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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 06-09-2008

Considerar que utiliza sistemticamente la tortura y otras violaciones de derechos humanos para obtener confesiones
La justicia danesa rechaza las pruebas presentadas por el estado colombiano

Patricia Rivas
Yvke Mundial


El alto tribunal dans de Conpenhague ha rechazado cualquier uso del material procedente del sistema legal colombiano. Esta decisin trascendental fue tomada durante el llamado "juicio de las franelas", donde la empresa de ropa "Fighters & Lovers" est siendo enjuiciada por financiar el terrorismo, debido a su apoyo a las FARC de Colombia y al FPLP (Frente Popular de Liberacin de Palestina).

El alto tribunal ha concluido que la tortura y la violencia son parte integral del sistema legal colombiano. Por tanto, ningn documento legal puede ser presentado como evidencia en el tribunal sin violar la ley danesa y la Convencin de Naciones Unidas contra la Tortura.

"El alto tribunal dans reconoce que el Estado colombiano sistemticamente tortura y asesina a sus oponentes polticos. La consecuencia debe ser que los procesos judiciales rechacen el material procedente del sistema legal colombiano, dado el riesgo evidente de tortura y otras violaciones de los derechos humanos", afirma Thorkild Hoyer, abogado defensor de "Fighters & Lovers".

Un examen completo del material de la fiscala danesa en el caso contra "Fighters & Lovers" ha revelado que el material presentado de Colombia se basa en confesiones obtenidas mediante tortura: violacin, tortura elctrica, estrangulamiento y violencia extrema. Esto ha sido revelado al comparar el material de la fiscala con informes de varias organizaciones de derechos humanos, incluyendo la internacionalmente reconocida ONG Comisin Internacional de Juristas (ICJ) en Colombia.

La defensa aport los casos de Rosember Gutirrez y Diana lvarez, vinculadas a una ONG colombiana y condenadas por terrorismo en una corte de Bogot, que, segn un informe elaborado en 2006 por Comisin Internacional de Juristas, fueron vctimas de violaciones, castigos fsicos y amenazas de muerte por las autoridades.

La primera reaccin de la fiscala fue retirar a su testigo central, el juez y profesor colombiano Montealegre Lynett como representante del sistema legal colombiano. No obstante, la fiscala decidi este viernes presentar a Montealegre Lynett de todos modos, y fue autorizado a hacerlo por el Alto Tribunal, con la condicin de que no hiciera referencia a ningn documento concreto procedente de Colombia. "A Montealegre Lynett no le ser fcil explicar su papel en un sistema legal que el Alto Tribunal considera marcado por la tortura y la violencia".

Los siete acusados del colectivo "Fighters & Lovers", se enfrentan a penas de hasta 10 aos de crcel por violar el artculo 114b del cdigo penal dans, que castiga el apoyo econmico a grupos terroristas. La acusacin se basa en que en febrero de 2006 la firma anunci que destinara una quinta parte del precio de unas camisetas a Radio Resistencia (vinculada a las FARC) y a un taller grfico del FPLP.

Los magistrados debern determinar si las FARC y el FPLP son organizaciones terroristas, como sostiene la acusacin, o movimientos de liberacin, como afirma la defensa, ya que ah radica si la accin cometida es o no delictiva.

Los acusados fueron absueltos en primera instancia el pasado diciembre, al considerar el tribunal que, de acuerdo a las pruebas presentadas, no se poda concluir que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Frente Popular para la Liberacin de Palestina (FPLP) sean organizaciones terroristas.

El juicio comenz en el Alto Tribunal de Copenhague este martes, 3 de septiembre, y continuar durante la prxima semana. Se prev que la sentencia sea emitida el 11 de septiembre. Las audiencias del tribunal son abiertas al pblico. Comienzan a las 9:30 a.m. en la siguiente direccin de Copenhague: stre Landsret 3. afdeling, Bredgade 59.

Decisin trascendental
El rechazo de la justicia danesa a las evidencias procedentes del Estado colombiano, por estar viciadas en origen, marca un importante precedente legal, en momentos en que el Gobierno colombiano ha emprendido una campaa de criminalizacin y persecucin judicial contra varias personas que se comprometieron con el acuerdo humanitario.

Es el caso de la cooperante Remedios Garca, en Espaa; de la senadora liberal Piedad Crdoba, de los periodistas Carlos Lozano y William Parra, en Colombia; o de la asambleista constituyente ecuatoriana Mara Augusta Calle. Todos estn acusados de supuestos nexos con las FARC por el Estado colombiano, pero la nica prueba que aporta la fiscala son archivos y documentos presuntamente incautados en las computadoras atribuidas al comandante guerrillero asesinado por el Ejrcito colombiano en territorio ecuatoriano.

Siguiendo la doctrina jurdica estadounidense de "los frutos del rbol envenenado", cualquier prueba obtenida ilegalmente, es nula jurdicamente y no puede ser usada en un juicio. Es lo que ocurre en el caso del famoso "computador de Ral Reyes", donde concurren todo tipo de ilegalidades: violacin del espacio areo ecuatoriano, violacin territorial, violacin a los derechos humanos de los prisioneros y ejecucin de heridos y prisioneros de manera extrajudicial.

Esto, aadido al hecho de que el propio informe forense de INTERPOL sobre los equipos informticos supuestamente incautados a las FARC en la incursin militar del 1 de marzo de 2008, asegura que entre el 1 y el 3 de marzo hubo irregularidades (manipulacin de archivos) y no se sigui el protocolo internacional de cadena de custodia que admitira un tribunal.

El abogado de Remedios Garca, Enrique Santiago, afirma que "el origen ilegal de las pruebas o indicios que dan origen a las actuaciones vicia todo el procedimiento, incluidas las pruebas incriminatorias obtenidas de forma lcita con posterioridad.


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