Portada :: Europa :: Jornada de 65 horas, vuelta al siglo XIX
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 13-10-2008

La directiva de las 65 horas, tan slo la punta del iceberg de las polticas antiobreras de la Unin Europea

Vidal Aragons Chicharro
Corrent Roig


Un gran nmero de organizaciones sindicales, polticas y sociales han lanzado campaas unitarias contra la Directiva de las 65 horas que tuvieron una culminacin parcial el 7 de octubre de 2008, coincidiendo con la convocatoria simblica que realiza la CES a nivel europeo.

Si bien es un acierto mostrar la Directiva sobre tiempo de trabajo como un gran ataque a los Derechos de la clase trabajadora, en la prctica, tanto comparativamente con otras decisiones de las instituciones de la Unin Europea, como por encontrarse en tramitacin, es tan slo la punta del iceberg de las polticas antiobreras emanadas de las Instituciones Europeas en el ltimo ao: tiempo de trabajo; extensin de las ETTs, limitacin de la negociacin colectiva, salarios y participacin del Estado y los trabajadores en las empresas estn siendo cuestionadas en una realidad sin precedentes desde la creacin de las CEE.

Del garantismo de las instituciones europeas al ataque a los derechos laborales.

Lo que hoy es la Unin Europea y se nos pretende vender como Europa encuentra su origen en diferentes Tratados de carcter econmico solicitados por las burguesas europeas para superar las limitaciones que supona el Estado nacin tras la II Guerra Mundial. Con la divisin mundial del trabajo, el desarrollo del mercado mundial y la consolidacin de las multinacionales, el Estado nacin entra en contradiccin con el desarrollo capitalista, siendo el Mercado Comn el mecanismo para intentar superar esa limitacin.

La Unin Europea, del Siglo XXI, se consolida y desarrolla como una unin aduanera para la defensa del capitalismo europeo en competencia con el estadounidense y asitico. Nada que ver con el anhelo de unidad poltica.

Durante aos la Unin Europea, a travs de Directivas y Reglamentos, ha impulsado una mnima armonizacin del Derecho Laboral de los distintos Estados miembros; incluso en relacin a algunas materias (prevencin de riesgos laborales, principio de igualdad, conciliacin de vida laboral y familiar, supuestos de insolvencia) las Instituciones de la UE tuvieron un efecto garantista sobre el Derecho Laboral. Ello no encuentra su origen en el supuesto carcter progresista de las Instituciones Comunitarias sino en la presin ejercida por los sindicatos que basaban su accin sindical en la movilizacin. La defensa de los intereses de clase por parte de los sindicatos europeos y el desarrollo de la economa en el periodo 1945-1973 o 1980-1992, supuso para los trabajadores la mejora de sus condiciones materiales y derechos sociales a niveles inimaginables, si bien en el Estado espaol el retroceso es permanente en los ltimos 25 aos.

En el ltimo ao diferentes Instituciones Comunitarias han impulsado medidas que suponen un retroceso de dcadas en los Derechos de los trabajadores y un ataque a la lnea de flotacin del Derecho Laboral. La Directiva del tiempo de trabajo ha sido sin duda bandera para las organizaciones sindicales y polticas de izquierdas para mostrar su oposicin a las nuevas tendencias de la Unin Europea (como en su momento lo supuso la Directiva Bolkenstein) pero no es en ningn caso ni tan siquiera la medida que desde un punto cuantitativo o cualitativo supone el mayor ataque.

La propuesta de la Comisin de Directiva sobre tiempo de trabajo (Directiva de las 65 horas) que entre otras cuestiones regula la clusula opt-out (pactos privados sobre aumento de la jornada laboral), posibilita la legalizacin de jornadas semanales de trabajo de hasta 60, 65 o 78 horas y redefine el concepto de tiempo de trabajo, dejando de contemplar el tiempo a disposicin de la empresa y manteniendo tan solo el de realizacin de funciones profesionales. Todo ello supone el punto de partida para que las legislaciones estatales desregulen el tiempo de trabajo hasta las 65 horas, as como no considerar tiempo de trabajo el tiempo de presencia.

El tiempo de trabajo no ha sido la nica materia objeto de novedades en las ltimas semanas, aprobndose en paralelo un Proyecto de Directiva que consolida para la totalidad de los Estados miembros la figura de los prestamistas laborales (ETTs en el Estado espaol), haciendo extensible este tipo de empresas a todos los sectores, salvo por motivos de inters general. En el Estado espaol hasta ahora estn excluidas de alguno, la construccin por ejemplo. A su vez se permite que en la negociacin colectiva se fijen condiciones laborales que no se ajusten al principio de igualdad, es decir, que los trabajadores contratados por la ETT no tengan las mismas condiciones que los contratados directamente por las empresas usuarias.

Viking, Laval y Ruffert, tres sentencias contrarias a la negociacin colectiva, el principio de igualdad y el derecho a acciones colectivas.

En cualquier caso, si ha existido en el ltimo semestre un ataque a la lnea de flotacin de los Derechos de los trabajadores este encuentra su origen en las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas conocidas como Laval, Viking Lines y Ruffert, a la que se debera sumar la sentencia Wolkswagen.

La sentencia Laval condena una accin sindical legal de sindicatos suecos contra una empresa letona instalada en el pas nrdico que retribua a sus trabajadores letones en relacin no a los convenios colectivos del lugar de trabajo sino del pas bltico. La resolucin judicial indica que no se ajusta a la legalidad el obligar mediante acciones de conflicto colectivo a que inicie negociacin sobre cuestiones salariales de los trabajadores desplazados. Ello tiene como efecto que los convenio colectivos del lugar del prestacin de servicios no sean de aplicacin.

La sentencia Viking Lines no estima ajustada a derecho la actuacin de un sindicato de marineros finlandeses (ni del federacin internacional ITF) que desarrollaban acciones de solidaridad colectiva para que no se permitiese matricular en Estonia un buque de su pas con el objetivo de burlar la aplicacin de los convenios colectivos de Finlandia. La resolucin del mximo tribunal europeo seala que medidas de conflicto colectivo como las realizadas contra Viking Lines, constituyen restricciones a la normativa europea. Lo anterior no slo supone un ataque a la negociacin colectiva sino al derecho a huelga.

La sentencia Ruffert seala como no ajustada a derecho la normativa del Estado alemn de Baja Sajonia que impona la obligacin de realizarse contratos pblicos con empresas que retribuyan en relacin al salario mnimo del convenio colectivo de la zona, dando as la razn a una empresa polaca subcontratada del sector de la construccin que pretende abonar retribuciones de su pas, prcticamente un 50% inferiores a las alemanas. La resolucin judicial que fundamenta su decisin en el derecho a la libre prestacin de servicios y la competencia, parece haber creado escuela, habindose realizado en el Estado espaol durante los ltimos 9 meses actuaciones de la Comisin Nacional de la Competencia que sancionan a sindicatos por establecer en convenios colectivos precios mnimos para los servicios, contratas o concursos a que puedan presentarse empresas.

La sentencia Wolkswagen, declara no ajustado a derecho tanto el voto cualificado de la Administracin Pblica (Estado de Baja Sajonia) que participa en el Consejo de Administracin como la presencia de dos miembros del Comit de Empresa en en el Consejo de Vigilancia Volkswagen. Se limita as tanto la participacin pblica en la economa como la representacin de los trabajadores en las empresas.

Las sentencias anteriores son una plasmacin de las teoras reaccionarias ya vertidas en el primer proyecto de Directiva Bolkestein, el Libro Verde para la Modernizacin del Derecho del Trabajo y en el concepto de la flexiseguridad (flexiprecariedad para los trabajadores). Suponen, a su vez, un quebranto de la negociacin colectiva, el derecho a acciones colectivas y el principio de igualdad, instituciones bsicas en el Derecho del Trabajo y conquistas sociales de la clase trabajadora.

Crisis econmica y directiva de la vergenza

Contrarreformas laborales y sentencias que limitan derechos sociales no aparecen en un momento cualquiera sino que son la respuesta capitalista a la falta de crecimiento de la economa europea.

El inevitable estancamiento econmico, generado por la propia naturaleza del capitalismo, tan slo encuentra solucin desde un prisma patronal a travs de reduccin de costes, entindase rebajar niveles salariales. Parece ser que la cierta profundidad que puede tener la crisis econmica lleva al lobby patronal instalado en los Despachos de Bruselas, a exigir y justificar medidas que van ms all de la simple reduccin de costes, sino que encontraran su objetivo en mermar aquellos elementos que colectivamente han permitido a los trabajadores conquistas sociales. Hablamos de la negociacin colectiva, derecho a huelga y acciones colectivas.

Sealar que los sindicatos quiebran la libertad de establecimiento y competencia cuando fijan precios mnimos es responder con la misma argumentacin que a principios del S.XX se persegua y encarcelaba a sindicalistas: maquinar para alterar el precio de las cosas.

A su vez permitir que una empresa no aplique el convenio colectivo del lugar de prestacin de servicios supone un quebramiento total de la negociacin colectiva y abre la puerta a salarios miseros y competencia fraticida.

Por ltimo, el declarar no legales acciones colectivas legales que pretenden obligar a la negociacin colectiva, es la respuesta que las Instituciones Europeas preparan ante la posibilidad de nuevas oleadas de movilizaciones de los trabajadores. Con independencia que conocen que las direcciones de los sindicatos mayoritarios les van a servir como muletas para atacar a los trabajadores, intuyen que la brutalidad de sus recortes provocarn inevitablemente respuestas organizadas entre las organizaciones de clase. Nos encontramos as con un allanamiento jurdico e ideolgico a la respuesta que la burguesa europea prepara a los trabajadores.

Curiosamente todo lo expuesto coincide con un momento en el que se aprueba la ya denominada Directiva de la Vergenza que permitir, en algunos pases miembros de la UE, privar de libertad hasta 18 meses a trabajadores por el simple hecho de ser inmigrante sin permiso de trabajo ni residencia. Ello no slo quebranta los principios bsicos del Estado de Derecho del que se llenan la boca ( por un ilcito administrativo no se puede privar de libertad a una persona) sino que es contrario a la Convencin Internacional sobre proteccin de todos los trabajadores migratorios y sus familiares en vigor desde el 1 de julio de 1993 pero que prcticamente ningn Estado de la UE ha firmado.

As, mientras la UE permite a las empresas, bajo el principio de libertad de establecimiento, el dumping y la explotacin por la explotacin, priva a los trabajadores no comunitarios de su derecho ms esencial, el derecho a trabajar, convirtiendo la inmigracin en un acto criminal con pena privativa de libertad.

Curiosamente la CES, y las direcciones de los sindicatos espaoles que la forman, han prcticamente ocultado tanto las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas a las que hemos hecho referencia, centrando sus crticas no en el carcter y naturaleza de las Instituciones Europeas y los ataques que estn desarrollando contra los derechos de los trabajadores, sino fijando su campaa en la Directiva de las 65 horas cuya aprobacin es de dudosa seguridad y su aplicacin en el Estado espaol evitable por la falta de acuerdo con los sindicatos. El paro de 15 minutos del pasado 7 de octubre no puede ser el final de algo no iniciado sino el inicio de un proceso de movilizacin contra todos los ataques de las instituciones europeas, en caso contrario podemos enterrar la UE garantista (si es que lleg a existir) y darle la bienvenida a un monstruo antiobrero emanado de las Instituciones Comunitarias.

Barcelona, octubre de 2008.

Vidal Aragons Chicharro es abogado laboralista del Collectiu Ronda.



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