El Plan México incluye así llamadas condiciones de derechos humanos. Son:
Muchas de esas condiciones ya son ley en México, pero el gobierno Mexicano no hace nada para que la ley se aplique de hecho.
Cuando el Congreso gringo aprobó la primera versión del Plan México, políticos mexicanos discreparon de las condiciones de derechos humanos, diciendo que quebraban la soberanía nacional de México. Y si, hasta un cierto punto tenían razón. Estados Unidos nunca permitiría que los países donde hay bases militares estadounidenses sometan los soldados gringos a investigaciones. Fíjense si el pueblo de Irak o Afganistán o el gobierno cubano pudieran someter soldados y contratistas gringos a investigaciones y rechazar soldados y contratistas que no cumplen con sus estándares de derechos humanos. De hecho, cuando contratistas de Blackwater hicieron una masacre en Irak en 2007, el gobierno de Irak anunció que los echaría de su país. Pocos días después se cambio su postura por presión de George Bush, y Blackwater sigue trabajando allá.
Sin embargo, los políticos mexicanos no se quejaron del despliegue de agentes y contratistas estadounidenses que entrenarían fiscales y jueces y policías mexicanos para seguir con la gringoizacion del sistema judicial mexicano y para que EE.UU. amplíen el alcance de sus servicios de inteligencia. A lo mejor EE.UU. desplegara’ agentes de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF por sus siglas en inglés) a México para vigilar el tráfico de armas ilegales como parte del Plan México y el Operativo Gunrunner.
Muchas organizaciones mexicanas de derechos humanos rechazaron la idea de que condiciones de derechos humanos quiebren la soberanía nacional de México. Dicen que los derechos humanos son una responsabilidad mundial, protegidos por tratados internacionales que el gobierno mexicano firmó. Por eso, dicen, cuestiones de la soberanía nacional no aplican cuando tiene que ver con los derechos humanos.
Sin embargo, la ironía que EE.UU. exija cumplimiento con condiciones de derechos humanos no se escapa en México. La Jornada, el periódico más leído en todo México, comentó: “la exigencia estadounidense de verificar el respeto a los derechos humanos en otras naciones constituye una pretensión grotesca y disparatada, habida cuenta de que, a escala planetaria, la superpotencia es la principal violadora de tales derechos. Abu Ghraib, Guantánamo, los vuelos secretos de la CIA, el severo recorte legal a las libertades ciudadanas y a las garantías individuales, así como los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Afganistán e Irak son referentes ineludibles de un gobierno que ha convertido el asesinato, el secuestro, el bombardeo de civiles y el terrorismo en general en política de Estado.”
Pero las condiciones de derechos humanos incluidas en el Plan México no fueron diseñadas para proteger o mejorar los derechos humanos en países afectados por el Plan México. Solo 15% de los fondos destinados a la seguridad pública y las fuerzas militares son condicionados. Eso significa que el gobierno de EE.UU. dará 85% de los fondos para la seguridad pública y el ejército aun si México no cumple con las condiciones de derechos humanos.
Además, la persona encargada de certificar el conforme de México a las condiciones de derechos humanos es la Secretaria de Estado, actualmente Condoleezza Rice. Es la misma Condoleezza Rice que sigue encubriendo al gobierno de Bush y sus crímenes de lesa humanidad. También es la misma Condoleezza Rice que llamó a todos los miembros del congreso gringo el día antes de la votación del Plan México para decirles que aprobaran la Iniciativa. No es muy probable que Condoleezza Rice no confirme el conforme de México a las condiciones de derechos humanos.
Al final, el debate sobre los derechos humanos fue una distracción. Washington se apropió del discurso de derechos humanos y quiere apropiar organizaciones de derechos humanos para impulsar su doctrina militar y de seguridad publica en México, Centroamérica, y el Caribe. La condición que la sociedad civil mexicana aconseje al gobierno mexicano sobre la implementación del Plan México significa que organizaciones que están en contra del Plan y dicen “no” a la militarización no tendrán lugar. Además, hay fondos en el Plan para entrenar las organizaciones de derechos humanos mexicanos a monitorear el Plan, a lo mejor de manera que les conviene a los gobiernos de EE.UU. y México.
El Plan México apoya la política fracasada de utilizar la seguridad pública y el ejército para combatir el narcotráfico y las maras. Esta política de mano dura ha resultado en una aumentación exponencial de violencia y violaciones de derechos humanos en México y Centroamérica, pero desde todo punto de vista fracasó en contener el narcotráfico y las maras. Ninguna cantidad de condiciones de derechos humanos cambiará el hecho de que es una política que no logró sus metas, y que es una política que aumenta la violencia y represión.
En México, el presidente Calderón desplegó cuarenta mil soldados militares y cinco mil policías federales a once estados a partir de hace un año y medio cuando declaró la guerra contra el crimen organizado. Eso ha convertido muchas partes del país en una verdadera zona de guerra.
Bush y Calderón dicen que el aumento de violencia y muertos vale la pena. Dicen que demuestra que la estrategia militar está funcionando bien. Sin embargo, índices de interdicción de las drogas que entran a EE.UU. por México han sido constantes en 10%. Solo parece que los índices de interdicción se han aumentado porque ahora cada vez que el gobierno mexicano confisca drogas, organiza una conferencia de prensa.
Represión de movimientos sociales también se ha aumentado bajo Calderón y su militarización del país.
En Chiapas, incursiones militares en comunidades en resistencia se han aumentado. Durante un plazo de siete semanas entre abril y junio de 2008, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas documentó 13 operativos militares o policíacos en comunidades indígenas en resistencia. Eso no solo ocurre en comunidades zapatistas, pero también en comunidades donde hay presencia de la Organización Campesino Emiliano Zapata (OCEZ) y aun comunidades del PRI, un partido político conocido por su dictadura de más que 70 años, y que todavía tiene mucho poder en el gobierno.
Los gobiernos estatales y federales colaboran en operativos militares-policíacos en estas comunidades. Muchas veces entran sin órdenes de aprensión, y actualmente su pretexto es casi siempre drogas y armas ilegales. No confiscaron ni siquiera una bolsita de marihuana ni una pistola en ninguno de los operativos en comunidades en resistencia. Su objetivo verdadero es obvio: reprimir comunidades en resistencia.
Pero militarización y ocupaciones militares no son novedades en Chiapas. Las tácticas del gobierno y su pretexto de represión cambian tras los años, pero la represión sigue siendo constante.
Sin embargo, en el norte donde Calderón desplegó las tropas, ciudadanos ven que recursos para combatir el crimen organizado se utilizan contra líderes sociales y activistas. El 27 de marzo de este año, el gobierno federal emprendió el Operativo Chihuahua para, en sus palabras, “localizar, combatir, y desmantelar la redes del narcotráfico, el crimen organizado, y el blanqueo de dinero.” Bajo el Operativo Chihuahua, se desplegaron 2,000 soldados y 400 (cuatro cientos) policías federales a Ciudad Juárez. Dentro de la primera semana del operativo, seis activistas—3 de ellos muy destacados—fueron arrestados por agentes federales. Se arrestó una bajo un orden de aprensión que llevaba tres años. Cinco de ellos eran del Agro dinámica Nacional, líderes de movimientos sociales por tarifas justas de electricidad y en contra del TLC con EE.UU. La sexta era una activista que trabajaba contra los femicidios en Juárez. La arrestaron regresando de llevar una mama para identificar los restos de su hija.
Fondos para la ILEA
Plan México incluye fondos (pero no se sabe cuántos) para entrenar policías centroamericanos en la Academia Internacional Para la Aplicación de la Ley, en ingles conocida como Internacional Law Enforcement Academy (ILEA). Tiene mala fama como “La escuela de las Américas para policías.”
Una persona que colaboró en la fundación de la Academia es el policía gringo John Timonel. Es muy conocido en EE.UU. por ser experto en reprimir protestas y activistas. En protestas donde él dirigió las fuerzas policíacas y la represión, nos golpearon en las calles y nos torturaron en las cárceles. Por ser experto en represión, lo mandaron a Irak para entrenar la policía de Bagdad. Ahora trabaja en una ONG derechista en el gabacho donde aconseja en la aplicación de la ley, y la propuesta de cómo sería la Academia para la Aplicación de la Ley salió de esa ONG.
Los presidentes de EE.UU. y El Salvador hicieron un acuerdo secreto para fundar la escuela y evitar broncas con los movimientos sociales, así que activistas de Costa Rica ya habían logrado echar la Academia de su país antes de la primera clase. La Academia empezó a dar clases en El Salvador antes de que el presidente informara el Congreso gringo de sus planes, aunque la gran mayoría de los fondos y entrenadores de la Academia vienen del Congreso de EE.UU.
Es imposible monitorear cómo la Academia afecta los derechos humanos. Su trabajo es mas secreto que el de la Escuela de las Ameritas. Solo hay una organización de derechos humanos que tiene acceso al currículo de la Academia. Esa organización recibe fondos de la Academia para dar clases de derechos humanos a los estudiantes policías. Así que la ONG es empleada de la Academia, no está compartiendo la información muy importante que tiene con las demás organizaciones de derechos humanos.
Pero organizaciones de derechos humanos señalan a la Policía Nacional Civil de El Salvador como ejemplo de los efectos del entrenamiento de la Academia. La PNC manda más policías a la Academia que las demás fuerzas policíacas en América Latina. 40% de las quejas que recibe la comisión de derechos humanos en El Salvador se tratan de la PNC. Agentes de la PNC hacen asesinatos políticos, por ejemplo el del líder de la FMLN, Francisco Velis. También forman escuadrones de muerte como la Sombra Negra, que tortura y asesina a pandillas (o maras) sospechadas.
Ponencia de Kristin Bricker de Narco News en el Foro Social Américas en Guatemala como parte del taller “Plan México: Nueva ofensiva del Imperialismo.”
Kristin Bricker es corresponsal basada en México de Narco News También forma parte del colectivo Rebel Imports que vende textiles, café y miel de comercio justo de las cooperativas zapatistas. Para contactos con Kristin escriba a [email protected]. Su blog personal es http://mywordismyweapon.
