Portada :: Europa :: Jornada de 65 horas, vuelta al siglo XIX
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 03-09-2008

Diseccionando las 65 horas... antes de que nos caigan encima
Razones para luchar contra la Directiva europea de las 65 horas

Ivn Escofet, Jos Antonio Gonzlez Espada, Juan Montero y Diosdado Toledano
Rebelin


El 11 de junio de 2008 el Consejo de Empleo, Poltica Social, Sanidad y Consumidores formado por los ministros de Trabajo de los pases miembros de la Unin Europea acord, por mayora cualificada (1), una propuesta de modificacin de la Directiva 2003/88 sobre ordenacin del tiempo de trabajo actualmente en vigor.

Esta contrarreforma de la actual directiva cuenta con el visto bueno de las patronales europeas y catalanas (2), y pretende ser un instrumento que permita a los diferentes Estados miembros flexibilizar an ms el tiempo de trabajo y legalizar pactos individuales entre trabajador y empresa (esto es, al margen de la legalidad y de los convenios colectivos vigentes en el estado espaol y otros pases europeos), donde el trabajador, por un determinado perodo, renuncia a su jornada mxima de 40-48 horas, consintiendo en trabajar hasta 65 horas semanales, sin contraprestacin salarial alguna por este mayor esfuerzo de trabajo.

Cierto es que a fecha de hoy, esto slo es una propuesta, y debe pasar diversos filtros burocrtico-polticos, entre ellos la aprobacin del Parlamento Europeo para llegar a convertirse en una disposicin obligatoria para los Estados de la U.E.

Ahora bien, no es menos verdad que el procedimiento (3) establecido para aprobar esta directiva es poco menos que un laberinto de trmites kafkianos, un autntico galimatas que tiene como nico objetivo facilitar que el Parlamento apruebe la propuesta del Consejo, y en cambio obstaculizar hasta la extenuacin el veto parlamentario. Es un procedimiento diseado, pues, para acentuar la sumisin del Parlamento (elegido por sufragio directo de los ciudadanos de la Unin) respecto de los poderes ejecutivos de los pases de la Unin (el Consejo).

Si adems tenemos en cuenta la actual hegemona de las derechas en los diferentes gobiernos europeos (algunas con rasgos de extrema derecha, como el caso italiano) y un Parlamento Europeo elegido por slo el 30% del electorado de la U.E., donde las fuerzas de derecha tienen casi el 50% de los escaos y la representacin de la izquierda est dominada por el social-liberalismo ms descafeinado, ser muy difcil obtener las mayoras cualificadas necesarias para rechazar la propuesta de las 65 horas sino se desarrolla una masiva y enrgica movilizacin de la clase trabajadora europea.

As, hay que dar por hecho que, si nos limitamos a confiar en el funcionamiento de las instituciones europeas, la directiva de las 65 horas ser una realidad y se habr consumado una inflexin histrica en la lucha por la reduccin del tiempo de trabajo, la justicia y el progreso social.

Las principales claves de la propuesta de modificacin de la Directiva

La Directiva sometida al proceso de modificacin en curso fue aprobada el 4 de noviembre del 2003 y su contenido ya reflejaba el objetivo de la patronal europea de flexibilizar y aumentar la duracin del tiempo de trabajo. Si bien mantena el lmite de la duracin media (4) del trabajo semanal en 48 horas de la Directiva precedente, introduce en el art. 22 Disposiciones varias la posibilidad del consentimiento del trabajador a nivel individual para exceder dicho lmite, as como su reexamen por el Consejo antes del 23 de noviembre del mismo ao, fijando de este modo su carcter provisional.

La presin de la patronal europea para revisarla y modificarla ha sido desde entonces constante. En el Consejo de la UE en marzo del 2005 se acord en la llamada estrategia de Lisboa dotarse de los medios para cumplir los objetivos de crecimiento y de empleo, subterfugio que ha sido utilizado para impulsar la revisin de la Directiva. Las diferencias entre las diversas delegaciones gubernamentales sobre el alcance y contenido de la revisin explica su bloqueo durante un tiempo. Finalmente, una mayora formada por los gobiernos de la derecha y algunos gobiernos socialdemcratas ha conseguido vencer la dbil oposicin de una minora de gobiernos, entre ellos el espaol, y alcanzar la actual propuesta de modificacin.

La propuesta propone modificar, entre otros, los siguientes artculos de la Directiva:

- Se aade el Art 2 bis con el ttulo Tiempo de atencin continuada. En el se establece que el periodo inactivo del tiempo de atencin continuada no se considerar tiempo de trabajo, a menos que la legislacin nacional o, de conformidad con la legislacin o las prcticas nacionales, un convenio colectivo o un acuerdo entre interlocutores sociales dispongan de otro modo.

La aplicacin de este artculo, que entra en contradiccin con una amplia jurisprudencia que considera el tiempo de guardia como jornada laboral sin distinguir entre periodos activos o inactivos, significara un grave deterioro de las condiciones de trabajo y salario para todos aquellos colectivos, mdicos, personal sanitario, bomberos, etc., que deben realizar guardias que incluye lgicamente periodos de descanso en el puesto de trabajo y que dejaran de ser considerados como tiempo de trabajo.

- Se modifica el Art 22 con el ttulo Disposiciones varias donde se establece la posibilidad de la firma de un contrato individual de trabajo donde el trabajador consienta a trabajar en una semana 60 horas, calculadas como promedio durante un periodo de 3 meses (lo que permite trabajar ms de 60 horas en alguna de las semanas); o trabajar 65 horas en los casos que el periodo inactivo del tiempo de atencin continuada se considere jornada laboral de conformidad con el Art 2bis.

Previamente en el mismo el art se introduce el apartado b) que de manera hipcrita establece que ningn trabajador sufra perjuicio por parte del empresario por el hecho de no estar dispuesto a dar su consentimiento para efectuar dicho trabajo o de retractarse de su consentimiento por cualquier motivo. Es obvio que no ofrece ninguna garanta al trabajador puesto que en general este no se halla en condiciones de oponerse a las pretensiones del empresario, bajo la presin del paro y la precariedad, y en el marco de una negociacin individual sin lmites mnimos previstos por la ley o los convenios colectivos.

- El envoltorio de la propuesta de directiva destila un discurso hipcrita salpicada de buenas intenciones, para de esta manera hacer tragar mejor la amarga pldora, as se introduce un nuevo art 2 ter con el ttulo Conciliacin de la vida profesional y familiar donde se dice: los Estados miembros animarn a los interlocutores sociales a que celebren, en el nivel adecuado y sin perjuicio de su autonoma, acuerdos destinados a mejorar la conciliacin entre la vida profesional y familiar. Como si fuera posible conciliar trabajo y familia con jornadas de 60 o ms horas!! Pero el cinismo no se detiene ah, en la primera consideracin que encabeza la propuesta de modificacin se refiere a que la comunidad europea Ha de apoyar y completar la accin de los estados miembros, con vistas a mejorar el entorno de trabajo para proteger la salud y seguridad de los trabajadores. Como si hubieran descubierto el nuevo elixir de la salud con la prolongacin a jornadas extenuantes de 60 o ms horas a la semana!

Tambin deben abordarse algunas de los efectos negativos que no se mencionan en la propuesta de directiva:

Veamos algunas consecuencias salariales del incremento de jornada semanal:

A) Aunque la aplicacin de la directiva de 65 horas no supere el lmite legal en el cmputo anual, se produce un abaratamiento de las horas trabajadas al considerarse y pagarse como horas ordinarias aquellas que excedan de las 40 horas y que se abonaban anteriormente como horas extraordinarias o con pluses de trabajo en festivo.

B) S adems, a causa de la precariedad de los contratos y el difcil control sobre los mismos, se supera el lmite de horas en el cmputo anual sin contraprestacin salarial, se produce en la prctica una reduccin salarial al trabajar ms horas por el mismo salario.

Las consecuencias en la siniestralidad laboral: Aunque el nmero de horas al ao no se incremente, la posibilidad de realizar semanalmente 60-65 horas implica un aumento del cansancio y el desgaste del trabajador, lo que tendr un efecto directo en su riesgo de padecer accidentes y enfermedades laborales. Todo ello comportar un mayor gasto sanitario y deterioro de los servicios pblicos de la salud, teniendo en cuenta que no se prev un incremento de la inversin para medidas preventivas por causa de la directiva (no tenemos constancia de ello), y tampoco est previsto asumir el coste de la mayor asistencia sanitaria que requerir el deterioro de la salud de los trabajadores tras inhumanas jornadas de trabajo.

En cuanto al proceso de aplicacin de esta Directiva con carcter general hay que precisar:

NO es directa y automticamente aplicable, para que sea efectiva la directiva debe ser convertida en ley nacional por cada Estado miembro ("transposicin de la directiva"),

Cada Estado miembro est obligado a transponer la directiva a su normativa nacional, en un determinado plazo.

Si el Estado miembro no respeta el plazo, la directiva puede ser directamente aplicada por los ciudadanos como si se tratase de una ley nacional.

La aplicacin de la propuesta de Directiva en el estado espaol

En relacin a la aplicacin de la propuesta de Directiva en el marco de la legislacin sobre la ordenacin del tiempo de trabajo en el estado espaol debemos tener en cuenta que la actual regulacin espaola permite jornadas semanales superiores a 40 horas, siempre que no se supere la jornada anual de 1.826 horas y veintisiete minutos (5) (que equivale al promedio semanal de 40 horas), siempre que se respeten algunos lmites generales como undescanso obligatorio de 12 horas entre el fin de una jornada y el inicio de la siguiente, y un descanso mnimo semanal de 36 horas (un da y medio).

En el encaje de la propuesta de Directiva con la legislacin espaola hay que considerar que dicha propuesta no menciona lmites ni descansos obligatorios (simplemente "autoriza" el incremento de jornada mxima semanal), habla de jornada semanal y no de jornada anual, cuando en la legislacin espaola la jornada se mide por el nmero de horas anuales que permite una gran flexibilidad en la distribucin de la jornada a lo largo del ao (hay que aadir que en materia de flexibilidad de jornada muchos convenios empeoran la ley).

Adems, debe tenerse en cuenta que, al margen de las 1.826 horas 27 minutos anuales que permite la ley espaola, existe el lmite legal de 80 horas extras anuales. La propuesta de directiva no hace distinciones entre jornada ordinaria o extraordinaria; as que perfectamente sera posible una "aplicacin a la espaola" de la directiva, en el sentido de eliminar o ampliar el tope mximo legal de horas extras, para facilitar la posibilidad de incrementar las semanas de 60-65 horas, en detrimento de las semanas de 40 horas, en la distribucin anual de jornada.

Si bien la propuesta de directiva del Consejo no obliga a los Estados miembros a incrementar la jornada mxima de 40-48 hasta 60-65 horas, les autoriza a incrementar este lmite hasta las 60-65 horas en cmputo semanal, de forma que sta pueda ser legal mediante "pacto" individual entre trabajador y empresario. Y, aunque los convenios colectivos podran establecer una jornada ms baja que las 60-65 horas, si estos no dicen nada al respecto el pacto individual de 60 horas semanales ser legal.

En resumen, la propuesta de directiva significa un aumento de la flexibilidad de la distribucin de la jornada anual y un abaratamiento de los costes salariales (ahorro de horas extras y pago de pluses en festivos), y en las actuales condiciones de contratos precarios y desproteccin del trabajador frente al patrono puede significar, en la prctica, la superacin del lmite de la jornada anual legal.

Tambin hay que advertir que recientes sentencias de los tribunales de la UE, en consonancia con la filosofa de la directiva Bolkenstein, allanan el camino para que empresas de otros pases de la UE que prestan sus servicios en Espaa contraten trabajadores de sus pases de origen con las condiciones de la Directiva de las 65 horas (si esta ha sido incorporada en la legislacin de su pas), aunque el estado espaol no la incorpore de momento (6).

No hay que ser profeta para prever que bajo la amenaza de deslocalizar empresas a aquellos pases que hayan incorporado a su legislacin nacional la nueva Directiva, o con la posibilidad de contratar trabajadores de dichos pases que acepten los trminos de la Directiva, la presin para aplicarla en el mercado laboral del estado espaol ser enorme. En estas condiciones el desplazamiento del gobierno espaol desde su tibia oposicin inicial hacia la plena aceptacin de la nueva Directiva es un peligro real a corto-medio plazo.

La Directiva, la crisis econmica y la UE

La explosin de la crisis financiera internacional y su rpido traslado al conjunto de la economa, particularmente en la Unin Europea donde algunos de sus miembros se encuentran al borde de la recesin, ha acentuado la ofensiva de los gobiernos contra las condiciones econmicas y sociales de la clase trabajadora para imponer una salida beneficiosa para el capital. En esta ofensiva del neoliberalismo europeo la modificacin de la Directiva es uno de sus objetivos ms importantes.

El conflicto histrico entre las fuerzas del capital y el trabajo en la disputa por la plusvala se refleja una vez ms en los salarios y la duracin del tiempo de trabajo. Durante el actual periodo de ofensiva y hegemona del neoliberalismo se ha producido una amplia redistribucin de la riqueza a favor de las empresas, del capital, no slo ha disminuido el porcentaje de los salarios en el conjunto de la renta de los pases y han crecido las desigualdades, tambin se ha producido una inflexin en la tendencia hacia la reduccin del tiempo de trabajo. Mediante la aplicacin de contrarreformas en la legislacin laboral se han deteriorado las condiciones generales de trabajo y han retrocedido los derechos laborales.

En el estado espaol, la negociacin colectiva en grandes empresas del automvil como SEAT, FASA REANAULT, o de sectores como el Convenio del Metal de Barcelona, etc .., (que marcan una referencia hacia el resto de empresas y sectores), y en gran medida gestionada y pactada por los sindicatos mayoritarios, ha concluido con graves concesiones a los objetivos de moderacin salarial, flexibilidad y productividad de las empresas. Las consecuencias sobre el tiempo de trabajo y su ordenacin han sido brutales, primero disminuyeron y se espaciaron las reducciones en la jornada anual de trabajo en los acuerdos de convenio colectivo, a continuacin se vincul la reduccin de jornada a frmulas de flexibilidad, en materia de turnos, trabajo en festivos, saco de horas flexible, etc., dando lugar a la reversin del proceso de reduccin del tiempo de trabajo. En la actualidad, las cifras de jornada diaria, semanal y anual que establecen la ley y los convenios son cifras virtuales. En la prctica, la jornada laboral media ha aumentado y crece sin control. Adems, la poltica de moderacin salarial, y la disminucin de poder adquisitivo de los salarios, ha empujado a muchos trabajadores a ampliar su jornada laboral con tal de complementar su salario.

El discurso que hace el Presidente de gobierno francs Sarkozy contra la ley de las 35 horas en su pas para que los trabajadores trabajen ms y as puedan enriquecerse es de un cinismo y falsedad insuperables. En realidad sucede todo lo contrario, el incremento de la jornada de trabajo crea excedentes de empleo, incrementa el paro y aumenta la competencia entre trabajadores por conseguir un empleo; bajo la presin del paro y la precariedad en los contratos los empresarios contienen y reducen los salarios, en estas condiciones los trabajadores que buscan empleo son contratados en peores condiciones econmicas que les empuja a realizar mayores jornadas de trabajo En definitiva, la disminucin del salario/hora y la ampliacin de la jornada son trminos de una misma ecuacin.

El estallido de la actual crisis ha puesto de nuevo al desnudo las contradicciones del sistema capitalista en su versin neoliberal. En efecto, las polticas de moderacin salarial, de mayor flexibilidad, de ampliacin de la jornada de trabajo, de retroceso de los derechos y prestaciones sociales, no se ha reflejado en la disminucin de precios de los productos, ni en el incremento de las inversiones, que deban facilitar el desarrollo econmico y un posterior beneficio general tal como prometan los idelogos y polticos neoliberales. Al contrario, la gigantesca apropiacin de plusvala por las empresas y bancos fruto de la sobreexplotacin de la clase trabajadora se ha dirigido a la especulacin financiera, energtica, de materias primas y alimentos, o bien hacia aquellos negocios como la construccin, etc., donde poda obtenerse grandes beneficios a corto plazo.

La crtica de las causas de la crisis econmica y la reflexin sobre las alternativas para salir de la crisis plantean una primera conclusin: hay que abandonar radicalmente la poltica econmica y social neoliberal y su amplio recetario antisocial. Hay que restringir, regular, controlar, fiscalizar y penalizar los movimientos de capital. Debe cortarse de raz el amplio abanico de burbujas especulativas.

Ante el fracaso evidente del mercado para satisfacer las necesidades humanas bsicas debe impulsarse la intervencin pblica en la economa. Ante los procesos privatizadores de sectores estratgicos y servicios pblicos que causan burbujas especulativas, el encarecimiento y deterioro de dichos servicios, dificultando su acceso a sectores crecientes de la poblacin, no cabe otra poltica que invertir el proceso y recuperar su control y propiedad pblica.

Combatir la recesin exige polticas de inversin pblica para aumentar la cobertura de las necesidades sociales, impulsando un desarrollo econmico de carcter social y sostenible, en fin, implica estimular el consumo interno, para entre otras necesidades poder acceder a una vivienda barata y de calidad, lo cual exige terminar con las polticas de moderacin salarial y reemprender la senda del bienestar social, empezando por recuperar los derechos perdidos, y dando un nuevo impulso a los objetivos por reducir la jornada a 35 horas, 32 horas , incluso menos.

Sin embargo, en la Unin Europea, cualquier crtica a un neoliberalismo enfermo y agotado, cualquier alternativa razonable para la superacin de la crisis econmica tropieza con el modelo neoliberal de su propia construccin, el rol del euro, el desptico papel del Banco Central Europeo que en su obsesin por control de la inflacin aumenta brutalmente los tipos de de inters, con la extorsin que esto significa para millones de trabajadores y trabajadoras europeos atrapados de por vida con las hipotecas de sus viviendas, el dogmatismo sobre el dficit cero, la sacralizacin del mercado y la satanizacin de lo pblico, la privatizacin y liberalizacin sistemtica de los servicios pblicos, la desregulacin laboral eufemismo de la prdida de los derechos sociales y laborales, la aprobacin de la Directiva de la vergenza para el internamiento y retorno masivo de la inmigracin, y como no, ampliar la jornada laboral a 60-65 horas, empezando por quienes sin posibilidad de defensa o en inferioridad de condiciones acepten trabajar ese horario, para una vez introducido avanzar en su generalizacin.

Eso s, cuando alguna entidad financiera quiebra y amenaza arrastrar consigo al conjunto del sistema, los abanderados del neoliberalismo desde el jefe del imperio Sr. Bush al laborista Sr. Brown no dudan en transgreder los sagrados principios neoliberales, interviniendo dichos bancos, nacionalizando, es decir, socializando una vez ms las prdidas ocasionadas por la avaricia del capital.

La agudizacin de la crisis, su dimensin y profundidad, van a sacudir las bases y mitos intocables sobre los que se ha construido la UE. Entre las perspectivas que se nos ofrecen para salir de la crisis, una es la que defienden los actuales gobiernos: avanzar ciegamente hacia el abismo social, dar un salto mortal hacia la barbarie. Prisioneros en la trampa neoliberal en que se ha convertido la UE repetirn todos juntos hasta la saciedad que no hay otro camino posible, ellos los mismos gobiernos, fuerzas polticas, bancos y empresas que han demostrado su fracaso y falta de legitimidad para ofrecer ninguna alternativa.

En esta grave situacin, hay que salir de la trampa, hay que cortar el nudo gordiano. No lo harn las fuerzas del sistema, slo la clase trabajadora, la ciudadana que sufre los estragos de la crisis pueden y deben tomar en sus manos la elaboracin de otras perspectivas, de otras alternativas que nos permitan superar la crisis y acabar con el sistema capitalista que las causa y reproduce.

En esa tarea de levantar una alternativa socialista a la crisis capitalista, de reconstruir Europa sobre otras bases, una Europa de los trabajadores/as y de los pueblos, democrtica, socialista, confederal y solidaria, la resistencia en lo inmediato a la ofensiva neoliberal por implantar la nueva Directiva no es una cuestin menor, al grito de LA DIRECTIVA NO PASARĔ hay que articular un amplio movimiento social que, por la lgica del desarrollo de la crisis, puede favorecer la construccin de la alternativa y de una nueva perspectiva global.

Es la hora de movilizarse contra la Directiva de las 65 horas

A pesar de la pasividad de la burocracia sindical de la CES, las graves consecuencias laborales de la Directiva ha terminado por disparar la alarma social. Llama la atencin, que hasta las direcciones estatales de sindicatos como CCOO y UGT que se han distinguido por su pactismo y tolerancia con los objetivos antisociales de la patronal y los gobiernos de Espaa, hayan tomado una posicin de denuncia de la Directiva y planteado, al menos en el caso de CCOO, la necesidad de movilizarse a escala europea para bloquear la Directiva.

La extrema precariedad en el mercado laboral espaol que afecta a un tercio de los asalariados/as, el peso minoritario de las grandes y medianas empresas en un mar de pequeas empresas con millones de trabajadores atomizados y alejados de todo movimiento sindical; junto a la debilidad organizativa de los propios sindicatos, forman un campo abonado para que la Directiva de las 65 horas se generalice y consolide, lo que debilita an ms el poder de negociacin de los grandes sindicatos y en consecuencia amenazando el status privilegiado de la burocracia sindical. Acaso sea sta la causa del rechazo de CCOO y UGT a la Directiva de las 65 horas

Sean cuales sean las razones para oponerse y movilizarse contra la Directiva, bienvenidas son. Sin embargo hay razones para desconfiar de la capacidad de decisin y movilizacin de los grandes sindicatos. Sern capaces de tensar los msculos de la movilizacin despus de un largo periodo de no ejercitarse en la lucha social ms all de las empresas? La convocatoria de un paro simblico entre 5 y 15 minutos a escala Europea en ocasin de la Jornada Mundial por el Trabajo decente prevista para el 7 de octubre es claramente insuficiente para ganar el pulso a los gobiernos europeos pro-Directiva, y demuestra una vez ms la bancarrota ideolgica y moral en que se han hundido los dirigentes de la CES.

A pesar de la debilidad de los trminos de la convocatoria, lo mas razonable para los sectores ms combativos de la clase trabajadora dentro y fuera de los grandes sindicatos, para las organizaciones de la izquierda sindical anticapitalista, es tomar esa convocatoria como un punto de apoyo para crear las condiciones para una movilizacin ms duradera y enrgica. En efecto, para preparar mejor la movilizacin internacional sera positivo impulsar movilizaciones previas a escala de empresas, sectores, comunidades y estados. Nada impide que en aquellas empresas, sectores o pases europeos donde hay mejores condiciones para la movilizacin social general se reconvierta la convocatoria del 7 de octubre en acciones de paro ms contundente, incluso de huelga general.

Todas aquellas iniciativas que se dirijan a preparar las acciones contra la Directiva, a travs de mtodos unitarios y asamblearios, como la convocatoria de Asamblea que impulsan un amplio abanico de organizaciones sindicales, plataformas, redes y trabajadores/as a celebrar el prximo 9 de septiembre en Barcelona (7), son fundamentales para el xito y continuidad de la movilizacin, para hacer realidad el objetivo de La directiva no pasar !

En cualquier caso, teniendo en cuenta que el proceso de discusin de la propuesta de modificacin de la Directiva en las instituciones europeas puede extenderse durante varios meses, la movilizacin de octubre debe servir para preparar nuevas y ms contundentes movilizaciones.

La directiva de las 65 horas no debe pasar! No a retroceder a las condiciones sociales del siglo XIX Hay que exigir al gobierno Zapatero que en ningn caso se aplicar en Espaa dicha Directiva, bajo amenaza de huelga general!

Existen mltiples casos de excepciones en la relacin entre las normas y leyes de la UE y su aplicacin en cada uno de los estados. No hay excusa posible, y en cualquier caso, ante una UE que muestra su verdadera faz retrgrada y antisocial, que persiste y enroca en las polticas neoliberales, slo cabe preparar la desconexin.

Ante un tren que se dirige al abismo social, cuyos maquinistas estn ebrios del dogma neoliberal, sin poder frenar porque los seguros estn bloqueados, lo ms sensato es desenganchar el vagn, antes que sea demasiado tarde

Pero no debemos quedarnos aqu, no slo debemos decir NO a las 65 horas y conformarnos, pues, con la actual jornada de 40 horas: debemos luchar para avanzar y, por tanto, para implantar la jornada de 30, 32, 35 horas semanales sin reduccin salarial, en todos los sectores (8). No podemos permitirnos abandonar esta importante reivindicacin histrica, debemos impedir que las decisiones antisociales de gobiernos como el de de Sarkozy constituyan el epitafio definitivo de la lucha por reducir la jornada laboral, como medida para la mejora efectiva de las condiciones de trabajo y de salario, y para luchar contra el desempleo y la precariedad, especialmente ante la crisis econmica actual.


Firman (9): Ivan Escofet, Jos Antonio Gonzlez Espada, Juan Montero y Diosdado Toledano, miembros de la Asociacin Socialismo XXI.

Notas:

(1) Las delegaciones de Blgica, Chipre, Grecia, Espaa y Hungra no dieron apoyo a la propuesta de modificacin de la directiva y expresaron su posicin en una declaracin conjunta que se anexa (A). Llama la atencin la incongruencia entre los trminos de la propia declaracin y el hecho que no votaran contra la propuesta de modificacin.

(2) Las patronales catalanas Fomento del Trabajo, Cecot y Pimec adems de expresar que ven con buenos ojos la propuesta de modificacin de la Directiva rechazaron la crtica que desde el Gobierno del PSOE se haba formulado a esta propuesta (ver ed. El Pas 17 de junio 2008).

(3) El procedimiento para la aprobacin de una Directiva est regulado por el artculo 251, que describimos a continuacin:

1. Cuando en el presente Tratado, para la adopcin de un acto, se haga referencia al presente artculo, se aplicar el procedimiento siguiente.

2. La Comisin presentar una propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo.

El Consejo, por mayora cualificada, previo dictamen del Parlamento Europeo:

- si aprobara todas las enmiendas contenidas en el dictamen del Parlamento Europeo, podr adoptar el acto propuesto as modificado,

- si el Parlamento Europeo no propusiera enmienda alguna, podr adoptar el acto propuesto,

- en los dems casos, adoptar una posicin comn y la transmitir al Parlamento Europeo. El Consejo informar plenamente al Parlamento Europeo de los motivos que le hubieran conducido a adoptar su posicin comn. La Comisin informar plenamente sobre su posicin al Parlamento Europeo.

Si, transcurrido un plazo de tres meses desde esa comunicacin, el Parlamento Europeo:

a) aprobara la posicin comn o no tomara decisin alguna, el acto de que se trate se considerar adoptado con arreglo a esa posicin comn;

b) rechazara, por mayora absoluta de sus miembros, la posicin comn, el acto propuesto se considerar no adoptado;

c) propusiera enmiendas de la posicin comn por mayora absoluta de sus miembros, el texto modificado ser transmitido al Consejo y a la Comisin, que emitir un dictamen sobre estas enmiendas.

3. Si en un plazo de tres meses desde la recepcin de las enmiendas del Parlamento Europeo, el Consejo aprobara por mayora cualificada todas ellas, se considerar que el acto de que se trate ha sido adoptado en la forma de la posicin comn as modificada; no obstante, el Consejo deber pronunciarse por unanimidad sobre aquellas enmiendas que hayan sido objeto de un dictamen negativo de la Comisin. Si el Consejo no aprobara todas las enmiendas, el presidente del Consejo, de acuerdo con el presidente del Parlamento Europeo, convocar en el plazo de seis semanas una reunin del Comit de Conciliacin.

4. El Comit de Conciliacin, que estar compuesto por los miembros del Consejo o sus representantes y por un nmero igual de representantes del Parlamento Europeo, procurar alcanzar un acuerdo sobre un texto conjunto, por mayora cualificada de los miembros del Consejo o sus representantes y por mayora simple de los representantes del Parlamento Europeo. La Comisin participar en los trabajos del Comit de Conciliacin y adoptar todas las iniciativas necesarias para favorecer un acercamiento de las posiciones del Parlamento Europeo y del Consejo. Al realizar esta misin, el Comit de Conciliacin examinar la posicin comn sobre la base de las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo.

5. Si en el plazo de seis semanas despus de haber sido convocado, el Comit de Conciliacin aprobara un texto conjunto, el Parlamento Europeo y el Consejo dispondrn cada uno de seis semanas a partir de dicha aprobacin para adoptar el acto en cuestin conforme al texto conjunto, pronuncindose respectivamente por mayora absoluta de los votos emitidos y por mayora cualificada. Si cualquiera de ambas instituciones no aprobara el acto propuesto dentro de dicho plazo, ste se considerar no adoptado

6. Si el Comit de Conciliacin no aprobara un texto conjunto, el acto propuesto se considerar no adoptado.

7. Los perodos de tres meses y de seis semanas a que se refiere el presente artculo podrn ampliarse, como mximo, en un mes y dos semanas, respectivamente, a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

(4) El clculo de la duracin media se establece durante un periodo de 4 meses, lo que implica un considerable grado de flexibilizacin de la jornada semanal.

(5) La definicin de las horas anuales que se corresponden con una jornada semanal de 40 semanales, llev una amplia controversia sindical/poltica anterior a la propia promulgacin de la Ley de 40 semanales en el estado espaol en junio de 1983:

En el ao 1.980 con la firma de Acuerdo Marco Interconfederal (AMI) entre UGT y la patronal, se estableci como punto de referencia llegar a la jornada de 40 horas semanales que significaban (1.880 horas anuales).

En el Programa para Elecciones Generales del 28 de octubre del 1982, el PSOE se comprometa a establecer por Ley las 40 horas semanales, que tambin las defina como (1.880 horas anuales)

En la negociacin de Acuerdo Interconfed eral, suscrito por CCOO y UGT en febrero de 1983 con la patronal se defini A efectos de cmputo anual, la jornada semanal de cuarenta horas ser de 1.826 horas y veintisiete minutos de trabajo efectivo

La formulacin para llegar a esta conclusin fue la siguiente:

- 365 das del ao menos 30 das naturales de vacaciones, menos 48 domingos y menos 13 festivos (se entiende que uno est incluido en el periodo de vacaciones) = 274 das.

- 274 : 6 das a la semana = 45,66 semanas efectivas de trabajo.

- 45,66 X 40 h.= 1.826 horas y veintisiete minutos.

● El de 29 de junio de 1.983 el gobierno del PSOE aprob la Ley de fijacin de la jornada mxima legal en cuarenta horas y de las vacaciones anuales mnimas en treinta das. La Ley quedo definida de la forma siguiente: La duracin mxima de la jornada ordinaria de trabajo ser de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo.

Posteriormente en la Reforma laboral de 1994 es cuando se modifica esta Ley y se incorpora lo del computo anual que queda definido de la forma siguiente: La duracin mxima de la jornada ordinaria de trabajo ser de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cmputo anual.

(6) Tres recientes sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, conocidas como Laval, Viking Lines y Ruffert, aplican los criterios de la "directiva Bolkenstein", a pesar de que sta no se lleg a aprobar (para qu aprobar directivas si tenemos un tribunal que las aplica aunque no se aprueben?). La sentencia Laval condena una accin sindical legal de sindicatos suecos contra una empresa letona instalada en el pas nrdico que retribua a sus trabajadores letones en relacin, no a los convenios colectivos del lugar de trabajo, sino del pas bltico. La sentencia Viking Lines no estima ajustada a derecho la actuacin de un sindicato de marineros finlandeses, que solicitaban que no se permitiese matricular en Estonia un buque de su pas con el objetivo de burlar la aplicacin de los convenios colectivos de Finlandia. Por ltimo, la sentencia Ruffert seala como no ajustada a derecho la normativa del Estado alemn de Baja Sajonia que impona la obligacin de realizarse contratos pblicos con empresas que retribuyan en relacin al salario mnimo del convenio colectivo de la zona, dando as la razn a una empresa polaca subcontratada del sector de la construccin que pretende abonar retribuciones de su pas, prcticamente un 50% inferiores a las alemana.

(7) La Asamblea para organizar la campaa unitaria contra la modificacin de la Directiva de las 65 horas est convocada para el 9 de septiembre a las 19 horas en el local de la Casa de la Solidaritat, Calle Vistalegre n 15.

(8) En Anexo B se adjunta un cuadro-resumen sobre la implantacin de jornadas mximas de 35 horas en Espaa mediante convenios colectivos o mediante decisin de las Administraciones Pblicas respecto de su personal laboral y funcionario. Segn este cuadro, hasta 2001 slo 1,35 millones de trabajadores en toda Espaa tienen jornadas mximas de 35 horas, de los cuales ms de la mitad pertenecen al sector pblico (Administraciones de Comunidades Autnomas, Ayuntamientos y Universidades).

(9) Ivan Escofet es militante del Psuc-Viu y miembro de FARGA (Frum Anticapitalista de Reflexi i generaci dlternatives), Jos Antonio Gonzlez es abogado laboralista del Colectivo Ronda y afiliado a EUiA, Juan Montero sindicalista y activista de Xarxa contra els tancaments dempreses i la Precarietat, Diosdado Toledano es trabajador de SEAT, miembro de la Presidencia Federal de Izquierda Unida, y de FARGA..



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