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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 31-07-2008

Texto ntegro del recurso
El abogado de la espaola Remedios Garca desmonta en su recurso de apelacin las acusaciones de colaboracin con las FARC

Pascual Serrano
Rebelin


El abogado Enrique Santiago ha detallado a lo largo de ms de 30 folios, a los que ha tenido acceso rebelin.org, los argumentos en los que basa su recurso de apelacin dirigido a la Audiencia Nacional espaola contra la orden de detencin dictada contra la tcnico de cooperacin Remedios Garca, la ciudadana espaola acusada de pertenecer a la guerrilla colombiana de las FARC.

En opinin de Enrique Santiago, es carente de sentido y del todo desproporcionado, incluso desmotivado, dicho siempre en estrictos trminos de defensa, la imposicin de prisin preventiva eludible bajo fianza de 12.000 euros.

Para Santiago todos y cada uno de los elementos probatorios enunciados en el auto carecen de validez jurdica y devienen inhbiles por tratarse de una obtencin de prueba ilegal, viciada en su origen al proceder de unos supuestos ordenadores de (a) Ral Reyes respecto a los cuales no se conoce nada de su cadena de custodia hasta 10 das despus de permanecer en poder de las autoridades colombianas.

Enrique Santiago destaca que las circunstancias en las que presuntamente se obtuvieron los elementos informticos aparecen hechos que necesitan ser investigados: violacin del espacio areo ecuatoriano, violacin territorial, violacin a los derechos humanos de los prisioneros y ejecucin de heridos y prisioneros de manera extrajudicial. Debe de investigarse, por tanto, las posibles violaciones al derecho internacional y a las Convenciones de Ginebra.

Otro elemento controvertido es la calificacin judicial de organizacin terrorista a las FARC, recuerda el abogado que, para considerar los tribunales espaoles a las FARC como organizacin terrorista, ser necesario que previamente un tribunal espaol haya establecido en sentencia firme dicho carcter de organizacin terrorista, lo que a fecha de hoy no ha ocurrido. Este ha sido el criterio mantenido por otros tribunales penales europeos, como es el caso de Dinamarca, donde se han juzgado delitos de colaboracin con banda armada respecto a las FARC, presuntamente realizadas por personas simpatizantes de dicha organizacin en territorio de Dinamarca, absolviendo a los mismos de cualquier delito relacionado con el terrorismo. Y no lo es, porque si bien las FARC estn incluidas en dicha lista de la U.E., ni siquiera esa consideracin es seguida unnimemente por los distintos pases miembros As, las FARC no estn incluidas en la lista de organizaciones terroristas que realiza y aplica el Reino Unido, ni lo estn en la lista de organizaciones terroristas de las Naciones Unidas. La lista de organizaciones terroristas de la U.E. no tiene apoyo unnime en todos los pases de la U.E. El gobierno noruego manifest en 2006 que dicha lista no se va a utilizar, no va a apoyarse en ella en ningn caso.

Respecto a los viajes de Remedios Garca a los campamentos donde se encontraba la llamada Comisin Internacional, el informe destaca la paradoja de que en junio del ao 2.000 "se organiz en la localidad madrilea de Alcal de Henares un encuentro entre representantes del gobierno colombiano y las FARC, encuentro organizado por la ONG OSPAAAL, el Ayuntamiento de Alcal de Henares y la Universidad de esta ciudad", en el que Remedios fue una de las principales responsables de la organizacin de dicho encuentro, desde su responsabilidad como tcnico en resolucin de conflictos en la ONG mencionada.

No solamente esto, es que los responsables de la FARC, y concretamente (a) Ral Reyes, fueron recibidas en el Parlamento espaol por los portavoces de todos los grupos parlamentarios, incluido el seor Javier Ruiprez, en ese momento responsable de asuntos internacionales del grupo Parlamentario del PP en el gobierno. Previamente, en febrero de 2.000 otra delegacin de las FARC, tambin encabezada por (a) Ral Reyes haba realizado otra gira por nuestro pas y otros europeos. En una u otra visita, los representantes de las FARC fueron recibidos por los gobiernos de Espaa, Noruega, Suiza, Suecia, El Vaticano e Italia. En nuestro pas se reunieron pblicamente, adems de los encuentros parlamentarios ya mencionados, con representantes de la CEOE, de UGT, de CCOO y con el Presidente el Congreso, Don Federico Trillo Figueroa.

Mencin especial recuerda Santiago- merece la visita de (a) Ral Reyes a la Generalitat Valenciana, encabezada en ese momento por el Sr D. Eduardo Zaplana, donde fueron recibidos con todos los honores por el gobierno autonmico en pleno.

Posteriormente contina el documento-, en Colombia en febrero de 2.002 tres candidatos presidenciales (Horacio Serpa, Ingrid Betancourt y Lus Eduardo Garzn) acudieron en medio de la campaa electoral presidencia al campamento de (a) Ral Reyes para mantener reuniones con l. Y hasta el Presidente de la Bolsa de Nueva York, Richard Grasso, peregrin en su da al campamento de (a) Ral Reyes, con el cual mantuvo una calurosa reunin. Segn el abogado, Remedios Garca no ha hecho otra cosa que mantener comunicaciones con los responsables de relaciones internacionales de las FARC en el marco de su trabajo de contribucin a la resolucin del conflicto colombiano y a los esfuerzos de aplicacin del D.I.H. a dicho contexto.

En cuanto al dinero trasladado a Europa en la cantidad de 6.000 dlares, el documento del defensor seala que efectivamente le entregaron un dinero en su visita al campamento para que se lo hiciera llegar a una persona en Suiza -refugiado colombiano y no representante de las FARC en Suiza como ha desmentido convenientemente el gobierno suizo- que se encontraba gravemente enferma, que deba operarse y que al carecer de seguridad social deba hacer frente al pago de la operacin. Nuestra patrocinada, por tanto, actu como hubiera hecho cualquier persona de bien, esto es, hacer llegar a un enfermo la cantidad necesaria de dinero para hacer frente a la operacin, esto es, hacer frente a un estado de necesidad, sin imaginar que ese hecho podra desencadenar la detencin y la puesta a disposicin por un presunto delito de colaboracin con banda armada.

Santiago concluye que Remedios Garca no ha colaborado ni ayudado, ni favorecido en forma alguna a ninguna organizacin terrorista. A juicio de esta parte, no existe ningn hecho que revistan los caracteres de delito y todos y cada uno de los hechos contenidos en el auto. Tampoco aade- existe ningn elemento, ni indiciario ni probatorio que acredite que nuestra mandante es responsable penalmente por los hechos que se le imputan. Se le imputa un posible delito de colaboracin con banda armada, y desde que fue detenida hasta que fue puesta en libertad bajo el apercibimiento de fianza, no pasaron ni 48 horas, no se le aplic la legislacin especial para detenidos por delitos terroristas y todos y cada uno de los elementos de prueba que fundamentan la acusacin han sido primero explicados y corregidos por nuestra mandante y posteriormente impugnados en derecho en el presente recurso.

Santiago tambin ha recordado que, segn el CINEP, organismo de derechos humanos colombiano dependiente de la Compaa de Jess, del total de 1.670 violaciones del Derecho Internacional Humanitario reportadas en 2.007, 858 se imputan a organismos oficiales dependientes del estado colombiano (fuerzas armadas y cuerpos policiales), 5 a agentes extranjeros, 39 a combatientes sin identificar, 580 a paramilitares, 8 al ELN, 176 a las FARC y 4 a guerrilla sin especificar. Por lo cual se verifica que con mucho el mayor violador del D.I.H. en Colombia es el propio estado, seguido de organizaciones paramilitares de extrema derecha y seguido por las FARC y el ELN.

Tambin destaca el abogado la vinculacin entre los grupos paramilitares y el Estado colombiano lo muestra el escndalo de la parapoltica, tal y como se confirma por la Misin de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la Organizacin de los Estados Americanos, en su octavo informe trimestral publicado en febrero de 2008, al identificar 22 nuevas estructuras compuestas por aproximadamente 3.000 integrantes; en el periodo de 12 meses concluido en junio de 2007, al menos 230 homicidios de civiles se atribuyeron a los paramilitares, ya fuera actuando por su cuenta o en connivencia con fuerzas de seguridad.

A continuacin el texto ntegro del recurso

Diligencias Previas 261/08-J

AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN N 5 DE LA AUDIENCIA NACIONAL

DON JOSE MIGUEL MARTINEZ-FRESNEDA GAMBRA , Procurador de los Tribunales, y de DOA REMEDIOS GARCIA ALBERT, imputada en el presente procedimiento, segn acreditar en el momento procesal oportuno, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho D I G O:

Que mediante el presente escrito, en tiempo y forma, conforme a lo establecido en los artculos 216 y 218 de la L.E. Crim. VENGO A FORMULAR RECURSO DE REFORMA Y SUBSIDIARIO DE APELACION CONTRA EL AUTO DE FECHA 27 DE JULIO DE 2008 QUE DECRETA LA PRISIN PROVISIONAL DE MI REPRESENTADA, dictado en las presentes actuaciones, todo ello de acuerdo a los siguientes

MOTIVOS

PRIMERO.- Violaciones del Derecho Internacional Humanitario y actos de terrorismo realizados en Colombia: De lo actuado en las presentes diligencias se desprende que en Colombia existe un conflicto armado encardinable en los parmetros legales establecidos en las Convenciones de Ginebra de 1949 y respecto al cual las partes implicadas tiene la obligacin de reconocer y aplicar las previsiones legales contenidas en las mencionadas 4 Convenciones de Ginebra as como en los II Protocolos Adicionales de 1977.

Al respecto, establece el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra
del 12 de agosto de 1949 relativo a la proteccin de las victimas
de los conflictos armados sin carcter internacional:

TITULO I: AMBITO DEL PRESENTE PROTOCOLO

ARTICULO I Ambito de aplicacin material.

1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artculo 3 comn a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales condiciones de aplicacin, se aplicar a todos los conflictos armados que no estn cubiertos por el artculo I del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la proteccin de las vctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I ) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la direccin de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo.

2. El presente Protocolo no se aplicar a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos espordicos y aislados de violencia y otros actos anlogos, que no son conflictos armados.

Es una evidencia que dicho conflicto armado que de una forma u otra ha venido manifestndose de forma ininterrumpida en el pas desde finales del Siglo XIX hasta nuestros das, ya sea mediante la forma de guerras civiles o de guerra del estado contra fuerzas irregulares- es de enorme complejidad a la vista de los numerosos actores armados implicados diversas organizaciones armadas ilegales como las FARC y el ELN, fuerzas del estado, ejrcitos paramilitares diversos- existiendo en la actualidad al menos dos bandos enfrentados el estado colombiano, con la evidente connivencia de los ejrcitos ilegales paramilitares correspondientes a organizaciones incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Unin Europea, como es el caso de las AUC y las AUCC- y organizaciones armadas de carcter ilegal, tambin incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Unin Europea, como es el caso de las FARC y el ELN.

Al respecto, y referente a la vinculacin entre el los actuales dirigentes del estado colombiano y las organizaciones paramilitares, recurdese que en la actualidad mas de 45 congresistas del partido del Presidente de Colombia, lvaro Uribe, se encuentran suspendidos de actividades y sometidos a investigacin o procesamiento judicial por la Corte Suprema de Justicia colombiana en orden a su vinculacin e integracin en organizaciones paramilitares. A mayor abundamiento, esta actuacin valiente de la Corte de Justicia Colombiana le esta suponiendo ser el blanco de numerosos ataques contra su independencia judicial dirigidos fundamentalmente por el actual Presidente de Colombia, quien debiera ser precisamente el garante de la independencia judicial y de la no intromisin del poder ejecutivo en las decisiones de otro poder independiente. Al menos, as establecen los principios reguladores constitucionales del cualquier estado democrtico y de derecho homologable.

En lo referido al objeto de la investigacin llevada acabo en las presentes actuaciones, es palmariamente evidente que la aparicin de las FARC en el escenario colombiano se remonta a los aos 60, cuando los restos de las antiguas guerrillas liberales campesinas se organizan como fuerzas de autodefensa para hacer frente a los escuadrones de la muerte, los pjaros, puestos en marcha por los terratenientes conservadores para exterminar a los dirigentes sociales campesinos simpatizantes del partido liberal.

Las FARC-EP inician sus actividades armadas, de manera ininterrumpida desde el 27 de mayo de 1964, iniciada por 48 campesinos - 46 hombres y 2 mujeres -, en Marquetalia (Tolima), ante lo que consideraban una agresin del estado y de los grandes propietarios latifundistas. Las FARC-EP manifiestan en ese momento que

estn ejerciendo los legtimos derechos de rebelin y autodeterminacin de los pueblos, luchan por la construccin de una nueva Colombia, sin explotados ni explotadores, en paz, con dignidad y soberana y por los derechos fundamentales de la mayora de los colombianos.

En el posterior devenir histrico, las FARC-EP se han desarrollado y expandido por toda Colombia, consolidndose como una organizacin ilegal armada con mas de 60 frentes que tiene presencia en toda la geografa nacional, por lo que pareciera se dan las premisas previstas en el antes citado articulo I del Protocolo II de 1977 para la aplicacin al conflicto colombiano de las previsiones previstas en las Convenciones de Ginebra de 1949.

A juicio de esta parte, las fuerzas beligerantes en el conflicto colombiano FARC incluidas- han incurrido e incurren en numerosas violaciones del Derecho Internacional Humanitario contenido en las 4 Convenciones de Ginebra, provocando con ello numerosas victimas entre la poblacin civil. Segn los organismos de derechos humanos colombianos ms reputados, la responsabilidad de las violaciones graves del D.I.H. ocurridas en Colombia en 2007 se reparten de la siguiente forma. (Cuadro del Informe Noche y Niebla 36 del CINEP, organismo de derechos humanos colombiano dependiente de la Compaa de Jess)

CUADRO ACTORES VIOLASCIONES DDHH

Del total de 1.670 violaciones del D.I.H. reportadas en 2.007, 858 se imputan a organismos oficiales dependientes del estado colombiano (fuerzas armadas y cuerpos policiales), 5 a agentes extranjeros, 39 a combatientes sin identificar, 580 a paramilitares, 8 al ELN, 176 a las FARC y 4 a guerrilla sin especificar

La situacin de los derechos humanos en Colombia es sumamente grave. Estos son vulnerados sistemticamente por todas las partes en conflicto a la vez que incumplen sistemticamente el D.I.H., no resultando un hecho objetivo ni verificable, carente de sustento probatorio alguno, la siguiente afirmacin contenida en el Auto ahora recurrido en su hecho Primero:

(..) se desprende que las FARC-ep se constituyen en la mayor y mas sangrienta organizacin terrorista en la actualidad en Colombia ()

Del cuadro anterior, se verifica que con mucho el mayor violador del D.I.H. en Colombia es el propio estado, seguido de organizaciones paramilitares de extrema derecha y seguido por las FARC y el ELN. Cosa diferente ser que la percepcin social generalizada mayoritariamente opine que las FARC-ep se constituyen en la mayor y ms sangrienta organizacin terrorista en la actualidad en Colombia () sin duda alguna debido al tratamiento desigual que los medios de comunicacin dan al conflicto colombiano. Pero como podr comprobar el juzgador a la vista de los datos objetivos contenido en el anterior cuado estadstico, se trata de una afirmacin carente de base fctica que no responde a la realidad del conflicto colombiano.

Y ello debido a que desgraciadamente, todos los actores del conflicto colombiano empezando por el propio estado- viene utilizando mtodos terroristas contrarios al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

En sustento de nuestra anterior afirmacin, se referencian los siguientes documentos de organismos internacionales:

Como seala el informe anual de Amnista Internacional 2008, existen claros indicios de que los grupos paramilitares tradicionales siguen operando en la actualidad en muchas partes de Colombia con nombres nuevos, como los guilas Negras, mantenindose los informes que sealan la connivencia entre paramilitares y fuerzas de seguridad (Documento n UNO).

El Departamento de Estado norteamericano, a pesar de su apoyo incondicional al Presidente colombiano lvaro Uribe al que pretende exculpar de su responsabilidad, seala en la seccin 1, apartado a) de su informe fechado el 11 de marzo de 2008 las evidentes conexiones entre los paramilitares y la fuerza pblica, as como el mantenimiento de elevados grados de impunidad (Documento DOS).

El grado de esta vinculacin entre los grupos paramilitares y el Estado colombiano lo muestra el escndalo de la parapoltica, ya que, como se seala en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situacin de los derechos humanos en Colombia, de 28 de febrero de 2008:

La Corte Suprema de Justicia inici investigaciones por presuntos nexos con grupos paramilitares contra 45 Congresistas de 16 departamentos, de los cuales 18 estn en prisin. Tambin se iniciaron investigaciones contra cuatro ex Gobernadores y 18 ex Alcaldes. En noviembre, la Procuradura destituy e inhabilit por 18 aos al ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por haber colaborado con grupos paramilitares y por actos de corrupcin. Todas estas investigaciones han revelado el alto grado de infiltracin paramilitar en el Estado a travs de alianzas con polticos y con el sostn de algunas empresas privadas. La Corte Suprema ha dado claras muestras de fortaleza e independencia, lo cual refuerza la posibilidad de continuar revelando otros vnculos de paramilitares con miembros de instituciones pblicas y privadas (Documento TRES) .

Las consecuencias de este tipo de vnculos pudieron ser constatadas por la M isin de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la Organizacin de los Estados Americanos, en su octavo informe trimestral publicado en febrero de 2008, al identificar 22 nuevas estructuras compuestas por aproximadamente 3.000 integrantes; en el periodo de 12 meses concluido en junio de 2007, al menos 230 homicidios de civiles se atribuyeron a los paramilitares, ya fuera actuando por su cuenta o en connivencia con fuerzas de seguridad (Documento CUATRO).

En el mismo informe de la OEA se destaca como la impunidad sigue siendo la norma en la mayora de los casos de abusos contra los derechos humanos. Aunque se registraron algunos progresos en varios casos emblemticos, en otros muchos no hubo avance alguno en la determinacin de responsabilidades en la cadena de mando.

En el mismo sentido, segn el informe 2007 de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos, p ese a la desmovilizacin de las AUC persiste la violencia derivada del conflicto armado. La CIDH contina recibiendo denuncias que indican que grupos armados al margen de la ley (paramilitares y guerrilla) y miembros de la fuerza pblica continan involucrados en la comisin de crmenes, violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario contra la poblacin civil que se traducen en violaciones del derecho a la vida, la integridad personal y la libertad:

El "Observatorio de derechos humanos y del derecho internacional humanitario" de la Vicepresidencia de la Repblica (conforme a su metodologa) seala que los primeros nueve meses de 2007 se habran producido 13.023 homicidios. Asimismo, indica que durante el mismo perodo se habran producido 21 casos de masacre con 98 vctimas. Por su parte, el CINEP (siguiendo su propia metodologa de compilacin y presentacin de cifras) indica que en el primer semestre de 2007 se habran producido 243 ejecuciones extrajudiciales; 231 homicidios intencionales de personas protegidas y 31 desapariciones forzadas. La CIDH estima pertinente citar en su informe a ambas fuentes a pesar de las amplias discrepancias metodolgicas entre ellas, a fin de dar cuenta del panorama presentado tanto por fuentes oficiales como de la sociedad civil, como es su prctica consistente.

Durante el 2007 la CIDH constat el alto nmero de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Fuerza Pblica. Adems de la informacin proporcionada por organizaciones no gubernamentales colombianas, en el marco de audiencias la CIDH tuvo conocimiento de que, tras conducir una visita en el terreno en octubre de 2007, una "Misin Internacional de Observacin sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia" concluy en su informe preliminar que "existe un nmero elevado de casos que corresponden a lo que se denomina en Derecho Internacional como ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias que, aunque se presentan en diferentes modalidades, corresponden a patrones comunes de actuacin. Igualmente se mantienen en el tiempo y se producen en un gran nmero de departamentos de Colombia" (Documento CINCO ) .

Se adjunta como documento n SEIS cifras de la violencia poltica del CINEP.

SEGUNDO.- Sobre los vnculos de la imputada con (a) Ral Reyes y las FARC-EP

Mi representada R.G.A. viene manteniendo una comunicacin de forma espordica pero constante con los miembros de la denominada comisin internacional de las FARC al menos desde el ao 2.000. En Junio de ese ao se organiz en la localidad madrilea de Alcal de Henares (documento n SIETE, noticia 1) un encuentro entre representantes del gobierno colombiano y las FARC, encuentro organizado por la ONG OSPAAAL, el Ayuntamiento de Alcal de Henares y la Universidad de esta ciudad. R.G.A. fue una de las principales responsables de la organizacin de dicho encuentro, desde su responsabilidad como tcnico en resolucin de conflictos en la ONG mencionada. Recurdese que en esa poca, las FARC eran una organizacin ilegal en Colombia, tildada de terrorista por el Gobierno de ese pas, acusada de ser responsable de numerosas infracciones del D.I.H., con menores residiendo en su campamentos y acusada de ser responsable masacres que constituiran crmenes de lesa humanidad.

Los responsables de la FARC, y concretamente (a) Ral Reyes, fueron recibidas en el Parlamento espaol por los portavoces de todos los grupos parlamentarios, incluido el seor Javier Ruprez, en ese momento responsable de asuntos internacionales del grupo Parlamentario del PP en el gobierno.

Previamente, en febrero de 2.000 otra delegacin e las FARC, tambin encabezada por (a) Ral Reyes haba realizado otra gira por nuestro pas y otros europeos.

En una u otra visita, los representantes de las FARC fueron recibidos por los gobiernos de Espaa, Noruega, Suiza, Suecia, El Vaticano e Italia. En nuestro pas se reunieron pblicamente, adems de los encuentros parlamentarios ya mencionados, con representantes de la CEOE, de UGT, de CCOO y con el Presidente el Congreso, Don Federico Trillo Figueroa. (documento n SIETE)

Mencin especial merece la visita de (a) Ral Reyes a la Generalitat Valenciana, encabezada en ese momento por el Sr D. Eduardo Zaplana, donde fueron recibidos con todos los honores por el gobierno autonmico en pleno, como puede acreditarse a la vista de las fotografas aportadas como Documentos OCHO. A, B y C.

Posteriormente, en Colombia en febrero de 2.002 tres candidatos presidenciales (Horacio Serpa, Ingrid Betancourt y Lus Eduardo Garzn) acudieron en medio de la campaa electoral presidencia al campamento de (a) Ral Reyes para mantener reuniones con l. (Documento n NUEVE).

Y hasta el Presidente de la Bolsa de Nueva York, Richard Grasso, peregrin en su da al campamento de (a) Ral Reyes, con el cual mantuvo una calurosa reunin a la vista de la fotografa contendida en el documento n NUEVE.

Mi representada RGA ha venido mantenido comunicaciones con los responsables de relaciones internacionales de las FARC en el marco de su trabajo de contribucin a la resolucin del conflicto colombiano y a los esfuerzos de aplicacin del D.I.H. a dicho contexto, aspecto que no queda desvirtuado porque el contacto lo haya mantenido con la cpula de dicha organizacin -como indica el Auto ahora recurrido (F.J. Primero) como justificacin de la imputacin de colaboracin con banda armada- en lugar de con las bases de esta organizacin. Es mas, su relacin con las bases de esta organizacin podra no tener justificacin alguna, toda vez que es la cpula dirigente quien maneja las conversaciones mantenidas con los interlocutores, negociadores y mediadores que tratan de contribuir a la resolucin del conflicto colombiano o a la mejora de la suerte de las victimas de este, secuestrados por las FARC incluidos.

Resalta esta parte en este punto que todas las comunicaciones y contactos mantenidos pro al imputada con miembros de las FARC, lo ha sido con personas integradas en el aparato de relaciones internacionales o Comisin Internacional de la organizacin, no habiendo mantenido contacto alguno con dirigentes de dicha organizacin dedicados a las tareas militares. As se indica en el Auto recurrido, menos para el caso de la menciona (a) Juan Santrich, habiendo sido negado sin duda alguno por la declarante conocer o haberse reunido con dicha persona.

TERCERO. - Sobre otros hechos imputados a R.G.A. en el Auto recurrido

Tampoco comparte esta parte que sea justificacin valida para su imputacin la siguiente afirmacin contenida en el Auto recurrido:

() las supuestas finalidades humanitarias que la motivaban quedan sin justificacin cuando la detenida parte de que las FARC-EP no es una organizacin terrorista sino simplemente armada, o que las personas sustradas por ella son una especie de prisioneros de guerra, o cuando constata la presencia de menores en los campos de la guerrilla ()

Los fines de bsqueda de una solucin dialogada al conflicto colombiano, de aplicacin del D.I.H al mismo, entiende esta parte que no quedan desvirtuados, aun en el caso de que la imputada hubiera realizado la afirmacin referida en el Auto a organizacin armada, y ello porque la definicin del actor irregular incluida en las Convenciones de Ginebra en caso de conflicto interno no es organizacin terrorista sino fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados (art 1 Protocolo II de 8 de junio de 1.977).

Por otra parte, RGA en su declaracin judicial no se refiri a las personas en poder de las FARC como prisioneros de guerra sino que diferenci entre militares y policas colombianos en poder de las FARC, a los que se refiri como una especie de prisioneros de guerra (personas privadas de libertad que han dejado de participar en las hostilidades, segn los artculos 4 y 5 del citado Protocolo II) y civiles secuestrados por las FARC, afirmacin realizada por la ahora imputada y que queda recogida en el acta de la declaracin a pregunta especifica de su letrado defensor. De igual manera, a la declarante se le exhibi un mail en el que supuestamente aparecan un texto atribuido a ella en el que manifestaba a (a) Ral Reyes que el mantenimiento d epe4onas secuestradas en poder de las FARC estaba realizando un gran dao a los intentos de esa organizacin de ser reconocida como fuerza beligerante, recomendando RGA a su interlocutor que acabaran con dicha prctica cuanto antes.

Respecto a la presencia de menores en los campos de la guerrilla la declarante se extendi sobre las fotografas que se le exhibieron, encontradas en su poder, dando las pertinentes explicaciones en todo caso acreditativas de que dichos menores en absoluto eran combatientes o se encontraban en el citado campamento por haber sido reclutados, previsiones ambas expresamente prohibidas en el art, 4.3. c) del citado Protocolo II. Concretamente, respecto al nico menor que aprecia en las fotos vistiendo traje de camuflaje sin portar armas- la imputada aclar que se trataba de un menor que, tras perder a su familia en una masacre perpetrada en la zona por paramilitares, lleg al citado campamento en situacin de desamparo, procediendo las mujeres integrantes de las FARC encargadas del vestuario, a confeccionarle ropa con la nica tela a su disposicin, la de camuflaje. Respecto al resto de menores que aparecan en las fotos, indgenas vestidos de civil todos ellos, la declarante manifest que se trataba de menores que no vivan en dichos campamentos, sino que residan en zonas prximas y que entraban o salan de los campamentos a su libre voluntad.

Nada se le pregunt a la imputad sobre masacres cometidas por las FARC, por lo que nada pudo manifestar al respecto.

En todo caso, al margen de la falta de sustento fctico y en derecho internacional de que, a juicio de esta parte, adolecen las anteriores afirmaciones contenidas en el Auto, resulta evidente en pura lgica que cualquier persona que opere en el marco de resolucin de conflictos debe mantener un lenguaje idneo cuando se comunica con uno de los beligerantes en el marco de bsqueda de acercamiento entre las partes. No parece lo mas adecuado intentar ablandar al interlocutor denominndolo terrorista o responsable de crmenes de lesa humanidad. Pero en todo caso, esta parte reconoce que la anterior afirmacin excede de un contexto jurdico y correspondera ms a un manual de resolucin de conflictos entre partes enfrentadas.

A juicio de esta parte, la estrecha vinculacin de RGA con las FRAC-ep y sus responsables, o las afirmaciones vertidas por esta en su declaracin y recogidas en el Auto ahora recurrido, no la hacen ni mucho menos representante de las FARC en Espaa como se afirma en el Auto, dudando esta parte que una presunta responsable orgnica de dicha organizacin prestara la colaboracin que de hecho ha prestado mi representada tanto en sede policial como judicial, o que mantuviera una correspondencia va mail con su supuesto centro directivo sin tomar las mas mnimas precauciones propias del trabajo ilegal clandestino.

CUARTO.- Sobre la licitud de las pruebas supuestamente encontradas en el ordenador de (a) Ral Reyes.- Los correos electrnicos remitidos por las autoridades colombianas a las espaolas como presunta prueba de las relaciones orgnicas de RGA con las FARC, que dan origen a la detencin de mi representada y a la posterior investigacin en curso, a tenor de lo conocido hasta ahora, tiene origen en una incursin realizada por el Ejrcito Colombiano en territorio ecuatoriano el pasado mes de marzo, que por no ser consentida por las autoridades ecuatorianas ha supuesto la ruptura de las relaciones diplomticas entre ambos pases, por violacin de la soberana de la Repblica de Ecuador. En concreto, esos correos electrnicos se son los que supuestamente han aparecido en los ordenadores y elementos informticos supuestamente incautados a (a) Ral Reyes en territorio ecuatoriano en el curso de la referida incursin.

El origen ilegal de las pruebas indiciarias que dan origen al procedimiento invalida cualquier posible acusacin contra mi representada, as como cualquier posterior prueba obtenida en la investigacin, aun lcitamente, de acuerdo con la doctrina del fruto del rbol envenenado, creada por el Tribunal Supremo de EE.UU. en 1920, acogida posteriormente por nuestro Tribunal Supremo con motivo del caso Naseiro. El origen ilegal de las pruebas o indicios que dan origen a las actuaciones vicia todo el procedimiento incluidas las pruebas incriminatorias obtenidas de forma lcita con posterioridad.

El origen ilegal de los indicios y pruebas se aprecia claramente por los siguientes hechos:

1.- Posibles violaciones al derecho internacional y la Convencin de Ginebra realizadas para obtener dichas pruebas.

Entre las circunstancias en las que presuntamente se obtuvieron los elementos informticos aparecen hechos que necesitan ser investigados: violacin del espacio areo ecuatoriano, violacin territorial, violacin a los derechos humanos de los prisioneros y ejecucin de heridos y prisioneros de manera extrajudicial. Debe de investigarse, por tanto, las posibles violaciones al derecho internacional y a las Convenciones de Ginebra.

El hecho de que puedan existir estos delitos invalida por completo cualquier tipo de acusacin basada en unas supuestas evidencias incautadas, ya que, una accin delictiva no puede promover pruebas valederas para la acusacin de otro hecho.

2.- El ejrcito colombiano no puede decomisar fuera de su jurisdiccin: segn las autoridades colombianas la aprensin de los referidos elementos informticos se produjo en la referida incursin en territorio ecuatoriano. No sera vlido el trmino decomisar ya que ste slo es vlido cuando la accin es bajo propia jurisdiccin.

3.- El INFORME FORENSE DE INTERPOL SOBRE LOS ORDENADORES Y EQUIPOS INFORMTICOS DE LAS FARC DECOMISADOS POR COLOMBIA, (documento CATORCE) supuestamente incautados en la incursin militar del 1 de marzo de 2008, cuestiona la posibilidad de su uso ante los tribunales de justicia.

En el propio informe se asegura, en diversos puntos, y en la conclusin 2b, que entre el 1 y el 3 de marzo hubo irregularidades y no se sigui el protocolo internacional que admitira un tribunal:

Conclusin no 2b: Entre el 1 de marzo de 2008, fecha en que las autoridades colombianas incautaron a las FARC las ocho pruebas instrumentales de carcter informtico, y el 3 de marzo de 2008 a las 11.45 horas, momento en que dichas pruebas fueron entregadas al Grupo Investigativo de Delitos Informticos de la Direccin de Investigacin Criminal (DIJIN) de Colombia, el acceso a los datos contenidos en las citadas pruebas no se ajust a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrnicas por parte de los organismos encargados de la aplicacin de la ley. (Pag. 8, Prr. 5)

Incluso en otro punto se pone en duda que un tribunal lo admita:

77. Cuando los funcionarios de los organismos encargados de la aplicacin de la ley acceden directamente a las pruebas electrnicas decomisadas sin hacer en primer lugar una copia imagen de los datos, el acceso a las pruebas y su visualizacin quedan registrados. El acceso directo puede complicar en gran medida el proceso de validacin de las pruebas para presentarlas ante los tribunales, porque en este caso los funcionarios de las fuerzas del orden deben demostrar o probar que el acceso directo que efectuaron no afect materialmente a la finalidad de las pruebas. (Pg. 31, Apdo. 77)

En ningn apartado de este informe, se hace alusin a qu procedimientos llev adelante el Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia, DAS, entre el 3 de marzo a las 11:45 y el da 10 de marzo, en que las supuestas pruebas fueron entregadas a la INTERPOL. Las pruebas fueron obtenidas ilegalmente y sin respetar la debida cadena de custodia y, por tanto, no debera ser vlidas ante ningn tribunal.

4.- Segn el mismo informe de la INTERPOL se modificaron, crearon y borraron archivos de sistema.

El informe asegura que entre el 1 y el 3 de marzo se modificaron, crearon y borraron archivos de sistema. Indica, asimismo, que de los archivos de usuario slo se hicieron aperturas, o sea que slo se leyeron sin supuestamente modificar sus contenidos. Sin embargo, no indica qu archivos de sistema son los afectados y por qu, particularmente, fueron borrados algunos de ellos

5.- Aparecen miles de documentos con fechas a futuro.

Estos documentos, segn dice el mismo informe, puede que se generaran desde otras computadoras con estas fechas errneas. Esta misma argumentacin sera vlida para asegurar que cualquier documento con fechas pasadas tambin podra haber sido modificado y transferido desde otras computadoras.

95. La prueba no 31 contiene:

2.110 archivos cuyas fechas de creacin oscilan entre el 20 de abril de 2009 y el 27 de agosto de 2009;

1.434 archivos cuyas fechas de ltima modificacin varan entre el 5 de abril de 2009 y el 16 de octubre de 2010

96. Basndose en el anlisis de las caractersticas de estos archivos, los especialistas de INTERPOL concluyeron que estos archivos haban sido creados antes del 1 de marzo de 2008 en uno o varios dispositivos con una configuracin de fecha y hora del sistema incorrecta. El hecho de que estos archivos aparezcan en las pruebas no 30 y no 31 indica que o bien fueron creados cuando dichas pruebas instrumentales se encontraban conectadas a un dispositivo con una configuracin de fecha y hora del sistema incorrecta, o bien se transfirieron posteriormente (despus de su creacin), junto con sus respectivas marcas de tiempo de 2009, a las pruebas no 30 y no 31.

97. En lo que respecta al nico archivo con fecha de creacin de 2009 que contiene la prueba no 28, los especialistas de INTERPOL llegaron a la conclusin de que este archivo haba sido primero creado y despus transferido a la prueba no 28, y que su fecha de creacin se haba transferido con l.

98. Basndose en todo lo anterior, los especialistas de INTERPOL llegaron a la conclusin de que las autoridades colombianas no deberan tener en cuenta la fecha futura marcada en los archivos de las tres pruebas citadas (28, 30 y 31). (Pg. 34, Apdos. 95 al 98)

La LOPJ en su artculo 11. 1 recoge que:
En todo tipo de procedimiento se respetarn las reglas de la buena fe. No surtirn efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales.

El presente procedimiento se encuentra viciado en origen puesto que parte de una accion manifiestamente ilegal y porque las pruebas presentadas por las autoridades colombianas no renen los requisitos mnimos para ser admitidas por los tribunales de justicia.

As pues, cuando el origen de la ilicitud de la prueba se encuentra en la violacin de derechos fundamentales, no hay ninguna duda de que tal prueba carece de validez en el proceso y los Jueces y Tribunales habrn de reputarla inexistente.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 85/1994 de 14 de marzo de 1994 de 14 de marzo en su fundamento jurdico 4, reconoci expresamente a la prueba ilcita eficacia refleja,:

Esa derivacin inmediata de la prueba inconstitucionalmente obtenida impide considerar a este indicio como prueba de carcter independiente, legalmente obtenida. En consecuencia, ha de concluirse que no ha habido actividad probatoria que pueda reputarse suficiente a los efectos de desvirtuar el derecho a la presuncin de inocencia inicialmente obrante a favor de los recurrentes.

Por todo lo anterior, habr de considerar como no vlidas la totalidad de pruebas presentadas en estas actuaciones procedentes supuestamente del ordenador de (a) Ral Reyes, as como las posteriores obtenidas a raz de las actuaciones judiciales ordenadas con fundamento en la prueba ilcita inicial, incluyndose en este caso todas las pruebas obtenidas en el registro domiciliario de la acusada.

QUINTO.- Sobre la consideracin jurdica de las FARC-ep como organizacin terrorista en Espaa.

En junio de 2002, mediante Posicin Comn del Consejo de la Unin Europea, se incluye a las FARC en la lista de organizaciones terroristas europeas, decidindose as, por resolucin administrativa de orden poltica y al margen de ningn procedimiento judicial, que los que ayer eran recibidos con todos los honores por gobiernos y representantes de las instituciones, pasan a ser de la noche a la maana y sin solucin de continuidad, delincuentes terroristas.

Entiende esta parte que la mencionada Posicin Comn tiene en derecho valor administrativo, a efectos de autorizar la entrada de personas en la Unin Europea o no mantener contactos oficiales con las mencionadas organizaciones consideradas terroristas al margen de que dichos contactos se hayan seguido manteniendo asiduamente entre gobiernos europeos y las FARC con posterioridad y muy recientemente, Documentos n ONCE y DOCE- pero en el plano estrictamente jurisdiccional y a efectos de calificar a alguien como colaborador o integrante de banda armada, la mera existencia de la mencionada Posicin Comn no establece ninguna presuncin de veracidad sobre dichas imputaciones.

Es decir, para considerar los tribunales espaoles a las FARC como organizacin terrorista, ser necesario que previamente un tribunal espaol hay establecido en sentencia firme dicho carcter de organizacin terrorista, lo que a fecha de hoy no ha ocurrido. Y tratndose en el presente caso de acusaciones basadas no en la realizacin de actividades criminales violentas de las contempladas en los artculos 571 al 575 del C. Penal, no existe en las presentes actuaciones la premisa previa de consideracin jurisdiccional de las FARC como organizacin terrorista para que resultare de aplicacin lo previsto en el artculo 576 del C.P. Es decir, no pueda haber colaboracin con banda armada si previamente no est acreditada en sede judicial la existencia de la misma, con la que supuestamente se colabora. Y la mera existencia de una lista europea de organizaciones consideradas terroristas en absoluto permite considerar en sede jurisdiccional la acreditacin de la preexistencia de banda armada si no existe sentencia que as lo determine de forma firme.

Este ha sido el criterio mantenido por otros tribunales penales europeos, como es el caso de Dinamarca, donde se han juzgado delitos de colaboracin con banda armada respecto a las FARC, presuntamente realizadas por personas simpatizantes de dicha organizacin en territorio de Dinamarca, absolviendo a los mismos de cualquier delito relacionado con el terrorismo

As, la sentencia de la Corte de la Ciudad de Copenhague (Kobenhavns Byret) de 13 de Diciembre de 2007, en el fallo n SS 4-9966/2007 (documento n TRECE) (presentado sin traduccin por no haber existido tiempo material para realizar dicho trabajo por un intrprete jurado) establece en su fallo:

"QUEDA DETERMINADO POR JUSTICIA: Los acusados, [viene siete nombres], se absuelven." La explicacin por la mayora viene en pgina 48/49 ltimo prrafo, segundo rengln en adelante: "no est acreditado que el propsito de las FARC con su accionar es aterrorizar seriamente a la poblacin o sin justificacin obligar a las autoridades en Colombia a hacer o dejar de hacer un acto, o desestabilizar o destruir las estructuras fundamentales polticas, constitucionales, econmicas o sociales del pas, segn lo que queda establecido en la Ley Penal 114, 1.

A juicio de esta parte, no es conforme a derecho la siguiente mencin que el Auto recurrido realiza:

la catalogacin (de las FARC) como organizacin terrorista por la UE (a partir de 2.002)

Y no lo es, porque si bien las FARC estn incluidas en dicha lista de la U.E., ni siquiera esa consideracin es seguida unnimemente por los distintos pases miembros As, las FARC no estn incluidas en la lista de organizaciones terroristas que realiza y aplica el Reino Unido, ni lo estn en la lista de organizaciones terroristas de las Naciones Unidas. La lista de organizaciones terroristas de la U.E. no tiene apoyo unnime en todos los pases de la U.E. El gobierno Noruego manifest en 2006 que dicha lista no se va a utilizar no va a poyarse en ella en ningn caso.

En el caso que nos ocupa, la Fiscala deber alegar y el Instructor dar por acreditado que las FARC son una organizacin terrorista desde el punto de vista estrictamente jurdico, y ello sin que haya duda jurdica razonable al respecto. No es la imputada quien tiene que probar que las FARC no es una organizacin terrorista. De hecho, no es una prueba en valida en el proceso penal para la acreditacin de realizacin de actos terroristas por una determinada organizacin su mera inclusin en la lista europea. Esta lista es creada por acuerdo poltico, y por tanto, en contradiccin los principios jurdicos del debido proceso y los principios generales del derecho comn, al no haber existido proceso contradictorio alguno que hubiera permitido a los defensores de las organizaciones incluidas en dicha lista realizar alegacin alguna contra su inclusin. Es decir, la Lista europea de organizaciones terroristas se ha adoptado siguiendo un procedimiento administrativo no contradictorio. De hecho, la Corte Europea de Derechos Humanos, en varias ocasiones, ha anulado la previa inclusin de personas y organizaciones en esa lista. Como ejemplo se menciona el caso del filipino Jos Maria Sison, portavoz de la guerrilla comunista filipina en Europa , o el caso de la organizacin iran Muyaidin al Jaq. En ambos casos, y tras el procedente recurso, la Corte Europea orden eliminar a ambos de dicha lista de organizaciones y personas terroristas de la UE.

Todo lo indicado en este motivo sobre la no consideracin de las FARC, desde el punto de vista estrictamente procesal, como organizacin terrorista en Espaa, deber ser aplicado a (a) Ral Reyes, respecto al cual no existe ninguna sentencia condenatoria por terrorismo ni en Espaa ni en Colombia.

SEXTO.- Sobre la tipificacin de los hechos realizados por RGA como un delito de colaboracin con banda armada del art. 576 C.P.

Plantea el Auto que ahora recurrimos, en su Fundamento Jurdico Primero, prrafo 1, que los hechos que se investigan podran ser constitutivos de un delito de colaboracin con organizacin terrorista del art. 576 del CP, y segn avance la instruccin podra incluso ser de integracin de los arts. 515.2 y 516, ..., imputable a Mara Remedios GARCA ALBERT,...

Sin embargo, y a pesar de lo que se manifiesta en el Auto recurrido, no existe actividad probatoria que ampare la mencionada colaboracin con banda armada, y todo ello, porque no se cumplen los requisitos subjetivos y objetivos del tipo. Cierto es que no es este el momento procesal oportuno para entrar en el fondo del asunto y que las diligencias, que se encuentran secretas, estn en su fase de investigacin ms primaria. Sin embargo de lo que se desprende del Auto -y de las publicaciones que el diario El Pas ha hecho del contenido del Sumario, y todo ello, como ya hemos reiterado, pese a estar secreto- podemos afirmar que no existe prueba de cargo suficiente para enervar la inocencia de nuestra mandante, y todo ello porque no ha cometido delito alguno. Siendo, por tanto carente de sentido y del todo desproporcionado, incluso desmotivado, dicho siempre en estrictos trminos de defensa, la imposicin de prisin preventiva eludible bajo fianza de 12.000 Euros.

As, fundamenta el Auto recurrido, en el epgrafe segundo de los Hechos que ...la imputada ha tenido contacto y ha estado en 2002 y 2006 en sendos campamentos en los que haba menores de edad, incluido alguno con uniforme militar, circunstancias estas que evidencian la proximidad de Mara Remedios a la estructura de las FARC-ep, que excede su inters pacificador.

Asimismo, reitera en el apartado 2.2 de los hechos que Mara Remedios Garca, con los alias orgnicos de Soraya e Irene, ha recibido de manos de Ral Reyes en 2006 la cantidad de 6.000 dlares para que los hiciera llegar a Lucas Gualdrn, representante de las FARC-ep en Europa, adems de otra cantidad de 2.000.000 de pesos colombianos (unos mil dlares) a destinatario no conocido.

Habla igualmente, de la labor de difusin y facilitacin de presencia de miembros de esa organizacin terrorista.

Para, finalmente, afirmar en el Fundamento Jurdico primero, prrafo segundo, que ha quedado constatada la estrecha vinculacin de la detenida con las FARC-ep y sus responsables...

Pues bien, esta parte entiende de contrario, que la enumeracin de hechos que menciona el a quo no pueden en ningn caso suponer base de incriminacin para el tipo de colaboracin con organizacin terrorista y mucho menos de integracin, y ello es as, porque:

1.- Todos y cada uno de los elementos probatorios enunciados en el Auto carecen de validez jurdica y devienen inhbiles por tratarse de una obtencin de prueba ilegal, viciada en su origen al proceder de unos supuestos ordenadores de (a) Ral Reyes respecto a los cuales no se conoce nada de su cadena de custodia hasta 10 das despus de permanecer en poder de las autoridades colombianas. Al iniciarse las actuaciones en una prueba obtenida ilegalmente, el resto del procedimiento y de pruebas aparecidas en el mismo quedaran contaminadas, careciendo de valor probatorio. Sobre este extremo volveremos ms adelante en el presente recurso

2.- Todos y cada uno de los elementos de prueba mencionados en el Auto han sido aclarados y explicados por nuestra mandante en la comparecencia del 505 y declaracin como imputada, de forma extensa, racional y sin contradiccin alguna.

3.- En el caso de que no se tratara, como aqu ocurre, de elementos de prueba invlidos, tenemos que los hechos aqu enumerados no son, ni de lejos, elementos que den base a la realizacin del tipo de la colaboracin con organizacin terrorista, y mucho menos con el de integracin.

El tipo no exige una coincidencia ideolgica con la organizacin, pero en el tipo objetivo se exige que el acto tenga un significado favorecedor de las actividades de la organizacin como tal, y en el tipo subjetivo que el sujeto conozca la existencia de la banda armada, grupo u organizacin terrorista, y conozca adems que el acto que ejecuta contribuye de alguna forma a sus actividades, bien por la propia significacin del mismo o bien porque sepa, al realizarlo, que su ejecucin se explica solo por el favorecimiento de la banda y no por cualquier otra posible actividad no relacionada con la misma, aunque ignore las razones por las que es positivo para aquellos o la medida en que lo es.

Existen, pues, actividades tasadas que suponen la realizacin del tipo de colaboracin, y que se recoje en la jurisprudencia del Alto Tribunal, as seala la STS 699/2007 , de 17 de Julio de 2007, Son actividades de colaboracin: a) La informacin o vigilancia de personas, bienes o instalaciones; b) La construccin, acondicionamiento, cesin de la utilizacin de alojamientos o depsitos; c) La ocultacin o traslado de personas pertenecientes a grupos terroristas; d) La organizacin de prcticas de entrenamiento o la asistencia a ellas; e) Con carcter de cierre totalmente abierto, se extiende la colaboracin a cualquier forma de cooperacin, ayuda o mediacin, econmica o de cualquier otro gnero.

Insiste esta parte, que no quiere adelantar debates procesales que ahora no proceden, pero no podemos por menos que insistir que no existe, como as lo expondremos a lo largo de este escrito, presupuestos que acrediten que Remedios Garca ha cometido los delitos tan graves que se le imputan, siendo por tanto que la imposicin de medida cautelar tan grave como es la de prisin preventiva supone desproporcionada y fuera de toda lgica, mxime cuando nos encontramos con la inexistencia de carga probatoria que as lo estime.

Ni que decir tiene, que si ya es difcil defender que estamos ante la realizacin del tipo de colaboracin con organizacin terrorista, mucho ms lo ser en el caso de la integracin, a este respecto la jurisprudencia es muy clara y seala en la STS n 119/2007, de 16 de febrero, los requisitos establecidos jurisprudencialmente para apreciar la pertenencia a banda armada, grupo u organizacin terrorista. Se deca en esta sentencia, recogiendo doctrina de otros precedentes, que Al respecto, hemos establecido (Sentencia nm. 1.127/2002, de 17 de junio; o nm. 556/2006, de 31 de mayo) que los requisitos que se exigen para la apreciacin del delito de integracin en organizacin terrorista, son los siguientes: a) Como sustrato primario, la existencia de un grupo o banda armada u organizacin terrorista, lo que, a su vez, exige, la presencia de una pluralidad de personas, la existencia de unos vnculos entre ellas y el establecimiento de relaciones de cierta jerarqua y subordinacin. Tal organizacin tendr por finalidad la realizacin de acciones violentas contra personas y cosas, con finalidad de pervertir el orden democrtico-constitucional. En definitiva actuar con finalidad poltica de modo criminal. Su estructura ser compleja, pues sus componentes pueden abarcar diversas facetas o actuaciones (informativas, ejecutivas u operativas en cualquier orden) para la consecucin de sus fines, uno de cuyos aspectos ser la comisin delictiva indiscriminada, con objeto de coaccionar socialmente para la imposicin de sus objetivos finales. b) Como sustrato subjetivo, tal pertenencia o integracin requiere un carcter ms o menos permanente, pero nunca episdico, lo que, a su vez, exige participar en sus fines, aceptar el resultado de sus actos y eventualmente realizar actos de colaboracin que, por razn de su integracin, se convierten en actividades que coadyuvan a la finalidad que persigue el grupo.

As, para pertenecer a banda armada no basta con la adscripcin ideolgica, ni la prosecucin de determinados objetivos polticos o ideolgicos, sino que se necesita poner a disposicin de la banda armada determinadas aportaciones. STS 503/2008, 17 de Julio 2008.

De todo lo cual se extrae y refirindonos a los hechos que el a quo expone en el Auto, de modo sucinto:

1.- Los correos electrnicos a los que se refiere el Auto que ahora recurrimos se han obtenido del ordenador de (a) Ral Reyes, todos enviados a o supuestamente remitidos por nuestra patrocinada, sin ninguna validez jurdica, como ya hemos expuesto a lo largo de este escrito, y para mayor abundamiento, reconocidos solo en parte por nuestra patrocinada. Siendo que de su lectura se puede extraer la inexistencia de elementos que corroboren que nuestra patrocinada ha colaborado con organizacin terrorista alguna.

En este sentido, menciona el Auto, en el punto 2.1 de los hechos que Mantiene una relacin fluida, a travs de correos electrnicos y una dependencia rayana casi en la integracin, con las FARC-ep, a travs de quien era uno de sus lderes principales hasta su muerte

2.- Que Remedios Garca, ha explicado sucintamente en que ha consistido sus viajes a los campamentos donde se encontraba la llamada Comisin Internacional, a los que han acudido multitud de personas de diferentes nacionalidades, organizaciones polticas, financieras e incluso cargos pblicos, como los ya mencionados candidatos presidenciales colombianos, el presidente de la Bolsa de Nueva York o la delegacin de diputados del Parlamento Europeo que recientemente acudi al campamento de (a) Ral Reyes. Que ha explicado que en ningn caso se trataban de campos de entrenamiento militar, que no se encontraba en territorio colombiano que ella supiera, ya que se trataba de zonas en la Selva a las que accedi desde otros pases en ambos casos y que jams ha visto a menores combatientes Que sus viajes a estos campamentos han estado relacionados con su actividad como mediadora para la paz y su trabajo humanitario.

3.-En cuanto al dinero trasladado a Europa en la cantidad de 6.000 USD, ya explic nuestra mandante, que efectivamente le entregaron un dinero en su visita al campamento para que se lo hiciera llegar a una persona en Suiza -refugiado colombiano y no representante de las FARC en Suiza como ha desmentido convenientemente el gobierno suizo (documento DIEZ)- que se encontraba gravemente enferma, que deba operarse y que al carecer de seguridad social deba hacer frente al pago de la operacin. Nuestra patrocinada, por tanto actu como hubiera hecho cualquier persona de bien, esto es, hacer llegar a un enfermo la cantidad necesaria de dinero para hacer frente a la operacin, esto es, hacer frente a un estado de necesidad, sin imaginar que ese hecho podra desencadenar la detencin y la puesta a disposicin por un presunto delito de colaboracin con banda armada. Tal es as, que desde el primer momento reconoci que haba efectuado ese traslado de dinero y que conoca al destinatario del mismo. No tiene mucho sentido que si supiera que se trataba de una actividad de la realizacin del tipo de colaboracin con banda armada haya estado reconociendo desde el primer momento este extremo.

Entiende, por tanto esta parte, que no existen elementos suficientes, ni siquiera mnimos, para adoptar la medida de prisin provisional eludible por fianza, y todo ello porque todos y cada uno de los elementos enumerados en el Auto han sido aclarados por nuestra mandante y en ningn caso acreditan la participacin de aquella en un delito de colaboracin con organizacin terrorista.

SEPTIMO.- Improcedencia de acordarse la prisin provisional respecto a la acusada RGA:

L a disposicin del art. 503 de la LECr no debe en su aplicacin desvirtuar el contenido de la institucin de la prisin preventiva, que, como precisa en su artculo 9.3 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, "no debe ser regla general" para las personas que hayan de ser juzgadas. Por otra parte, y en apoyo de esta tesis, la Resolucin 1.1 del Consejo de Europa recomienda a los Gobiernos que acten de modo que la prisin preventiva se inspire en los siguiente principios: a) no debe ser obligatoria y la autoridad tomar su decisin teniendo en cuenta las circunstancias del caso, b) debe considerarse como medida excepcional, y c) debe ser mantenida cuando sea estrictamente necesaria y en ningn caso debe aplicarse con fines punitivos..."

Asimismo, recoge nuestro ordenamiento interno, en el A rtculo 502. 2. LECrim: La prisin provisional slo se adoptar cuando objetivamente sea necesaria, de conformidad con lo establecido en los artculos siguientes, y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a travs de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisin provisional.

Igualmente, el mismo precepto en su apartado 4, recoge que No se adoptar en ningn caso la prisin provisional, cuando de las investigaciones practicadas se infiera racionalmente que el hecho no es constitutivo de delito o que el mismo se cometi concurriendo una causa de justificacin.

En este sentido, recoge la SSTC 146/1997 y 66/1997, que ni la gravedad de la pena ni la inminencia para dictar sentencia son datos suficientes justificativos de la prisin provisional, pues el ltimo es ambivalente y, en todo caso, sera necesario individualizar las circunstancias personales del imputado para no caer en una sospecha de riesgo genrico de fuga.

En el presente caso, se produce una desproporcin en la aplicacin de la medida de prisin preventiva, eludible bajo fianza, porque existen, como as lo plante este letrado en la comparecencia del art. 505 de la LECrim, otras medidas cautelares, no pecuniarias, que surtiran el mismo efecto y seran mucho menos gravosas, pero es que, adems, en este caso no se cumplen los requisitos y los fines establecidos en el art. 503 del mismo cuerpo legal y por tanto no cabe ni la solicitud de la medida de prisin por parte del Ministerio Fiscal ni la adopcin de la misma por parte del a quo.

As, establece el artculo 503 en su primera parte que la prisin provisional slo podr ser decretada cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo mximo sea igual o superior a dos aos de prisin, o bien con pena privativa de libertad de duracin inferior si el imputado tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelacin, derivados de condena por delito doloso.

2. Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisin.

Pues bien:

1.- No estamos ante la comisin de delito alguno. Nuestra patrocinada no ha colaborado ni ayudado, ni favorecido en forma alguna a ninguna organizacin terrorista. A juicio de esta parte, no existe ningn hecho que revistan los caracteres de delito y todos y cada uno de los hechos contenidos en el Auto del a quo han sido desvirtuados por nuestra patrocinada en su declaracin como imputada, por esta parte en la comparecencia del 505 LeCrim, y en las anteriores alegaciones contendidas en este recurso.

2.- No existe ningn elemento, ni indiciario ni probatorio que acredite que nuestra mandante es responsable penalmente por los hechos que se le imputan. Se le imputa un posible delito de colaboracin con banda armada, y desde que fu detenida hasta que fue puesta en libertad bajo el apercibimiento de fianza, no pasaron ni 48 horas, no se le aplic la legislacin especial para detenidos por delitos terroristas y todos y cada uno de los elementos de prueba que fundamentan la acusacion han sido primero explicados y corregidos por nuestra mandante y posteriormente impugnados en derecho en el presente recurso.

En cuanto a los fines que debe cumplir la medida cautelar de la prisin preventiva y que se recogen en el mismo precepto, son:

1.- Asegurar la presencia del imputado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga.

2.- Evitar la ocultacin, alteracin o destruccin de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto.

3.- Evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurdicos de la vctima, especialmente cuando sta sea alguna de las personas a las que se refiere el artculo 173.2 del Cdigo Penal. En estos casos no ser aplicable el lmite que respecto de la pena establece el ordinal 1 de este apartado.

Pues bien, en el presente caso no se cumplen, ni uno slo de los fines que debe perseguir la prisin preventiva, a saber:

1.- No existe en el presente caso riesgo de fuga. Est ms que acreditado el arraigo de nuestra mandante en Espaa, concretamente en Madrid, tiene domicilio conocido demasiado conmocido a la vista de la peregrinacion de la prensa internacional en su domiclio- , un trabajo estable, escasos medios econmicos y la edad de 57 aos, elementos que por s solos hacen suponer que no es intencin de nuestra mandante sustraerse de la accin de la justicia, mxime cuando ha sido portada en peridicos de tirada nacional e internacional y su intencin es colaborar con la justicia para la pronta llegada del juicio oral donde podr acreditar su inocencia. Pero adems, en el propio Auto que ahora recurrimos, admite que nuestra mandante dispone de arraigo suficiente en Espaa y no se sustraer a la accin de la justicia,.

A mayor abundamiento, el Auto impone la obligacin apud acta semanalmente y la prohibicin de salir del territorio nacional con entrega de pasaporte. Elementos que de por s son suficientes y menos gravosos que la imposicin de la prisin provisional eludible mediante el pago de una fianza de 12.000 Euros, y ms importante, garantizan por si mismos la presencia de nuestra mandante en el desarrollo del proceso.

2.- En el presente procedimiento es imposible la destruccin, ocultacin y/o alteracin de las fuentes de prueba y de las pruebas en s mismas relevantes para el enjuiciamiento, y ello es as porque, de un lado tenemos las pruebas obtenidas ilcitamente y por lo tanto invlidas, en territorio ecuatoriano y que se corresponden con el contenido del ordenador del asesinado Ral Reyes, por otro lado las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que procedieron a detener a nuestra mandante realizaron una entrada y registro en su domicilio incautndose de todas aquellas pruebas que estimaron necesarias para la prctica de diligencias de prueba. Por tanto es imposible que nuestra mandante pudiera alterar u ocultar las mencionadas pruebas, por encontrarse todas y cada una de ellas en poder de la polica.

3.- En ningn caso nos encontramos ante la posibilidad de que nuestra mandante pudiera actuar contra bienes jurdicos de vctima alguna, ms al contrario, tenemos que nuestra mandante es la vctima de una detencin injustificada y carente de sentido, dicho siempre en estrictos trminos de defensa.

Por tanto no existe justificacin alguna para el decreto de prisin preventiva, pero es que adems y dicho todo lo anterior, entiende esta parte que carece de toda lgica la imposicin de fianza, ya que ha quedado ms que demostrado la innecesaria imposicin de prisin preventiva porque est ms que asegurada la presencia de nuestra patrocinada en el proceso.

Por tanto cabra preguntarse sobre la necesariedad de la fianza cuando, como en este caso, no existe riesgo de fuga, ni peligro de ocultacin de pruebas, ni riesgo de atacar bienes jurdicos de la vctima. Nos encontramos ante una persona que carece de medios econmicos suficientes para afrontar los 12.000 Euros de fianza, porque carece de nmina (tiene un contrato mercantil cuyo precio asciende a 1.000 Euros aproximadamente al mes), tiene en la actualidad en su cuenta 3.000 Euros, carece de vivienda en propiedad por que su domicilio es en alquiler y porque, sobretodo, la funcin que vendra a cumplir la imposicin de fianza ya est ms que garantizada con la obligacin apud acta semanal y la entrega de pasaporte.

Por todo lo anterior, entiende esta parte improcedente acordar la medida cautelar de prision provisional respecto a la acusada, por resultar innecesaria para garantizar el buen desarrollo del proceso y por no cumplirse los requistos que para su aprobacion establece el articulo 503 de la LECRim.

Pero, subsidiariamente, y en el caso de que estimara el Juzgado que es imperativa la imposicin de prision provisional eludible con fianza, entendemos que debiera de rebajarse a las posibilidades de nuestra mandante y la cuanta no podra ser superior, en ningn caso, a los 3.000 Euros que nuestra mandante tiene de patrimonio en su cuenta bancaria.

Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentado este escrito junto con su copia y documentos adjuntados, se sirva admitirlo, y tenga por presentado RECURSO DE REFORMA Y SUBSIDIARIO DE APELACION CONTRA EL AUTO DE FECHA 27 DE JULIO DE 2008 QUE DECRETA LA PRISIN PROVISIONAL DE MI REPRESENTADA, conforme a las alegaciones contenidas en el presente escrito, revoque el mismo y acuerde la puesta en libertad provisional de mi representada sin necesidad de prestar fianza alguna, a la espera del correspondiente juicio, y subsidiariamente para el caso de no admitirse la anterior peticin, se acuerde mantener la medida de prisin provisional eludible bajo fianza, con disminucin de esta hasta una cantidad no superior a los 3.000.- Euros.

OTROSI DIGO: Que a pesar de las previsiones contenidas en el articulo 144 de la LEC sobre la obligatoriedad de presentar los documentos redactados en lengua no oficial junto a su traduccin, debido a la falta de tiempo suficiente ha sido imposible para esta parte encontrar un traductor jurado de idioma dans que pudiera traducir el documento n TRECE, por lo que para el caso de considerar el instructor preceptiva la presentacin e dicha traduccin, se solicita expresamente la concesin de un plazo extraordinario para ello, todo ello sin perjuicio de que el Juzgado al que nos dirigimos acuerde su traduccin por los servicios competentes de la Audiencia Nacional. Igualmente, solicita esta parte la correspondiente emisin de Comisin Rogatoria Internacional a las autoridades danesas, a fin de que por estas se verifique la autenticidad de dicha sentencia.

Por ser de Justicia que pido en Madrid a 30 de julio de 2008.

Ldo: Enrique Santiago Romero Proc: Jose Miguel Martnez-Fresneda Abogado Procurador



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