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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 18-10-2008

Las 25 noticias ms censuradas en 2007-08
El Salvador: Privatizacin del agua y guerra global al terrorismo

Jason Wallach/Wes Enzinna/Chris Damon/Jacob Wheeler
NACLA-Upside Down World/The Nation/Peacework/In These Times


La polica salvadorea arrest con violencia a los lderes y residentes de una comunidad que en julio de 2007 reclamaron contra la privatizacin de los sistemas de abastecimiento y distribucin de agua de El Salvador. Los miembros de la comunidad que protestaban por el aumento del precio y la disminucin del acceso y la calidad del agua local privatizada recibieron balas de goma y gas lacrimgeno desde corta distancia.

Catorce personas fueron arrestadas y acusadas de terrorismo, un cargo que puede llegar a castigarse con una sentencia de hasta 60 aos de prisin, bajo la nueva "Ley Anti-terrorista de El Salvador, que se basa en la Ley Patritica (Patriot Act) de EEUU. La criminalizacin de la expresin poltica y de la protesta social seala un peligro alarmante para la paz y los derechos humanos asegurados por los salvadoreos tras una brutal guerra civil de doce aos, en tanto EEUU apoya pblicamente al gobierno de El Salvador, incluyendo la aprobacin de su draconiana ley anti-terrorista que entr en vigencia en octubre de 2006. Sin embargo, los salvadoreos continan luchando porque el agua sea un derecho, no un crimen.

El conflicto que condujo a la pequea comunidad de Santa Eduviges a exigir que su sistema de agua se des-privatice y se ponga bajo el control de la Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillado (ANDA) est listo para ser reactivado ahora que los diputados de la derecha amenazan con aprobar una polmica ley general de aguas en la asamblea legislativa de El Salvador.

El proyecto de legislacin plantea que la administracin del agua cambie su carcter de cobertura nacional a un nivel municipal y requiere que los gobiernos locales otorguen "concesiones" para que firmas privadas manejen el recurso hasta por cincuenta aos. La ley propuesta ha encendido la oposicin de sectores de la comunidad y de las organizaciones sociales que temen una privatizacin total del sistema de aguas del pas.

El Sindicato de Empresa Trabajadores de ANDA (SETA) acus al gobierno de impulsar un plan de desprestigio de la gestin de la agencia del estado para justificar la privatizacin. El presupuesto de ANDA fue reducido drsticamente en 15% en 2005, cayendo a su nivel ms bajo en una dcada, en un pas donde el 40% de la poblacin rural no tienen acceso al agua potable.

SETA contrat media pgina en los diarios de mayor circulacin de El Salvador para dar a conocer los motivos de su oposicin a la Ley General de Aguas que, segn el anuncio, "privatizara el agua y condenara a millares de nuestros compatriotas a sufrir de sed por no tener cmo pagar".

Los miembros de SETA sealaron los resultados devastadores de las recientes privatizaciones de las telecomunicaciones del pas y de la electricidad, que condujeron al despido de millares de trabajadores. Muchos de estos empleados fueron forzados a reengancharse en los mismos trabajos pero por la mitad del salario y sin ninguno de los beneficios que perciban cuando las empresas pertenecan al estado.

Las privatizaciones del agua en Amrica latina tampoco tienen un expediente halageo. El ejemplo ms notorio ocurri con un proyecto impuesto por el Banco Mundial en Cochabamba, Bolivia. El Banco entreg un prstamo condicionado a la privatizacin de los sistemas de agua ms grandes del pas. Cuando el agua de Cochabamba fue concesionada en favor de la empresa estadounidense Bechtel Corporation las tarifas subieron en 200%, encendindose una sublevacin civil que hizo salir del pas a la empresa extranjera, en tanto el sistema del agua fue puesto bajo control pblico. (Censurado 2001, #1).

Despus de Cochabamba, el Banco Mundial retir de su lenguaje la palabra "privatizacin" y la sustituy por "concesiones", "descentralizacin" o "participacin del sector privado". Pero los crticos dicen que an con eufemismos el resultado final es idntico: tarifas ms altas, calidad ms baja y menor acceso.

La presin de las organizaciones internacionales de derechos humanos coadyuv a la liberacin de los activistas de Santa Eduviges, despus de casi de un mes de encarcelamiento. Pero en vez de aflojar su apretn, en agosto de 2007 el Presidente Elas Antonio Saca y su partido de ultra derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) empujaron las reformas del cdigo penal que convirtieron en crimen los delitos menores por conducta desordenada. Tres semanas ms tarde, el gobierno arrest a ocho lderes de un sindicato de enfermeras que protestaron contra la privatizacin de los servicios de salud y la carencia de medicina. Si fueran condenadas, las lderes sindicales podran hacer frente a ocho aos de prisin bajo la nueva Ley Patritica de El Salvador.

"El objetivo de estas leyes antiterroristas no es luchar contra el terrorismo, porque aqu no han existido actos de terrorismo en muchos aos", dijo Pedro Juan Hernndez, profesor de economa en la Universidad de El Salvador y activista. Aadi que el objetivo de la nueva ley es "criminalizar el movimiento social y encarcelar a los lderes de la comunidad".

Los activistas sociales que en El Salvador luchan por el acceso al agua, los cuidados de salud y la educacin, y ahora protestan contra la derecha, ya han visto bastante guerra, dijo Hernndez. "Los orgenes de la violencia estn exclusivamente en la poltica, en el desempleo y en las polticas del gobierno contra la poblacin", explic. "De nuevo hemos regresado al nivel en que nos encontrbamos cuando comenz el conflicto armado", aadi.

El apoyo de Washington a las medidas represivas llega en momentos en que El Salvador sigue siendo el nico pas latinoamericano con tropas en Iraq y fue el primero en firmar el Tratado de Libre Comercio de Amrica Central (CAFTA). La adopcin de una legislacin basada en la Ley Patritica de EEUU y el albergue salvadoreo a la sede de la controvertida Academia Internacional de la Aplicacin de la Ley, ILEA segn su sigla en ingls (vase la historia # 4, sobre la nueva Escuela de las Amricas), convierten a Saca en uno de los aliados ms seguros de EEUU en la creciente militarizacin de su agenda neoliberal para Amrica Latina, que suele confundirse con la llamada Guerra Global al Terrorismo (Global War on Terror).
Actualizacin de Jacob Wheller

Washington ha sido el origen de buena parte de la destruccin que ha cado sobre el pueblo de El Salvador durante la segunda mitad del siglo 20: las corporaciones que se aduearon de la tierra, la destruccin ambiental, el abuso contra los trabajadores, los escuadrones de la muerte y la contrainsurgencia, los tratados comerciales dainos y el bloqueo de los movimientos democrticos. Pero a comienzos del 2009 puede comenzar a escribirse un nuevo captulo positivo en la historia de este pas.

Por primera vez desde los Acuerdos de Paz firmados en 1992, terminada la brutal guerra civil de doce aos, el partido progresista Frente Farabundo Mart para la Liberacin Nacional (FMLN) tiene una opcin razonable de ganar el poder en las elecciones nacionales (la eleccin parlamentaria y municipal ocurrir el 18 de enero de 2009, seguida por la eleccin presidencial el 15 de marzo). En las ltimas encuestas de 2008, el FMLN exhibe una cmoda ventaja sobre el partido derechista ARENA, que ha perpetuado las mismas polticas dainas que condujeron a la guerra civil en 1980.

Si gana el poder, se espera que el FMLN detenga la desastrosa privatizacin del acceso al agua y al cuidado de salud, restaure los derechos de los trabajadores, luche por enmendar los acuerdos de comercio para un reparto ms equitativo que beneficie menos a las corporaciones, ponga fin a la participacin de El Salvador en la ocupacin de Iraq y, en general, siga la trayectoria pavimentada por los gobiernos progresistas latinoamericanos ms pragmticos, como los de Lula en Brasil y Correa en Ecuador, en vez del estilo ardiente y combativo de Chvez en Venezuela. Mauricio Funes, el candidato presidencial del FMLN, ha dicho claro que Washington no est yendo a ninguna parte y que, a pesar de las cicatrices del pasado, est dispuesto a trabajar con el sucesor de Bush.

A fines de 2008 y principios de 2009 escribir para In These Times una serie de historias sobre las prximas elecciones de El Salvador. En ellas espero difundir las voces de quienes raramente se oyen, crnicas de la evolucin del movimiento progresista salvadoreo, desde los rebeldes de la guerrilla a los organizadores de los pueblos y los polticos preparados para dimensionar a San Salvador, e influir para que los medios independientes y la gran prensa de Estados Unidos cubran estas importantes elecciones. Busque, por favor, la futura cobertura de El Salvador en nuestro magazine y en www.InTheseTimes.com.
Actualizacin de Wes Enzinna

Desde la publicacin de mi artculo, y despus de una protesta internacional de los observadores de derechos humanos, se cayeron los cargos contra los trece manifestantes arrestados en Suchitoto. La jueza que instrua el caso, Ana Lucila Fuentes de Paz, quien recibi entrenamiento en la estadounidense Academia Internacional de Aplicacin de la Ley (ILEA), en San Salvador, resolvi que no haba suficiente evidencia para condenar a los manifestantes, quienes arriesgaron hasta ochenta aos de prisin por la "Ley Especial Contra Actos de Terrorismo".

Sin embargo, a pesar de esta positiva decisin, la historia de los 13 de Suchitoto no tuvo un final feliz. El 3 de mayo fue asesinado en el pueblo de Villa Verde Hctor Antonio Ventura Vsquez, de 19 aos, uno de los 13 arrestados y encausados en el caso Suchitoto. Ventura fue golpeado en la cabeza y fatalmente apualado en el corazn por asaltantes desconocidos.

Existe considerable suspicacia de que el crimen tuvo motivos polticos. Y tras el asesinato de Ventura hubo un incremento de los asesinatos polticos contra activistas izquierdistas en El Salvador, entre ellos la muerte en enero de alcalde Wilber Funes, del FMLN. Adems, el crimen ocurri apenas dos das despus de que Ventura acord dar testimonio pblico de su experiencia en el Da Contra la Impunidad, planeado para el 2 de julio de 2008 por el alcalde de Suchitoto. "Dado su rol como uno de los acusados de alto perfil en el caso de contra-terrorismo, la muerte de Ventura pudo tener probablemente motivos polticos", escribi un miembro del Comit de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES).

Miembros de la comunidad de derechos humanos de El Salvador estn exigiendo una investigacin completa de la muerte de Ventura, mientras el gobierno no se ha pronunciado sobre tal peticin. Los crmenes polticos a menudo no se investigan en El Salvador y muchos crticos dicen que ARENA ha contribuido al clima de impunidad por perseguir a los activistas izquierdistas, tales como los vendedores ambulantes y los 13 de Suchitoto, mientras ignora los casos de violencia poltica.

La eleccin presidencial 2009 representa la posibilidad ms grande de que el pblico de El Salvador rechace las polticas mediticas electorales de puo de hierro" de ARENA. De hecho, muchos analistas predicen una victoria del FMLN en marzo. Sin embargo, mientras muchos observadores miran esperanzadamente hacia las elecciones de marzo, otros crticos advierten que ARENA prepara un fraude electoral. En particular, el partido predominante ha sido acusado de manipulacin de los nmeros del censo en plazas fuertes del FMLN, tales como Santa Tecla, Soyapango y Las Vueltas, para negar a sus candidatos los fondos del gobierno. Adems, el 9 de mayo de 2008, el representante de ARENA y cabeza del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, Walter Aruajo, anunci nuevas restricciones para los observadores internacionales de la eleccin. Las nuevas restricciones, explicadas por Aruajo, "se preponen regular que ningn grupo de observadores venga y participe en actividades polticas en el pas". "Entrometerse en el proceso electoral dar lugar a la expulsin del pas, advirti.

A los crticos les preocupa que la ausencia de una definicin clara de la "intromisin" pudiera dejar abierta la puerta al uso arbitrario de estas nuevas restricciones y, ms generalmente, preocupa que estas movidas preludien un esfuerzo de ARENA para proteger su caudal electoral con la creacin y aplicacin de leyes para su propio servicio y constitucionalmente cuestionables.
Actualizacin de Chris Damon

En el ao siguiente a la detencin de catorce activistas del movimiento social en Suchitoto, se han registrado incrementos del movimiento social en El Salvador, como el lanzamiento de acciones unificadas y concertadas para volcar la ley anti-terrorista y obtener la libertad incondicional de los detenidos. Sin embargo, tambin hubo prdidas significativas.

Trece de los catorce activistas originalmente arrestados pasaron veintisis das bajo detencin en las principales prisiones de hombres y de mujeres. Detenidos en crceles atestadas, para ms de alguno esto signific no tener derecho a una cama o tener que comprar el agua para baarse y para beber. Los trece fueron excarcelados el 27 de julio 2007 bajo trminos condicionales que les impiden viajar fuera del pas, mientras queda pendiente la presentacin de evidencia adicional por parte del Estado.

Este perodo de espera se extendi por siete meses, concluyendo el 8 de febrero de 2008, cuando el Estado cambi los cargos de "Actos de terrorismo" a "Desorden pblico y daos agravados". Producido este cambio, el Tribunal Especial designado para dirimir la acusacin de terrorismo transfiri el caso al sistema judicial regular. El 19 de febrero hubo una audiencia en que la oficina del fiscal no pudo demostrar su acusacin y la juez decidi conceder la libertad definitiva a los catorce demandados, argumentando carencia de cargos e insuficiencia de la evidencia presentada. A pesar de una apelacin del abogado del Estado, la decisin fue ratificada el 4 de abril.

El jbilo por estas victorias fue de breve duracin porque la noche del 2 de mayo fue asesinado Hctor Antonio Ventura Vsquez, uno de los ex demandados, en la pequea aldea de Valle Verde, Suchitoto. Mientras nadie ha sido arrestado ni acusado de asesinato, los medios y las autoridades han insertado la muerte en la epidemia de bandas criminales que plagan al pas, el ms violento de Amrica latina.

Sin embargo, los asesinatos de activistas como Ventura preocupan a las organizaciones de derechos humanos. El 12 de mayo, la Fundacin para el Estudios en la Aplicacin de la Ley (FESPAD), junto con otras organizaciones del movimiento social, present el caso como el elemento central de una peticin formal a la oficina del Fiscal del Estado para investigar ste y otros catorce asesinatos que arguyen pueden representar el uso de bandas criminales para cometer asesinatos polticos. La presentacin cita al "Grupo Combinado para la Investigacin de Grupos Armados Ilegales con Motivaciones Polticas" (1994) que estableci criterios para determinar la probabilidad de motivacin poltica en un crimen determinado: modus operandi, caractersticas de la vctima y nivel de impunidad alcanzado por los autores. Desde la presentacin inicial de la lista de FESPAD de quince asesinatos sospechosos, la nmina se ha ampliado a diecinueve. Con todo, hasta la fecha no hubo respuesta oficial a estas demandas. Y contina la controvertida legislacin anti-terrorista.

Fuentes:
NACLA-Upside Down World, August 24, 2007
Ttulo: El Salvador: Water Inc. and the Criminalization of Protest
Autor: Jason Wallach

The Nation, December 31.2007
Ttulo: GWOT: El Salvador
Autor: Wes Enzinna

Peacework, September 2007
Ttulo: Salvadoran Activists Targeted with US-Style Repression
Autor: Chris Damon

In These Times, November 13, 2007
Ttulo: El Salvadors Patriot Act
Autor: Jacob Wheeler

Estudiantes investigadores: Juana Som y Andrea Lochtefeld
Evaluador acadmico: Jeffrey Reeder, Ph.D.

Ttulo original: El Salvadors Water Privatization and the Global War on Terror
Traduccin: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)



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