Considerar que utiliza sistemáticamente la tortura y otras violaciones de derechos humanos para obtener confesiones
La justicia danesa rechaza las pruebas presentadas por el estado colombiano
Yvke Mundial
El alto tribunal danés de Conpenhague ha rechazado cualquier uso del
material procedente del sistema legal colombiano. Esta decisión
trascendental fue tomada durante el llamado "juicio de las franelas",
donde la empresa de ropa "Fighters & Lovers" está siendo enjuiciada
por financiar el terrorismo, debido a su apoyo a las FARC de Colombia y
al FPLP (Frente Popular de Liberación de Palestina).
El alto tribunal ha concluido que la tortura y la violencia son
parte integral del sistema legal colombiano. Por tanto, ningún
documento legal puede ser presentado como evidencia en el tribunal sin
violar la ley danesa y la Convención de Naciones Unidas contra la
Tortura.
"El alto tribunal danés reconoce que el Estado colombiano
sistemáticamente tortura y asesina a sus oponentes políticos. La
consecuencia debe ser que los procesos judiciales rechacen el material
procedente del sistema legal colombiano, dado el riesgo evidente de
tortura y otras violaciones de los derechos humanos", afirma Thorkild
Hoyer, abogado defensor de "Fighters & Lovers".
Un examen completo del material de la fiscalía danesa en el caso
contra "Fighters & Lovers" ha revelado que el material presentado
de Colombia se basa en confesiones obtenidas mediante tortura:
violación, tortura eléctrica, estrangulamiento y violencia extrema.
Esto ha sido revelado al comparar el material de la fiscalía con
informes de varias organizaciones de derechos humanos, incluyendo la
internacionalmente reconocida ONG Comisión Internacional de Juristas
(ICJ) en Colombia.
La defensa aportó los casos de Rosember Gutiérrez y Diana Álvarez,
vinculadas a una ONG colombiana y condenadas por terrorismo en una
corte de Bogotá, que, según un informe elaborado en 2006 por Comisión
Internacional de Juristas, fueron víctimas de violaciones, castigos
físicos y amenazas de muerte por las autoridades.
La primera reacción de la fiscalía fue retirar a su testigo
central, el juez y profesor colombiano Montealegre Lynett como
representante del sistema legal colombiano. No obstante, la fiscalía
decidió este viernes presentar a Montealegre Lynett de todos modos, y
fue autorizado a hacerlo por el Alto Tribunal, con la condición de que
no hiciera referencia a ningún documento concreto procedente de
Colombia. "A Montealegre Lynett no le será fácil explicar su papel en
un sistema legal que el Alto Tribunal considera marcado por la tortura
y la violencia".
Los siete acusados del colectivo "Fighters & Lovers", se
enfrentan a penas de hasta 10 años de cárcel por violar el artículo
114b del código penal danés, que castiga el apoyo económico a grupos
terroristas. La acusación se basa en que en febrero de 2006 la firma
anunció que destinaría una quinta parte del precio de unas camisetas a
Radio Resistencia (vinculada a las FARC) y a un taller gráfico del
FPLP.
Los magistrados deberán determinar si las FARC y el FPLP son
organizaciones terroristas, como sostiene la acusación, o movimientos
de liberación, como afirma la defensa, ya que ahí radica si la acción
cometida es o no delictiva.
Los acusados fueron absueltos en primera instancia el pasado
diciembre, al considerar el tribunal que, de acuerdo a las pruebas
presentadas, no se podía concluir que las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Frente Popular para la
Liberación de Palestina (FPLP) sean organizaciones terroristas.
El juicio comenzó en el Alto Tribunal de Copenhague este martes, 3
de septiembre, y continuará durante la próxima semana. Se prevé que la
sentencia sea emitida el 11 de septiembre. Las audiencias del tribunal
son abiertas al público. Comienzan a las 9:30 a.m. en la siguiente
dirección de Copenhague: Østre Landsret 3. afdeling, Bredgade 59.
Decisión trascendental
El rechazo de la justicia danesa a las evidencias procedentes del
Estado colombiano, por estar viciadas en origen, marca un importante
precedente legal, en momentos en que el Gobierno colombiano ha
emprendido una campaña de criminalización y persecución judicial contra
varias personas que se comprometieron con el acuerdo humanitario.
Es el caso de la cooperante Remedios García, en España; de la
senadora liberal Piedad Córdoba, de los periodistas Carlos Lozano y
William Parra, en Colombia; o de la asambleista constituyente
ecuatoriana María Augusta Calle. Todos están acusados de supuestos
nexos con las FARC por el Estado colombiano, pero la única prueba que
aporta la fiscalía son archivos y documentos presuntamente incautados
en las computadoras atribuidas al comandante guerrillero asesinado por
el Ejército colombiano en territorio ecuatoriano.
Siguiendo la doctrina jurídica estadounidense de "los frutos del
árbol envenenado", cualquier prueba obtenida ilegalmente, es nula
jurídicamente y no puede ser usada en un juicio. Es lo que ocurre en el
caso del famoso "computador de Raúl Reyes", donde concurren todo tipo
de ilegalidades: violación del espacio aéreo ecuatoriano, violación
territorial, violación a los derechos humanos de los prisioneros y
ejecución de heridos y prisioneros de manera extrajudicial.
Esto, añadido al hecho de que el propio informe forense de INTERPOL
sobre los equipos informáticos supuestamente incautados a las FARC en
la incursión militar del 1 de marzo de 2008, asegura que entre el 1 y
el 3 de marzo hubo irregularidades (manipulación de archivos) y no se
siguió el protocolo internacional de cadena de custodia que admitiría
un tribunal.
El abogado de Remedios García, Enrique Santiago, afirma que "el
origen ilegal de las pruebas o indicios que dan origen a las
actuaciones vicia todo el procedimiento, incluidas las pruebas
incriminatorias obtenidas de forma lícita con posterioridad”.