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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-10-2008

Comunicado del Comit Ejecutivo de la Federacin Internacional de Ateos (FIdA)
Ante la decisin del Supremo con respecto al registro de apostasas

Rebelin


La decisin, hecha pblica hoy por el Tribunal Supremo de Espaa, de eximir a la Iglesia catlica de la obligacin de anotar el derecho de apostasa en sus partidas de bautismo, al considerar que estos libros de registro no tienen la categora de ficheros y, por ello, no estn sometidos a la Ley de Proteccin de Datos, pone de relieve un aspecto de la cuestin que pocos haban abordado hasta ahora. La ofensiva del movimiento apstata, basada en el sometimiento de la Secta al imperativo legal, y estructurada en forma de sencillas iniciativas -incluso personales- carentes de cualquier estrategia poltica, ha obtenido finalmente el nico resultado posible: poner de manifiesto el descontento de una cierta parte de la poblacin con las decisiones de la jerarqua eclesistica, pero sin llegar a establecer un formato jurdico que ponga lmites a la intromisin del derecho cannico en aquellas circunstancias en las que se superpone a la normativa espaola e internacional.

Si por un lado viene a corroborar las sospechas surgidas tras el nombramiento del ultracatlico Carlos Dvar como Presidente del Consejo del Poder Judicial y del Supremo una jugada de los socialistas que servir como excusa para dejar en suspenso la aprobacin de leyes con fuerte componente ideolgico como la de la Eutanasia y la Ley de Plazos del aborto-, por otro establece definitivamente la doctrina de la separacin entre el espacio pblico y las convicciones religiosas. Y es aqu donde la decisin del Tribunal Supremo viene a poner en claro la necesidad de una nueva o no tan nueva- forma de abordar el modelo por el que una parte de la ciudadana pueda ejercer su derecho a dejar de formar parte oficialmente de una iglesia y, en consecuencia, a no ser encuadrada en los informes y estadsticas que deriven en suposiciones susceptibles de ser utilizadas como argumento cuantitativo para obtener ciertas ventajas o mantener privilegios histricos.

La estrategia de denuncia ante la Agencia Espaola de Proteccin de Datos se ha revelado intil, cuando no contraproducente. Se pretendi un derecho a la anulacin que tropezaba con dificultades tcnicas insolubles, o que facilitaba no slo el mantenimiento de los anteriores registros de datos, sino la creacin de nuevos ficheros en los que constaban, en posesin de la Iglesia catlica, los nombres de quienes haban decidido exiliarse de ella. Decisin correcta, pues, la del TS, puesto que evita la posible utilizacin fraudulenta de los informes eclesisticos, y, definitivamente, establece la vacuidad del derecho cannico, aun amparndose en los Acuerdos de 1979 entre la Espaa preconstitucional y el Estado Vaticano. Si bien stos acordaron la inviolabilidad y la confidencialidad de los archivos eclesisticos, una interpretacin correcta de la sentencia debe conducir a la constatacin de que no son los organismos catlicos los que deben controlar el flujo de su emigracin, sino que sta puede y debe ser vigilada por los mecanismos propios del Ministerio de Justicia, y especficamente por la Direccin General de Asuntos Religiosos.

Es a sta a la que corresponde la ordenacin del ejercicio de las funciones de las entidades religiosas, y la resolucin de los recursos en va administrativa que se ejerzan contra los actos derivados del ejercicio de dichas funciones. En particular, el organismo encargado de esta tarea es la Subdireccin General del Registro y Relaciones Institucionales, que debe adaptarse a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unin Europea, cuyo captulo referente a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religin se expresa del modo siguiente: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religin. Este derecho implica la libertad de cambiar de religin o de convicciones.

Quin puede sostener, tras la reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, que es la secta del crucificado la detentora del derecho a modificar sus registros histricos, o la autoridad ante la cual, instancia tras instancia, el apstata de una religin ha de someter su voluntad o solicitar nada? Carece de sentido criticar la decisin del Supremo, como algunos colectivos de apstatas se han apresurado hoy a hacer. La negacin de la fe cristiana o de la musulmana, o de cualquier otra apoyada en la ficcin religiosa- forma parte de una decisin individual a la que asiste el derecho, y no puede ser mendigada ante los mismos a quienes esta decisin rechaza como autoridad moral.

Consecuencia obvia: la exigencia de que sean los organismos pblicos quienes registren legalmente la negativa a seguir siendo contados entre el rebao de fieles de una determinada institucin religiosa, a efectos de reducir el impacto propagandstico que stas realizan de su contabilidad interna. La FIdA emprender en este sentido, en breve, iniciativas tendentes a que la Direccin General de Asuntos Religiosos adopte las herramientas necesarias para liberar a la Iglesia catlica de la tediosa tarea de revisar sus registros de bautismo ante la insidiosa postura de quienes renuncian a los beneficios celestiales. Dejndoles as el tiempo necesario para que se dediquen de lleno a lo suyo: la extorsin, la intromisin poltica y la insistencia fundamentalista de ocupar y manipular el mbito pblico.

No nos contentaremos con ello, lamentablemente. Y seguiremos ofendiendo a obispos, nuncios y cardenales hasta que, por fin, consigamos que nos enven al infierno. Pero eso ya forma parte de otra estrategia.



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