones a los desocupados o introducir la movilidad de jubilaciones.

Solo al promediar el conflicto Cristina anunci que el dinero recolectado con las nuevas retenciones se utilizara para construir hospitales. Pero la cifra comprometida con esta finalidad equivala a un tercio del costo del tren bala y nunca se aclar que ocurrira con la iniciativa sanitaria ante una cada del precio de la soja. Solo la estatizacin en marcha de Aerolneas Argentinas, le costar al fisco la mitad de la recaudacin esperada con las retenciones.

El gobierno es incapaz de transformar el modelo sojero porque ha sido su principal impulsor a travs de una alianza privilegiada con Grobocopatel y Urqua. Estos compromisos lo indujeron a encubrir la evasin impositiva de 650 millones de dlares, que realizaron los grupos exportadores al anotar anticipadamente operaciones de compra-venta.

Los Kirchner estimularon la comercializacin privada que genera los grandes lucros del agro-negocio. Mientras atacaban verbalmente esa intermediacin pusieron en marcha la re-privatizacin de ocho corredores de rutas, a favor de seis concesionarios que administran el peaje sin realizar ninguna inversin.

Tambin apadrinaron durante aos a los pools de siembra que cuestionaron durante la crisis, manteniendo una legislacin financiera que asegura la capacidad de estas compaas para operar en gran escala y negociar con ventaja alquileres e insumos. Lo que impide la redistribucin del ingreso es esta duplicidad de un matrimonio, que en el 2002 criticaban duramente las mismas retenciones que ahora defendieron.

Pero el gobierno choc con el agro porque apuesta a un modelo econmico neo-desarrollista, que manteniendo el pago de la deuda privilegie la subvencin estatal a los grandes industriales. Nstor Kircner y el jefe de la bancada del PJ, Pichetto, confesaron que el verdadero objetivo de las retenciones era mantener ese destino del gasto pblico.

La derrota del gobierno abre ahora un interrogante sobre la continuidad de este esquema, ya que la propia UIA se alej momentneamente del oficialismo ante un giro econmico adverso, que se verifica en frenos de la produccin, cadas de ventas y continuidad de la inflacin. La improvisacin gubernamental acento este distanciamiento, ya que para frenar la especulacin con el dlar fue socavado el tipo de cambio alto, que es el pilar del modelo. Cristina sigue tutendose con los directivos de Techint, pero el esquema neo-desarrollista trastabilla.

Volver a empezar

Con la anulacin de la resolucin 125 el bloque ruralista logr retrotraer las retenciones al 35 % fijo. Toda la cosecha almacenada ser comercializada a esa tasa y dentro del circuito de la soja se repartirn los 1250 millones de dlares en disputa con el controvertido decreto. Los ganadores inmediatos sern los exportadores y sobre todo los grandes productores, que pagarn un impuesto inferior al estipulado en el proyecto de ley que rechaz el senado.

Esta iniciativa incorporaba una segmentacin del impuesto por volumen de produccin, que el gobierno primero concedi a quines producen menos de 500 toneladas. Luego introdujo una escala que situaba las retenciones en un 30% hasta 300 toneladas, 35% hasta 750 toneladas y 40% por encima de 1500 toneladas. Esta diferenciacin qued sepultada con la derogacin del decreto oficial, determinando una clara prdida para quines fueron el estandarte de la revuelta rural.

Esta situacin ha conducido a una paradjica combinacin de festejos y lamentos por parte de Buzzi. Cuestiona la desmejora que sufren sus representados como resultado de un gran triunfo. Esta ridcula situacin solo confirma lo que poda anticiparse: la consigna comn de la mesa de enlace sirvi a los ms poderosos. Tal como ocurre en los negocios corrientes, los grandes capitalistas se aprovechan de sus socios ms pequeos en sus reyertas con los gobiernos.

Pero seguramente en la prxima cosecha se implementar alguna variante de las leyes debatidas en el Congreso, aceptando el mayor poder conquistado por el lobby ruralista. Para reintroducir la movilidad, el gobierno intentar consensuar la propuesta del PJ disidente (Sola, Reuteman, Schiaretti), que apunt a reducir la curva de incremento de la alcuota de las retenciones frente a una suba del precio internacional.

Tambin se recrearan las compensaciones, pero asegurando como pide las FAA que nadie queda afuera, es decir segmentaciones hasta 3000 toneladas para cubrir al 96% de los productores. Nuevamente la bandera del pequeo productor servir para subsidiar a capitalistas, que no necesitan ningn socorro estatal para seguir acumulando fortunas.

Durante el conflicto se verific una disposicin del gobierno a otorgar concesiones muy superiores a la anulacin de la movilidad de las retenciones. Solo las compensaciones reducan a la mitad la recaudacin buscada con esa medida. Pero adems se acord un subsidio al flete y la apertura parcial de las exportaciones de carne y trigo. Se discuti aliviar los precios de los insumos importados por alguna va fiscal o cambiaria y hubo promesas de crditos blandos o futuras deducciones del impuesto a las ganancias.

Pero este jolgorio no estar exento de conflictos, ya que hay mucho dinero en juego y su distribucin pondr sobre la mesa temas ms conflictos, como la modificacin de la ley de arrendamientos. Mientras que los grandes pools de siembra no objetan este cambio, los grandes propietarios lo ven con malos ojos.

Un programa perdurable

Al cabo de cuatro meses de intenso debate agrario todo el pas ha tomado contacto con el modelo sojero. Se destap, adems, una discusin impositiva que tanto el ruralismo como gobierno queran evitar. El debate parlamentario que ahora todos ponderan, siempre fue evadido por ambos bandos. Por un lado, el bloque agrario tradicionalmente apost a la eliminacin total de las retenciones y no a su regulacin legislativa. Por su parte, todos los gobiernos buscaron mantener la potestad del ejecutivo para establecer un gravamen que no se coparticipa.

La crisis puso sobre la mesa un debate sobre la redistribucin del ingreso, que volver a replantearse. Por esta razn resulta indispensable desarrollar un programa, para afrontar con soluciones populares el resurgimiento del problema agrario. Esta plataforma exige considerar ante todo la situacin del pen rural y derogar de inmediato la ley de la dictadura, para asegurar un salario mnimo equivalente al costo de la canasta familiar.

Las retenciones deberan mantenerse hasta tanto se organice un nuevo sistema impositivo de carcter progresivo. Este instrumento debera limitarse en el nuevo esquema a divorciar los precios locales de los internacionales, para que el lomo no cueste los 80 pesos que reclam De Angelis. Los ruralistas no proponen encarecer los consumos de lujo para abaratar los cortes populares. Quieren establecer el principio de aproximar lo ms posible el precio local a las cotizaciones de exportacin en todos los rubros.

Las retenciones mviles, diferenciadas (para desalentar la soja frente a otros cultivos) y coparticipables (para que su uso se controle localmente) deberan contribuir a bajar el IVA hasta su eliminacin. Pero deberan cumplir esta funcin mientras se establecen los dos impuestos progresivos decisivos: uno a las ganancias y otro a la renta para permitir una transferencia de riqueza hacia las mayoras populares.

Para que este esquema sea factible es indispensable poner fin a la fenomenal evasin que sali a flote, ante el escaso nmero de productores que se present a solicitar compensaciones para evitar la inscripcin fiscal. La evasin se consuma con maniobras para subvaluar y ocultar cosecha, crear arrendatarios fantasmas o declarar campos alejados de las rutas.

Un pilar de la transformacin agraria debera ser la reconstitucin de la Junta Nacional de Granos, para asegurar el manejo estatal de la compra y venta de los cereales. En cambio el gobierno solo ha considerado hasta ahora, un proyecto para gestar una entidad de seguimiento de la actividad rural.

El monopolio estatal de comercio exterior debera instrumentarse junto a una nueva ley de comercializacin, que neutralice el manejo de los oligopolios y supermercados en la fijacin de los precios de los alimentos. Frente a una escalada de caresta se requerira la aplicacin de la ley de abastecimiento y formas de control popular de precios.

Es tambin prioritaria la re-nacionalizacin del circuito de trenes y puertos privados, que el gobierno critica pero no modifica. Anular el tren bala constituira un punto de partida para reconstruir la red ferroviaria para el transporte de cereales.

Pero una transformacin popular del agro no prosperar sin nacionalizar el manejo financiero del agro-negocio y garantizar el manejo estatal de los laboratorios que proveen insumos, fertilizantes y agro-qumicos.

Un plan agrario debe promover, adems, una poltica de crditos y asesoramiento tcnico. Por esta va se puede combatir el monocultivo, diversificar la produccin y asegurar la soberana alimenticia.

La regresin social que impone el modelo de la soja no obedece al nivel de los impuestos, sino a la vigencia de las reglas del beneficio. Si estos patrones de rentabilidad continan guiando la produccin, no se revertir la crisis de la lechera y el estancamiento del stock ganadero. Y tampoco se reducirn los efectos devastadores de este esquema sobre el medio ambiente.

Dejar en libertad al campo equivale a multiplicar la desigualdad y reforzar un modelo que no industrializa, ni crea empleo. El problema no es la soja, sino la agricultura capitalista. Lleg el momento de comenzar a revertir ese sistema, generando alimentos para todos y transformando la renta agraria en un bien colectivo.



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