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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-06-2004

Crimen e impunidad en Colombia

Jos Manuel Samos Hernndez
Rebelin


Como constata el Informe anual de la Confederacin de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) sobre las violaciones de derechos sindicales (1), Colombia sigue siendo el pas ms hostil del mundo para los sindicalistas. "A pesar de que se produjeron menos muertes que el ao pasado, debemos an mencionar la impresionante cifra de 90 sindicalistas asesinados durante el ao. Por otro lado, se ha registrado un incremento en el nmero de amenazas de muerte, que han pasado a 295, as como de otras formas de represin, en particular los arrestos arbitrarios. Las reformas laborales introducidas durante el ao han perjudicado gravemente los derechos sindicales y de los trabajadores/as".

Violencia selectiva
"Los sindicalistas colombianos, dirigentes y afiliados, siguen viviendo una crisis humanitaria, expresada de manera contundente en una violencia selectiva, sistemtica, extendida en el tiempo y con total impunidad. Las violaciones a la vida, a la libertad y a la integridad de los trabajadores sindicalizados sumado a la liquidacin, reestructuracin y fusin de empresas (o el traslado de stas a zonas francas) y de maquilas; al igual que la implementacin de estrategias antisindicales por empleadores y actores armados, son las principales causas de la disminucin en la tasa de afiliacin sindical, que para Colombia es slo del 4,8% respecto de la poblacin econmicamente activa.
Si el 88% de las violaciones tienen como causa la actividad sindical, est claro que en Colombia, con los hechos violentos se pretende restringir, al mismo tiempo, los derechos de libertad sindical". La ONG colombiana Escuela Nacional Sindical ha sealado, en varios de sus informes, que "la mayora de las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas en Colombia se encuentran ligadas a conflictos laborales, aunque ocurran en el contexto de la guerra y sean cometidas, en la mayora de los casos, por alguno de los actores de la guerra". Tambin seala "que la mayora de asesinatos, amenazas, secuestros y desplazamientos forzados de trabajadores colombianos se han realizado en momentos y contextos marcados por el aumento de sus reivindicaciones laborales" y que por ello los sindicalistas colombianos no son "vctimas casuales o colaterales del conflicto armado que desde hace dcadas vive ese pas" (2).

Guerra contra los sindicatos del sector pblico
Los sectores sindicales ms afectados son los trabajadores pblicos de la educacin, la salud y de los municipios; los trabajadores agrcolas, los trabajadores de la electricidad y los de minas y canteras. Estos sectores sindicales pertenecen fundamentalmente a federaciones y centrales histricamente afectadas por la violencia, es el caso de la CUT (con ms del 90% de las vctimas) y de la Federacin Colombiana de Educadores (FECODE).
En el ao 2003 se registraron 600 desaparecidos y ms de 3.000 civiles perdieron la vida en homicidios por motivos polticos. Cerca de 2.200 personas fueron secuestradas, y se ha alcanzado la cifra de tres millones de desplazados desde 1985. Aunque se desconocen los autores materiales e intelectuales en ms del 62% de los hechos violentos, las organizaciones sindicales colombianas, las ONG de DDHH y las vctimas siguen sealando a los paramilitares como los mayores responsables de las violaciones. Se constata un aumento de la accin directa del Estado y de los empleadores en violaciones y restricciones de la libertad sindical, as como un aumento de amenazas, violaciones a la libertad personal y violaciones a mujeres sindicalizadas y un cambio en la modalidad de la violencia (aumento de la violencia legal, disminucin en la violencia paramilitar y guerrillera y extensin de la violencia a familiares de sindicalistas) (3)

"La aprobacin del proyecto antiterrorista (el pasado 18 de diciembre de 2003), que implica una reforma a la constitucin, evidencia grandes retrocesos en los avances normativos y jurdicos internacionales para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos. La criminalizacin de la accin sindical y el incremento de las detenciones de sindicalistas, bajo cargos de "terrorismo" y el desplazamiento de las amenazas de muerte a las familias de los dirigentes sindicales, hacen pensar que la disminucin de algunos indicadores no es ms que el resultado bastante contingente de las lgicas de accin y los clculos polticos, tanto del gobierno, como de los actores ilegales armados".

Impunidad
"El movimiento sindical internacional reclama que el gobierno de Colombia muestre una verdadera voluntad poltica de investigar y entablar juicio a los responsables de los ms de 3.000 asesinatos de sindicalistas cometidos nada ms que durante la ltima dcada. En sntesis, seguimos convencidos de que en Colombia existen altos ndices de impunidad con referencia a los asesinatos de sindicalistas. De los 20 casos mencionados, que son slo una pequesima muestra de la enormidad del fenmeno, 18 estn sin ningn resultado satisfactorio de las investigaciones, lo que lleva a concluir que el Estado colombiano no ha cumplido su obligacin constitucional y legal. En 2003, por lo menos 80 sindicalistas han sido asesinados y la gran mayora de estos crmenes puede ser atribuida a las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares que colaboran con ellas. Por lo tanto, el movimiento sindical internacional denunciar enrgicamente ante los gobiernos representados en la prxima sesin
de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, las graves violaciones de los derechos humanos y sindicales en Colombia" (4).

El 15 de julio del ao pasado el gobierno y los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) firmaron un acuerdo segn el cual las AUC se desmovilizaran antes de concluir el ao 2005. Los paramilitares se preparan para negociar con el gobierno en el departamento de Crdoba, una regin de grandes propietarios ganaderos abierta al golfo de Darien, compartido con Panam. Los paramilitares han ofrecido erradicar 50.000 hectreas de coca para suavizar la posicin de Estados Unidos sobre extradicin (segn la CIA, en Colombia hay sembradas 113.000 hectreas). Pero el anunciado cese de hostilidades no se cumple: parlamentarios de la oposicin han acusado a los paramilitares de haber cometido unos 600 crmenes selectivos desde que anunciaron la supuesta tregua. Estn desplazando y matando a los indgenas Wayu que pueblan la pennsula de Guajira, abierta al Golfo de Venezuela (5).
Chevron Texaco obtuvo la concesin para explotar el petrleo de La Guajira, y como en anteriores concesiones petroleras desde 1905, donde las vctimas fueron los Motilones, UWa y otros pueblos indgenas, los Wayu estn siendo masacrados. Pero adems, estos hechos se relacionan con el acoso a la Repblica Bolivariana de Venezuela. La crnica periodstica que refleja la llegada a Venezuela de indgenas Wayu huyendo de grupos paramilitares no habla del petrleo, e insiste en extender el manto del narcotrfico: "...podra tratarse de una rivalidad interna del Cartel de la Costa, organizacin narcotraficante que tiene una fuerte presencia de indgenas wayuu y tambin de las Autodefensas Unidas de Colombia" (6).
Amnista Internacional refleja en su informe el temor de que muchos de los paramilitares "desmovilizados" pudieran incorporarse a empresas privadas de seguridad, a redes de informantes civiles o al ejrcito de "soldados campesinos".
Desde el nueve de mayo, el ejrcito y la polica de Venezuela han detenido a 90 paramilitares colombianos, vestidos con uniforme del ejrcito venezolano, que se estaban entrenando como fuerza de choque de la Coordinadora Democrtica y realizando acciones de sabotaje. Desde Colombia, convertida en "laboratorio de la contrainsurgencia", se est reciclando a una parte de los paramilitares que han realizado el trabajo ms sucio de la represin y ensangrentado las aldeas colombianas para, con la financiacin de los Estados Unidos, liquidar el gobierno de Chavez y las expectativas de cambio en un pas con una riqueza petrolera de enorme importancia estratgica para Washington. La finca en la que se encontraban los paramilitares es propiedad de Roberto Alonso, cubano-venezolano integrado en la Coordinadora Democrtica, que desde Miami se declara "un perseguido poltico de Chavez", igual que el coronel venezolano Orlando Castro Gerges, tambin detenido por su vinculacin con la orga
nizacin paramilitar desmantelada.

Intereses compartidos
El informe de Amnista Internacional sobre Colombia denuncia la continuacin de la actividad criminal de los paramilitares y una "clara connivencia" entre paramilitares y fuerzas de seguridad:
"Pese a la declaracin de alto el fuego, los paramilitares siguieron siendo responsables de matanzas, homicidios selectivos, "desapariciones", torturas, secuestros y amenazas. Durante 2003 se les atribuy la responsabilidad de la muerte o "desaparicin" de al menos 1.300 personas, ms del 70 por ciento de todos los homicidios y "desapariciones" de los que se conoce la autora por motivos polticos no relacionados con los combates. Se recibieron nuevos informes fiables sobre la presencia cada vez ms consolidada de grupos paramilitares en zonas fuertemente militarizadas, y sobre la existencia de una clara connivencia entre paramilitares y fuerzas de seguridad".
La relacin entre petrleo y "antiterrorismo" se refleja tambin en el informe de Amnista Internacional sobre la situacin de los derechos humanos en el departamento colombiano de Arauca, una regin rica en petrleo. "El gobierno colombiano ha transformado la regin en un laboratorio de pruebas para sus nuevas polticas de seguridad. La denominada "estrategia de seguridad democrtica" del presidente Uribe incluye una red de informadores civiles, la entrega de armas a un ejrcito de soldados-campesinos o la concesin de poderes de polica al ejrcito. Durante la presentacin internacional del informe titulado "Colombia, un laboratorio de guerra: la violencia aumenta en Arauca", el director de Amnista Internacional (AI), Esteban Beltrn, afirm que las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno "no han servido para restaurar el orden en Arauca sino para arrastrar an ms a los civiles al conflicto y garantizar la impunidad". "Arauca es un smbolo escandaloso y grave del f
racaso de la comunidad internacional", afirm Marcelo Pollack, investigador de AI para Colombia, que enumer una serie de casos de detenciones masivas e irregulares, desapariciones, torturas, homicidios y asesinatos, ocurridos desde la llegada al poder del presidente colombiano lvaro Uribe, en agosto del 2002, y la aplicacin de su "estrategia de seguridad democrtica". Pollack tambin denunci la actitud de Estados Unidos y Espaa, que con su ayuda militar "financian y entrenan a las Fuerzas Armadas" colombianas. Mas grave an: numerosas fuentes denuncian la connivencia de paramilitares y ejrcito regular (7).

El informe de AI denuncia el aumento de las violaciones por parte de las fuerzas armadas, la hostilidad hacia las organizaciones de derechos humanos y la pasividad del Estado: "Segn los informes, las fuerzas armadas fueron directamente responsables de violaciones graves de los derechos humanos, entre ellas homicidios, "desapariciones", detenciones arbitrarias y torturas. Segn el informe de 2003 de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el nmero de informes de violaciones atribuidas directamente a miembros de las fuerzas de seguridad aument de forma significativa (8).
"La Comisin de Derechos Humanos de la ONU expres su preocupacin por la progresiva prdida de respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario por parte de la guerrilla y los grupos paramilitares. La Comisin puso de relieve la impunidad constante, el mantenimiento de las conexiones entre los paramilitares y las fuerzas de seguridad y la presunta existencia de una campaa para generar un clima de hostilidad hacia las organizaciones de derechos humanos. La Comisin seal los reiterados informes de abusos contra los derechos humanos atribuidos a las fuerzas de seguridad y la aparente falta de voluntad de la Fiscala General de la Nacin para investigar casos graves de abusos contra los derechos humanos" (9).
La Comisin pidi al gobierno que no diera carcter permanente a la atribucin de poderes de polica judicial a las fuerzas armadas. Se refiere a la ley aprobada por el Congreso de Colombia que otorga facultades de polica judicial a las fuerzas armadas. Esta ley permite a los militares efectuar detenciones, entrar en domicilios e interceptar comunicaciones sin autorizacin judicial.
El informe de AI seala que "en reiteradas ocasiones, las detenciones coincidieron con casos de amenazas y homicidios de los que fueron vctimas defensores de los derechos humanos y sindicalistas a manos de los paramilitares. Los defensores de los derechos humanos volvieron a verse ante la amenaza de agresiones cuando el presidente Uribe, en un discurso pronunciado en septiembre, se refiri a algunas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos como "politiqueros que finalmente le sirven al terrorismo y que se escudan cobardemente en la bandera de los derechos humanos"".

Alvaro Uribe Vlez, mandatario de Colombia, se refiere a estas cuestiones en una entrevista mantenida con el diario EL PAS:
"P. El plan para lograr un milln de informadores ha sido muy contestado Cmo est funcionando?
R. Ya no llevamos un milln, superamos la cifra. El objetivo ahora es cinco millones, ahora podemos estar por encima del milln y medio. El 99% de ello nada cobran... ahora, lo que si tenemos es un plan permanente de recompensas: todos los lunes pagamos recompensas a quienes con su informacin contribuyan al xito de las autoridades...
P. Qu hacen decenas de paramilitares colombianos en Venezuela?
R. Resultaron ser unos nios sin entrenamiento militar, sin armas...
P. Pero alguien tuvo que llevarlos all...
R. Yo lo que he dicho claramente es esto: es de gran importancia que nuestros vecinos capturen a cualquier integrante de grupos violentos de Colombia que se vaya a operar all, sea guerrillero o paramilitar. Yo no tengo ms que decirle eso.
P. No le preocupa lo que est haciendo su gran aliado, Estados Unidos, en Irak?
R. Mire, es muy claro. En agosto de 2002 en Colombia haba 150.000 terroristas. Mientras ms rpido se resuelva el problema de Irak, mejor, a ver si se le presta a Colombia la atencin que requiere" (10).

Previamente, el presidente-alquimista formado en la Escuela de las Amricas transmuta la accin guerrillera en terrorismo y el conflicto poltico y social en un simple problema policial-militar "antiterrorista": "En Colombia no hay guerrilla en la vieja connotacin latinoamericana. En Colombia hubo guerrilla que se transmut en terrorismo. En Colombia se sustituy el inters ideolgico por el inters del dinero. Y en Colombia se transform el delito poltico de rebelin en el delito de narcotrfico para financiar el terrorismo" (11).

A raz de la masacre de 34 personas cometida por las FARC en una finca del municipio de Tib, en la frontera de Venezuela, el presidente Uribe ha reiterado sus calumnias a Amnista Internacional: "Hace dos das, en la Escuela General Santander de la Polica, me refer a Amnista Internacional. Todo est dicho. Ah siguen en su perorata. Todos los das inventan justificaciones para maltratar al Ejrcito, al Estado colombiano, y todos los das inventan justificaciones para no condenar a los terroristas. Pero todo est dicho. Mientras ellos quisieran, con sus palabras y sus acciones, que el terrorismo triunfara en Colombia, nosotros de la mano de la Constitucin, con el pueblo y con ustedes - jvenes Subtenientes que hoy se gradan- vamos a tejer la artesana de la ms bella victoria. Nosotros no tenemos que cuidar que Amnista Internacional nos apoye. Nunca nos va a apoyar. Lo que tenemos que cuidar es que el pueblo nos apoye, hacernos querer del pueblo, mis queridos soldados de la Patria: a mi no me preocupa el apoyo de Amnista Internacional con el cual nunca vamos a contar...".

La aparicin de un cargamento de droga en el buque insignia Gloria de la Armada Nacional, y otros escndalos de corrupcin generalizada en la polica saltan a la prensa. La propiedad de la tierra, base del conflicto social en Colombia, no encuentra respuesta en las instituciones del Estado, socavadas por la corrupcin y el clientelismo. El senador Hctor El Rojas seal que tiene en su poder una lista de hermanos, hijos, cuados y otros parientes de miembros del Senado y la Cmara de Representantes o asesores presidenciales nombrados embajadores, cnsules, agregados o funcionarios del Gobierno dentro del pas. El director de la ONG colombiana Red de Veeduras Ciudadanas, el abogado Pablo Bustos, cit al senador Mario Uribe Escobar, primo del gobernante.

El Plan Colombia
Los peridicos del 11 de septiembre de 2001 hablaban de la visita del secretario de estado Colin Powell a Colombia para ampliar con otros 900 millones los 1.300 millones de dlares aprobados el ao anterior dentro del Plan Colombia. Para "comprar helicpteros de combate y aviones... y financiar la instruccin militar que imparten boinas verdes del Ejrcito estadounidense en campamentos militares colombianos". Al da siguiente cambiaban las prioridades y la "solucin" en Colombia depende de que EE UU "resuelva el problema de Irak" con rapidez.

El citado informe de AI seala que "el pasado 6 de octubre, el gobierno estadounidense autoriz la entrega a Colombia de cinco millones de dlares en concepto de ayuda militar, tras aceptar el gobierno colombiano suscribir un acuerdo de impunidad mediante el que se comprometa a no entregar a la Corte Penal Internacional a ciudadanos estadounidenses acusados de genocidio, crmenes contra la humanidad o crmenes de guerra. Los acuerdos de esa naturaleza son contrarios a las obligaciones contradas por los Estados en virtud del derecho internacional".

El Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general James Hill, abog en el senado de su pas por extender el Plan Colombia, considerndolo "vital" para la seguridad de Estados Unidos. "Una Colombia estable y segura es importante para nuestros intereses de seguridad nacional, al ser una de las ms viejas democracias del hemisferio, un socio clave, un proveedor de petrleo y un aliado incondicional que se encuentra a slo tres horas de Miami", afirm Hill. El gobierno de Bush inici consultas con legisladores para duplicar la cantidad de militares estadounidenses que apoyan el Plan Colombia de 400 a 800, as como para aumentar el nmero de civiles subcontratados de 400 a 600.
Con el gobierno de Aznar, Espaa se ha convertido en el mayor contribuyente econmico a la estrategia de Estados Unidos en Colombia. En febrero Jos Mara Aznar ratific, por unos seis millones de dlares, la entrega de cuarenta tanques, veinte caones y dos aeronaves, "todo lo que el presidente Uribe nos pida con mucho gusto lo haremos", y ratific su pleno respaldo a la lucha del Gobierno colombiano contra las guerrillas de las FARC y el ELN. "La poltica del presidente Alvaro Uribe es acertada porque hay que plantar cara al terrorismo" (12).
El jefe del ejecutivo de Colombia afirma en la citada entrevista que "Zapatero nos ha fijado la continuidad de la lnea de cooperacin". El gobierno del PSOE va a continuar siendo cmplice de la poltica criminal del gobierno colombiano?

(1) El informe de CIOSL esta disponible en www.icftu.org
(2) "Afirmar que en contextos de guerra, como el nuestro, existe una menor capacidad para garantizar los derechos humanos y el derecho a la vida de los sindicalistas e incluso, que lo "normal" en dichos contextos es que la guerra se traslade al escenario de los conflictos sociales y laborales no puede conducir a que se oculte, invisibilice e ignore, que las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores en Colombia son, en la mayora de los casos, como lo muestran nuestras cifras y como lo corroboran los informes y observaciones de la OIT y la CIOLS una consecuencia directa del desarrollo de su actividad sindical". (Escuela Nacional Sindical, Informe ao 2002).
(3) Segn informa la ONG colombiana Escuela Nacional Sindical, en el perodo del 1 de enero al 31 de diciembre, los sindicalistas colombianos fueron vctimas de 617 violaciones a la vida, a la libertad y a la integridad. De la totalidad de los casos 90 corresponden a homicidios, 295 amenazas de muerte, 91 desplazamientos forzados, 6 secuestros, 6 desapariciones, 42 detenciones arbitrarias y 55 hostigamientos. En el 31%, es decir en 194 casos, las violaciones fueron cometidas contra mujeres sindicalizadas, presentando un aumento del 600% respecto del ao inmediatamente anterior.

SINDICALISTAS ASESINADOS EN COLOMBIA 1991 - 2001

Tipo de
Trabajador 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Total
Afiliados 91 98 190 86 149 253 147 77 55 103 132 1381
Directivos 18 50 26 27 32 31 39 29 24 32 63 371
Total 109 148 216 113 181 284 186 106 79 135 195 1752
Fuente Escuela Nacional Sindical

HOMICIDIOS POR CONFEDERACIN SINDICALISTAS COLOMBIANOS
ENERO-AGOSTO DE 2002
CONFEDERACIN CASOS %
CUT 107 92.24
CGTD 5 3.44
No confederado 3 2.58
TOTAL 116 100
Fuente: Escuela Nacional Sindical

(4) Carta de la CIOSL a la embajadora de Colombia ante la ONU, 27 de mayo de 2004.
(5) EL PAS 15-06-04.
(6) EL PAS 21-05-04.
(7) La petrolera estadounidense Occidental Petroleum financia una brigada del ejrcito involucrada en violaciones de derechos humanos. La espaola Repsol YPF es socia de la compaa norteamericana en Arauca. Segn AI, Washington entrena y presta apoyo a la misma brigada. Espaa, que firm un acuerdo con Bogot en materia de inteligencia, no someti la colaboracin al respeto de los derechos humanos (Crnica de EL PAIS 22/04/04).
(8) Javier Giraldo, jesuita colombiano, vicepresidente de la Liga Internacional por los Derechos de los Pueblos, recogi en Madrid el premio Juan Mara Bandrs concedido por la CEAR (Comisin Espaola de Ayuda al Refugiado). "El gobierno de Colombia ha trazado una estrategia de paramilitarizacin muy sutil: la "seguridad democrtica"... Se han multiplicado las detenciones arbitrarias, las acusaciones, las capturas y los procesos por delitos supuestamente polticos con mtodos que no permiten defenderse. Uribe habl de la posibilidad de tener un milln de informantes, y hace pocos das se hablaba de dos millones". Giraldo se refiere a la situacin del pueblo de San Jos de Apartad, en Antioqua. En 1997 se declar como comunidad de paz en una zona de lucha entre la guerrilla y los paramilitares. Cuando Uribe era gobernador de esa provincia, pretendi que la localidad de 3000 personas aceptase la presencia del ejrcito. "Desde entonces ya van 135 muertos. Les han mandado 80 mensajes en los que les dicen que van a destruir la comunidad". Cuarenta de ellos han sido torturados para que inculpasen a los lideres de la comunidad como guerrilleros, cosa que es falsa, y en noviembre de 2002, el ejrcito asesin a cinco conductores que les llevaban comida para que nadie se atreviese a abastecerles".
(9) Uno de los casos reflejados por Amnista Internacional seala que "entre el 1 y el 7 de mayo de 2003, soldados de la XVIII Brigada, que llevaban brazaletes de las AUC, entraron en Julieros, Velasqueros, Roqueros, Genareros y Parreros, poblados del resguardo indgena de Betoyes, en el municipio de Tame, departamento de Arauca. En Parreros, al parecer, violaron y mataron a una muchacha embarazada de 16 aos, Omaira Fernndez. Segn los informes, le abrieron el vientre y le sacaron el feto, y luego metieron su cuerpo en un saco y lo arrojaron al ro Cravo".
(10) EL PAS 28-05-04.
(11) El PAS 28-05-04. El informe de AI resalta que "los grupos guerrilleros fueron responsables de infracciones graves y reiteradas del derecho internacional humanitario, incluidas tomas de rehenes y secuestros y homicidios de civiles. Perpetraron ataques utilizando armas de forma desproporcionada e indiscriminada, y con ello causaron la muerte de numerosos civiles". Adems de dejar clara la responsabilidad de los grupos guerrilleros, el informe de AI se hace eco de un suceso enormemente significativo: "El 7 de febrero, al menos 35 personas murieron y ms de 160 resultaron heridas al hacer explosin una bomba en el club "El Nogal" de Bogot. El 15 de julio, Germn Camacho Roncancio, investigador judicial encargado del caso, que no relacion el atentado con las FARC, fue destituido. Lo mataron el 4 de septiembre". Independientemente de la autora de la bomba, muestra las dificultades de la investigacin criminal.
(12) EL PAS 26-02-04.





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