El alto tribunal danés de Conpenhague ha rechazado cualquier uso del material procedente del sistema legal colombiano. Esta decisión trascendental fue tomada durante el llamado "juicio de las franelas", donde la empresa de ropa "Fighters & Lovers" está siendo enjuiciada por financiar el terrorismo, debido a su apoyo a las FARC de Colombia y al FPLP (Frente Popular de Liberación de Palestina).

El alto tribunal ha concluido que la tortura y la violencia son parte integral del sistema legal colombiano. Por tanto, ningún documento legal puede ser presentado como evidencia en el tribunal sin violar la ley danesa y la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura.

"El alto tribunal danés reconoce que el Estado colombiano sistemáticamente tortura y asesina a sus oponentes políticos. La consecuencia debe ser que los procesos judiciales rechacen el material procedente del sistema legal colombiano, dado el riesgo evidente de tortura y otras violaciones de los derechos humanos", afirma Thorkild Hoyer, abogado defensor de "Fighters & Lovers".

Un examen completo del material de la fiscalía danesa en el caso contra "Fighters & Lovers" ha revelado que el material presentado de Colombia se basa en confesiones obtenidas mediante tortura: violación, tortura eléctrica, estrangulamiento y violencia extrema. Esto ha sido revelado al comparar el material de la fiscalía con informes de varias organizaciones de derechos humanos, incluyendo la internacionalmente reconocida ONG Comisión Internacional de Juristas (ICJ) en Colombia.

La defensa aportó los casos de Rosember Gutiérrez y Diana Álvarez, vinculadas a una ONG colombiana y condenadas por terrorismo en una corte de Bogotá, que, según un informe elaborado en 2006 por Comisión Internacional de Juristas, fueron víctimas de violaciones, castigos físicos y amenazas de muerte por las autoridades.

La primera reacción de la fiscalía fue retirar a su testigo central, el juez y profesor colombiano Montealegre Lynett como representante del sistema legal colombiano. No obstante, la fiscalía decidió este viernes presentar a Montealegre Lynett de todos modos, y fue autorizado a hacerlo por el Alto Tribunal, con la condición de que no hiciera referencia a ningún documento concreto procedente de Colombia. "A Montealegre Lynett no le será fácil explicar su papel en un sistema legal que el Alto Tribunal considera marcado por la tortura y la violencia".

Los siete acusados del colectivo "Fighters & Lovers", se enfrentan a penas de hasta 10 años de cárcel por violar el artículo 114b del código penal danés, que castiga el apoyo económico a grupos terroristas. La acusación se basa en que en febrero de 2006 la firma anunció que destinaría una quinta parte del precio de unas camisetas a Radio Resistencia (vinculada a las FARC) y a un taller gráfico del FPLP.

Los magistrados deberán determinar si las FARC y el FPLP son organizaciones terroristas, como sostiene la acusación, o movimientos de liberación, como afirma la defensa, ya que ahí radica si la acción cometida es o no delictiva.

Los acusados fueron absueltos en primera instancia el pasado diciembre, al considerar el tribunal que, de acuerdo a las pruebas presentadas, no se podía concluir que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) sean organizaciones terroristas.

El juicio comenzó en el Alto Tribunal de Copenhague este martes, 3 de septiembre, y continuará durante la próxima semana. Se prevé que la sentencia sea emitida el 11 de septiembre. Las audiencias del tribunal son abiertas al público. Comienzan a las 9:30 a.m. en la siguiente dirección de Copenhague: Østre Landsret 3. afdeling, Bredgade 59.

Decisión trascendental
El rechazo de la justicia danesa a las evidencias procedentes del Estado colombiano, por estar viciadas en origen, marca un importante precedente legal, en momentos en que el Gobierno colombiano ha emprendido una campaña de criminalización y persecución judicial contra varias personas que se comprometieron con el acuerdo humanitario.

Es el caso de la cooperante Remedios García, en España; de la senadora liberal Piedad Córdoba, de los periodistas Carlos Lozano y William Parra, en Colombia; o de la asambleista constituyente ecuatoriana María Augusta Calle. Todos están acusados de supuestos nexos con las FARC por el Estado colombiano, pero la única prueba que aporta la fiscalía son archivos y documentos presuntamente incautados en las computadoras atribuidas al comandante guerrillero asesinado por el Ejército colombiano en territorio ecuatoriano.

Siguiendo la doctrina jurídica estadounidense de "los frutos del árbol envenenado", cualquier prueba obtenida ilegalmente, es nula jurídicamente y no puede ser usada en un juicio. Es lo que ocurre en el caso del famoso "computador de Raúl Reyes", donde concurren todo tipo de ilegalidades: violación del espacio aéreo ecuatoriano, violación territorial, violación a los derechos humanos de los prisioneros y ejecución de heridos y prisioneros de manera extrajudicial.

Esto, añadido al hecho de que el propio informe forense de INTERPOL sobre los equipos informáticos supuestamente incautados a las FARC en la incursión militar del 1 de marzo de 2008, asegura que entre el 1 y el 3 de marzo hubo irregularidades (manipulación de archivos) y no se siguió el protocolo internacional de cadena de custodia que admitiría un tribunal.

El abogado de Remedios García, Enrique Santiago, afirma que "el origen ilegal de las pruebas o indicios que dan origen a las actuaciones vicia todo el procedimiento, incluidas las pruebas incriminatorias obtenidas de forma lícita con posterioridad”.