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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 03-10-2008

El grupo de Reyes Villa malvers recursos del IDH y enga al Ministerio de Hacienda con la compra de lujosos vehculos blindados en vez de maquinaria pesada
La Prefectura de Cochabamba preparaba el terreno para una guerra civil

Wilson Garca Mrida
Bolpress


(Datos & Anlisis).- El dictamen final de la Contralora General de la Repblica que establece una malversacin de ms de medio milln de dlares por la compra dolosa de lujosos vehculos que eran usados para campaas de proselitismo poltico, y nada menos con recursos del IDH, es apenas la punta del ovillo de una interminable madeja de corrupcin, similar a la descubierta en Pando bajo la gestin de Leopoldo Fernndez, donde el aparato prefectural era utilizado improductivamente con la nica finalidad de crear el ambiente propicio para imponer, a la fuerza, una "autonoma departamental" inmoral y sediciosa.

Los ex funcionarios prefecturales Manfred Reyes Villa Bacigalupi, Johnny Ferrel Soria Galvarro, Adolfo Aponte Zambrana y Gustavo Navia Mallo, conjuntamente los empresarios Roberto Dick Noya y Carlos Enrique Paz Grozdanovic, deben devolver a la Prefectura de Cochabamba la suma exacta de 3'632.743 bolivianos, equivalentes a 553.909 dlares, por la malversacin realizada con la compra dolosa de lujosos vehculos para uso suntuario de Reyes Villa y sus colaboradores. Varios de esos motorizados venan con blindajes antibala y vidrios raybanizados como para desplazarse en situaciones de guerra.

Semejante gasto improductivo se produjo desembolsando recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que fueron sonsacados al Ministerio de Hacienda, con mala fe, bajo el argumento falso de que ese dinero sera destinado a la adquisicin de maquinaria pesada, lo cual nunca se produjo, ya que dichas unidades motorizadas fueron usadas para el desplazamiento de los "boys" de Reyes Villa en sus afanes conspirativos contra el gobierno central.

El economista Gabriel Herbas, presidente de la Comisin de Hacienda de la Cmara de Diputados que investig el hecho, sostiene que la compra ilegal de esos vehculos ha producido un innegable dao econmico a la Prefectura de Cochabamba, previsto por la Ley Safco (de fiscalizacin y control gubernamental), con el agravante de que la reparticin prefectural que deba beneficiarse con esa adquisicin, el Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), no recibi una sola de las vagonetas.

La operacin ilegal realizada por los funcionarios prefecturales consisti en la compra de 26 vehculos livianos, muy lujosos, como 13 vagonetas que costaron ms de cuatro millones de bolivianos, adems de 12 camionetas y un minibus por un monto aproximado de 3 millones de bolivianos, adquiridos de las empresas Toyosa y Taiyo Motors, totalizando un gasto de siete millones de bolivianos. La mitad de ese monto debe ser devuelto por los malversadores.

El diputado Herbas inform que para proceder con aquellas adquisiciones suntuarias (que como tales estn prohibidas legalmente) se usaron fondos provenientes del IDH aprobados y otorgados por el Ministerio de Hacienda, en base a una solicitud oficial presentada por la Prefectura de Cochabamba a fines del 2006 con el argumento falso de que ese dinero sera destinado a la compra de maquinaria pesada para el Sedcam, hecho que nunca se produjo. Para colmo, los vehculos comprados no llegaron jams al Sedcam, lo cual tambin motiv un reclamo de la Contralora.

El dictamen oficializado el pasado 8 de septiembre por el Contralor General de la Repblica, Osvaldo Gutirrez Ortiz, establece claros indicios de Responsabilidad Civil "por la prdida de activos y bienes del Estado por negligencia e irresponsabilidad, por apropiacin y disposicin arbitraria de bienes patrimoniales del Estado y por incumplimiento de contratos".

Pese a que los malversadores intentan neutralizar a la Contralora mediante una accin chicanera en un juzgado civil, Gabriel Herbas anunci que la Comisin de Hacienda que preside, conjuntamente el Ministerio del ramo, iniciar tambin una accin penal ya que, "adems del dao econmico civil que sufri el patrimonio departamental, se ha incurrido en flagrantes delitos de falsedad material e ideolgica y estafa, que si no se subsanan con la devolucin de los montos defraudados, tendrn que pagar los responsables una pena de crcel, sin duda", anunci el diputado cochabambino.

"No slo se ha producido una flagrante malversacin de fondos con fines improductivos, sino tambin se ha obrado delictivamente al engaar y sorprender en su buena fe al Ministerio de Hacienda, sonsacndole recursos del IDH con la mentira de que ese dinero ira a la compra de equipos pesados para el Servicio de Caminos, y lo que se ha comprado son vehculos de lujo para beneficio personal de Reyes Villa y sus amigos", precis Herbas.

Ineficiencia y malversacin

Segn una investigacin periodstica realizada por la reportera de Los Tiempos Gisela Alccer -quien adems viene realizando un prolijo seguimiento del caso- la compra de los 26 vehculos suntuarios a tan astronmicos precios contrasta ante los destartalados motorizados con que unidades operativas de la Prefectura realizan sus desplazamientos a las reas rurales del Departamento, mientras los ociosos colaboradores de Reyes Villa hacan gala de ostentacin paseando en los lujosos toyotas ltimo modelo dentro la ciudad.

"Al otro lado de la medalla" -inform la periodista investigadora- "los tcnicos que viajan constantemente a las provincias lo hacen en autos que fueron fabricados entre 1984 y 1999, que en muchos casos ya cumplieron su vida til por el tipo de trabajo que realizan".

Gisela Alccer record que Reyes Villa haba justificado la compra de los 26 lujosos motorizados debido a que "los autos en la institucin eran un peligro, por lo viejos que estaban".

"La distribucin de los vehculos dentro de la Prefectura es tan inequitativa" -observ la periodista investigadora-, "que siete de las 26 nuevas vagonetas compradas por la institucin quedaron en el despacho para transportar al Prefecto; en Seguridad Ciudadana para movilizar a su equipo de seguridad; en la Secretaria General y a cargo de las mximas autoridades de las secretaras de Hidrocarburos y Desarrollo Productivo, adems de haber enviado una a la oficina de enlace en La Paz, tambin exclusivamente para el transporte personal del Prefecto".

Del otro lado, "el secretario general de Planificacin, oficina encargada de las obras que ejecuta la Prefectura en el rea rural, se traslada en una motocicleta; en Electrificacin Rural hay camionetas y jeeps que datan de 1986 y 1988, igual el Dripad, que es la entidad que brinda apoyo a la poblacin que sufre por los desastres naturales, moviliza a sus tcnicos en autos de 1986 y 1987".

En un informe publicado el pasado 3 de julio, la periodista de Los Tiempos report que "mientras las corporaciones que controlan la ejecucin de los proyectos en las provincias, como la zona andina o el cono sur, ni siquiera tienen vehculos asignados, las oficinas centralizadas en la ciudad de Cochabamba, como Comunicacin, Auditora, Jurdica, Turismo y Relaciones Pblicas, se desenvuelven en motorizados que datan de 1997 y 2001".

La Autonoma de la Corrupcin

Otro dato revelador que surgi de la investigacin y seguimiento efectuados por Los Tiempos, se refiere a las falsificaciones que sufrieron las placas de aquellos vehculos oficiales adquiridos dolosamente, y su uso de manera encubierta dentro la ciudad cual si se tratase de movilidades de uso privado, con blindajes antibala y vidrios raybanizados varios de ellos segn constat Datos & Anlisis.

En su informe del pasado 4 de julio, la periodista Gisela Alccer dio cuenta que "la Contralora detect que la Prefectura no puso placas oficiales a estos vehculos ni logotipos del gobierno departamental, y verific que estos autos tienen las plaquetas amarillas (oficiales) repintadas de blanco, algunas con abolladuras o destruccin de partes".

Aquella es una de las 22 irregularidades -detectadas por la Contralora- que vulneran la Ley Safco (de fiscalizacin y control gubernamental), en cuyo artculo 131 se establece que "los servidores pblicos quedan prohibidos de daar o alterar las caractersticas fsicas o tcnicas de los bienes. La no observancia a estas prohibiciones generar responsabilidades".

Hernn Mndez, que funga como director prefectural de Recursos Humanos, justific con desagradable cinismo aquella alteracin de las placas oficiales y la omisin de logos institucionales para distinguir a esos vehculos, afirmando que se los encubri de ese modo "para impedir que los cocaleros y los agitadores enviados por el Gobierno que buscan derrocar al seor Prefecto, no destruyan a pedradas esos bienes del Estado".

La prepotente y prejuiciosa justificacin de Mndez desenmascar el carcter altamente politizado y sedicioso en que se enfrasc la gestin de Reyes Villa, como parte de la estrategia separatista con que se pretendi involucrar a Cochabamba apoyando las acciones encabezadas desde Santa Cruz por el potentado latifundista Branco Marinkovic y auspiciadas por el embajador Goldberg.

Est claro que Reyes Villa y su grupo desplegaron todos los recursos logsticos, administrativos y financieros de la Prefectura de Cochabamba, incluyendo los dineros del IDH, para generar un clima de desestabilizacin y guerra civil en este Departamento, en un ambiente de absoluta corrupcin y prebendalismo como es norma en todo rgimen fascista.
La prueba de que los 26 costosos y lujosos vehculos fueron adquiridos para el desplazamiento sedicioso de los operadores polticos de Reyes Villa, se produjo en febrero de este ao, cuando uno de estos flamantes motorizados sin placa oficial sufri un accidente de trnsito embistiendo a un taxi en pleno centro de la ciudad, pasada la medianoche. El conductor del vehculo se hallaba en completo estado de ebriedad. Era Henry Rico Garca, ex alcalde de Totora en el gobierno de Paz Zamora, quien manejaba la vagoneta encubierta en su condicin de Secretario Departamental de Corporaciones de la Prefectura.

Rico admiti que se hallaba borracho cuando conduca el vehculo prefectural recin comprado, pues la polica de trnsito le practic un examen de alcoholemia irrebatible. "No lo voy a negar", dijo el funcionario con su proverbial desparpajo mirista. "Fui a trabajar al rea rural, y ah me invitaron tutumas de chicha, result muy difcil negar la invitacin que me hicieron los comunarios del lugar".

Por su parte, el secretario general, Jhonny Ferrel, quien fue el principal promotor de las dolosas adquisiciones, sac la cara por Rico afirmando que ese da, nada menos domingo, realizaba una sacrificada labor en las provincias. "Al final de la tarde le prepararon una reunin porque era su cumpleaos", arguy Ferrel con idntico cinismo.

La Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Pblico es tajante en su artculo 9 que prohbe "realizar actividades polticas partidarias y de inters particular durante jornada laboral o en el ejercicio de sus funciones". Dicha ley prohbe tambin "utilizar inmuebles, muebles o recursos pblicos en objetivos polticos, particulares o de cualquier otra naturaleza que no sean compatibles con la especfica actividad funcionaria".

Segn el consejero prefectural Miguel Guzmn, representante de la Provincia Carrasco, Henry Rico era el principal agitador poltico enviado por Reyes Villa a las provincias para desprestigiar al gobierno de Evo Morales y dividir al movimiento campesino. "La Secretara de Corporaciones, a cargo de Rico, fue creada para promover paralelismo institucional en los municipios rurales de Cochabamba", denunci el consejero.

Rico utilizaba la mayor parte de su tiempo como funcionario apareciendo constantemente en los canales de televisin, y usando recursos prefecturales, para atacar e insultar al presidente Evo Morales en una franca instigacin pblica a la sedicin.

Junto con un grupo de parlamentarios, abogados y periodistas financiados por USAID y la CAINCO, Rico operaba como uno de los principales promotores de un nuevo "referndum autonmico" en Cochabamba previsto para el pasado mes de septiembre, cuando estall la arremetida golpista de la "media luna" desembocando en la tragedia de Pando.

fortunadamente, el referndum revocatorio del 10 de agosto salv a Cochabamba de sufrir un nuevo 11 de Enero, evitndose que esta estrategia corrupta sea impuesta desde una Prefectura controlada por las ya bien visualizadas fuerzas balcanizadoras que estn asolando a Bolivia.


Fuente: http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2008100202




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