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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 06-09-2008

Al Estado en su Sitio?
Una dbil CNE para en seco las autonomas populares y desnuda errores del oficialismo

Rolando Carvajal
La Epoca


La derecha se reoxigena con un regalo que le cay cielo. Al menos 273 mil electores masistas y sus familias en Santa Cruz requieren proteccin estatal frente al racismo. Los movimientos sociales perciben que proceso no es lo mismo que periodo, aunque lo contenga

Cuando el grueso del electorado daba por bienvenida la certidumbre de los dos tercios resultantes de su ultima cita en las urnas, y daba el adis a la llamada polarizacin simtrica de los bolivianos desmentida por el reciente 67-33, las ltimas decisiones de una aparentemente frgil Corte Electoral han congelado en las alturas el torrente de los movimientos sociales que sustentan al gobierno e intentan reflotar la puesta en vigencia de una nueva Constitucin

La contingencia era aprovechada por los opositores. El prefecto tarijeo, Mario Cosso, dijo que tendr listo en tres meses, un parlamento regional que contrapese lo ganado por el oficialismo en las ltima semanas, y en el Beni se adelant una asamblea regional, mientras que en Santa Cruz los prefectos adversos al gobierno afinaban una estrategia de resistencia civil.

En coincidencia con su rebelde sucursal crucea, la CNE decidi que no ejecutar la serie de cuatro votaciones anticipadas por el gobierno e impugnadas por la oposicin, y desnud con ello no slo las formalidades con que una dependencia estatal puede paralizar el empuje de los movimientos sociales, sino la presunta imprevisin de los mismos dirigentes oficialistas al poner en marcha una estrategia con procedimientos deleznables.

El paquete electoral lanzado por el presidente Evo Morales inclua la convocatoria a cuatro votaciones simultneas para consultar a la poblacin sobre el tamao de los latifundios, la ratificacin de la nueva Carta Magna aprobada en Oruro pese al sabotaje de los opositores, y la seleccin, el mismo 7 de diciembre, de 167 consejeros departamentales y 112 subprefectos, en igual nmero de provincias, a fin de dejar atrs el dedazo de los prefectos y la influencia de los concejos municipales.

Con slo dos votos ante la ausencia de los restantes tres, la CNE paraliz tambin en aroma de santa ecuanimidad la eleccin de subgobernadores, corregidores y asamblestas departamentales convocada para Santa Cruz por el prefecto Rubn Costas; y el referndum autonmico de Chuquisaca, impulsado por la prefecta Sabina Cuellar y la derecha de Sucre.

La Corte arguy insuficiencias legales en los seis procesos, y por si fuera poco les puso un candado anunciando la ejecucin, hasta diciembre, de una auditora al padrn electoral, con el que, curiosamente, convalid ha slo das los recientes resultados del referndum ratificatorio del Presidente y seis prefectos, y revocatorio de otros dos prefectos

TEMORES FARSAS Y VEROSIMILITUDES

Se confirmaron as los peores temores oficialistas sobre el quiebre del sistema electoral y el no funcionamiento de las Cortes departamentales a la hora en que fuera necesario convocar a los bolivianos para concurrir nuevamente a las urnas y poner en vigencia, junto con la nueva CPE, el rgimen de autonomas populares que neutraliza el modelo autonmico elitista de los agroempresarios de las tierras bajas.

Aunque no se esperaba que las objeciones al decreto presidencial del mltiple sufragio provinieran del cuartel central de la misma CNE, otras fuentes y observadores ms suspicaces, aludan a una eventual tramoya protagonizada por el Gabinete y los ejecutivos de la Corte para dar la impresin de que las elecciones estaban congeladas, a fin de obligar a los opositores a concertar el pacto fiscal y la constitucionalizacin de las autonomas, ofrecido por el gobierno tras el ltimo referndum.

Las mismas fuentes remarcaron que, mientras el gobierno en ausencia del primer mandatario se resignaba sin grandes reparos a las objeciones de la CNE, los ministros de Trabajo y Hacienda, Walter Delgadillo y Luis Arce haban sido enviados a Tarija y Santa Cruz para intentar acercamientos con los prefectos de esos departamentos.

Las decisiones de la Corte, se inscriban de todas maneras en el delgado pero influyente segmento poltico e ideolgico que ostenta condiciones de presunta imparcialidad detestando tanto a moros como a cristianos, pero que igualmente medra del conflicto y la prolongacin de las tensiones, como los medios y reportes que presumen de equilibrios, equidades y neutralidades cuestionadas por su misma aplicacin pero disimuladas por la habilidad con que se barnizaban de objetividad los mensajes, en una pulseta donde tampoco verosimilitud era lo mismo que veracidad, aunque se asemeje.

Desde Tehern el presidente Morales dijo que los dos vocales haban cedido a las presiones de la derecha, perjudicando la administracin del Estado en beneficio de los bolivianos.

SUERTE AL REVES

As, tras haber recibido un repentino regalo del cielo, la derecha racista asentada en oriente pero con ramificaciones fuertes en el eje central, enclaves ricos de la sede de gobierno y el sur del pas, ganaba la partida de las ltimas semanas, pese a la derrota que asimil en las urnas el pasado 10 de agosto.

Por su parte, los movimientos sociales estaban confirmando que proceso de cambio era lo mismo que periodo de gobierno, aunque lo abarque en el tiempo, y se encontraban ante la disyuntiva de postergar aspiraciones hasta que sus lderes pacten con sus adversarios una nueva Constitucin y estn en condiciones de llamar a nuevas elecciones para copar dos tercios del nuevo Parlamento, o simplemente dejar que acabe la gestin para optar por otro candidato ante la eventual inhabilitacin del actual Presidente de la Repblica.

La alternativa extrema, a decir de algunos jefes de los movimientos sociales, como Miguel Surco, lder de los colonizadores, era recurrir al uso de la violencia legtima colocando al Estado el sitial que le corresponde, a fin de disuadir a las bandas delincuenciales allegadas a los comits cvicos y latifundistas, de seguir maltratando a 273 mil electores cruceos y sus familias duramente hostigadas sobre todo en las ciudades.

De manera histrinica, el lder de los terratenientes y agroempresarios, Branco Marinkovic, asegur que el ltimo ataque de sicarios juveniles a residentes collas fue en realidad un acto de defensa: "Lo nico que hicieron esos chicos fue defender a una seora que estaba en una vigilia pacifica de aquellos agresores que tenan intenciones de agredir a mujeres", dijo al alegrarse de que los pandilleros atacaran tambin una marcha pacfica convocada por la fraccin obrera de Lucio Vedia.

CAUDILLO SIN RELEVO?

Ausente del pas en gira por Libia e Irn, el presidente Evo Morales pareca estar a cargo de una inmediata iniciativa a su retorno y la correspondiente explicacin a los movimientos sociales, puesto que ninguno de sus colaboradores opt por mayores reacciones que no fueran las de ratificar que su estrategia electoral tena amplia base legal.

En la otra orilla, sin ms esfuerzos que la sorpresa ante una batalla ganada providencialmente, la derecha vea coronadas su expectativas de erradicar de Santa Cruz y otras zonas liberadas de la presencia estatal y las consultas electorales decretadas por el gobierno, precisamente para regir a futuro con la nueva CPE, alargar el mandato con una nueva gestin de Morales y socavar las bases sociales de los prefectos destrozando las designaciones a dedo y por los grupos ediles.

Las fuerzas oficialistas confiaban as en tener hasta el 7 de diciembre, la ratificacin de la nueva Carta Magna, y, hasta mayo del prximo ao, tras las elecciones generales, un nuevo periodo de Morales con un Parlamento de aplastante mayora pro gubernamental que permita, entre otras acciones, enjuiciar a los prefectos que malversaron los fondos pblicos en referndum ilegales.

Pero ahora estaban limitadas a replicar a la CNE y sealarle que su objecin no tiene carcter vinculante por falta de valor jurdico, segn el vicepresidente Alvaro Garca, mientras la Corte le record que le haba advertido mediante tres cartas consecutivas acerca de la insuficiencia legal del decreto

"Es importante considerar que en un Estado de Derecho quien incumple deliberadamente el mandato de la ley es pasible a las sanciones que el mismo sistema jurdico establece", dijo a su vez el Ministro de Defensa Legal, Hctor Arce, aunque sus advertencias parecan ms dirigidas a las cortes que funcionan en la Paz que a las de Santa Cruz y Tarija, distantes de la mano del Estado.

A contramano, tras un anlisis jurdico al DS 29691 que establece el 7-dic-2008 como fecha de nueva cita en las urnas, la Corte concluy que haba un impedimento de orden legal para su administracin y ejecucin, lo que demuestra la falta de coordinacin entre poderes de Estado respecto de decisiones relacionadas a los electores.



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