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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-12-2008

Entrevista con Mauricio Valiente, coordinador de la misin internacional que sac a la luz las ejecuciones extrajudiciales de civiles en Colombia
"Las violaciones ms graves ya no son obra de paramilitares, sino de las fuerzas de seguridad del Estado y militares"

Gorka Castillo
Agencia Prensa Rural

"Espaa debe exigir explicaciones a Colombia"


Mauricio Valiente es abogado. Ha destapado la prctica de los militares colombianos de matar civiles para cobrar recompensas pagadas con fondos de la cooperacin internacional. Sigue sorprendido. Y alarmado. El coordinador de la misin internacional que ha destapado las ejecuciones extrajudiciales de civiles en Colombia califica est practica sistemtica de "crmenes contra la humanidad". "Ningn pas ha podido financiar conscientemente estos delitos".

Cules son las conclusiones de su informe sobre la situacin de los derechos humanos en Colombia?

La ms importante es que han variado las maneras de violar los derechos humanos y que se registra un agravamiento de los delitos, a pesar de que aparentemente pueda parecer que han mejorado.

En qu ha cambiado?

"Se investigan 2.200 asesinatos, la mayora cometidos en zonas rurales" Los actores fundamentales de las violaciones ms graves ya no son los grupos paramilitares, sino que ahora son miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y militares. El ejemplo de su actuacin son las ejecuciones extrajudiciales, tambin conocidas como "falsos positivos". Su informe sobre las ejecuciones extrajudiciales es estremecedor-

Cmo lo elaboraron?

Nuestra misin comenz en octubre de 2007. Nos reunimos con muchas autoridades del pas, entre ellas el viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, quien reconoci la existencia de estas prcticas delictivas en algunas regiones del oriente antioqueo. l nos asegur que se haban tomado medidas para atajarlas. Sin embargo, un ao despus se descubre el asesinato de unos jvenes cerca de Bogot a quienes maquillaron como miembros de las FARC. Esta revelacin decanta el escndalo hacia unas proporciones difciles de cuantificar. La financiacin de estas recompensas por abatir delincuentes y guerrilleros ha levantado mucha controversia.

La gravedad reside en que la directiva secreta del Ministerio de Defensa colombiano especifica claramente que los fondos para las multimillonarias recompensas proceden de las arcas del Estado y de otros provenientes de la cooperacin internacional. Esto cambia el panorama, porque comienza a afectar a pases extranjeros, como Espaa, cuyas ayudas a Colombia nunca han tenido como objetivo final la financiacin de prcticas criminales. Y Uribe debera aclarar estas sospechas.

Qu debera hacer el Gobierno espaol ante el descubrimiento de este hecho?

Nuestra opinin es que el Gobierno espaol debe exigir explicaciones claras al Ejecutivo colombiano sobre el uso que ha hecho de sus recursos econmicos. El Plan Colombia es muy genrico, ya que tambin contempla proyectos de desarrollo, pero las pruebas nos indican que sus gestores han dado prioridad a la represin en detrimento de otras prcticas humanitarias.

Qu pruebas tienen de que se haya desviado dinero para financiar hechos delictivos?

No conocemos los datos con exactitud porque una de las caractersticas del Gobierno de Uribe es la opacidad. S sabemos que una parte de la partida presupuestaria presentada como inversin social ha sido destinada a la reinsercin de paramilitares en nuevos mecanismos de control social como guardacostas y vigilantes en zonas urbanas.

Antes de presentar el informe en Espaa, ustedes lo hicieron pblico en Colombia, cul fue la respuesta del Gobierno colombiano?

En primera instancia neg los hechos que se denuncian en nuestra investigacin. Y adems sufrimos una campaa de difamacin bajo la acusacin de que ramos parte de una estrategia insurgente. Todos aquellos que conocen Colombia saben que este tipo de sealamientos es altamente peligroso. Sin embargo, unos das despus de difundirse la noticia no les qued otra opcin que reconocer la gravedad y la profundidad de unas prcticas absolutamente atroces.

Hasta dnde puede llegar este escndalo?

Nos preocupa que una misin internacional, independiente, de juristas y forenses, y amparada por organizaciones de contrastado prestigio, slo haya logrado documentar la mitad de los falsos positivos que el Gobierno tiene cuantificados. Nosotros estudiamos 120 expedientes judiciales. La Coordinadora Colombia-Europa-EEUU estima que el nmero de ejecuciones extrajudiciales son 1.122 desde 2002. La Procuradura General del Estado investiga ya 2.200 casos, la mayora en zonas de guerra y rurales. El Gobierno dijo que no es una prctica generalizada, sino actos delictivos de elementos aislados del Ejrcito. Si fuera un problema de corrupcin puntual, tal y como dijo el presidente Uribe, no tendra sentido que el mximo responsable del Ejrcito, Mario Montoya, haya renunciado a su cargo. Hay elementos que ratifican que estas prcticas son sistemticas. Las recompensas han actuado de estmulo para que algunos soldados cometan delitos que, sin duda, son crmenes de lesa humanidad.

Reconoci el Gobierno la existencia de esta directiva interna sobre recompensas?

A nosotros nos negaron la existencia de una directiva interna sobre el pago de recompensas.

Creen que el Gobierno de Uribe puede poner fin a estas prcticas delictivas?

Algunos militares colombianos acaban de declarar pblicamente que no pueden prescindir de este instrumento si se quiere que la poltica de Seguridad Democrtica del presidente tenga xito.

http://prensarural.org/spip/spip.php?article1722



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