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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-07-2008

La memoria ardiente de la Operacin Cndor

Bruno Lima Rocha
Barmetro Internacional


El viernes 11 de julio hubo un ataque con molotovs en Porto Alegre, capital de Ro Grande do Sul (RS) que an no se explica. Cerca de las 3 de la tarde lleg un hombre solo en moto, fren, sac dos molotovs, los prendi y tir contra la enorme puerta de madera del Consulado General de Italia para el Rio Grande do Sul. La entrada consular estall en fuego mientras el motociclista hua. La Polica Civil del Estado, que cumple el rol de polica judiciaria, todava no sabe ni siquiera el motivo posible del ataque. Hay una sospecha posible de ser aceptada, se fundamenta que no fue un ataque de la izquierda, sino de militares residentes en el estado gacho y que tienen requisa por extradicin por parte de la fiscala italiana. Esta posible motivacin para el micro atentado es real, considerando que hay un preso poltico de origen italiano en la crcel de la Polica Federal, con sede en Brasilia.

La posibilidad de que el atentado tenga motivacin de izquierda pasa por la solidaridad al escritor Cesare Battisti. Este viva en Francia hasta que tuvo de fugarse en direccin al Brasil. Ex miembro de la autonoma obrera, perteneca al grupo llamado PAC (Proletarios Armados Comunistas), bastante activo en el norte italiano en la segunda mitad de los 70. Battisti es blanco de una ofensiva jurdico policial del gobierno fascista-meditico de Berlusconi y sus amigos de la Alianza Nacional. Hay mucha informacin del caso Basttisti en el sitio, http://cesarelivre.org.

Si tenemos en cuenta que el atentado puede venir de la derecha, pasa por la comprensin de algo que se hizo pblico a fines de 2007 y todava qued sin respuesta del gobierno brasilero. Hay que volver en el tiempo y tratar un poco la coordinacin de terrorismo de Estado en el Cono Sur de Amrica.

La Operacin Cndor, coordinacin continental entre las dictaduras de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia en la dcada de 70, contina produciendo hechos polticos y luchas por memoria y justicia. El ltimo a poner lea en la hoguera fue el fiscal italiano Giancarlo Campaldo. l pidi a la justicia de su pas la prisin de 146 latino-americanos, ex-integrantes de la Operacin Cndor y directamente envueltos con el asesinato de personas de ascendencia italiana. De entre los acusados figuran 13 brasileos y casi todos con vnculos con el Ro Grande do Sul y con experiencia operacional represiva en las zonas de frontera. La lista completa de los militares y policas procesados por la fiscala italiana est rellenada de gachos.

Los nombres de los ya fallecidos son:

- General Joo Baptista Figueiredo (ex-presidente de la Repblica, sirvi mucho tiempo en el Rio Grande do Sul)

- General Euclydes de Olivo Figueiredo Hijo (hermano del ex-presidente y ex-comandante del 1 Ejrcito, llamado hoy Comando Militar del Este, con base en Ro de Janeiro), sirvi en el Sur

- General Walter Pires de Carvalho y Albuquerque (ex-ministro del Ejrcito de Figueiredo)

- General Otvio Medeiros (ex-jefe del Servicio Nacional de Informaciones - SNI)

- General Antnio Bandera (ex-comandante del 3 Ejrcito, actualmente llamado de Mando Militar del Sur CMS, con base en el Rio Grande), oper en el sur de Brasil

- Coronel Lus Macksen de Castro Rodrigues (ex-superintendente de la Polica Federal en RS), gacho.

An en vida constan:

- Coronel Carlos Alberto Ponzi (ex-jefe de la 2la seao del Estado-Mayor, gacho)

- Agnello de Arajo Brito (ex-superintendente de la Polica Federal en Ro de Janeiro)

- Edmundo Adolfo Murgel (ex-secretario de Seguridad Pblica ministerio estadual de interior - estado de Ro de Janeiro)

- General Henrique Domingues (ex-miembro del Estado-Mayor del 3 Ejrcito, actual CMS)

- Joo Osvaldo Leivas Job (ex-secretario de Seguridad Pblica del RS, gacho)

Despus de mucho tiempo, el tema vuelve a la palestra en nuestro pas de escasa memoria. Esa noticia sali en el portal del peridico O Estado de So Paulo (www.estadao.com.br), en nota publicada el da 30 de diciembre ultimo. El reportero Moacir Asuncin entrevist a Jair Krischke, veterano abogado gacho y fundador del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos (MJDH). Jair sirvi de fuente no slo por sus posiciones polticas pblicas, sino tambin por haber proporcionado datos e informaciones el fiscal Giancarlo. Organismos como el MJDH son la pesadilla permanente de los operadores de la represin, tortura, desaparicin forzada y muerte, promovida por los regmenes de fuerza de las dcadas de 60, 70 y 80.

La otra versin de la nota vino a travs del reportero Marcelo Godoy, entrevistando el general de divisin del arma de caballera (en la reserva) Agnaldo Del Nero Augusto. Ese oficial fue agregado militar en Paraguay en 1979 y 1980; form parte de la inteligencia del 2 Ejrcito en So Paulo (hoy Mando Militar del Sudeste) y particip activamente de la Operacin Cndor. Por su relato, Agnaldo tuvo una actuacin coordinada con la inteligencia argentina, dando atencin especial al flujo de militantes de la Organizacin Poltico-Militar Montoneros que usaban Brasil como refugio o pasaje de reingreso a su pas.

Entiendo que el caso es relevante y va contra el pacto poltico brasileo firmado con la Ley de Amnista Amplia, General e Irrestricta. Tambin se choca con la poltica del actual gobierno que se dice de respeto a la apertura de los archivos de los Destacamentos de Operaciones de Informaciones, subordinados a los Mandos de Operaciones de Defensa Interna (DOI-CODI). Como se sabe, los DOI-CODIs fueron extintos despus del fracaso del atentado con bomba durante lo 1 de mayo realizado en el Riocentro. En la historia reciente de las fuerzas armadas y de la dictadura brasilea, ese fue el marco de la derrota de la lnea dura de los stanos contra la poltica de apertura y distensin capitaneada por Ernesto Geisel y Golbery de Couto y Silva.

Volviendo al caso de las acusaciones por desaparicin forzada, tenemos que constatar que difcilmente habr alguna punicin para los 13 brasileos acusados. La Constitucin prohbe la extradicin de nacionales y es imprudente generar expectativas de juicios en la Justicia de Brasil. Otra vez, Brasil camina en el sentido inverso de los pases vecinos.

Slo para ejemplificar la afirmacin, mientras escribo este artculo tengo en mano el ejemplar de 20 de diciembre de la revista semanal uruguaya Caras y Muecas. Publicada en la tapa est la prisin del general Gregorio lvarez, presidente de la dictadura en el periodo 1981-1985. El dictador Goyo lvarez hace compaa al tambin dictador, el estanciero Juan Mara Bordaberry, presidente electo en la base del fraude en 1971, operador del autogolpe en 1973 y alejado por sus propios generales en 1976. Junto a los dos dictadores constan otros trece mandatarios civiles y militares del rgimen de excepcin de la Banda Oriental. Dos oficiales de la reserva de la Marina y del Ejrcito etn requeridos y se encuentran prfugos. Uno de ellos, el coronel de infantera Juan Manuel Cordero Piacentini est detenido en el Ro Grande del Sur desde marzo de 2007, aguardando el juicio de su pedido de extradicin.

Las intenciones de punicin en Uruguay estn muy presentes. El diario La Repblica, publica una foto de Gregorio lvarez esposado. No es slo una foto coloreada, es un afiche suelto adjunto, encartado entre las pginas 40 y 41 de la edicin dominical (30 de diciembre) y de tamao doble estndar. Para quien conoce el posicionamiento y la penetracin de la media impresa en un pas letrado, da una idea de la importancia de esta imagen.

El justificativo legal para la prisin de lvarez fue a la interpretacin de uno de los artculos del equivalente de la Ley de Amnista en Uruguay, conocida como Ley de Caducidad. En 1987, una accin parecida casi promovi un golpe de Estado, putsch militar organizado por el teniente-general Hugo Medina y cuyo objetivo era frenar los procesos judiciales y punitivos. La Ley de Caducidad, as como la Ley de Obediencia Debida, promovida en Argentina por Carlos Menem fue fruto de estos miedos y ambas estn por caer. Con todas las crticas que puedan ser hechas, y no son pocas, los gobiernos del uruguayo Tabar Vzquez (Frente Amplo) y del argentino Nstor Kirchner (Justicialista), sufrieron presin popular y poltica para posicionarse en el tema de la memoria y justicia y dieron alguna respuesta en el terreno jurdico.

Mientras eso, segn Jair Kriscke, en Brasil hasta hoy no molestamos ni el cabo de la guardia que actu en el periodo. Entiendo que el gobierno de Lula prefiere pagar pensin para las vctimas de la dictadura brasilea a castigar sus excesos. Infelizmente, en varios aspectos, estamos hace aos luz de nuestros vecinos. Somos una potencia econmica subdesarrollada en los rubros de conciencia poltica, memoria colectiva y movilizacin social. Conforme dije en el artculo de la semana pasada, cuando la memoria se borra, el futuro ser el pasado.

Por lo visto, el gobierno nacional del presidente Lula, que fue sindicalista pero declar pblicamente !yo nunca fui de izquierda!, no va hacer nada. Internamente, no mueve un dedo para abrir los archivos de la dictadura militar en manos de las Fuerzas Armadas brasileas. En el plan externo, ni pasa por su cabeza molestar a los militares y abrir el tema de los muertos y desparecidos polticos de Brasil. La sociedad brasilea empieza a moverse por otros canales, abriendo juicios y exigiendo justicia a los culpables de desapariciones en So Paulo. La rueda se mueve lenta, pero mueve.



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