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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 23-09-2008

Entre la muerte y la esperanza

Wladimir Painemal
www.azkintuwe.org


En Bolivia se est en presencia de una abierta lucha ideolgica por el poder. En este escenario, por parte de los prefectos opositores, se blanden los mtodos ms siniestros de la guerra sucia, donde los medios de comunicacin cumplen un rol destacado, obviando realidades, negando hechos y generando ambientes de ingobernabilidad, algo conocido por todos quienes vivimos en Wallmapu. Un reporte desde la Paz del enviado especial de Azkintuwe.

Conmocin es la palabra que puede describir el ambiente que se vive por estos das en Bolivia. Mientras se van conociendo los detalles de la masacre de El Porvenir ubicado en el oriental Departamento de Pando, la indignacin se ha tomado la capital del pas andino, donde miles de personas recorren sus calles exigiendo justicia. La cantidad de muertos ha variado mientras siguen llegando detalles de la masacre. Los cuerpos encontrados hasta el momento suman 20 y presentan seales de tortura, descuartizamiento y estrangulamiento. De acuerdo a datos oficiales se calcula en 100 los desaparecidos al interior del monte, entre ellos nios y mujeres. Los informes hablan adems de fosas comunes que fueron hechas para ocultar los crmenes.

Decenas de heridos no han podido acceder adems a los centros de salud por el temor de ser agredidos por los cvicos. Los sobrevivientes aterrorizados relataron a los medios que muchos nios fueron lanzados al ro y no ser posible encontrarlos por la presencia de piraas. Un detalle macabro de lo acontecido en El Porvenir el pasado 11 de septiembre es que la mayora de los muertos son dirigentes indgenas, rematados en su gran mayora con un disparo a quemarropa en el corazn. El prefecto de Pando, Leopoldo Fernndez, dueo del 70 por ciento de las tierras del departamento, es el principal inculpado. Su accionar fue ms el de un terrateniente defendiendo sus bienes que de una autoridad.

Fernndez es lejos el principal opositor al proceso de reforma agraria impulsado por el gobierno de Evo Morales. Est acusado de financiar, apoyar y promover escuadrones de la muerte, entre los cuales se encuentran ciudadanos brasileos, peruanos y colombianos, llevados a la zona para luchar en contra de campesinos indgenas que reivindican sus territorios histricos. Actualmente se encuentra detenido por los cargos de terrorismo, asociacin delictuosa y asesinato. Aun as, se le han brindado todas las garantas de un debido proceso. La televisin lo muestra hablando ante la prensa con la confianza de que saldr victorioso de esta acusacin; lo ha visitado incluso una Comisin de la ONU para conocer su estado de salud. La Iglesia de Santa Cruz se dispone a realizar una misa a su favor y tambin para orar por los otros inculpados. Frente a ello, resulta inconcebible para un observador externo el abandono que estas mismas instancias hacen de las vctimas.

A esta situacin se suma la persecucin general a las organizaciones indgenas del oriente boliviano, quienes se han declarado en clandestinidad. La Confederacin de Pueblos Indgenas del Oriente (CIDOB) denunci la constante agresin y amenazas de muerte a mujeres e hijos e hijas de dirigentes. Pero a pesar de la situacin de agresin que han sufrido, la organizacin reiter su vocacin de vivir con paz y dignidad. Actualmente se mantienen tomadas las instituciones pblicas de varios departamentos de la media luna y paulatinamente se liberan los aeropuertos. Sin embargo, la situacin se mantiene en tensin a pesar de los esfuerzos por posicionar una mesa de dialogo. Sobre 20 mil campesinos indgenas mantienen bloqueados los accesos a Santa Cruz exigiendo se entreguen las dependencias oficiales. Muchas de las instituciones tomadas son aquellas que catastran las tierras usurpadas y cuyos documentos han ido paulatinamente desapareciendo.

Si bien en un comienzo la oposicin haba condicionamiento el dilogo a la liberacin del prefecto Fernndez, la presin nacional e internacional, incluido el potente respaldo de UNASUR al gobierno constitucional de Morales, pudo crear las condiciones para que el dilogo se iniciara finalmente en Cochabamba. La actitud de la oposicin molest de sobremanera a las organizaciones sociales, quienes en los ltimos das se han volcado a las calles dejando en claro que una cosa es el dilogo poltico y otra la responsabilidad criminal de Fernndez. El propio Evo Morales inst este sbado al Poder Judicial a cumplir su rol constitucional sancionando a los responsables de las actos terroristas contra las entidades del Estado y de la masacre en el departamento de Pando. Lo que pas en Pando es algo totalmente inhumano, imperdonable. Yo quiero pedir a la justicia boliviana realmente hacer justicia, que escuchen lo que pide el pueblo, inst el Mandatario.

Morales seal que el tercer Poder del Estado tiene que proteger el Estado de derecho, pues afirm que existen pruebas sobre el crimen de lesa humanidad por el que se inici una investigacin al ex prefecto pandino. Dijo que basta escuchar los testimonios de las decenas de heridos y familiares de las vctimas de esa matanza. El poder en base a la plata y las armas no es la solucin para los pueblos de esa regin y del pas en general, remarc en alusin a la anterior administracin en Pando. Tambin pidi a las autoridades judiciales abrir procesos contra las personas involucradas en la toma de instituciones pblicas y sabotajes a plantas distribuidoras de energticos en los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. La guerra comunicacional

Los medios de comunicacin, manejados en su mayora por la oposicin, se han volcado a defender los derechos del prefecto de Pando, dando espacios a lderes de la oposicin blanca para que denosten e injurien sin contrastar ninguna de las afirmaciones que estos realizan. Declaraciones que en otros regmenes democrticos podran significar sendas querellas por injurias, en Bolivia no generan la menor preocupacin en los editores de medios. La consigna pareciera ser mentir, mentir que algo queda. En la prensa escrita, por citar un caso, no hay mencin alguna a los derechos de los masacrados, no se realizan coberturas desde el lugar de los hechos, no se publican los listados oficiales de heridos, desaparecidos y muertos, menos aun posible encontrar galeras de imgenes de lo acontecido. Puede avanzar la refundacin de Bolivia sin plantearse Morales disputar la hegemona de la prensa opositora? La pregunta ronda en el ambiente.

Los nudos de argumentacin de los grandes medios denuncian una manipulacin manifiesta de los hechos y datos entregados por el gobierno. Se afirma desde la oposicin que el prefecto no podra haber sido detenido, pues fue elegido por el voto popular. Desde cundo ser electo democrticamente garantiza a las autoridades impunidad para cometer crmenes? Por otro lado se deja en entredicho la responsabilidad del estado nacional para prevenir y cautelar el derecho de las personas que estaban siendo masacradas, una acusacin a todas luces surrealista. La oposicin a transformado al prefecto Fernndez en su arma de lucha, esgrimiendo argumentos jurdicos que distan mucho de instrumentos internacionales que castigan el genocidio. Apoyados por instituciones como el Colegio de Abogados, de marcado sesgo ideolgico anti Evo Morales, argumentan hoy una serie de supuestos delitos cometidos por el gobierno en la pasada crisis. El diablo vendiendo cruces.

En Bolivia se est en presencia de una abierta lucha ideolgica por el poder. En este escenario, por parte de los prefectos opositores, se blanden los mtodos ms siniestros de la guerra sucia, donde los medios cumplen un rol destacado, obviando realidades, negando hechos y generando ambientes de ingobernabilidad, algo conocido por todos quienes vivimos en Wallmapu. Otro actor y en absoluto secundario en la crisis lo constituye el gobierno de George Bush. Por ello, en los ltimos das, un grupo de 90 lderes acadmicos de todo Estados Unidos demand que Washington revele los nombres de los grupos de oposicin que financia en Bolivia. Y que corte ese apoyo econmico a aquellos que fomenten la violencia en contra del Gobierno constitucional. La misiva fue entregada este sbado a la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, con copia al embajador Philip Goldberg, declarado "persona non grata" y expulsado de Bolivia hace ocho das. Tambin se remiti a los candidatos presidenciales Barack Obama (Demcrata) y John McCain (Republicano).

En la misiva, los acadmicos pidieron que Estados Unidos condene sin equvoco los mtodos violentos, destructivos y antidemocrticos empleados por miembros de la oposicin 'pro-autonoma' en Bolivia y cese cualquier tipo de apoyo a grupos que fomenten la violencia en ese pas. Los acadmicos sealan que tanto los contribuyentes estadounidenses, como el Gobierno y el pueblo de Bolivia, tienen derecho a saber qu fondos estadounidenses estn ayudando a Bolivia. Destacaron en particular que los recientes actos de violencia parecen ser una respuesta organizada de grupos de oposicin que intentan lograr lo que no pudieron en las urnas durante el referendo nacional del pasado 10 de agosto. La carta incluye firmas de 90 acadmicos de universidades como Harvard University, American University, Duke University, Johns Hopkins University, University of California-Davis, Queens College, New York University, y Purdue, entre otras .

* Antroplogo, subdirector de Azkintuwe.

 



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