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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-09-2008

El gobierno estadounidense afirma que seis aos es un plazo insuficiente para preparar pruebas
Los juicios de Guantnamo

Andy Worthington
CounterPunch

Traducido al ingls por Rebelin por Sinfo Fernndez


Imagnese Vd. que le agarran en Afganistn o en Pakistn, donde Vd. era, posiblemente, un hombre absolutamente inocente, y que le venden para conseguir una recompensa, o que era un soldado musulmn combatiendo contra otros musulmanes en una guerra civil cuyas races arrancan de la resistencia ante la ocupacin sovitica de la dcada de 1980, que fue parcialmente financiada por los Estados Unidos.

Imagnese despus que, tras ser tratado con atroz brutalidad por las fuerzas estadounidenses, no le dan oportunidad alguna para poder demostrar que es un hombre inocente atrapado por error, un soldado, o la vctima de cazadores de recompensas, y a cambio le obligan a meterse en vuelo que le traslada al otro confn del mundo hasta una prisin experimental situada fuera del pas de sus captores, donde le empiezan a interrogar sobre sus conexiones con al-Qaida y Osama bin Laden.

En ningn momento se le ofrece la proteccin de las Convenciones de Ginebra (de las que sus captores son signatarios), que se aprobaron para impedir el trato humillante y degradante a los prisioneros atrapados durante tiempo de guerra y tambin para impedir el empleo de la fuerza en los interrogatorios (se les pueden hacer preguntas pero est prohibida cualquier forma de coaccin fsica o mental). Sin embargo, al esforzarse en contestar a las preguntas que le hacen quiz porque no sabe nada ni sobre al Qaida ni sobre Osama bin Laden-, no slo es interrogado implacablemente, sino que es sometido a toda una coleccin de tcnicas de interrogatorio potenciadas [*], que violan la Convencin de Naciones Unidas Contra la Tortura y otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la cual sus captores son tambin signatarios.

Imagnese ahora que, despus de seis aos y medio de encarcelamiento durante los cuales, a diferencia de los criminales culpables del continente estadounidense, Vd. nunca ha sido acusado ni juzgado y tampoco se le ha permitido ni una sola visita de sus seres queridos-, el ms alto tribunal legal estadounidense, en Boumediene v. Bush, decide que Vd. tiene derecho al habeas corpus; es decir, derecho a saber por qu se le mantiene detenido. Y finalmente, imagnese que, en respuesta a esa legislacin, cuando los jueces responsables de examinar las revisiones han ordenado que esos casos deben abordarse tan rpidamente como sea posible y fijan unos lmites que el gobierno debe cumplir, sus captores dan media vuelta y dicen que, despus de mantenerle 2.444 das en Guantnamo, necesitan ms tiempo para preparar el caso contra Vd.

Creo que Vd. se sentira horrorizado y llegara a la conclusin de que ese gobierno est dilatndolo todo por motivos polticos, confiando en evitar as una humillacin antes de las elecciones presidenciales y tratando, sobre todo, de impedir una repeticin del veredicto de Parhat v. Gates, el nico caso revisado desde que el Tribunal Supremo emiti su legislacin en junio, en el cual los jueces ni ms ni menos que dos conservadores y un liberal- dictaminaron que la designacin de Huzaifa Parhat, un musulmn chino, como enemigo combatiente era nula y fustig la calidad de la prueba presentada por el gobierno como algo parecido a un poema disparatado de Lewis Carroll, autor de Alicia en el pas de las maravillas.

Y creo que no andaban muy descaminados con esa opinin. Cuando el Tribunal Supremo dictamin que los prisioneros tenan derecho a una rpida vista del habeas corpus y aadi que aunque fuera inevitable algn retraso a la hora de implementar los nuevos procedimientos, los retenidos bajo vigilancia no deberan soportar ms los costes de esos retrasos, es verdad que no pensaban, transcurridos ya alrededor de tres meses, que el gobierno iba a continuar hacindose el remoln. Inmediatamente despus de la sentencia del Tribunal Supremo, se fijaron una serie de reuniones para designar los jueces que deban revisar los 250 casos y fijar fechas para que el gobierno y los abogados defensores de los prisioneros presentaran sus pruebas. El 11 de julio, la Corte del Distrito encargada de las revisiones le orden al gobierno que presentara los informes a un ritmo de cincuenta por mes, y los primeros cincuenta en la fecha lmite del 29 de agosto de 2008.

Sin embargo, justo antes de la medianoche del 29 de agosto, con slo 22 informes entregados, el gobierno present una mocin instantnea pidiendo ms tiempo, alegando que sencillamente no haba sido consciente de la extensin de los desafos planteados por la gran necesidad que esos casos tenan de informacin clasificada cuando propuso completar la primera serie de informes sobre los hechos para finales de agosto, y pidiendo un alivio parcial y temporal de la orden del 11 de julio. Concretamente, como seal el juez Hogan en su opinin emitida el 19 de septiembre, el gobierno pidi una ampliacin de treinta das. Personalidades de alto nivel el Consejo General en funciones del Departamento de Defensa, el Ayudante del Fiscal General para la Divisin Civil del Departamento de Justicia, y el Director de la CIA- explicaron los importancias recursos y esfuerzos que el gobierno haba dedicado a preparar los informes sobre los hechos y el riesgo de daar la seguridad nacional implcita en ellos al tener que dar a conocer informacin clasificada a personas situadas fuera de la Rama del Ejecutivo.

El juez Hogan, despus de sealar que aplazar el plazo un mes no supona ningn alivio parcial ni temporal, estuvo de acuerdo en conceder la peticin del gobierno. Afirm que, tras revisar las declaraciones, el Tribunal se siente satisfecho de que el gobierno no est dilatndose en un intento por retrasar esas cuestiones ms all de lo que es necesario para establecer las protecciones necesarias a la seguridad nacional asociadas con la desclasificacin de informacin reservada. Estos casos no son normales y corrientes; implican cantidades importantes de informacin sensible y clasificada sobre individuos de los que el gobierno afirma que eran parte o que apoyaban a los talibanes o al-Qaida u otras organizaciones contra que EEUU est inmerso en conflicto armado.

Sin embargo, el juez Hogan afirmaba tambin que el Tribunal admite, a su pesar, la mocin del gobierno, explicando que se senta decepcionado por la falta de cumplimiento por parte del gobierno del plazo fijado por el Tribunal, debido en parte a las seguridades recibidas por el gobierno. Citando declaraciones en las que el gobierno proclamaba que haba intentado cumplir su objetivo y que continuara esforzndose por cumplir el requerimiento de cincuenta casos al mes, el juez Hogan aadi, mordazmente, que el Tribunal no estaba simplemente fijando un objetivo para que el gobierno se esforzara, sino que estaba, ms bien, ordenando al gobierno que presentara al menos cincuenta informes de hechos para finales de mes, seguidos, a partir de entonces, de al menos otros cincuenta ms cada mes hasta que la produccin estuviera completa.

En conclusin, aunque el juez Hogan reconoca que, como el gobierno haba explicado, desde el dictamen del Tribunal Supremo, sus fiscales y otros elementos de mltiples agencias han trabajado mucho y duro, noches y fines de semana, le recordaba al ejecutivo que el gobierno mantiene detenidos ms de seis aos ya a muchos de esos peticionarios, y ya va siendo hora de proporcionarles la oportunidad de examinar completamente la legalidad de esa detencin de una manera rpida y significativa.

Aadi, con un pice de irritacin, que la decisin de conceder a los prisioneros el derecho a examinar completamente la legalidad de su detencin mediante los desafos del habeas corpus no haba cado como una bomba, como el gobierno arga, porque el Tribunal Supremo haba dictaminado ya, cuatro aos antes (en Rasul v. Bush), que tenan ese derecho. Este fue, parece, un comentario mordaz sobre la legislacin aprobada por el gobierno tras el caso de Rasul (el Acta sobre el Trato a los Detenidos y el Acta de las Comisiones Militares), que fue parcialmente revocada y declarada inconstitucional- en Boumediene.

La decisin del Tribunal va a suponer muy poco alivio para los prisioneros que se pudren en Guantnamo mientras el gobierno hace todo lo que est en su poder para evitar exponer sus razones o la falta de ellas- para retenerles all, pero muestra, al menos, que los jueces responsables de revisar sus casos estn prestando atencin.

N. de la T.:

[*] Vase a ese respecto el artculo Torturando en la oscuridad de Stephen Soldz, Brad Olson, Steve Reisner, Jean Maria Arrigo y Bryant Welch: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=70813

Andy Worthington es un historiador britnico y autor del libro The Guantnamo Files: The Stories of the 774 Detainees in Americas Illegal Prison, publicado por Pluto Press. Su pgina en Internet es: www.andyworthington.co.uk. Puede contactarse con l en:

[email protected].

Enlace con texto original:

http://www.counterpunch.org/worthington09242008.html





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