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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-11-2004

El general y la verdad

Jorge Escalante
www.lanacion.cl


Luego de 31 aos de negarlo todo, el Ejrcito asumi que las violaciones a los derechos humanos fueron una poltica institucional. El movimiento tctico del comandante acusa el golpe del reportaje de LND que adelant puntos claves del Informe de la Comisin Tortura y los avances en la investigacin del caso Berros.

Treinta y un aos demor el Ejrcito de Chile en aceptar una verdad que todos conocan: que los crmenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, formaron parte de una poltica institucional y de Estado. Y que no fueron actos aislados de oficiales, suboficiales y clases a espaldas de los mandos, como lo haba sostenido hasta ahora la rama castrense.

A los prisioneros se les extermin indefensos, amarrados, vendados sus ojos y muchos fueron inyectados para adormecerles antes de abrirles el vientre y lanzarlos al mar. Esta verdad existe desde hace ms de veinte aos en decenas de procesos abiertos, varios de los cuales fueron cerrados y amnistiados por la justicia militar y ordinaria.

El comandante en jefe del Ejrcito, general Juan Emilio Cheyre, tuvo el valor de reconocerlo, por primera vez desde el da del golpe militar de 1973. Valor que no tuvo ni el ex dictador, ni su sucesor, el general Ricardo Izurieta.


No obstante, hay que preguntarse qu ocurri para que el Ejrcito admitiese precisamente ahora que esos crmenes tuvieron carcter institucional y respondieron a un mandato jerarquizado desde la Comandancia en Jefe encabezada por Pinochet.

Dos aparecen como los hechos que motivaron el reconocimiento de Cheyre.

El primero se vincula a su reciente anuncio del cierre del Batalln de Inteligencia del Ejrcito (BIE), cuyo fundamento hay que buscarlo en la investigacin del juez Alejandro Madrid que instruye el proceso por el secuestro y homicidio del ex qumico de la DINA, Eugenio Berros.

Cuando el pasado 1 de noviembre el mismo general Cheyre clausur el BIE, mantuvo la negativa a aceptar la responsabilidad delictual de esta unidad y reiter que las culpas fueron individuales, slo de algunos integrantes. Ello, pese a que el BIE, como entidad dependiente de la Direccin de Inteligencia del Ejrcito (DINE), fue responsable en delitos vinculados al caso Berros; el crimen de Tucapel Jimnez; y las mltiples operaciones de encubrimiento realizadas por agentes para obstruir la justicia durante la dcada de los 80 y 90, e incluso hasta nuestros das. De hecho, slo dos semanas antes del anuncio del fin de la BIE, LND revel como el Batalln de Inteligencia del Ejrcito realiz maniobras secretas de espionaje a altos personeros de Investigaciones hasta, por lo menos, entrado el 2003.

El da que cerr el BIE, Cheyre fue claro: No puedo dejar de indicar que algunas personas no la unidad como tal- faltaron a sus deberes. Y desde que pronunci esa frase en que mantena la postura del Ejrcito de negar responsabilidad institucional en delitos cometidos, hasta que hizo publico el mea culpa del Ejrcito apenas transcurrieron tres das. Qu lo impuls a cambiar el discurso en un lapso tan breve?

OPERACIONES BAJO CUERDA

En la investigacin del juez Alejandro Madrid por el crimen de Berros, indagatoria que abarca la extraa muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva y los homicidios del ex canciller Orlando Letelier y el diplomtico chileno-espaol Carmelo Soria, el magistrado estableci que en la DINE, incluyendo el BIE, se constituy una asociacin ilcita para cometer estos y otros delitos. De esta asociacin no escaparon los superiores de la seccin.

De acuerdo a un detallado y voluminoso informe aportado al magistrado por la brigada de Delitos Econmicos (Bridec), se descubri que en la DINE y el BIE se armaron empresas para generar cuantiosos recursos econmicos para financiar las operaciones criminales que se llevaban a cabo, incluso mucho despus del secuestro y homicidio de Berros, cuyo cadver se descubri en Uruguay en abril de 1995.

En el proceso existen evidencias de que la asociacin ilcita podra seguir existiendo al interior del BIE y el aparato de inteligencia del Ejrcito. Cuando el ministro Madrid se reintegre a sus funciones en diciembre, despus de sus vacaciones, lo ms probable es que el brazo de la ley caiga encima del extinto BIE.

Fue en esa unidad, y al amparo de la DINE, donde operaron los ms osados oficiales del Ejrcito, como los generales hoy en retiro Hernn Ramrez Rurange y Eugenio Covarrubias, y los oficiales Arturo Silva Valds, Jaime Torres Gacita y Pablo Rodrguez Mrquez, entre otros, todos procesados hoy por el delito de asociacin ilcita, secuestro y obstruccin a la justicia.

El juez Madrid descubri que con el visto bueno de los mandos de esa unidad y la Direccin de Inteligencia del Ejrcito, algunos de estos oficiales, como Silva y otros, mantuvieron y an mantendran cuentas en bancos extranjeros y se manejaron empresas, algunas brujas que todava estaran operativas, cuyo nico fin fue obtener fondos en negro fuera del presupuesto regular de la institucin para las actividades ilcitas descritas.

Ah hay que buscar la explicacin para el repentino cierre del Batalln de Inteligencia del Ejrcito el pasado 1 de noviembre, el que, en todo caso, ya despus del crimen de Tucapel Jimnez tambin haba sido remozado, cambiando el nombre de Cuerpo de Inteligencia del Ejrcito (CIE), pasando a llamarse BIE y hoy renombrado como Agrupacin de Seguridad Militar, ASM.

EL INFORME

El segundo hecho que condujo a que el Ejrcito y su comandante en Jefe tuvieran finalmente que darse por vencidos y admitir los crmenes institucionales, es el informe que prepar la Comisin Nacional sobre la Prisin Poltica y Tortura, cuyo texto se entregara al Presidente Ricardo Lagos este mircoles.

Cuando LND public el 10 de octubre adelantos del referido informe, en ese reportaje se dijo respecto del Ejrcito, el informe pondr en evidencia que no slo tortur la DINA y la CNI en sus centros clandestinos ms renombrados de Santiago y provincias, sino que tambin se aplic tormentos en cada cuartel y regimiento de regiones, de sur a norte, donde se mantuvo a personas detenidas.

El artculo agregaba: pero la preocupacin del Ejrcito y la Armada va ms all. Porque si admiten que efectivamente la tortura fue una poltica de Estado y por lo tanto un mtodo institucional aplicado por las Fuerzas Armadas, apenas medio metro ms all tendrn que reconocer que el exterminio de opositores con ms de 3 mil vctimas, tambin fue una poltica de Estado. Lo que no aceptaron reconocer en la Mesa de Dilogo sobre Derechos Humanos de 2000, donde tuvieron otra valiosa oportunidad de hacerlo para pedir perdn por los crmenes.

Y reconocer su responsabilidad institucional es exactamente lo que acaba de hacer el Ejrcito, ante el enorme e indesmentible peso histrico del informe que se har pblico, es de suponer, durante este mes. Pese a ello algo falta en el documento suscrito por Cheyre; la ausencia de una alusin directa a pedir perdn a las vctimas y familiares es algo que echan de menos en crculos de DD.HH. Por ello, aclaran, el general Cheyre ha perdido un momento histrico inigualable para diferenciarse de Pinochet, y haber pedido perdn por los crmenes que cometi la institucin como poltica de Estado.

Qu ocurri entre el 1 y el 3 de noviembre para que el general Cheyre diera un giro de ciento ochenta grados en su razonamiento? Miembros de la Comisin aseguran que jams nadie les pidi que bajaran el tono a la cruda verdad de los 35 mil testimonios recibidos. Pero si no fue con ellos, las preocupaciones del Ejrcito y especialmente de la Armada por lo que dir el informe llegaron a La Moneda, sin alcanzar repercusiones suficientes para golpear el tablero. Sin salida, el nico camino era hacer lo que hizo el general Cheyre. Intentar otra variante no se habra sostenido ni un minuto, una vez conocido pblicamente el texto del informe. Todos en el Ejrcito aceptan lo que reconoci Cheyre? Tambin el cuerpo de generales y almirantes en retiro, parte de la gran familia militar?

Por 31 aos el Ejrcito de Chile le minti al pas y al mundo, y ms pudo la fuerza de la verdad para admitir los crmenes de Estado. Ahora tiene la palabra el almirante Miguel ngel Vergara, comandante en jefe de la Armada, para admitir que su rama tuvo como poltica institucional la tortura y los crmenes de lesa humanidad contra sus prisioneros. Lo mismo cabe para el general Cienfuegos de Carabineros, que insiste en las responsabilidades individuales de los procesados; el general Osvaldo Sarabia de la Fach; y el director general de Investigaciones Arturo Herrera, cuyos funcionarios ensearon a torturar en la DINA, por lo que recibieron el carioso apodo de los papis.

CAJA DE PANDORA

La aceptacin de los crmenes de Estado por parte del Ejrcito no es el fin de nada. Es slo el inicio de una nueva fase, que no la marc esa institucin con su declaracin, sino el informe de una comisin que dar cuenta de los delitos cometidos contra los que sobrevivieron a la tortura. Son testigos vivos que saben los nombres de sus torturadores, identidades que irn saliendo poco a poco porque el informe no da cuenta de ellos. No pocos estn an en servicio activo en las diferentes instituciones pasando inadvertidos. Otros ahora son alcaldes; empresarios prsperos y aggiornados en el sistema; jefes de seguridad en supermercados y municipalidades; o pintan leos en sus casas de reposo en Reaca. Algunos, en pequeas localidades, se pasean por la misma vereda que sus vctimas y compran el pan en la misma panadera o se visten en la misma tienda. Y la vctima lo mira cada da, todava con miedo.

Probablemente, ahora se iniciar otra ola de juicios en los tribunales, esta vez por el delito de tortura, imprescriptible e inamnistiable porque es un delito de lesa humanidad. Sobre ello los tribunales chilenos han sido extremadamente permisivos, renuentes hasta ahora a procesar por tortura. Pero esta vez la diferencia es que los torturados estn vivos y tienen memoria, porque los rasgos, el aliento, la voz, las muletillas del lenguaje y el olor del torturador no se olvida.

Muchos de quienes declararon a la Comisin las atrocidades que se cometieron en su contra, sostienen que nunca pensaron en querellarse porque siempre todo se concentr en los muertos y desaparecidos. Pero ahora se abre otra etapa, para reparar y hacer justicia a los vivos.

POR DNDE?


Que se recuerde, durante la Guerra Fra chilena de las agitadas dcadas de los 60 y 70, segn el lenguaje del general Cheyre para explicar el escenario en que la dictadura cometi sus crmenes, no hubo campos de concentracin, ni la tortura fue un sistema de los gobiernos de Alessandri, Frei Montalva ni Allende. Tampoco desaparecieron prisioneros. No existi una DINA o CNI. No hubo centros clandestinos de detencin. Chile no fue condenado por organismos internacionales por violar los derechos humanos. No se exili a los disidentes. No se lanzaron cuerpos al mar. No hubo Consejos de Guerra. Cul es entonces la explicacin para poder entender los crmenes cometidos por el Ejrcito de Pinochet frente a los errores polticos de la Unidad Popular? Las tomas de terreno? Las ocupaciones de industrias? La negligencia de los interventores? Las marchas de los militantes de izquierda con linchacos y palos? Algunas armas escondidas para intentar responder al golpe militar? La preparacin militar del GAP de Allende? Las JAP? El intento de la Escuela Nacional Unificada? La red clandestina de los marineros democrticos a bordo de los barcos de la Escuadra para tratar de oponerse el golpe? Las colas para abastecerse? El creciente concepto del poder popular? Los cordones industriales y los comandos comunales? Por dnde podra entenderse la estela de los 3 mil muertos y desaparecidos y las decenas de miles de torturados, detenidos y exiliados? Por la Guerra Fra Oriente-Occidente o el muro de Berln?

Poco elegante, o incorrecta al menos, la forma elegida por el Ejrcito para dar a conocer tan importante decisin. Una columna de opinin de su comandante en jefe en un diario. Un anuncio as se hace nacional, y no se usa a un medio de comunicacin, cualquiera sea, para dirigirse al pas. Le resta formalidad y seriedad, cuando se trata de una institucin permanente de la Repblica.

Pero todava est pendiente el debate acerca de la amnista a los criminales, sobre lo que el general Cheyre nada ha dicho hasta ahora, al menos pblicamente. Compartir el perdn de la pena a los condenados de su institucin propuesto por el Consejo de Defensa del Estado y su presidenta Clara Szczaranski?

Copyright 2003, Empresa Periodstica La Nacin S.A.


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