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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 24-12-2008

Pacto de las Naciones Unidas sobre los derechos econmicos, sociales y culturales (PIDESC)
Un arma jurdica al alcance de los Estados, y pronto de los ciudadanos, contra la globalizacin capitalista

Renaud Vivien
CADTM

Traducido para Rebelin por Caty R.


2008 es un ao negro. Es el ao de las revueltas del hambre en varios pases en desarrollo y de la crisis financiera ms grave desde el crac de 1929, que est teniendo graves consecuencias sobre las poblaciones del norte y del sur. Sin embargo, contrariamente a una idea ampliamente extendida, los Estados no estn desarmados frente a la ofensiva capitalista que engendra la violacin de los derechos sociales a escala mundial.

Los Estados pueden apoyarse, especialmente, en el Pacto de las Naciones Unidas sobre los derechos econmicos, sociales y culturales (PIDESC) para defender los derechos humanos fundamentales de sus poblaciones. Los ciudadanos, por su parte, pronto podrn presentar denuncias contra sus Estados ante el Comit DESC de la ONU, en el caso de que se violen sus derechos enunciados en el PIDESC. En efecto, el 10 de diciembre de 2008 (fecha simblica del sexagsimo aniversario de la Declaracin Universal de los Derechos Humanos), la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado el Protocolo facultativo adicional al PIDESC (*) que, finalmente, establece un mecanismo de denuncia a nivel de la ONU, como el que existe para los derechos civiles y polticos.

En primer lugar el PIDESC, adoptado por las Naciones Unidas en 1966, que entr en vigor el 3 de enero de 1976 (1), constituye una poderosa herramienta jurdica a disposicin de los Estados para hacer que prevalezcan los derechos humanos sobre la lgica del mercado. Este tratado internacional, que ha sido ratificado por casi todos los Estados (2) (con la notoria excepcin de Estados Unidos), define como partes integrantes e indisociables de los derechos humanos: El derecho a un nivel de vida suficiente (alimentacin, alojamiento, vestido, etc.), el derecho a la educacin, el derecho al trabajo en condiciones justas y favorables, los derechos sindicales y de huelga, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social y, finalmente, el derecho a participar en la vida cultural y a los beneficios del progreso cientfico. En efecto, el PIDESC considera la proteccin de los derechos econmicos, sociales y culturales como derechos fundamentales, puesto que los derechos civiles y polticos, como el derecho a una vida digna, no se pueden conseguir si no se satisfacen las necesidades humanas fundamentales de las poblaciones (alimentacin, asistencia, vestido, alojamiento, educacin)

As, este importante texto concede a los Estados las armas jurdicas para suspender el reembolso de la deuda, que todava acapara un promedio del 30% de los presupuestos de los pases en desarrollo, y para llevar a cabo las polticas de desarrollo dirigidas a la satisfaccin de las necesidades humanas fundamentales. La mejora del bienestar de la poblacin constituye, por otra parte, una obligacin explcita de los Estados, conforme a la Declaracin sobre el derecho al desarrollo adoptada por las Naciones Unidas el 6 de diciembre de 1986 (3). Nadie duda de que las recientes medidas tomadas por ciertos gobiernos de Amrica Latina (Bolivia, Venezuela y Ecuador) para recuperar el control de sus recursos naturales son legtimas segn el derecho internacional, y en particular por el derecho de los pueblos a disponer de s mismos, enunciado en el artculo 1 del PIDESC. Recordemos tambin que los Estados no slo tienen la obligacin de respetar los derechos econmicos, sociales y culturales (DESC), sino que adems deben protegerlos y promoverlos. En este sentido, tienen el deber de impedir a terceros que atenten contra los derechos econmicos, sociales y culturales de sus poblaciones (4); lo que implica necesariamente poner fin a las polticas impuestas por las Instituciones financieras internacionales (IFI) y la Organizacin mundial del comercio (OMC).

Desgraciadamente, hay que reconocer que esas obligaciones jurdicas se violan sistemticamente, tanto por los Estados del sur como por los del norte, en el marco de la globalizacin neoliberal. Los Estados del norte, actualmente, incluso privilegian el rescate de las grandes instituciones financieras privadas despreciando a sus ciudadanos y su deber de cooperacin internacional contenido en numerosos textos jurdicos (Carta de las Naciones Unidas, PIDESC y Declaracin sobre el derecho al desarrollo). El argumento de la falta de recursos financieros para la cooperacin al desarrollo es, por lo tanto, inadmisible.

En efecto, aunque a cada Estado parte le corresponde decidir los mtodos particulares por los cuales garantizar los derechos previstos en el Pacto, el PIDESC exhorta a los Estados a actuar al mximo de sus recursos disponibles para realizar estos derechos y exige a los Estados que los pongan en marcha tanto para su propio esfuerzo como para la asistencia y la cooperacin internacionales (artculo 2, prrafo 1). Aqu hay que sealar que la cooperacin internacional, tal como la prev la ONU, no se resume en la ayuda pblica al desarrollo, sino que tambin debe incidir sobre los mbitos tanto econmicos como sociales y culturales (5). Por lo tanto, los gobiernos tambin estn obligados a respetar los derechos humanos en la elaboracin de los acuerdos dentro de las instituciones internacionales como el Banco Mundial, el FMI o la OMC. As, la Subcomisin de la promocin y la proteccin de los derechos humanos recuerda a todos los gobiernos: La prioridad de las obligaciones relativas a los derechos humanos derivada del derecho internacional en las polticas y acuerdos econmicos, y les exige tomar plenamente en consideracin en las instancias econmicas nacionales, regionales e internacionales, las obligaciones y principios internacionales relativos a los derechos humanos en la formulacin de polticas econmicas internacionales (6).

La dominacin poltica del norte sobre los pases del sur, especialmente mediante el mecanismo de la deuda, es indiscutible. Sin embargo, los pases del sur tienen el derecho y el deber de adoptar medidas sociales y medioambientales para proteger los derechos humanos de sus poblaciones. Pero para conseguir ese margen de maniobra, salir del CIADI (Centro internacional de arreglo de las diferencias relativas a inversiones) se ha convertido, finalmente, en imprescindible. Bolivia lo vio claramente y desde el 2 de mayo de 2007 rechaza someterse a esa jurisdiccin subjetiva (7). En efecto, el CIADI, que no es otra cosa que el tribunal interno del Banco Mundial para los litigios entre los Estados y los inversores extranjeros, equipara todas las medidas reglamentarias de los poderes pblicos a una expropiacin indirecta de los inversores, estableciendo as el derecho a una indemnizacin. El CIADI slo tiene en cuenta los efectos de los actos soberanos de los Estados sobre el beneficio esperado de los inversores privados, sin examinar si dichas medidas estatales se han tomado segn el inters general o si son conformes a una obligacin jurdica internacional como el respeto del PIDESC.

Otro argumento que invocan ciertos gobiernos para no respetar este Pacto es que los DESC slo son aspiraciones polticas. Eso es totalmente falso! La fuerza jurdica obligatoria del PIDESC es indiscutible, y por su efecto directo en los derechos nacionales, se impone, consecuentemente, a todos los Estados partes. En otras palabras, las disposiciones del PIDESC pueden ser invocadas por los ciudadanos ante los tribunales nacionales (8) en caso de violacin por sus Estados. La diferencia de tratamiento entre los derechos civiles y polticos por una parte, y los DESC por la otra, es arbitrario e intolerable puesto que los derechos humanos son universales, indisociables, interdependientes e ntimamente vinculados, como lo ratificaron los Estados en la Conferencia mundial de Viena sobre los derechos humanos, en 1993.

Por lo tanto, el Protocolo facultativo adicional al PIDESC, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 2008, concretiza esta evidencia de la indivisibilidad de todos los derechos humanos y pone fin a una anomala que ha durado 32 aos. En efecto, desde su entrada en vigor en 1976, el PIDESC no se ha dotado de ningn mecanismo de control mientras que su semejante, el Pacto internacional sobre los derechos civiles y polticos (PIDCP), que se adopt el mismo ao, desde 1976 dispone de un procedimiento de denuncia que ha permitido el desarrollo de una jurisprudencia rica en la materia. Ciertamente, el texto del Protocolo adicional al PIDESC es un compromiso pero ya incluye ciertas disposiciones importantes para una mejor proteccin de los DESC (9). Adems, el Protocolo prev la competencia del Comit DESC de la ONU para examinar las denuncias de individuos, grupos u ONG acreditadas que aleguen violaciones de los derechos enunciados en el PIDESC. Dicho Comit tambin tendr la facultad de tomar medidas provisionales para que el Estado concernido ponga en marcha de inmediato todas las medidas urgentes para evitar daos irreparables a las vctimas.

Ciertamente el Protocolo no es perfecto, puesto que slo se dirige a los Estados, no prev sanciones obligatorias con respecto a ellos en caso de violacin del PIDESC y no tiene en cuenta la obligacin de cooperacin y asistencia internacionales (prevista en el artculo 2 del PIDESC) puesto que es imposible presentar denuncia contra un Estado tercero. Sin embargo, constituye un avance considerable para la justicia social al oficializar jurdicamente los DESC y la indivisibilidad de todos los derechos humanos.

As, el Protocolo es un instrumento suplementario que debern utilizar los movimientos sociales de todo el mundo para presionar a sus dirigentes con el fin de que pongan su legislacin nacional de conformidad con los PIDESC y tomen las medidas adecuadas para su aplicacin concreta. Pero lo primero es luchar para que nuestros Estados ratifiquen el Protocolo desde la apertura del procedimiento en marzo de 2009. En efecto, la adopcin del Protocolo por la Asamblea General de las Naciones Unidas no surtir efectos, como todos los tratados internacionales, hasta que no sea ratificado por los Estados para convertirlo en obligatorio jurdicamente. Hay que sealar que algunos Estados como Sudfrica, Ecuador, Bolivia, Venezuela o Bangladesh no han esperado a este Protocolo para incluir en sus Constituciones nacionales la garanta de los DESC.

Finalmente, la adopcin definitiva de este Protocolo por los Estados constituir, sin ninguna duda, una etapa importante hacia el respeto de los derechos humanos por todos los protagonistas internacionales que actualmente disfrutan de una impunidad total, como las multinacionales o el Banco Mundial (que sin embargo no disponen de la inmunidad de jurisdiccin) (10). Nos corresponde, por lo tanto, someterlos al respeto de los derechos humanos poniendo en marcha y apoyando las acciones de la justicia contra ellos.

Notas:

(*) http://ilsa.org.co:81/sites/ilsa.org.co/files/libar/Protocol-ONU.pdf

(1) Documento ntegro del PIDESC:

http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidesc.htm

(2) 159 Estados ratificaron el PIDESC hasta ahora. Lista de los Estados: http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/3.htm

(3) Artculo 2, prrafo 3: Los Estados tienen el derecho y el deber de formular las polticas de desarrollo nacional adecuadas que tengan por objeto la mejora constante del bienestar del conjunto de la poblacin y de todos los individuos, fundadas sobre su participacin activa, libre y til al desarrollo y a la distribucin equitativa de los beneficios que resulten.

(4) http://www.ohrc.on.ca/fr/resources/policy/economic/pdf

(5) CETIM, Por un protocolo adicional al PIDESC!, p.26. La cooperacin internacional es el compromiso de todos los Estados a cooperar para la realizacin de los objetivos de desarrollo de los derechos humanos de cada uno de los Estados, por la va y el mtodo libre y democrticamente definido como el ms conveniente segn su contexto, a no obstaculizar ese desarrollo y a no imponer a un pueblo, a una nacin, las vas que no le convienen. Por ejemplo, la construccin de una presa sobre un ro puede ser beneficiosa para el pas en cuestin, pero si priva de agua a otro pas constituir, de hecho, una violacin. Lo mismo ocurre cuando un Estado poderoso decreta un embargo econmico contra su vecino ms dbil y de esta forma le priva del mnimo de subsistencia.

(6) Ver la Resolucin de la Subcomisin de la promocin y la proteccin de los derechos humanos sobre La propiedad intelectual y los derechos humanos, adoptada el 16 de agosto de 2001, E/CN.4/Sub.2/RES/2001/21.

(7) Eric Toussaint, Banque du Sud et nouvelle crise internationale , p. 140.

(8) Los derechos enunciados en el PIDESC pueden alegarse ante los tribunales de los pases una vez ratificado por las instancias legislativas, bien despus de la integracin de su contenido en la legislacin nacional o bien de manera inmediata tras la ratificacin del Pacto (self executing), segn el sistema jurdico adoptado por cada Estado. Ver http://www.cetim.ch/fr/documents/bro3-pidesc-A4-fr.pdf

(9) Leer el ltimo estudio del CETIM realizado por Christophe Golay (consejero del Ponente especial sobre el derecho a la alimentacin, Jean Ziegler entre octubre de 2001 y abril de 2008) sobre el protocolo adicional al PIDESC:

http://cetim.ch/fr/documents/Cahier-2.pdf

(10) Leer el ltimo estudio del CETIM realizado por Christophe Golay (consejero del Ponente especial sobre el derecho a la alimentacin, Jean Ziegler entre octubre de 2001 y abril de 2008) sobre el protocolo adicional al PIDESC:

http://cetim.ch/fr/documents/Cahier-2.pdf

Texto original en francs: http://www.cadtm.org/spip.php?article3946

Renaud Vivien es jurista del Comit para la anulacin de la deuda del Tercer Mundo (CADTM)





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