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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-10-2008

Denuncian que Colombia y EEUU manipulan en Miami los juicios a paramilitares

Sanjuana Martnez
La Jornada


La extradicin de los principales jefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en mayo pasado a Estados Unidos ha dado frutos de manera expedita y clara: este mes fueron sentenciados en una corte federal de esta ciudad estadunidense Ramiro Cuco Vanoy y Francisco Javier Zuluaga, Gordolindo, a 24 y 21 aos de crcel, respectivamente, por conspiracin para importar y distribuir cocana desde Colombia, Bahamas y Mxico, entre el 17 de diciembre de 1997 y el 30 de septiembre de 1999.

Ambos paramilitares haban sido extraditados bajo la condicin de no ser condenados a cadena perpetua por delitos de narcotrfico ni ser investigados por crmenes de lesa humanidad. A Vanoy, comandante del Bloque Mineros, el Sistema de Informacin de Justicia y Paz le atribuye 3 mil 522 vctimas, mientras Gordolindo, jefe de los bloques Pacfico y Bolvar de las AUC, tiene 669 vctimas.

En el tribunal a cargo del juez Michael Moore surgi un silencio absoluto cuando ambos paramilitares entraron custodiados y esposados de pies y manos, luciendo uniformes carcelario beige y rostros extremadamente plidos. No haba familiares de las vctimas que reclaman justicia en Colombia, solamente estaban allegados a ambos procesados cubiertos de ostentosos trajes y joyas, con quienes intercambiaron sonrisas.

Quiero expresar a la corte, al gobierno de Estados Unidos y a mi familia mi arrepentimiento y remordimiento por mi conducta delictiva, dijo Vanoy cuando el magistrado le cedi la palabra, mientras que Zuluaga seal: Acepto con humildad la sentencia que usted disponga.

La actitud sumisa de ambos condenados contrasta con sus historias criminales. Ninguno de los dos ofreci perdn a las vctimas de crmenes de Estado, por el contrario, ambos mostraron su satisfaccin por su futura permanencia en las crceles de Estados Unidos y por el acuerdo entre ambos gobiernos que les da impunidad.

Estas extradiciones obstaculizan la justicia con relacin a los crmenes de lesa humanidad y slo tienen un carcter muy claro sobre narcotrfico, dijo a La Jornada Ivn Cepeda, vocero del Movimiento de Vctimas de Crmenes del Estado (Movice). Las sentencias dejan impunes las miles de desapariciones forzadas, los millones de desplazamientos, la usurpacin de tierras a miles de campesinos; y nada tienen que ver con un proceso de verdad sobre quienes son aliados y jefes polticos y econmicos de los paramilitares.

En Colombia hay ms de 140 mil vctimas de la violencia del Estado, 5 mil desaparecidos y 4 millones de desplazados, por tanto cualquier lectura para presentar estas extradiciones y las primeras sentencias como avance en materia de verdad y justicia no la compartimos, por el contrario, vemos que con estas extradiciones y sentencias se ha cortado abruptamente un proceso de justicia que mal que bien se lleva a cabo en Colombia y para el cual son indispensables las confesiones de estos seores.

La extradicin en mayo pasado de 14 jefes paramilitares incluidos algunos de los ms sanguinarios, como Salvatore Mancuso, Hernn Giraldo, Rodrigo Tovar Pupo Jorge 40, Manuel Torregrosa o Juan Carlos Sierra, El Tuso coincidi precisamente con un proceso judicial en torno a los crmenes de lesa humanidad, que qued interrumpido en cada uno de los casos sentenciados y en aquellos que todava esperan condena en tribunales estadunidenses.

Todo parece indicar que existe un acuerdo entre Colombia y Estados Unidos para ofrecer impunidad a estos seores.

Efectivamente aqu hay acuerdos cuyo contenido an no conocemos y que estn funcionando, y, por el contrario, no se estn produciendo los anuncios de ambos gobiernos de que se iba a presentar una cooperacin judicial para que pudiese desarrollarse el proceso de justicia y paz en Colombia. Estos seores fueron extraditados hace cinco meses y en ese lapso no ha habido ningn acuerdo de cooperacin judicial. Vamos a ver qu tipo de negociaciones va a haber en el futuro entre paramilitares y la justicia estadunidense.

La Comisin de Juristas Colombianos envi cartas al juez Michael Moore y al fiscal Michael B. Mukasey para que rechazaran los acuerdos de culpabilidad de ambos paramilitares con la fiscala estadunidense, celebrados en julio pasado, pero sus peticiones no fueron tomadas en cuenta.

Al final de la audiencia judicial que conden a ambos paramilitares el 10 de octubre, el fiscal colombiano Luis Gonzlez dijo que los dos ultraderechistas manifestaron su deseo de colaborar con el proceso de justicia y paz desde Estados Unidos. Se hara va teleconferencia y se les va a seguir juzgando all simultneamente, mientras cumplen condenas aqu, dijo.

Sin embargo, Leif Fernndez, abogado de Vanoy, afirm lo contrario: Hasta antes de la sentencia Vanoy continuaba expresando su deseo de colaborar con la ley de justicia y paz, pero despus de la sentencia est reconsiderando si contina, ya que tiene 60 aos y los 26 aos de crcel equivalen a cadena perpetua por su edad, y no tendra sentido seguir colaborando con el proceso colombiano.

La llamada desmovilizacin de los paramilitares comenz en 2006 con la ley de justicia y paz. El acuerdo implic que quienes confesaran sus asesinatos pudieran recibir condenas de cinco a ocho aos de prisin por crmenes de lesa humanidad. Vanoy se desmoviliz el 20 de enero de 2006 con 2 mil 790 hombres, mientras que Zuluaga es considerado por las autoridades colombianas un narcotraficante que simplemente pag a las AUC para implicarse con los paramilitares y as beneficiarse de los acuerdos de justicia y paz.

Vanoy cre el Bloque Mineros en 1980 para supuestamente combatir a las guerrillas, pero despus su grupo se transform en un escuadrn de la muerte y estuvo ligado al crtel de Medelln dirigido por Pablo Escobar. Comenzaron en mayo de 2007 las audiencias de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz para informar a familiares de las vctimas, pero las sesiones fueron suspendidas con su extradicin a Estados Unidos.

En abril pasado el jefe paramilitar admiti haber cometido ms de 150 crmenes y en las audiencias dijo a una madre que el cuerpo de su hijo haba sido arrojado a un ro, mientras otra mujer que encontr slo una pierna de su hijo le reclamaba el cuerpo.

En el caso de Gordolindo, el Movice lo considera autor intelectual de una de las histricas agresiones contra indgenas, conocida como la masacre del Naya.

Queremos la verdad sobre los crmenes. Queremos saber quin est detrs de ellos y quien los orden, dijo Cepeda. Con estas sentencia se escapa la posibilidad que haya verdad y justicia.

Qu posibilidad queda a las vctimas para conocer el paradero de sus seres queridos o para obtener justicia por los asesinatos y el robo de tierras?

Estas extradiciones de facto obstruyen totalmente esa posibilidad. Lo que hacemos es apelar a los abogados en Estados Unidos para que nos representen, a fin de buscar la verdad en condiciones tan difciles en esos tribunales.

Con esto dan por fracasado el proceso de justicia y paz?

El presidente (lvaro Uribe) est haciendo esfuerzos para acabar con esos procesos en la llamada parapoltica y ha atacado de manera personal a los magistrados de la corte (colombiana). Esto atenta gravemente para poder acabar con la muralla mafiosa que tienen los paramilitares de las instituciones polticas de Colombia.

Hasta donde llegan los nexos de los paramilitares con el gobierno de Uribe?

Al ms alto nivel. No es secreto que en la coalicin de gobierno se han presentado muchos casos de personas muy ligadas al presidente que son investigadas y condenadas. Por tanto, apelamos a mecanismos internacionales para neutralizar los esfuerzos de ambos gobiernos para obstaculizar la justicia y la verdad a las vctimas.



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