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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 05-12-2008

Se estima que ms de 2.100 civiles han sido asesinados para cobrar recompensas
Uribe financi su guerra sucia con fondos de cooperacin internacional

Gorka Castillo
Pblico


Al presidente de Colombia, lvaro Uribe, comienzan a pasarle factura los abusos de su mandato. Al escndalo desatado hace dos semanas por un multimillonario fraude financiero organizado en las sombras caeras del Estado, ahora se suma la filtracin de que el Ejrcito ha practicado desde 2002 cientos de ejecuciones extrajudiciales de civiles, que adems han sido financiadas con fondos de la cooperacin internacional.



La espoleta de esta eliminacin sistemtica fue la puesta en marcha de jugosas recompensas gubernamentales para aquellos militares que demostraran haber abatido guerrilleros en combate.

La artimaa que empieza a conocerse ahora es que miles de los muertos que aparecan como enemigos abatidos eran, en realidad, campesinos secuestrados a los que vestan con uniformes de las FARC antes de ejecutarlos a sangre fra.

Organizaciones civiles calculan que el nmero de vctimas supera las 2.100, casi tantas como las causadas en medio siglo por ETA y el IRA juntos. La plataforma Justicia para Colombia -un grupo de especialistas forenses, catedrticos y juristas de la UE- mostr ayer el documento secreto del Ministerio de Defensa, en el que se establece que los fondos para el pago de las recompensas "procedern del Estado y de otros provenientes de la cooperacin internacional".

Extracto del documento en el que se especifica la financiacin de las recompensas

Este protocolo no slo pone en duda la legalidad de la poltica de Seguridad Democrtica que le ha ganado popularidad a Uribe. Tambin compromete los acuerdos de cooperacin internacional suscritos con varios pases, entre ellos Espaa.

1.300 euros por guerrillero'

El documento, de 15 pginas, contradice a Uribe, quien siempre neg que existiera una poltica sistemtica de recompensas. Pero la orden entr en vigor de forma "permanente" el 17 de noviembre de 2005. Segn las tablas de valoracin, el Gobierno paga por un cabecilla 1,7 millones de euros y por un guerrillero raso, 1.300 euros.

Con esta oferta pblica, los soldados se lanzaron a la caza del indocumentado. El miedo hizo el resto. Nadie fue capaz de denunciar estas atrocidades hasta que a alguien del Ejrcito se le abland el corazn.




Asesinatos impunes o falsos positivos

El escndalo de las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos como eufemsticamente las denomina el Gobierno de lvaro Uribe, se destap hace un mes, cuando un militar revel que 20 civiles de clase baja desaparecidos cerca de Bogot haban sido secuestrados para ser asesinados y presentados a la sociedad como guerrilleros de las FARC. Al principio, Uribe entr en clera contra el autor de difundir esta falaz informacin. En los das siguientes, su tono perdi agresividad hasta llegar al reconocimiento de que aquella atrocidad era cierta, aunque no generalizada, en unas Fuerzas Armadas modlicas con los derechos humanos. Dimiti el jefe del Ejrcito, Mario Montoya, el ingeniero de la liberacin de Betancourt, y 27 oficiales fueron destituidos. Alguien, tambin militar, asegur que era la punta del iceberg de una poltica que legaliza la impunidad y propaga el miedo.



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