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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-11-2008

Alternativas: el retorno

ric Toussaint
Rebelin

Traduccin : Guillermo Parodi con Griselda Pinero y Raul Quiroz


Las crisis financiera, econmica, alimentaria y climtica tomaron un carcter dramtico a escala mundial en 2008. Los efectos sern de largo plazo. Las respuestas dadas a las crisis en curso por las organizaciones internacionales y la mayora de los Gobiernos hicieron crecer sus propias crisis de legitimidad. En efecto una gran parte de la opinin pblica se da perfectamente cuenta de que se procede al salvataje de los banqueros sin ninguna consideracin por el pueblo inocente. La conjuncin de estas crisis muestra al pueblo la necesidad de liberarse de la sociedad capitalista y su modelo productivista ya que constituyen la raz del problema.

El pensamiento neoliberal desarrolla el concepto de ineluctabilidad: el sistema que es, debe ser porque es; la mundializacion/globalizacin tal como se desarrolla es inevitable, todos y todas deben someterse.

Se sumerge as en el misticismo y el fatalismo. Con todo, una mirada atenta sobre la historia demuestra la incongruencia de la idea de irreversibilidad. Tomemos el ejemplo del mbito financiero. A principios del siglo XX, la libertad de los movimientos de capitales garantizada por el patrn oro, la libertad de los cambios garantizada por los Tratados sobre el comercio y la inversin parecan irreversibles. La primera guerra mundial vino a trastornar todo eso. En los aos veinte, la omnipotencia de los mercados financieros pareca tan irreversible como pretende serlo actualmente. La quiebra de 1929 y la larga crisis que sigui obligaron a los gobiernos a supervisar estrechamente las actividades bancarias y financieras. Al final de la segunda guerra mundial, los gobiernos de los principales pases capitalistas vencedores se pusieron de acuerdo para dotarse de instrumentos de control financiero en el nivel internacional. El FMI, en particular, tena por objetivo velar por el este control (el artculo VI de su estatuto lo estipula explcitamente). Varios gobiernos de Europa Occidental emprendieron a partir de 1945 extensos programas de nacionalizaciones, incluso de bancos, bajo la presin del mundo del trabajo.

Las certezas tericas neoliberales enunciadas actualmente no valen mucho ms que las de los liberales o conservadores que estaban en el poder en los aos veinte en vsperas de la quiebra financiera. El fracaso econmico y el desastre social causados por los neoliberales de hoy podran desembocar en nuevos grandes cambios polticos y sociales. La globalizacin no es una aplanadora que destroza todo a su paso: las fuerzas de resistencia estn completamente presentes.

Por qu, por lo tanto, excluir que el descontento social se exprese nuevamente alrededor de proyectos de emancipacin? No hay ni fatalidad econmica ni situacin poltica que resista a la accin de las fuerzas sociales.

La satisfaccin de los derechos humanos fundamentales para el Sur

Sera intil esperar de la lgica del mercado que cubriera las necesidades esenciales. 2.800 millones de personas que viven con menos de 2 dlares al da no disponen del poder adquisitivo suficiente para que los mercados se interesen por ellas. Slo polticas pblicas pueden garantizar, a todos y a todas, la satisfaccin de las necesidades humanas fundamentales. Esta es la razn por la que es necesario que los poderes pblicos dispongan de los medios polticos y financieros que les permitan honrar sus compromisos y deberes con sus conciudadanos.

La aplicacin de la Declaracin Universal de los Derechos Humanos (1948) y del Pacto de los Derechos Econmicos, Sociales y Culturales (1966) no se podr obtener sino por la accin de un poderoso movimiento social y ciudadano. Es necesario, en primer lugar, poner fin a la hemorragia de los recursos que constituye el reembolso de la deuda.

No es necesario esperar que instituciones internacionales tomen por s mismas la decisin de cancelar la deuda de los PED (Pases en Desarrollo). Es la accin decidida de un Estado o de una coalicin de Estados la que podr conducir a tal medida. Los juristas que se reunieron en Quito en julio de 2008 tienen perfectamente razn al afirmar: Sostenemos los actos soberanos de los Estados que, fundados en el Derecho, declaren la nulidad de instrumentos ilcitos e ilegtimos de la deuda pblica, incluyendo la suspensin de los pagos. 2

Una vez logrado este primer paso, es esencial sustituir la economa de endeudamiento internacional actual por un modelo de desarrollo social justo y ecolgicamente sostenible, independiente de las fluctuaciones de los mercados financieros y las condicionalidades de los prstamos del FMI y el Banco Mundial.

Para que una anulacin de deuda sea til para el desarrollo humano es necesario que las sumas destinadas hasta el momento de la anulacin al pago de la deuda, sean utilizadas en adelante para el desarrollo humano. Las nuevas modalidades deben ser determinadas de manera democrtica por cada pas en cuestin.

Poner fin a los planes de ajuste estructural

Los planes de ajuste estructural, que llevan este nombre o que las instituciones financieras internacionales, predicando la liberalizacin total de las economas del Sur, hayan rebautizado Cuadros estratgicos de lucha contra la pobreza, tienen por consecuencia el debilitamiento de los Estados, volvindolos ms dependientes de fluctuaciones exteriores (evolucin de los mercados mundiales, ataques especulativos, etc.) y su sumisin a condicionalidades inaceptables impuestas por el tndem Banco Mundial /FMI y, detrs, por los gobiernos de los pases acreedores agrupados en el Club de Pars. El balance humano de las polticas de ajuste estructural es trgico. stas deben ser suprimidas y sustituidas por polticas que se destinen con prioridad absoluta a la satisfaccin de las necesidades humanas fundamentales, orientadas hacia la soberana y la seguridad alimentaria y la bsqueda de complementariedades regionales.

Los planes de ajuste estructural van ms all de la simple imposicin de un conjunto de medidas macroeconmicas en el nivel interno. Estas medidas son la expresin de un proyecto poltico, de una estrategia deliberada de transformacin social a escala mundial, cuyo principal objetivo es hacer del planeta un mbito en el que las sociedades transnacionales podrn operar con total seguridad. En pocas palabras, los programas de ajuste estructural (PAE) desempean un papel de correa de transmisin para facilitar el proceso de globalizacin, que pasa por la liberalizacin, la desregulacin y la reduccin del papel del Estado en el desarrollo nacional. ONU-CDH, Informe conjunto del experto independiente Fantu Cheru y del Relator especial, E/CN.4/2000/51, 14 de enero de 2000.

La Comisin de derechos humanos de la ONU3 adopt numerosas Resoluciones sobre la problemtica de la deuda y del ajuste estructural. En una ellas, adoptada en 1999, la Comisin afirma que el ejercicio de los derechos fundamentales de la poblacin de los pases endeudados: a la alimentacin, al alojamiento, a la vestimenta, al trabajo, a la educacin, a los servicios de salud y a un medio ambiente sano, no puede supeditarse a la aplicacin de polticas de ajuste estructural y a reformas econmicas generadas por la deuda (1999, Artculo 5).

Devolver a los ciudadanos de los PED lo que les han robado

Riquezas considerables, acumuladas ilcitamente por gobernantes y capitalistas locales, se depositaron en los pases ms industrializados, con la complicidad de las instituciones financieras privadas y la complacencia de los gobiernos del Norte. La restitucin de estas riquezas implica el resultado de procedimientos judiciales iniciados a la vez en los pases del Tercer Mundo y en los pases ms industrializados. Tales investigaciones permitiran por otro lado no dejar impunes a corruptos y corruptores: es la nica manera de lograr, algn da, poder ver a la democracia y a la transparencia superar la corrupcin. Se trata tambin de exigir reparacin por el saqueo al cual el Tercer Mundo es sometido desde hace cinco siglos. Eso implica, en particular, la restitucin de bienes econmicos y culturales robados a los continentes asitico, africano y suramericano.

Los Estados proporcionarn reparacin por medio de mecanismos eficaces, que podrn incluir la restitucin, establecidos conjuntamente con los pueblos indgenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violacin de sus leyes, tradiciones y costumbres. Declaracin de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indgenas. 4

Instaurar un impuesto excepcional a las grandes fortunas

En su informe de 1995, la CNUCED propone efectuar una nica exaccin (one-shot) sobre el patrimonio de las grandes fortunas. Tal impuesto, aplicado a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, permitira movilizar fondos considerables. Este impuesto excepcional (diferente de un impuesto recurrente sobre el patrimonio, tal como existe en algunos pases del planeta) podra ser aplicado alternativamente a escala nacional. Tal impuesto excepcional de solidaridad podra generar recursos considerables. Segn el World Wealth Report 20085 publicado por las sociedades Merrill Lynch y Capgemini, 10,1 millones de personas en el mundo tienen ms de 1 milln de dlares en activos y su riqueza acumulada alcanza 40,7 billones de dlares, lo que representa 30 veces la deuda exterior pblica de todos los pases en desarrollo Por lo tanto, como ejemplo, un impuesto del 10% excepcional sobre este patrimonio aportara ms de 4 billones de dlares sin por ello condenarlos a la miseria

El orden econmico dominante comenz a imponerse cuando la gran mayora de los pases en vas de desarrollo eran an pases dependientes y no podan, por lo tanto, participar en su formacin; era pues inevitable que fuese, desde el principio, un orden no equitativo y contrario a sus intereses. [] El orden econmico internacional actual es ciertamente injusto, principalmente porque los pases 'en desarrollo' no participaron en su formacin y porque son ellos quienes sufren hoy la mayor parte de sus efectos negativos. Este hecho impone pues reparar la situacin en pos del inters superior de los derechos humanos. Ral Ferrero, Relator especial de la ONU sobre el Nuevo orden econmico internacional y sobre la promocin de los derechos humanos, 19836

 

Numerosas indefiniciones subsisten. Qu impuesto (tasa) imponer? Una tasa nica? Una tasa progresiva? Qu parte de los fondos ira a proyectos mundiales? A los proyectos continentales? Un fondo para la reforestacin? Un fondo para la desnuclearizacin completa? Qu prioridades y qu proyectos? Determinados por quien? La Asamblea General de la ONU precedida por los referndums nacionales? Continentales? Qu parte ira a proyectos locales? Pero algo es seguro: es necesario comprometerse en esta va, y en forma ms generalizada, instaurar un sistema fiscal realmente redistributivo, que d a las autoridades pblicas los medios para cumplir sus obligaciones con sus ciudadano(a)s respecto a los derechos econmicos, sociales y culturales.

Redistribuir equitativamente las riquezas a nivel planetario

Jams la riqueza ha estado tan desigualmente repartida en el mundo. Con el objeto de luchar contra este crecimiento dramtico de la desigualdad, es imprescindible la instauracin de impuestos (tasas) internacionales, que podran tomar varias formas: impuestos de tipo Tobin sobre la especulacin financiera (como la recomendada por la red ATTAC), un impuesto sobre los beneficios de las sociedades transnacionales (en 2006, Total obtuvo el mayor beneficio anual de la historia de la economa francesa, un valor de 12.585 millones de euros, una tercera parte del cual se distribuy entre su accionistas en forma de dividendos), un impuesto sobre las industrias contaminantes, etc. Esos ingresos deben ser usados en la lucha contra la desigualdad, para la educacin, la salud pblica, la soberana alimentaria, la promocin de los bienes pblicos y para la proteccin del medio ambiente.

 

Un impuesto sobre los billetes de avin?

 

Damien Millet

Despus del nacimiento de la asociacin Attac en 1998, el debate sobre el concepto de impuesto internacional no dej de tomar amplitud. En 2003, Jacques Chirac, presidente francs, cre una comisin con el fin de reflexionar sobre la posibilidad de nuevas contribuciones financieras internacionales para reducir la pobreza, favorecer el desarrollo, y financiar los bienes pblicos globales, como el medio ambiente, la salud pblica o los recursos escasos. 7 Entre las propuestas seleccionadas en el informe8 de 2004, el ex presidente francs eligi instaurar un impuesto sobre los billetes de avin. En julio de 2006, Francia fue el primer pas que hizo realidad este impuesto que variaba entre 1 y 40 euros por billete de avin, segn el destino y la clase de viaje. Numerosos jefes de Estado se comprometieron a seguir el ejemplo, pero en agosto de 2008 slo pocos pases aplicaban tal impuesto.9 Su producto, estimado en 300 millones de dlares al ao, abastece a Unitaid, una organizacin que facilita la compra a bajo precio de medicamentos contra el SIDA, la tuberculosis y el paludismo, con destino a los PED. Se ruega a los ciudadanos aplaudir. Pero es tan simple? La contribucin de Unitaid es la prueba de que un impuesto internacional es perfectamente realizable, pero ese es su nico mrito, ya que no parece haber sido objeto de una verdadera reflexin sobre los objetivos pretendidos y los medios a aplicar para alcanzarlos. Si el objetivo es mejorar los sistemas de salud en los PED, la anulacin de la deuda y el abandono de las polticas de ajuste estructural habran sido palancas mucho ms acertadas, puesto que los Estados del Sur reembolsaron 190.000 millones de dlares a sus acreedores en 2007, lo que representa ms de 600 veces el importe que recibe Unitaid. Por supuesto, otras medidas son indispensables para mejorar la salud pblica: el final de las patentes sobre los medicamentos y la produccin a amplia escala de medicamentos genricos de alta calidad proporcionados gratuitamente a las poblaciones que las necesitan. Si el objetivo es avanzar sobre el tema de un impuesto internacional, la eleccin de los billetes de avin dista mucho de ser la mejor, puesto que se trata finalmente de un impuesto sobre el consumo, no de un impuesto que contempla bsicamente a los que acumulan ms riquezas, como un impuesto sobre la especulacin financiera o sobre los beneficios de las sociedades transnacionales. Los trabajadores africanos que emigran a un pas rico con el fin de enviar fondos para la supervivencia de su familia que permanece en frica pagan este impuesto cuando vuelven a su pas. Limitndose a actuar al margen de la universalizacin financiera, esta contribucin sobre los billetes de avin evita todo cuestionamiento de las elecciones macroeconmicas10 que condujeron al sector de la salud al callejn sin salida actual.

 

 

Llevar la ayuda oficial al desarrollo (AOD) como mnimo al 0,7 % del PIB

La AOD no cumple el papel que debera tener. No se compromete teniendo en cuenta las necesidades al Sur, sino en funcin de los intereses geopolticos, comerciales y de propaganda meditica de los pases donantes. Se trata como un anuncio publicitario, solamente se seleccionan los proyectos visibles y rentables, las empresas implicadas son en general las del pas de donde viene el dinero, demasiadas manipulaciones estadsticas tienen lugar y el contorno de la AOD es borroso: incluye prstamos con una tasa reducida que se reembolsarn hasta el ltimo cntimo, las condonaciones de deuda, los gastos de enseanza (gastos de escolaridad de los estudiantes del Sur en los pases en cuestin), la recepcin de los refugiados (y demasiado a menudo la vuelta por la fuerza a su pas de origen), los gastos de misiones de expertos que realizan peritajes bien poco tiles, el salario de cooperadores que benefician raramente a las poblaciones desamparadas La parte de la AOD que llega in situ y es aprovechada por los ms pobres es ridcula. La triplicacin de la AOD permitira lograr sumas sustanciales. Por fin, para hacerlo bien, la AOD debera pagarse enteramente en forma de subvenciones y, ms que de hablar de ayuda o subvencin, convendra en adelante utilizar el trmino reparacin. Se trata, en efecto, de reparar los daos causados por siglos de saqueo e intercambio desigual.

En este contexto, la Carta de los Derechos y Deberes Econmicos de los Estados adoptada por la ONU en 197411 es una contribucin importante. El Captulo 1 prescribe que las relaciones entre Estados deberan ser reguladas por una serie de principios entre los cuales figura en el acpite i) el de Reparacin de injusticias que han sido impuestas por la fuerza y que privan a una nacin de los medios naturales necesarios para su desarrollo normal. El artculo 17 prescribe la obligacin general de los Estados de cooperar en el desarrollo de los Estados ms necesitados, concretamente afirma la necesidad: de cooperar a los esfuerzos de los pases en vas de desarrollo para acelerar su progreso econmico y social garantizndoles condiciones exteriores favorables y aportndoles una ayuda activa, conforme a sus necesidades y a sus objetivos en cuanto a desarrollo, en cumplimiento riguroso de la igualdad soberana de los Estados y sin condiciones que afectan a su soberana. Una obligacin similar, que incluye a todos los Estados, de responder a las necesidades y objetivos de desarrollo generalmente reconocidos o mutuamente aceptados de los pases en vas de desarrollo, figura en el artculo 2212.

Garantizar la vuelta al mbito pblico de los sectores estratgicos que se privatizaron

Las reservas y la distribucin de agua, la generacin y distribucin de electricidad, las telecomunicaciones, el correo, los ferrocarriles, las empresas de extraccin y de transformacin de bienes primarios, el sistema de crdito, algunos sectores de la educacin y de la salud han sido sistemticamente privatizados o estn en vas de serlo. Resulta conveniente asegurar el retorno de esas empresas al dominio pblico.

Todo Estado tiene derecho a: Nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de bienes extranjeros, en cuyo caso el Estado que adopte esas medidas deber pagar una compensacin apropiada, teniendo en cuenta sus leyes y reglamentos aplicables y todas las circunstancias que el estado considere pertinentes. En cualquier caso en que la cuestin de la compensacin sea motivo de controversia, sta ser resuelta conforme a la ley nacional del Estado que nacionaliza y por sus tribunales...  ONU, Carta de los derechos y deberes econmicos de los Estados, 1974, artculo 2/2 

Adoptar modelos de desarrollo parcialmente autocentrados

Este tipo de desarrollo supone la creacin de zonas poltica y econmicamente integradas, la aparicin de modelos de desarrollo endgenos, un refuerzo de los mercados internos, la creacin de un ahorro local para financiamientos locales (mientras que en muchos pases, las sumas colocadas en el extranjero por los ms ricos sobrepasan el importe de la deuda exterior del pas), el desarrollo de la educacin y la salud ambas pblicas y gratuitas, la instauracin de un impuesto progresivo y de mecanismos de redistribucin de las riquezas, una diversificacin de las exportaciones, una reforma agraria que garantice un acceso universal a la tierra a los campesinos, una reforma urbana que garantice un acceso universal al alojamiento, etc.

En la arquitectura mundial actual, es necesario sustituir reagrupaciones econmicas regionales. Slo tal desarrollo parcialmente autocentrado permitir la aparicin de relaciones de complementariedad Sur-Sur, condicin sine qua non para el desarrollo econmico de los PED.

Si se quiere dar un contenido de justicia social al proyecto de integracin Sur-Sur, es necesario que las autoridades pblicas recuperen el control sobre los recursos naturales y sobre los grandes medios de produccin, crdito y comercializacin. Es necesario nivelar hacia arriba las conquistas sociales de los trabajadores y pequeos productores, reduciendo al mismo tiempo las asimetras entre las economas. Es necesario sostener a los pequeos productores privados en numerosas actividades: agricultura, artesana, comercio, servicios. El proceso de emancipacin social que persigue el proyecto socialista del siglo XXI quiere liberar a la sociedad de la soberana capitalista apoyando las formas de propiedad que tienen una funcin social positiva: pequeas propiedades privadas, propiedad pblica, propiedad cooperativa, propiedad comunal y colectiva, propiedad tradicional de los pueblos indgenas

Actuar sobre el comercio

Es necesario reformar radicalmente las reglas del comercio. En lo que se refiere a la agricultura, como lo reivindica el movimiento campesino Va Campesina, conviene reconocer el derecho de cada pas (o grupo de pases) a la soberana alimentaria y, en particular, a la autosuficiencia para los productos bsicos.

Las reglas del comercio mundial deben por otro lado supeditarse a criterios ambientales, sociales y culturales estrictos. La salud, la educacin, el agua y la cultura deben excluirse del campo del comercio internacional. Los servicios pblicos deben ser los garantes y deben por tanto ser excluidos del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), que prepara la liberalizacin total de los servicios pblicos. Conviene, por otra parte, suprimir los Acuerdos sobre los derechos de propiedad intelectual relativos al comercio (ADPIC) que impiden los pases del Sur producir libremente bienes (medicamentos, por ejemplo) destinados a la satisfaccin de las necesidades de sus poblaciones.

Todos los Estados tienen el derecho de asociarse en organizaciones de productores de materias primas con el fin de desarrollar sus economas nacionales...

Carta de los derechos y deberes econmicos de los Estados, las Naciones Unidas, 1974. Artculo 5

 

Se trata de establecer mecanismos que garanticen una mejor remuneracin de la canasta de productos exportados al mercado mundial por los PED (estabilizar el precio de las materias primas en un nivel satisfactorio para los pases productores, garantizar los beneficios de exportacin, constituir stocks reguladores lo que implica el abandono de stock cero, etc.).

Para ir hacia tales mecanismos concertados, conviene apoyar los esfuerzos de los PED para constituir carteles de pases productores. La Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo (OPEP), a menudo es denigrada aunque desempea en varios aspectos un papel positivo13. La consecucin de tales carteles podra permitir a la vez una reduccin de los volmenes exportados (lo que, por una parte, limitara el agotamiento de los recursos naturales y, por la otra, permitira el aumento de las superficies utilizadas para los cultivos alimentarios) y un aumento de los ingresos de exportacin que deben volverse a invertir en el desarrollo por los pases beneficiarios. Por qu no hay un cartel de los productores de cobre (Chile no hace mucho tiempo representaba, l solo, el 30% de las exportaciones mundiales)? Un cartel del caf? Un cartel del t? Etc.

Por otra parte, los PED deben poder recurrir a medidas de proteccin de sus producciones locales, en particular, como lo pide Va Campesina, la abolicin de todo apoyo y subsidio directos o indirectos a las exportaciones, a la prohibicin de la produccin y la comercializacin de semillas y alimentos genticamente modificados y a la prohibicin de la patente de lo vivo as como a la apropiacin privada del conocimiento relativo a la agricultura y a la alimentacin.

Para garantizar la independencia y la soberana alimentaria de todos los pueblos del mundo, es crucial que los alimentos sean producidos mediante sistemas de produccin diversificados, de base campesina. La soberana alimentaria es el derecho de cada pueblo a definir sus propias polticas agropecuarias y en materia de alimentacin, a proteger y regular la produccin agropecuaria nacional y el mercado domstico al fin de alcanzar metas de desarrollo sostenible, a decidir en qu medida quieren ser autosuficientes sin volcar sus excedentes en terceros pases mediante la prctica del dumping. [] No se debe conceder primaca al comercio internacional por encima de otras metas sociales, ambientales, de desarrollo o culturales14 . Va Campesina

 

Adoptar una nueva disciplina financiera

Las crisis financieras de repeticin de los aos noventa y la crisis financiera mundial que estall en 2008 probaron, por el absurdo, que ningn desarrollo sostenible poda alcanzarse sin un control estricto de los movimientos de capitales y de la evasin fiscal. Varias medidas son pues necesarias para llevar a los mercados financieros a la satisfaccin de las necesidades humanas fundamentales: volver a regular los mercados financieros, controlar los movimientos de capitales, suprimir los parasos fiscales y suprimir el secreto bancario para luchar eficazmente contra la evasin fiscal, la malversacin de fondos pblicos y la corrupcin, adoptar normas garantizando la proteccin de los pases que recurren a la deuda externa. Es pues necesario implantar una arquitectura financiera diferente, y la creacin en diciembre de 2007 del Banco del Sur es un paso en este sentido.

Ante la crisis financiera, los gobiernos deberan tomar el control de los bancos privados sin indemnizacin. En el caso de la nacionalizacin de bancos privados al borde de la quiebra, es necesario que el gobierno recupere el coste de la operacin de rescate de los depsitos de los ahorristas tomando esa suma del patrimonio de los grandes accionistas y de los administradores. En vez de salvar a los banqueros, es necesario salvar el ahorro y el crdito populares.

Suprimir los parasos fiscales y otras actividades offshore15 

Estos parasos fiscales y judiciales tienen como efecto inflar la burbuja financiera y debilitar las economas legales (anualmente se blanquean entre 500.000 millones y 1,500 billones de dlares). El centro offshore de la City de Londres representa por s solo un 40% del volumen de negocios realizado por los parasos fiscales. En la lista de los principales parasos fiscales aparecen: Suiza, Pases Bajos, Irlanda, Gran Ducado de Luxemburgo, que representan alrededor de un 30%. El 30% restante pasa por unos sesenta destinos exticos, como las islas Vrgenes, las islas Caimn, las Bermudas Es necesario suprimir los parasos fiscales y los centros offshore suprimiendo al mismo tiempo el secreto bancario para luchar eficazmente contra la evasin fiscal, la malversacin de fondos pblicos y la corrupcin.

Asegurar un control democrtico de la poltica de endeudamiento

La decisin de los Estados de contraer emprstitos y los trminos en los que se suscriben deben presentarse a la aprobacin popular (debate y voto en el Parlamento, control ciudadano). A este respecto, el proyecto de nueva Constitucin boliviana prev que en adelante sea la Asamblea legislativa plurinacional (se refiere a las varias naciones que se reconocen en el pas, NdT) que autoriza el recurso al emprstito16 . Del mismo modo, la Constitucin ecuatoriana coloca, de manera transparente, la decisin del endeudamiento en las manos de los funcionarios electos por el pueblo.

Art. 289.-La contratacin de deuda pblica en todos los niveles del Estado se regir por las directrices de la respectiva planificacin y presupuesto, y ser autorizada por un comit de deuda y financiamiento de acuerdo con la ley, que definir su conformacin y funcionamiento. El Estado promover las instancias para que el poder ciudadano vigile y audite el endeudamiento pblico. Constitucin ecuatoriana 2008.

 

Garantizar a las personas el derecho de circulacin y de radicacin

Adems de que la libertad de circulacin y de radicacin constituye un derecho humano elemental, es necesario tener en cuenta el hecho de que los envos de los emigrantes hacia su familia de origen, que vive en un PED, representan un recurso considerable para decenas de millones de familias. Slo en 2007, los envos de los emigrantes representaron la suma de 240.000 millones de dlares, lo que representa cuatro veces ms que la parte subvencin del conjunto de la ayuda pblica al desarrollo. Obviamente, sobre la base de una verdadera mejora de las condiciones de vida, que sern la consecuencia de la aplicacin de las medidas preconizadas ms arriba, las presiones migratorias disminuirn mucho. Es por ese ngulo por el que es necesario solucionar el problema, no por el del cierre de las fronteras a los seres humanos.

En Hait y en Jamaica, ocho de cada diez diplomados universitarios emigran al extranjero. En Sierra Leona y en Ghana, son cinco diplomados de cada diez. Numerosos pases de Amrica Central Y del frica subsahariana, as como ciertos pases insulares del Caribe y del Pacfico, informan tasas de migracin de personas muy calificadas en ms de 50%. 

Banco Mundial, Migraciones internacionales, envos de fondos y xodo de competencias , 24 de octubre de 2005

Establecer la igualdad hombre-mujer

Aunque la expresin se puso de moda, esta igualdad es la clave absolutamente indispensable para una alternativa real. Es importante precisar, a la hora de las palabras ambiguas, que se trata efectivamente de igualdad que debe establecerse y no de equidad. Estas dos palabras a menudo se emplean indiferentemente pero no cubren la misma necesidad ni la misma urgencia. El que tiene 6 manzanas y decide darlos a dos personas puede considerar equitativo dar 2 a uno y 4 al otro segn criterios que le parezcan pertinentes. Lo mejor posible, por ello las mujeres viven de equidad: segn las posibilidades objetivas, segn los partidos en el poder, segn la jerarqua de las urgencias A este nivel, es til actualizar las ideologas que, incluso progresistas, dejaron de lado la lucha por la emancipacin de las mujeres. Las mujeres no son seres humanos rebajados y, en todos los casos, deben beneficiarse del mismo tratamiento que los hombres en todos los mbitos. En primer lugar en la esfera pblica: los derechos civiles y polticos, los derechos econmicos, sociales y culturales. Cada uno y cada una sus 3 manzanas! Y sobre todo en la esfera privada: en las familias, los hogares, las comunidades. Ya que es en ltima instancia all es que el patriarcado se refugia cuando se logran avances en la sociedad. All pueden subsistir los deseos de poder, all es donde se producen las compensaciones frente a las injusticias externas. El que se siente esclavo o explotado afuera, se convierte en potentado en su hogar por la gracia del patriarcado! El feminismo, como instrumento de la emancipacin de las mujeres y de la lucha contra el patriarcado, es pues parte integral de la alternativa, no es negociable.

Los Estados deben adoptar, a nivel nacional, todas las medidas necesarias para la consecucin del derecho al desarrollo y deben garantizar, en particular, la igualdad de oportunidades de todos para el acceso a los recursos bsicos, a la educacin, a los servicios de salud, a la alimentacin, al alojamiento, al empleo y a una distribucin equitativa de la renta adoptarse. Deben adoptarse medidas eficaces para garantizar una participacin activa de las mujeres en el proceso de desarrollo. Deben hacerse reformas econmicas y sociales convenientes con el fin de eliminar todas las injusticias sociales.

ONU, Declaracin sobre el Derecho al Desarrollo17

 

Garantizar el derecho de los pueblos indgenas a la autodeterminacin

La visin jerarquizada de la historia del mundo implica muy a menudo una visin racista de las relaciones sociales. Con qu condescendencia a menudo, incluso en los textos mejor intencionados, se abordan los derechos de las comunidades indgenas! A menudo minoritarias por la fuerza de los acontecimientos histricos, como las masacres y los saqueos de los colonos, los pueblos nativos estn en estado de alerta permanente para salvaguardar sus derechos. E incluso, siempre que el pueblo nativo sea mayoritario con relacin a los descendientes de los colonos blancos, por ejemplo en varios pases andinos, el racismo invierte la jerarqua de los valores y da todos los derechos a las minoras dominantes. La autonoma constituye pues un medio poltico para llevar a hombros la pretensin de los derechos. Esta autonoma no puede adquirirse, una vez ms, sino por la creacin de una relacin de las fuerzas: por ello, durante las ltimas dcadas, por todas partes en el mundo, los pueblos indgenas rechazaron la oferta del modelo dominante y se plantaron contra las multinacionales, contra los gobiernos, contra las instituciones internacionales, para hacer valer su derecho, su eleccin de sociedad. Nuevas Constituciones en Bolivia, Venezuela, Ecuador ratifican estas luchas y abren el campo a una justa autonoma de los pueblos nativos, permitindoles vivir o hacer revivir los hbitos, las tradiciones, el derecho, la concepcin de la poltica, la concepcin de la democracia que son los suyos. Es el mejor medio, es la nica va que debe seguirse? La reflexin merece llevarse en las filas de los movimientos sociales. Lo que queda claro, es que autonoma permitir a los pueblos beneficiarios probar el fundamento de sus elecciones y a las otras comunidades de encontrarlos en pie de igualdad.

En septiembre de 2007, y despus de ms de veinte aos de negociaciones, la Asamblea General de la ONU adopt una Declaracin sobre los derechos de los pueblos indgenas18, que reconoce, en particular, para las aproximadamente 370 millones de personas en esa categora: el derecho a la autodeterminacin y el derecho a definir y elaborar prioridades y estrategias con el fin de ejercer su derecho al desarrollo, con el fin de proteger sus culturas y la integridad de sus tierras, sin ninguna forma de discriminacin. Algunas reparaciones estn previstas incluso para los perjuicios sufridos: El pueblo autctono privado de sus medios de subsistencia y desarrollo tiene derecho a una indemnizacin justa y equitativa. Aunque esta declaracin no tiene el valor jurdico y vinculante de un Tratado, es un paso adelante que es necesario saludar. Hay que indicar que once pases, entre ellos Rusia y Colombia, se abstuvieron, mientras que otros cuatro (Estados Unidos, Canad, Australia y Nueva Zelanda) votaron en contra19 .

Proteger los bienes comunes de la humanidad

La reflexin sobre los bienes comunes de la humanidad est en el centro de los debates altemundialistas. El nombre que se les da vara (bienes pblicos, patrimonio de la humanidad) y el campo que cubren tiene tendencia a ampliarse. Hacer una lista y una clasificacin de los bienes comunes requiere pues una extensa consulta democrtica donde se reflejan historias y culturas diferentes.

El concepto bien comn coincide con el concepto de derecho en muchos aspectos. La proteccin de los bienes comunes quiere en efecto garantizar el derecho y el acceso de todos: al agua, al aire puro, a la energa, a la comida, al transporte, a la educacin bsica y tambin al conocimiento en sentido amplio, al derecho al desarrollo, a la igualdad, a la libertad, al placer, en resumen, el derecho a la vida. Se enunciaron magnficamente todos estos derechos en las cartas y pactos de las Naciones Unidas.

A escala planetaria, otros derechos deben garantizarse: el derecho universal a un empleo digno por una reduccin radical del tiempo de trabajo, que se opone a la lgica actual en la que se ven desocupados (parados) coexistir con asalariados agotados y corrodos por la tensin; el derecho universal a una renta de ciudadana; la defensa de los sistemas de jubilacin por distribucin, en comparacin con el sistema de jubilacin por capitalizacin (la instauracin de un sistema por distribucin all donde no existe); la gratuidad de la educacin (nivel universitario incluido) y la salud; extensos programas de trabajos pblicos socialmente tiles y preservando el medio ambiente (por ejemplo, construccin de alojamientos y adaptacin urbana, renovacin del hbitat existente, infraestructura de transportes colectivos por ferrocarril) ; gratuidad del transporte pblicos; campaas de alfabetizacin, vacunacin, asistencia sanitaria primaria, como fue el caso, con resultados extraordinarios, en Nicaragua entre 1980 y 1983 o en Venezuela en 2003-2005.

La cuestin de la democracia poltica es obviamente central. Sin la intervencin activa de los/las ciudadanos/as a todos los niveles de la decisin poltica, el conjunto de las propuestas presentadas aqu no tiene verdaderamente sentido.

Construir una nueva arquitectura internacional

Es necesario optar por propuestas que redefinan radicalmente el fundamento de la arquitectura internacional (misiones, funcionamiento). Retomemos el caso de la OMC, del FMI y del Banco Mundial, organizaciones que es necesario reemplazar.

La nueva OMC debera aspirar en el mbito del comercio a garantizar el cumplimiento de una serie de pactos internacionales fundamentales, comenzando por la Declaracin Universal de los Derechos Humanos y todos los otros tratados fundamentales en cuanto a derechos humanos (individuales o colectivos) y ambientales. Su funcin sera supervisar y regular el comercio de tal modo que se ajuste rigurosamente a las normas sociales (convenios de la Organizacin Internacional del Trabajo - OIT) y ambientales. Esta definicin se opone de manera frontal a los objetivos actuales de la OMC. Esto implica obviamente una estricta separacin de los poderes: es inaceptable que la OMC, como, por otra parte, cualquier otra organizacin, posea su propio tribunal. Es necesario pues suprimir el rgano de Resolucin de Conflictos.

La organizacin que sustituir al Banco Mundial, que ser una organizacin fuertemente regionalizada (los Bancos del Sur podran conectarse), tendra por funcin proporcionar prstamos a tasas de inters muy bajas o nulas y subvenciones que slo podran concederse a condicin de utilizarse cumpliendo rigurosamente las normas sociales y ambientales y, ms generalmente, los derechos humanos fundamentales. Contrariamente al Banco Mundial actual, el nuevo banco, cuyo mundo tiene necesidades, no pretendera representar los intereses de los acreedores e imponer a los deudores un comportamiento de oferta al mercado-rey, tendra por misin prioritaria la defensa de los intereses de los pueblos que reciben los prstamos y las subvenciones.

El nuevo FMI, por su parte, debera reencontrar una parte de su funcin original para garantizar la estabilidad de las monedas, luchar contra la especulacin, controlar los movimientos de capitales, actuar para prohibir los parasos fiscales y el fraude fiscal. Para lograr este objetivo, podra colaborar con las autoridades nacionales y los fondos monetarios regionales en el cobro de distintos impuestos internacionales.

Todas estas pistas requieren la elaboracin de una arquitectura mundial coherente, jerarquizada y dotada con una divisin de los poderes. La clave debera ser la ONU, siempre que su Asamblea General se convierta en la verdadera instancia de decisin lo que implica suprimir el estatuto de miembro permanente del Consejo de Seguridad (y el derecho de veto que le est vinculado). La Asamblea General podra delegar misiones especficas a organismos ad hoc.

Creemos en la posibilidad y en la necesidad de la reforma de la ONU por tres razones: su carta es globalmente progresista y democrtica; el principio de su composicin es democrtico (un Estado = un voto) incluso se debera completar, tal como se ha sugerido ms arriba, con un sistema de representacin proporcional y directa; en los aos 60 y 70, la Asamblea General adopt resoluciones y declaraciones claramente progresistas (que en principio an no han sido aplicadas) y estableci algunas instituciones tiles (la OIT, la CNUCED, la OMS).

Otro tema al que an no se dio la suficiente importancia es el de un dispositivo internacional de derecho, de un poder judicial internacional (independiente de las otras instancias de poder internacional), que complete el dispositivo actual constituido principalmente por el Tribunal Internacional de La Haya y por el joven Tribunal Penal Internacional. Con la ofensiva neoliberal de los veinte ltimos aos, la ley del comercio domin progresivamente a la ley del derecho pblico. Instituciones internacionales no democrticas como la OMC y el Banco Mundial funcionan con su propio rgano de justicia: el rgano de resolucin de conflictos en la OMC y el CIADI cuyo papel aument excesivamente. Algunos miembros permanentes violan regularmente la carta de la ONU en su Consejo de Seguridad. Se crean algunos nuevos espacios de no derecho (los presos sin derecho encarcelados en Guantnamo por Estados Unidos). Este pas, despus de haber desafiado al Tribunal Internacional de La Haya (en el que ha sido condenado en 1985 por haber atacado a Nicaragua), rechaza el Tribunal Penal Internacional. Todo eso es extremadamente preocupante y requiere urgentemente iniciativas para completar un dispositivo internacional de derecho.

Mientras tanto, es necesario obligar a instituciones tales como el Banco Mundial y el FMI a rendir cuentas a la justicia. En efecto, mientras que en principio estn sujetas del derecho internacional y, en particular, al conjunto de los Tratados relativos a los derechos humanos, estas dos instituciones (a las cuales es necesario aadir los bancos regionales de desarrollo) hacen caso omiso de ellos.

El agravamiento de la desnutricin, el retroceso de la tasa de escolaridad y el aumento del desempleo fueron imputados a las polticas de ajuste estructural. Ahora bien, estas mismas instituciones [el FMI y Banco Mundial] siguen prescribiendo la misma terapia y ponindolas como condicin para que los pases puedan beneficiarse de una reduccin de la deuda, negando la evidencia - a saber que los programas de ajuste estructural acentuaron incuestionablemente la pobreza. Fantu Cheru, Relator especial de la ONU20 

 

Por otra parte, estas instituciones sostuvieron (y sostienen an) activamente regmenes dictatoriales, y desestabilizaron (y desestabilizan an ahora) a gobiernos democrticos que llevan a cabo polticas que desagradan en Washington y en otras capitales. La lista de sus fechoras es larga y los delitos que cometieron y cometen an son muy graves. Es necesario comenzar pleitos en su contra en distintas instancias habilitadas a hacerlo, comenzando por rganos jurisdiccionales nacionales21.

NOTAS

1 ric Toussaint, doctor en Ciencias polticas de las Universidades de Liege (Blgica) y Paris VIII (Francia), presidente del Comit para la Abolicin de la Deuda del Tercer Mundo - Blgica, www.cadtm.org , autor de Banco del Sur y nueva crisis internacional, Viejo Topo, Barcelona, 2008; Abya-Yala, Quito, 2008; Observatorio DESC-Bolivia, La Paz, 2008

2 Ver el texto integral de la declaracin final: www.cadtm.org/spip.php ?article3616. Para una ampliacin detallada desde el punto de vista del derecho internacional a favor de un acto soberano unilateral, ver Hugo Ruiz Daz Balbuena, La dcision souveraine de dclarer la nullit de la dette ou la dcision de non paiement de la dette : un droit de lEtat (La decisin soberana de declarar la nulidad de la deuda o la decisin de no pago de la deuda: un derecho del Estado), www.cadtm.org/spip.php?article3680

3 Refirindose a las investigaciones de ponentes especiales, de grupos de trabajo de expertos y del Secretario General de la ONU.

4 Artculo 11, seccin 2. Esta declaracin fue adoptada en septiembre de 2007. Ver ms adelante.

5 Disponible en www.ml.com/media/100472.pdf

6 Estudio sobre el nuevo orden econmico internacional y la proteccin de los Derechos Humanos, E/CN.4/Sub.2/1983/24, par. 10.

7 Carta de Jacques Chirac, presidente de la Repblica, dirigida a Jean-Pierre Landau, consejero financiero en la embajada de Francia en Londres y presidente del grupo de trabajo sobre las nuevas contribuciones internacionales para el financiamiento del desarrollo, 7 de noviembre de 2003, www.elysee.fr rbrica Archivos.

8 Les nouvelles contributions financires internationales (Las nuevas contribuciones financieras internacionales), Grupo de trabajo presidido por Jean-Pierre Landau, La Documentation franaise, 2004.

9 Ver www.unitaid.eu/index.php/fr/Un-mode-de-financement-innovant.html : Aujourdhui, la taxe est dj en place dans les pays suivants : France, Chili, Cte dIvoire, Congo, Rpublique de Core, Madagascar, Maurice, Niger. Pour sa part, la Norvge affecte une partie de sa taxe sur le CO2 (krosne) UNITAID. ( Actualmente, la tasa est implantada en Francia, Chile, Costa de Marfil, Congo, Repblica de Corea. Madagascar, Mauricio, Niger. Por su lado, Noruega afecta una parte de su tasa sobre el CO2 (kerosene) a UNITAID.)

10 En el sitio web de Unitaid, puede leerse: En Francia, la tasa entr en vigencia el 1 de julio de 2006 y no apareci ningn impacto negativo sobre la industria del transporte areo. Air France public un resultado que muestra un alza del 5 % sobre un ao de su transporte de pasajeros en septiembre de 2007.

11 Resolucin 3281 (XXIX) de la Asamblea General del 12 de diciembre de 1974.

12 Ver Cetim, Quel dveloppement? (Qu desarrollo?) Quelle coopration internationale? (Qu cooperacin internacional?) , 2007.

13 Por ejemplo, Venezuela, miembro de la OPEP, firm acuerdos con unos quince pases del Caribe y de Latinoamrica por los que les vende el petrleo a precio de amigo, mucho ms bajo que el precio de venta a Estados Unidos, del que es uno de los principales proveedores.

14 Va Campesina, en Rafael Daz-Salazar, Justicia Global. Las alternativas de los movimientos del Foro de Porto Alegre, Icaria editorial - Intermn Oxfam, 2002, p.87 y 90

15 Un centro offshore o paraso fiscal es un artificio contable, un espacio ficticio de hecho, presente en las cuentas de las empresas (inversores institucionales zinzins, transnacionales industriales y otras), que permite que una transaccin en un territorio preciso escape de toda forma de control y de pago de impuestos en ese territorio por el hecho de que la transaccin se considera como producida en otro lugar en el plano jurdico.

16 Ver especialmente el artculo 322

17 Artculo 8, seccin 1. Declaracin adoptada por la Asamblea General de la ONU en su resolucin 41/128 del 4 de diciembre de 1986. Texto integral reproducido en Eric Toussaint, Banco Mundial: el Golpe de estado permanente. Centro Internacional Miranda. Venezuela, 2006.

18 Ver la declaracin completa : www.un.org/french/documents/view_doc.asp ?symbol=A/RES/61/295

www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/drip.html

19 Ver Les Nations unies reconnaissent les droits des peuples indignes ( Las Naciones Unidas reconocen los derechos de los pueblos indgenas ), Le Monde, 14 de septiembre de 2007.

20 ONU, Comisin de los derechos del hombre, E/CN.4/2001/56, 18 enero 2001, p. 14.

21 Para una argumentacin detallada sobre este tema, ver Eric Toussaint, Banco Mundial : el Golpe de estado permanente. Centro Internacional Miranda. Venezuela, 2006, captulos 22 a 24.4.

 



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